21 de Agosto de 2007

VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DEL SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE REFORMA ELECTORAL, CELEBRADO EN EL AUDITORIO DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL.

-Consejera Electoral Luisa Alejandra Latapi: Buenos días, señores integrantes de este presidium.

Señoras y señores especialistas nacionales y extranjeros; autoridades electorales de otras naciones; señoras y señores participantes; y a todas las personas que nos acompañan vía Edusat:

Muy buenos días. Bienvenidos a esta reunión.

Es un honor para mí estar hoy con ustedes inaugurando el Seminario Internacional sobre Reforma Electoral.

Y es así porque además de ser un foro en el que nos acompañarán especialistas nacionales y extranjeros en la materia.

Es la tercera etapa de un esfuerzo que inició el IFE hace más de ocho meses, con el Proyecto para la Modernización y Reformas Electorales.

El pasado proceso comicial le dejó a cada uno de los actores involucrados en la contienda la oportunidad de analizar y evaluar su comportamiento, las decisiones tomadas y los mecanismos utilizados.

El Instituto Federal Electoral, al ser el responsable de aplicar la norma y de garantizar el piso mínimo democrático no ha sido la excepción.

Como resultado de un proceso de evaluación interna produjo de forma esquemática diagnósticos técnicos que destacaron los temas sustantivos de cada una de las áreas del Instituto, la problemática a la que se enfrentaron y las disposiciones legales que podrían ser modificadas.

Además, desde el IFE diseñamos un espacio para retomar, vincular y sistematizar la voz de los ciudadanos, con la creación e instrumentación de las Jornadas Ciudadanas de Reflexión y Análisis para la Modernización y Reforma Electorales.

Se realizaron tres Jornadas en todo el territorio nacional y una cuarta de forma virtual, para los mexicanos residentes en el extranjero.

De esta manera, todos los ciudadanos mexicanos tuvieron la oportunidad de alzar la voz, de proponer y de discutir las mejoras que cada uno de ellos considera necesarias, para el perfeccionamiento de nuestra democracia electoral.

Con un total de 3 mil 420 ponencias, se habló sobre procedimientos electorales, generación y difusión de resultados, participación ciudadana, campañas, condiciones de equidad y medios de comunicación, régimen de partidos y de agrupaciones políticas nacionales, y resolución de disputas, justicia electoral y sanciones.

Así, el Instituto contribuyó con su experiencia y voz técnica; fungió como puente entre el ciudadano y los órganos tomadores de decisiones, para hacer llegar sus opiniones e ideas.

Y ahora reúne a los especialistas nacionales y extranjeros en este foro, para que enriquezcan con su experiencia el debate nacional sobre la Reforma Electoral.

Quiero resaltar que cada una de estas etapas será parte del documento final que se entregará a los órganos de decisión, el Consejo General del IFE y el Congreso de la Unión, para su consulta y consideración sobre posibles adecuaciones legales y reglamentarias.

Agradezco a todos los que han intervenido en la formación de este proyecto.

A los partidos políticos y consejeros del Poder Legislativo, que contribuyeron con su trabajo desde el diseño del proyecto en el marco del grupo de trabajo que aprobamos para tal efecto.

A la Organización de las Naciones Unidas, representada en este acto por el señor Dong Nguyen, encargado del Área de Cooperación Electoral del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.

Al Centro de Asesoría y Promoción Electoral del Instituto Interamericano de Derechos Humanos (CAPEL), hoy representado por el doctor Joseph Thompson.

Al Instituto Demócrata Nacional, que hoy está representado por su titular en México, el señor Julian Quibell.

A la Unión Europea, representada en este acto por el Embajador Mendel Goldnstein.

Al representante de la Fiscal Especializada para la Atención de Delitos Electorales, licenciado Francisco Díaz Arraiga.

A todos ellos, gracias por su apoyo, por su colaboración en la orientación en cada una de las fases, así como a cada uno de los especialistas en política y en materia electoral, que hoy, mañana y pasado mañana nos estarán acompañando.

Especialmente quiero resaltar la participación de los Vocales y los Consejeros Locales y Distritales del Instituto, quienes reprodujeron el esfuerzo diseñado en las oficinas centrales, con creatividad y atendiendo sus realidades y necesidades específicas.

La Reforma Electoral es un paso necesario para el perfeccionamiento del sistema electoral, y siempre lo ha sido, porque la legislación es permanentemente desafiada por los contextos que pretende regular.

Desde la creación de la Ley de Organizaciones Políticas y procesos electorales en 1977, se han realizado ocho reformas a la Ley Comicial, que han quitado candados y abierto puertas a la democracia. Hoy, se puede discutir y se debe legislar sobre temas que perfeccionarán los procedimientos electorales y garantizarán equidad en la contienda.

Pero recordemos que hace tan sólo diez años no existía casi ninguna regulación sobre el acceso a medios; no había encuestas, ni monitoreos; no se podía conocer el origen y la aplicación de los recursos de los partidos políticos durante las campañas, ni las precampañas.

Existen, efectivamente, vacíos que deben ser cubiertos. Proponerlos y hacerlo, requiere de asumir la responsabilidad de lo que significan no sólo los retos que hoy se plantean, sino todo lo que se ha cambiado, a lo largo de varias décadas, para crear una autoridad electoral federal ciudadanizada, autónoma, legal e imparcial. Caminar hacia adelante es hoy el desafío.

Muchas gracias.

Y, para dar inicio a nuestro Seminario, tendremos la intervención del señor Dong Nguyen, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y le doy la palabra.

-Sr. Dong Nguyen: Pedí la autorización del señor Presidente del IFE de hablar y me dijo: Tú puedes hablar donde quieras. Entonces, con su permiso, voy a hablar allá, porque de esta manera me voy a sentir un poquito más grande.

Señor Presidente, señoras, señores. Es un gran privilegio participar en esta reflexión con ustedes y les presento los saludos del Oficial a cargo de la Oficina del Programa de las Naciones Unidas, que hoy tuvo otro compromiso, y yo diría, el mundo es tan grande, porque tenemos, como ya lo dijo la señora Consejera Latapi, México es una tierra de experiencia, una tierra de conocimiento electoral; yo diría difícil a comparar con otros lugares, y para las Naciones Unidas es una oportunidad de aprender de México, de aprender de sus experiencias desde los años 93, 94 hasta ahora y, yo diría, de aprender y transmitir la experiencia de México.

De nuestra parte, nunca hemos pensado que hay un modelo único de sistema electoral; hay siempre experiencias generales y el genio de cada pueblo, de cada nación, es de transformar estas condiciones generales en condiciones concretas, para el bien de la población.

Por supuesto, los expertos que somos los que tienen experiencia en el tema electoral saben que nosotros los expertos, los técnicos nunca tomamos la decisión en este sentido, es siempre la decisión de las autoridades, los legisladores, los que realmente representan el país y representan su población.

Entonces, la contribución de nuestra parte es una contribución a doble vía, de aprender de México y transmitir la experiencia de México a otros lugares y de vez en cuando a llevar la experiencia de otros lugares, como el caso de hoy, a México para alimentar la discusión.

Yo diría, el voto es un acto sencillo, pero es un producto de un proceso complejo y vivo, es un acto sencillo porque sabemos a una fecha determinada que deposita una boleta en la urna de manera confidencial, punto.

Luego, para la ciudadanía se va a regresar a su casa y disfrutar de la comida y, luego por la noche mira la televisión para captar los resultados, es tan sencillo que no, yo diría que en otros lugares de la, en todos los lugares que conozco, de Asia, hasta África, Europa el día del voto es normalmente un día, yo diría, de fiesta y el día de familia.

Pero el proceso para, que marca el voto también es un proceso complejo, complejo en este sentido, voy rápidamente porque hablo en presencia de los maestros, como Carlos Urruty que ha sido mi maestro en el campo electoral, no voy a provocarlo demasiado, es complejo porque el voto también es parte de un sistema de representación, el voto es un producto de una logística que los amigos y colegas del IFE conocen bien.

Yo diría que el día del voto es el día cuando el estado toca su población completo, su población completa porque es el día donde se siente el peso del estado nacional, un día que todos los mexicanos, más de 40 millones del año pasado, realizan, que viven en el mismo país, construyen la misma, yo diría, comunidad política en un día. Este es un esfuerzo logístico, absolutamente extraordinario.

Y lo olvidamos demasiado, pero los que trabajan en el tema electoral saben lo que significa este esfuerzo, esta realización de parte de una institución como el IFE y, yo diría también es complejo porque no hay acto legal tan complejo que el acto de votar y, cuando hablamos de acto legal, hablamos de justicia, hablamos de resoluciones, de conflicto electoral, hablamos de prevención y de sanción, de fraude electoral.

Esta es la complejidad finalmente del voto y, para terminar yo diría también el voto es el producto de un proceso vivo, porque el voto, el sufragio no nace de manera inocente, empezó con una presión, con una lucha para exigir que; exigir que cada persona, cada voto cuenta. Es exigir una cierta equidad y la equidad, la más grande posible en la toma de decisión que es el voto.

Y ustedes recuerdan que el voto empezó con el voto de los hombres ricos, de vez en cuando, más bien blancos, ¿no?, para empezar. Pero luego votaron las mujeres. En México hace como 50 años votaron las mujeres.

En los Estados Unidos votaron los negros de manera masiva, ahora se llaman americanos, afroamericanos, a partir de los años sesentas, con Martin Luther King, etc.

Y este es un movimiento, yo diría, irresistible como dicen ya al existir Tocqueville; es un movimiento irresistible para la equidad.

Y el movimiento vivo, lo que recuerda la señora Consejera hoy, entra en esta perspectiva. Es que el sufragio universal tiene que ser cada vez más universal; el sufragio universal significa básicamente la búsqueda de condiciones más y más favorables a la equidad del voto. Mi voto tiene que representar el valor de su voto.

Esta es, yo diría, la necesidad, la exigencia de la ciudadanía en México y yo diría que también es el honor de la institución, el encargo de la organización de las elecciones, de siempre buscar después de cada elección, cada votación complicada o no, de buscar mejorar las condiciones del voto, que sea a través de los medios de comunicación, del financiamiento. Esto no es importante.

Lo que es crucial, lo que es importante es que la institución se encarga finalmente de buscar siempre las mejores condiciones para respetar la equidad, la igualdad de cada voto de los ciudadanos.

En ese sentido yo diría: Otra vez para nosotros es un gran privilegio de estar con ustedes.

Gracias.

-Consejera Electoral Luisa Alejandra Latapi: Gracias a Dong Nguyen.

Y quiero presentarles a quienes están esta mañana en esta mesa, presidida por el doctor Luis Carlos Ugalde, Consejero Presidente del Instituto Federal Electoral.

El Embajador Mendel Golsteins, de la Unión Europea; Dong Nguyen ya lo escuchamos, es representante del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.

El señor Julian Quibell, del Instituto Nacional Demócrata.

Joseph Thompson, de CAPEL, y en representación de la Fiscal Especial para Delitos Electorales, el licenciado Francisco Díaz Arriaga.

Para dar inicio formal, para la inauguración de este seminario, doy la palabra al Consejero Presidente, doctor Luis Carlos Ugalde.

¬-Dr. Luis Carlos Ugalde: Muy buenos días, distinguidos invitados que nos acompañan.

Señor Embajador Goldnstein, representante de la Unión Europea;

Señor Dong Nguyen, amigo de casa; más que otra cosa amigo de casa y Coordinador del Proyecto de Observación Electoral del PNUD en México.

Señor José Thompson, también un amigo de casa, Director del Centro de Asesoría y Promoción Electoral del Instituto Interamericano de Derechos Humanos.

Señor Julian Quiebell, del Instituto Nacional Demócrata;

Señor Díaz Arriaga, en representación de Fepade:

Gracias a todos ustedes por estar aquí.

Y antes de seguir también quisiera hacer un reconocimiento a la Coordinación de Asuntos Internacionales del IFE, por su enorme esfuerzo hoy, ayer y siempre, por tener al IFE en una extraordinaria relación con otros países y autoridades del mundo.

Ahora que se discute una reforma electoral en México, tenemos que tener en perspectiva cuáles han sido los momentos clave en que se han dado reformas electorales que han tenido el propósito de cambiar, cuantitativa y cualitativamente, la calidad de la democracia mexicana.

Cada uno de estos momentos históricos ha tenido la peculiaridad de que hemos tenido la sabiduría de poder diagnosticar cuál es el problema central, para poder dar una medicina significativa que ataque ese problema de fondo.

Y no tenemos que perder de vista este enfoque histórico comparativo, porque será la única manera de saber cuál es el diagnóstico del estado de la democracia mexicana, para poderle dar una medicina apropiada a ese diagnóstico.

No siempre se hacen buenos diagnósticos y no siempre hay buenas soluciones, por lo cual cualquier reforma electoral, me parece a mí, debe partir de un diagnóstico apropiado del estado de las cosas, para mantener lo que sí funciona y modificar aquello que requiere cambio.

En las reformas de 1964 y 1977, por ejemplo, estaba claro que el diagnóstico era el pluralismo limitado que existía en los poderes públicos en México, y ambas reformas, particularmente la de 1977, incluyeron instrumentos para la representación de minorías y eso condujo, necesariamente, para que a fines de los 70 y durante la década de los 80, el país pudiera ir evolucionando en un sistema más plural y representativo de la diversidad del país.

Ambas reformas, la de 64, que introdujo los diputados de partido, y la de 77, que introdujo la representación proporcional, tuvieron una lectura del estado de las cosas, y tuvieron una solución que fue mayor pluralidad y representación de minorías.

En la década de los 90’s, había como propósito fundamental lograr plenamente la transparencia de los procesos electorales y lograr la independencia de las autoridades electorales y, con claridad y con método, la ley electoral logró incorporar esos dos propósitos fundamentales: elecciones transparentes y legales, y autoridades electorales que las administraran con imparcialidad e independencia.

En los últimos diez años, el marco legal no se ha modificado y eso ha dado lugar a que haya un rezago entre nuevos fenómenos que se han venido construyendo y generando en los últimos años, y un marco legal vigente que sigue respondiendo a las preocupaciones de la década de los 90, pero que ya no necesariamente responde a fenómenos nuevos que hemos observado no solamente en 2006; se vienen observando desde 2000 y se ha observado en todas las elecciones locales, para gobernador, que se han realizado en los últimos siete años, y de manera simbólica y de manera acentuada, en la elección presidencial de 2006.

Pero quiero recalcar que 2006 no es el primer momento en que el país vislumbra una serie de fenómenos, sino ha sido recurrente desde el año 2000 en todas las elecciones locales que se han dado en el país.

Por lo tanto, creo que este primer marco histórico nos debe dar como orientación que para poder hacer una reforma electoral que responda a la problemática del país, tenemos que partir de un diagnóstico y de un propósito claro, para evitar perdernos en los árboles en lugar de ver al bosque en su conjunto.

El segundo asunto que quisiera comentar es que para que una reforma electoral sea relevante, no solamente tiene que tener un diagnóstico apropiado y un propósito claro, sino también tiene que responder a quienes deben ser los principales destinatarios de cualquier reforma electoral, que deben ser los ciudadanos y los votantes.

Y no debemos perder esto de vista, porque si no respondemos a los principales usuarios de la democracia, que son los votantes y son los mexicanos, podemos perder de vista la orientación clara.

Es por eso que el IFE llevó a cabo en los últimos meses, Jornadas Ciudadanas de Reflexión y Análisis. Como comentó la Consejera Alejandra Latapi, recibimos más de tres mil 400 ponencias en todo el país, en tres Jornadas, a lo largo de tres meses, con temas muy concretos.

Si ustedes revisan esas ponencias, que están disponibles en Internet, verán que la gente expresa, de manera muy coloquial y muy directa, cuáles son sus frustraciones, sus anhelos, sus agravios, sus desencantos. Y creo que escuchar esa voz ciudadana que dice con mucha nitidez por qué los ciudadanos en ocasiones están desencantados de la política, de los políticos y de los partidos, es una manera para poder oxigenar un debate que en ocasiones tiende a quedarse en las élites, en los partidos, en los salones legislativos, en las reuniones de las autoridades electorales, pero tenemos que bajar a escuchar a los ciudadanos.

No hay nada nuevo bajo el sol que no se haya dicho encuesta tras encuesta, seminario tras seminario, pero vale la pena voltear a ver a oír lo que los ciudadanos escuchan.

¿Y qué es lo que los ciudadanos quieren de una revisión y de una clasificación de las tres mil 400 ponencias? He hecho un catálogo de 10 cosas que son las que más son reiteradas en estas poses ciudadanas que fueron vislumbradas y que fueron escuchadas por el IFE en los últimos meses y, sin que haya jerarquía entre estos 10 temas quisiera enunciarlos, porque creo que hablan un poco de lo que los ciudadanos quieren, y no necesariamente lo que los ciudadanos quieren coincide en ocasiones con lo que los partidos quieren.

Y es muy importante que haya una alineación entre lo que se legisla y lo que los ciudadanos están demandando.

¿Qué es lo que los ciudadanos expresaron? 10 temas no jerárquicamente ordenados, pero 10 temas que reflejan lo que los ciudadanos expresaron en las Jornadas Ciudadanas.

1. Campañas menos caras.

2. Reducir el financiamiento público a los partidos políticos.

3. Transparencia y equidad en el acceso a los medios de comunicación.

4. Regular las precampañas.

5. Regular la propaganda negativa.

6. Regular la publicidad oficial durante los procesos electorales.

7. Regular la fijación y retiro de propaganda electoral.

8. Programas de educación cívica en el sistema escolar.

9. Combatir el abstencionismo y,

10. Procedimientos nuevos y eficaces para integrar mesas de casilla.

Como ustedes observarán, muchos de estos temas se repiten en el debate público, pero hay otros temas que a los ciudadanos les agravian y que no necesariamente forman parte del debate político o público que es registrado por los medios de comunicación.

Creo que esta lista de 10 puntos puede ser ubicada y puede ser catalogada en dos ejes que, en mi opinión forman parte de los dos ejes en los cuales podría ubicarse parte de la solución a los rezagos que enfrenta la democracia electoral, que en mi opinión corren por dos fuentes.

1. Democracia menos cara y mayor equidad en la contienda electoral.

Para tener una democracia menos costosa es necesario que las campañas cuesten menos y eso ataca lo que yo he llamado es el binomio perverso entre dinero y política. Cada vez las campañas son más caras, los registros de fiscalización del IFE muestra cómo el costo promedio por voto se ha ido incrementando en los últimos 10 años y eso es lógica simple y llana en cualquier actividad humana, requiere financiamiento, requiere financiadores y esos financiadores podrán estar permitidos en la ley o podrán no estar permitidos en la ley, pero el hecho es que el incentivo de ganar campañas requiere dinero y ese dinero puede dar incentivos para que se consiga al margen de la ley.

Testimonio tras testimonio en las Jornadas Ciudadanas hablan de esta preocupación de los ciudadanos y, me parece que es fundamental cómo ver cómo se puede atacar ese asunto.

No hay nada nuevo bajo el sol, los ciudadanos lo han dicho y, me parece que el eje central para reducir el costo de las campañas es asumir algún modelo de acceso gratuito de los partidos políticos a los medios de comunicación electrónicos mediante un mayor uso de los tiempos oficiales del Estado Mexicano.

Esa es la evidencia, los registros del Instituto muestran que aquí es donde se eroga buena parte de los recursos de las campañas y, me parece por lo tanto que se debe explorar un mecanismo apropiado que permita usar con mayor intensidad los tiempos oficiales del estado mexicano para fines de publicidad política.

Una vez que se haya logrado eso, me parece que es inevitable y los ciudadanos lo exigen una tras otra vez, reducir el financiamiento público de los partidos políticos en la magnitud en que se puedan reducir los requerimientos de acceso a los medios de comunicación.

Me parece que este es un asunto muy importante que es indispensable que se asuma.

El segundo eje de la Reforma Electoral, de acuerdo a lo que se contempla en estas Jornadas Ciudadanas, es contar con mayor equidad en las contiendas electorales.

Una democracia más equitativa requiere, por ejemplo, regular el tema de las precampañas, en donde nacen y empiezan a generarse en ocasiones ventajas indebidas para algunos ciudadanos, precandidatos o quienes ostentan cargos públicos, que les puede dar ventaja indebida si no hay claridad sobre las reglas del juego.

También es necesario tener más transparencia y equidad en el acceso a los medios de comunicación.

Como todos sabemos, en el esquema actual los partidos y los medios pueden negociar de manera legal las tarifas, las condiciones de pago y los esquemas de comercialización. Ese es el esquema legal vigente bajo el cual se lleva a cabo el acceso a los medios.

Pero los propios partidos han expresado cierta inconformidad de que esa ley vigente, la ley que nos regula a todos no siempre garantiza un acceso equitativo a los medios y podría fomentar un trato desigual.

También es necesario, los ciudadanos lo han expresado, que es necesario pensar cómo regular la propaganda negativa, si esa regulación es deseable, si regulatoriamente es factible.

Y aquí ustedes recordarán que el año pasado el IFE enfrentó un enorme e intenso debate sobre los límites de la libertad de expresión, para fomentar la equidad durante las campañas.

Finalmente, los ciudadanos expresaron que regular la publicidad oficial es una medida necesaria para la equidad de la contienda y creo que aquí en temas de publicidad oficial hay dos vertientes: Una es la publicidad oficial durante procesos electorales, que cada vez parece haber mayor consenso de que debe haber alguna prohibición.

El IFE ha venido prohibiendo, mediante acuerdos de naturaleza diversa, que los gobiernos anuncien en un periodo previo a la Jornada Electoral; muchas legislaciones de los estados ya contemplan esa prohibición, y creo que este aspecto es fundamental hacia el futuro.

Y la otra que se ha mencionado con insistencia es cómo poder limitar para que la publicidad oficial sea asociada con el titular del gobierno que lo encabeza, a fin de evitar que haya una confusión entre la publicidad institucional y la promoción personal de los gobiernos o de quienes encabezan esos gobiernos.

Señoras y señores:

Creo que la única condicionante de la Reforma Electoral es que responda a los intereses de los ciudadanos.

La democracia electoral debe estar al servicio de los ciudadanos, no al servicio de los partidos.

Son los ciudadanos y los votantes a quienes debe beneficiar cualquier reforma electoral, y por eso creo que es necesario preguntar a esos ciudadanos qué es lo que quieren.

El IFE lo ha hecho, el Congreso de la Unión lo ha hecho y creo que los especialistas que nos acompañarán en los próximos tres días podrán reflexionar sobre ese tema.

Creo que los ciudadanos de México y de otras partes del mundo quieren lo mismo, y eso tendremos la oportunidad de escucharlos en los próximos días.

Estas demandas ciudadanas las he expresado en dos ejes fundamentales, que tienen que ver con una democracia menos cara y una democracia con mayor equidad en la contienda.

No debemos dejar pasar la oportunidad de tener un diagnóstico apropiado, para tener la oportunidad de tener medidas de soluciones claras para el problema que nos aqueja el día de hoy.

Menor costo y mayor equidad pueden ser los dos aspectos fundamentales que orienten la discusión global de la Reforma Electoral, a fin de poder ir construyendo instrumentos que respondan a este propósito global de tener una democracia menos cara y mayor equidad en la contienda electoral.

Creo que la orientación es muy importante y los próximos días nos darán la oportunidad de reflexionar con nuestros distinguidos invitados.

Muchísimas gracias; gracias por acompañarnos y muy buenos días.

-Consejera Electoral Luisa Alejandra Latapi: Quiero agradecer la presencia de los Consejeros Electorales Andrés Albo, Virgilio Andrade, Teresa González Luna, Arturo Sánchez Gutiérrez, así como de los conferencistas magistrales que en unos minutos más pasarán a esta mesa, el señor Carlos Urrutia, el señor Federico Reyes Heroles, y algunos de los ponentes que en estos tres días nos estarán acompañando: el licenciado Jesús Orozco, Laurence Whitehead, Leonardo Valdés.
Y, por supuesto, quiero destacar la presencia de autoridades electorales de países miembros de la Unión Interamericana de Organismos Electorales, como Colombia, El Salvador, Honduras, Perú y República Dominicana, quienes vinieron a nuestro país solamente con el objetivo de estar con nosotros en estos trabajos.

Sin más, daremos paso a la siguiente sesión que es la de las conferencias magistrales.

Muchas gracias.
(Receso)

-Consejera Electoral Alejandra Latapi: Pues otra vez muy buenos días a todas y todos. Tengo el honor de estar en estos momentos acompañada por el maestro Carlos Urruty, quien es Presidente de la Corte Electoral del Uruguay. Y digo maestro, como ya lo dijo Dong Nguyen, porque para muchos de los que hemos vivido en los sistemas electorales es un ejemplo y siempre tenemos algo que aprender de él.

Él ha estado al frente de esta institución electoral del Uruguay por más de varias décadas y creo que lo que nos tenga que compartir hoy y que aportar va a ser del interés de todos nosotros.

Y a mi izquierda me acompaña Federico Reyes Heroles, escritor, comentarista, destacado intelectual mexicano que, además, preside Transparencia Mexicana, capítulo México, y el parte de sus reflexiones, de sus análisis, de sus escritos, han tenido mucho que ver no solamente con la política nacional, sino en específico con la democracia electoral mexicana.

Creo que no necesitan, ninguno de los dos, mayor presentación, y le doy la palabra, entonces, a don Carlos Urruty.

-Sr. Carlos Urruty: Muchas gracias, muy buenos días.

Este título de maestro a mí me queda muy grande, lo que lamentablemente soy, soy el más viejo de los magistrados electorales de América lo que no me da, no creo que me permita asumir el título de maestro. Por el contrario, como ustedes van a apreciar en el transcurso de mi exposición, voy a tratar de ilustrarla con las expresiones de los que sí fueron mis maestros, cuyas enseñanzas procuro en cada oportunidad en que tengo el privilegio de poder dirigirme a personas de la alta calidad a la que me estoy dirigiendo en este momento, trato de explicar lo que a mí me enseñaron.

Y comienzo la exposición. En las tres últimas décadas del siglo pasado la democracia ha resurgido triunfante de las dictaduras de derecha, particularmente en España, Portugal y en América Latina y se ha impuesto a las dictaduras de izquierda en Europa y en parte de Asia donde asistimos al vertiginoso desplome de los autoritarismos.

Hace 60 años, en plena guerra mundial, de una totalidad de 61 estados, solamente 12 podían ser considerados democráticos y 49 eran autocracias, mientras que en 2000, de una totalidad de 191 estados, 117 pueden ser considerados democráticos, en tanto que 74 son autocráticos.

Pero al mismo tiempo que la democracia triunfa sobre los totalitarismos, entra en una crisis profunda en los territorios en que aparecía más arraigada. Asistimos preocupados al resurgimiento en Europa Occidental de grupos neonazis y de neofascistas y a la aparición de un neoanarquismo conservador que cuestiona la existencia misma del Estado y pretender sustituir la organización política por una confrontación de fuerzas económicas.

Se reprocha al sistema democrático su ineptitud para resolver los problemas sociales y económicos de los gobernados. Se acusa a los que peyorativamente se ha dado en llamar la clase política, de gobernar en su exclusivo provecho sin atender las necesidades del hombre común.

La situación se agrava en algunos casos por el cuestionamiento de la honestidad de quienes manejan los intereses públicos. Todo esto genera una brecha terriblemente peligrosa entre gobernantes y gobernados y determina que éstos pierdan su confianza en aquellos; los electores votan por quienes habrán de gobernarlos, pero no siempre creen en ellos y a veces ni siquiera votan.

Los índices de abstención comprobados en elecciones de América Latina son alarmantes y ponen de manifiesto la indiferencia del pueblo y el desprestigio de la llamada clase política.

Se observa por doquier una falta de militancia y de devoción que alcanza también a los partidos políticos, a los sindicatos y a la propia iglesia. Esa tensión lleva a que haya sociedades y ciudadanos dispuestos a pagar el precio más alto, el precio de la libertad para obtener seguridad.

De acuerdo a la clasificación aristotélica y al criterio cuantitativo que le sirve de base, la democracia es por definición una forma de gobierno que reposa en el hecho de que en ella el gobierno es ejercida por todas las personas que componen el estado, por oposición a la monarquía en que el gobierno es ejercido por una sola persona y a la aristocracia en la cual es un grupo restringido de personas el que rige los destinos del Estado.

No debe olvidarse, sin embargo, que el propio Aristóteles, no obstante, basar su clasificación en factores cuantitativos, utilizó un criterio valorativo para distinguir las formas puras de las formas impuras de gobierno, según que el mismo fuera ejercido en interés de todos, tanto de gobernantes como de gobernados o en exclusivo interés de los gobernantes, aparece así la demagogia como forma impura de la democracia.

Lo característico de esta forma de gobierno es que en ella la legitimidad del poder se funda en el libro consentimiento de los integrantes de la comunidad, este es el factor decisivo para distinguir la forma de gobierno democrática de la autocrática.

En la forma de gobierno autocrático, la categoría de súbdito aparece separada de la de gobernante. Quienes gobiernan constituyen un grupo social y político distinto del que integran aquellos que están obligados a acatar la voluntad de los gobernantes, existe un grupo que ordena y manda y otro que obedece, es la fuerza la que respalda la voluntad del poder del individuo o grupo que gobierna.

El régimen de gobierno democrático tiende, en cambio, a superponer las categorías de ciudadano y súbdito, de tal modo que los que deben obedecer hayan tenido la oportunidad de concurrir con su voluntad particular a crear la voluntad colectiva que deben acatar, es éste el postulado básico de la democracia, que los individuos estén sometidos a reglas que ellos voluntariamente han contribuido a dictar.

La democracia es entonces el gobierno del pueblo por el pueblo, porque los mismos individuos sometidos al poder del Estado son los que en mayoría han concurrido a sancionar las normas jurídicas a las que están sometidos, pero la democracia no es un fin en sí misma, es la forma de gobierno que mejor asegura el establecimiento del estado de derecho, verdadera garantía de la libertad individual y del respeto a la dignidad del hombre.

En su voto concurrente a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Yatama, versus Nicaragua, el juez Diego García expresa que desde los inicios de la OEA la democracia y el respeto a los derechos esenciales del hombre fueron concebidos de manera interdependiente, esta vinculación está presente en el preámbulo de la carta, en la declaración americana de los derechos y deberes del hombre y particularmente en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos.

La declaración de Santiago de 1959 precisó esta unidad conceptual entre derechos humanos y democracia al definir los estándares democráticos interamericanos.

Posteriormente, la resolución 991 estableció que los miembros de la OEA deben afianzar sus sistemas democráticos a través del pleno respeto de los derechos humanos.

Como lo destaca el juez citado, se ha ido consolidando en forma gradual la concepción de que no existe oposición entre el principio de no intervención, la defensa de la democracia y los derechos humanos, entre otras razones porque los compromisos en materia de defensa de los derechos humanos y de la democracia son contraídos por los países en el libre ejercicio de su propia soberanía.

En la Carta Democrática Interamericana, el instrumento jurídico que el sistema interamericano ha generado para fortalecer la democracia y los derechos a ella vinculados, se estipula que los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla.

Se reiteran en ella principios coincidentes con los contenidos en la Convención Americana de Derechos Humanos, cuando se señala que son elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho.

La celebración de elecciones periódicas libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto, como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas y la separación e independencia de los poderes públicos.

De los principios establecidos en la Carta Democrática Interamericana rescato y pongo particular énfasis en destacar el que afirma que no basta que la sujeción al Estado de Derecho se respete en el acceso al poder, sino que es necesario que una vez obtenido el mismo el poder sea ejercido también y fundamentalmente con sujeción al Estado de Derecho.

De este modo, se agrega a la legitimidad de origen la legitimidad de ejercicio, como principio interamericano.

El juez García Sayan concluye, a mi juicio, con acierto que leída la Convención Americana a la luz de estas evoluciones conceptuales, que el consenso interamericano expresado en la Carta Democrática resulta, pues, que la libre expresión de la voluntad de los electores se vería afectada si autoridades elegidas conforme al Estado de Derecho, legitimidad de origen, ejercen sus funciones en contravención al Estado de Derecho.

Estado de Derecho es aquel en que todos, absolutamente todos están sujetos a las normas jurídicas que la colectividad voluntariamente ha decidido aprobar, para regir la actividad de conjunto.

No existe en el Estado de Derecho individuo o grupo, órgano o poder que esté facultado para actuar por encima, en contra o al margen de marco jurídico que el libre consentimiento de los integrantes de la comunidad han decidido que han de regir sus destinos.

El poder soberano sea que se ejerza directamente por el cuerpo electoral o indirectamente por los poderes representativos, bajo ninguna circunstancia puede ponerse en acto sin ajuste a las normas de Derecho normalmente contenidas en la Constitución del Estado.

El cuerpo electoral es también un órgano de gobierno dotado de atribuciones taxativas y precisamente enumeradas, cuyos nudos de actuación están previstos por el Derecho y cuyas competencias carecen de eficacia jurídica, en cuanto no se cumplan en los términos y conforme a la forma fijada por el Derecho.

Dije que iba tratar de transmitir a ustedes las enseñanzas que recibí de mi maestro y esta frase que acabo de mencionar como definición del Estado de Derecho no me pertenece, me fue enseñado por mi profesor de Derecho Constitucional, el doctor Justino Jiménez de Aréchaga, a quien volverá a citar al final de mi exposición.

Es indiscutible la importancia fundamental que los organismos electorales tienen en lo que ha dado en llamarse la legitimidad de origen. Aunque debo reconocer que es muy poco lo que pueden influir para asegurar la legitimidad de ejercicio.

Las democracias constituyen gobiernos de opinión.

Si el libre consentimiento de los integrantes de la comunidad es el fundamento legitimador del poder público, resulta imprescindible examinar el marco de libertades y garantías que rodean una elección, para poder decidir si ella supone efectivamente un verdaderamente acto de voluntad.

La aceptación de este postulado va generando paulatinamente las siguientes consecuencias:

En primer lugar, la jerarquización del conjunto de normas que regulan la expresión de ese consentimiento y dotan de garantías al sistema, procurando que la voluntad colectiva se manifieste en los marcos de libertad.

Esas normas adquieren tal trascendencia que con justo título pasan a reclamar autonomía dentro del orden jurídico general.

En segundo lugar, la creciente importancia que se asigna a la instrumentación de mecanismos y procedimientos electorales que aseguren la pureza de la expresión de la voluntad colectiva.

De la observancia estricta de esos procedimientos, depende que quede asegurada la legitimidad de origen. Tan grande es la importancia de estos procedimientos electorales que, como lo señalo en cada oportunidad en que tengo de dirigirme a magistrados electorales, menciono las palabras que ha merecido de uno de los más ilustres pensadores que han visto la luz en el siglo pasado, la siguiente reflexión:

“La salud de las democracias, cualesquiera que sean su tipo y su grado, depende de un mísero detalle técnico: el procedimiento electoral”. Esto lo dijo en su obra La rebelión de las masas, que se puede leer hoy en día, como si hubiera sido escrita ayer, lo dijo Ortega y Gasset.

Dice Ortega y Gasset: “Si el régimen de comicios es acertado; si se ajusta a la realidad, todo va bien; si no, aunque el resto marche óptimamente, todo va mal”.

Ejemplificando, escribe Ortega: “Roma, al comenzar el siglo primero antes de Cristo es omnipotente, rica; no tiene enemigos delante; sin embargo, está a punto de fenecer porque se obstina en conservar un régimen electoral estúpido. Un régimen electoral es estúpido cuando es falso”. Y concluye el eminente pensador: “Sin el apoyo del auténtico sufragio, las instituciones democráticas están en el aire”.

Es fundamental para la existencia de la democracia que la opinión se elabore en un clima de libertad, que se encauce a través de partidos libres de la presión oficial y que se exprese bajo las garantías de un sistema electoral que descarte la manipulación del cuerpo electoral y haga imposible torcer su verdadera expresión de voluntad.

En tercer lugar, como consecuencia de que el libre consentimiento es el fundamento legitimador de la democracia, aparece la significación institucional que comienzan a adquirir organismos independientes del poder político, que ya sea en la órbita del poder judicial, ya sea como entidades autónomas, ya sea como verdaderos poderes de gobierno, se crean con la finalidad de asumir competencia exclusiva y excluyente en el contralor de esa expresión de voluntad colectiva y en la proclamación del resultado de los pronunciamientos populares.

Si abordamos un estudio de derecho comparado, apreciamos en los diversos estados grandes diferencias de detalle, a las que se refería mi querido amigo Dong Nguyen, en lo referente a la organización y juzgamiento del proceso electoral.

Si algo aprendimos, es que no hay verdades absolutas en materia electoral con validez para todos los pueblos y todos los lugares. No obstante ello, cualesquiera sean esas diferencias, lo que sí puede afirmarse es que el desarrollo del proceso electoral obliga a poner en práctica todas las funciones jurídicas del gobierno.

Y la necesaria puesta en práctica de las distintas funciones jurídicas determina, asimismo, el ámbito en el cual es legítimo que cada una pueda desenvolverse.

En primer lugar, la función legislativa. No es concebible la existencia de un proceso electoral que merezca la denominación de tal, sin la existencia de normas preexistentes que lo regulen.

Como lo señala con acierto el jurista colombiano, profesor Augusto Hernández Becerra, siempre que la historia nos da noticia sobre la práctica de elecciones entre griegos y romanos, debe presumirse la existencia de la correlativa regla jurídica.

Toda elección debe estar precedida de un marco regulatorio de jerarquía constitucional o legal que establezca las reglas del juego del acto electoral. Es materia reservada a la constitución o a legisladores en los países en que aún no ha alcanzado jerarquía constitucional, el determinar qué se elige, quién está habilitado para elegir, qué requisitos deben reunir los candidatos para poder ser postulados; la circunscripción territorial dentro de la cual se lleva a cabo la elección, las mayorías exigibles para la elección de los cargos unipersonales, el sistema de adjudicación de bancas para los pluripersonales, las bases del sufragio, su carácter universal, secreto, obligatorio o voluntario.

El establecimiento de ese marco regulatorio excede la potestad reglamentaria que debe otorgarse al organismo electoral que prepara el acto eleccionario y la competencia del orden en que debe jugarlo.

Como lo expresa Gaston Yes, el acto electoral es una operación compleja que comprende gran número de actos jurídicos. La regularidad de cada uno de ellos condiciona la validez de la elección concebida por el autor como un conjunto de actos condición, vinculados entre sí por el principio de la indisibilidad del proceso.

Para el cumplimiento de los métodos que le han asignado la Constitución y las leyes, es indudable que los organismos electorales deben estar dotados de la facultad de ejercer una actividad multifuncional, y que entre sus múltiples y amplias facultades poseen la potestad reglamentaria.

Pero esa potestad reglamentaria se agota en la regulación de la elección, en tanto procedimiento o mecanismo tendiente a determinar cuáles son las personas que han resultado ungidas por la manifestación de voluntad de los electores.

En ejercicio de esa potestad reglamentaria, el organismo electoral no está facultado para regular inegibilidades o incompatibilidades ni para fijar cuáles son las condiciones para ser elector o elegible, ni para establecer el sistema que debe tomarse en cuenta para convertir los votos en escaños.

Esa regla debe de estar sancionada previamente al proceso electoral por el constituyente o el legislador.

Constituyen lo que Yes denomina “Teoría del electorado”, “Teoría de la elegibilidad” y “Teoría de las incompatibilidades”, para distinguirlas de la Teoría del acto electoral”, que comprende las reglas que establecen las condiciones de forma, tiempo y lugar y número, que deben cumplirse para que la manifestación de voluntad del elector produzca efectos jurídicos.

La potestad reglamentaria, de la que no puede privarse a los organismos electorales, pues es un instrumento imprescindible para que puedan cumplir con sus cometidos, permite a dichos organismos regular esas condiciones de forma, lugar y tiempo que deben encauzar la expresión de voluntad del electorado.

Pero en ejercicio de esa potestad reglamentaria los organismos electorales no pueden pretender establecer las reglas de juego de una elección que deben de ser preexistentes a ella, y estar consagradas en disposiciones de rango normativo superior. El pretender hacerlo no es reglamentar la elección, es legislar.

Con referencia a este punto y dado que su puesta en práctica en caso de ser compartidas requieren necesariamente la aprobación del legislativo, es oportuno teniendo en cuenta que el temario a abordar por este seminario es el de las reformas electorales, como modesto aporte traer a colación algunas de las sugerencias que el equipo de expertos que visitamos México, invitados por el PNUD de mayo del 2006 nos permitimos efectuar y que podrían, a nuestro juicio, mejorar en el futuro el desarrollo de los procesos electorales mexicanos.

Ninguna de estas propuestas tiene que ver con los puntos a los que hizo referencia el Presidente del IFE. Todas ellas están referidas al Registro Electoral y al Padrón Electoral.

Pero participo de la idea de que el Registro Electoral y el Padrón Electoral constituyen la base de la pureza de un proceso electoral, y por eso me parece que puede resultar útil referirlo.

En materia de Registro Electoral pudimos comprobar que el Código Electoral establece que la base del Padrón Electoral es el Catálogo General de Electores recabado a través de la técnica censal total mediante entrevistas casa por casa a fin de obtener la información básica de los mexicanos mayores de 18 años.

Ese procedimiento ha permitido elaborar el Padrón y la Lista Nominal de Electorales que tienen derecho a participar en la elección. Consideramos que otorgaría mayores garantías al registro electoral, exigir en el futuro a quien solicita incorporarse en dicho registro, acredite en forma fehaciente ser mexicano por nacimiento. Es decir, presentar el acta de nacimiento u otra prueba supletoria que acredite su calidad de mexicano, no bastando a tal efecto la declaración de dos testigos que puedan ser personas complacientes.

El Código Electoral exige esa prueba para los mexicanos por naturalización, pero esa prueba documental no está prevista en el Artículo 143 del Código Electoral para quien solicita incorporarse al Padrón Electoral.

En la reunión celebrada con el Director del Registro Electoral pudimos enterarnos que por decisión administrativa desde el año 2005 se ha introducido esta exigencia documental, consideramos sin embargo que por tratarse de un requisito del cual depende el derecho de elegir y ser electo, la exigencia debería estar contenida en el Código Electoral.

Pudimos comprobar asimismo que las dificultades que existen para la actualización y depuración del padrón derivan de la movilidad demográfica de las diferencias culturales y de la inexistencia de un registro de estados civiles centralizado. La movilidad demográfica no va acompañada, sobre todo tratándose de gente joven, de la comunicación el Registro Electoral del cambio de domicilio a cuyo respecto se observa un total desinterés que contrasta con el interés de obtener la credencial para votar que es hoy en día aceptada como documento de identidad para cualquier tipo de trámite

No mediando la solicitud ciudadana, no se aprecia si la legislación no lo proporciona ningún mecanismo que permita al Registro Electoral proceder de oficio e incluir a los electores en las nóminas que corresponderían a su domicilio actual, máxime que la posibilidad de votar en casillas especiales les exime de tener que trasladarse al centro de votación en que aparecen registrados.

En lo que se refiere a la depuración por fallecimiento, las dificultades derivan de que no siempre los datos consignados en las partidas de defunción permiten determinar con precisión cuál es el ciudadano que corresponde dar de baja en el padrón, de que existen sobre todo en distritos rurales poblaciones que entierran a sus fallecidos sin que el hecho dé lugar a ningún tipo de registro y de que no existe forma de enterarse del fallecimiento del ciudadano mexicano cuando el hecho sea verificado en el extranjero. Estas dificultades influyen indebidamente cuando se calcula el índice de abstención.

Con el fin de remediar en parte esas dificultades, nos permitimos proponer dos modificaciones a la normativa que regula el Registro Electoral.

Por un lado, el establecer un término de validez para la credencial con fotografía a partir de su expedición, la ley electoral no lo establece. Esto por ahora no ocasiona problemas, porque siendo relativamente reciente la norma que incorporó esta importante mejora al Régimen Electoral Mexicano, las credenciales otorgadas no son muy antiguas.

Pero de no introducirse un plazo de validez para el documento, va a terminar debilitando su eficacia para acreditar identidad, desde que el transcurso del tiempo provoca importantes modificaciones en la fisonomía de sus titulares. Me basta para comprobarlo con ver las acreditaciones con fotografía que he tenido en los últimos 20 años.

El establecer un plazo de validez coadyuva asimismo a depurar el padrón, ya que quien haya fallecido o se haya ido del país no se ha de presentar a renovar la credencial y por tanto quedaría automáticamente excluido.

Por otra parte y con la expresa aclaración de que no existen en materia electoral, como dije antes, soluciones con validez universal, nos permitimos recordar que en otros países de América se ha suplido la imposibilidad de depurar el padrón con motivo del fallecimiento, derivada de la insuficiencia o la carencia de la partida de defunción, disponiendo la exclusión del padrón de quien no vota en dos o en más de dos elecciones sucesivas.

Se elabora una nómina incluyendo a quienes han estado omisos en dos o más de dos actos electorales y se pone de manifiesto por un plazo determinado, trascurrido el cual si el omiso no se presenta se le excluye del padrón, esta exclusión no tiene carácter sancionatorio, por lo cual si el omiso está vivo puede presentarse en cualquier momento a partir del día siguiente a su exclusión a solicitar nuevamente su incorporación al Registro Electoral.

Con referencia también al Registro Electoral, pudimos apreciar que el Código Electoral permite obtener la credencial con fotografía hasta el último día de febrero. Como consecuencia de ello, quien extravía el documento se ve privado del mismo por sustracción, aún cuando figure en el listado nominal de habilitados para votar no puede sufragar porque no está en condiciones de exhibir la credencial y de este modo acreditar su identidad ante la casilla de votación, en cuyo listado figura.

Consultamos al Director del Registro Electoral si técnicamente era posible extender con todas las garantías del caso una nueva credencial en términos breves, en casos de pérdida o sustracción y la respuesta fue afirmativa. Se nos dijo que era posible extenderla de un día para el siguiente.

En mérito a ello consideramos que sería conveniente contemplar en el Código Electoral la posibilidad de que los ciudadanos que figuran en el listado nominal de habilitados para votar, puedan solicitar la renovación de su credencial hasta una fecha mucho más próxima a la de la celebración de la elección.

De otro modo quien roba el documento le está quitando al ciudadano el derecho a sufragar.

Hasta aquí consideramos la función legislativa.

En el proceso electoral aparece, sobre todo en la organización y administración del proceso electoral, un claro predominio del ejercicio de la función administrativa.

Ese ejercicio se concreta en el dictado de actos jurídicos y en la realización de operaciones materiales de ejecución. Esos actos jurídicos son de muy diversas naturaleza.

Para poder llevar a cabo la elección, los organismos electorales deben dictar acto-reglas, es decir, crear normas jurídicas generales, objetivas e impersonales que se aplican a todas las personas que se encuentran en las condiciones previstas en la norma.

Deben también dictar actos subjetivos, es decir, actos que producen efectos jurídicos que sólo afectan a personas determinadas; deben, por fin, dictar acto-condición, es decir, actos que colocan a una persona en una situación jurídica general preexistente.

Ejemplo de este tipo de actos es el que otorga la ciudadanía al extranjero o el que incorpora al ciudadano al Registro Electoral. En ambos casos existe una situación jurídica general preexistente, la del ciudadano o la del lector y el acto-condición tiene por virtud colocar a una persona determinada en esa situación.

Finalmente, en el proceso electoral es imprescindible el ejercicio de la función jurisdiccional. Se trata de una función que se ejerce en forma paralela a la función administrativa analizada anteriormente, en el desarrollo del proceso electoral, tanto cuando se cumplen las tareas básicas como cuando se ejecutan los actos preparatorios concomitantes y posteriores a la votación, se suscitan conflictos, se promueven contiendas, se formulan reclamaciones.

Y esto hace imprescindible que exista un órgano con facultades jurisdiccionales que permita la resolución definitiva de esas contiendas.

La característica esencial que nos permite comprobar que nos encontramos en presencia del ejercicio de función jurisdiccional, es precisamente que mediante la misma se procura dar término a una cuestión que debe ser dilucidada y que la decisión que se dicta para resolver esa contienda tiene carácter definitivo, en virtud de la cosa juzgada.

Esta distinción entre función administrativa y jurisdiccional y su atribución al mismo a distintos órganos del Estado, es la que da mérito a las diversas soluciones que el Derecho Comparado Latinoamericano ofrece en materia de organizaciones del acto eleccionario.

No obstante las diferentes soluciones que nos muestra el Derecho Comparado, se aprecia como rasgo común a todos los sistemas electorales vigentes en Latinoamérica, la clara intención de encomendar la organización y sobre todo la tarea de juzgar las contiendas que se suscitan durante el desarrollo del proceso electoral, a órganos del Estado independientes del poder político.

Sea que se haya optado por atribuir la función jurisdiccional en materia electoral a órganos que actúan en la órbita del Poder Judicial, sea que se prefiera encomendar esa función a órganos dotados de autonomía propia y distinta, creados con la expresa finalidad de ejercerla, lo que se procura en todos los casos es que las contiendas electorales sean dirimidas ante magistrados electorales que actúen con imparcialidad e independencia, especializados en el conocimiento de la materia sometida a su jurisdicción.

Como lo denuncia Juan Jaramillo, en su Estudio de Derecho Comparado contenido en el Tratado de Derecho Electoral, no puede ocultarse el hecho de que en la mayoría de los países los magistrados de los órganos electorales son nombrados por organismos políticos, en muchos casos a través de la participación de varios de ellos.

La dependencia del órgano electoral con respecto a los organismos políticos se ve disminuida en los países que son la mayoría, en los cuales el periodo de actuación de los magistrados electorales no coincide con el de los cargos electivos, lo cual dificulta que la composición de los tribunales pueda ser variada de acuerdo con las modificaciones sufridas en los organismos políticos.

Pero como acertadamente lo destaca Jaramillo, en la práctica debe tenerse en cuenta una serie de variables que influyan en la actividad de los órganos electorales y que determinan también la confianza o desconfianza en los procesos electorales.

Es necesario observar el contexto político que rodea al órgano que se está analizando, en puntos tales como el arraigo de los partidos en la población, la tradición y la cultura políticas; la fuerza de los grupos de presión e interés, el grado de libertad y de influencia de la prensa.

En regímenes autoritarios, capaces de ocupar todas las instancias estatales y aún las de la sociedad civil, poco habría cambiado el que la decisión sobre la integración de los órganos electorales hubiera sido asignada a los organismos judiciales o a representantes de diferentes organismos sociales, o a unos y otros.

Por el contrario, es importante recordar que en países en los cuales los nombramientos son facultad del Presidente de la República y el Senado o del Congreso, las elecciones no han sido objeto de cuestionamientos graves desde hace muchos años.

Esto pone de manifiesto que, entre otras cosas, la tradición y la cultura políticas que se han ido forjando en cada país, tienen también una influencia determinante en el trabajo que desarrollarán los organismos electorales.

Otra variable decisiva en el éxito de la gestión de un organismo electoral, es la relacionada con la profesionalidad de sus funcionarios. Resulta claro que el cambio permanente de los magistrados tiene por consecuencia que la experiencia acumulada en la realización de los procesos electorales no pueda ser aprovechada, en forma adecuada, para casos posteriores.

De ahí la importancia de la introducción de la carrera administrativa para los funcionarios electorales, independizando de la órbita política todo lo relacionado con los nombramientos y ascensos, de manera que estos pasen a depender sólo de las calificaciones del funcionario.

Al ofrecer a los funcionarios la posibilidad de realizar su carrera profesional en la entidad electoral, ésta se está beneficiando también de los conocimientos y la experiencia de sus empleados.

Como me están pasando el papelito que me indica que estoy por excederme del tiempo que tengo asignado para esta exposición, voy a suprimir algunas referencias que tenía pensado expresarles, respecto a las condiciones que, a mi juicio, deben acompañar, tanto a los magistrados que organizan procesos electorales como a los que los juzgan, que están vinculadas fundamentalmente con las exigencias de independencia, de imparcialidad y, asimismo, de profesionalidad, en la medida en que indiscutiblemente hoy en día el derecho electoral es una rama autónoma del derecho que requiere, tanto en lo sustancial como en lo procesal, normas específicas para las cuales muchas veces el contencioso ordinario no es de aplicación, porque los términos a los que está sujeto el organismo electoral, le está marcado por el constituyente y el legislador.

Pero voy a finalizar mi exposición volviendo a mi maestro, al que les dije al principio, que es quien está en mejores condiciones que yo de transmitirles las enseñanzas que yo recibí de él.

A partir de la década del 80 del siglo pasado, es innegable que las instituciones encargadas de la administración de las elecciones en la región han venido obteniendo cada vez más importancia, y hay contribuido poderosamente a la consolidación del sistema democrático. Esto ha ocurrido sobre todo en este país.

Esto implica, en cierto modo, que el punto relacionado con la organización electoral haya sido desplazado en los seminarios que se celebran en los países latinoamericanos, por el que apunta a los partidos políticos su democracia interna y su financiamiento.

Sin duda alguna, la confianza en el procedimiento electoral para la definición periódica y permanente de la lucha por el poder es uno de los factores fundamentales para apuntalar la institucionalidad y el régimen democrático de gobierno.

La observancia de las formas proporciona legitimidad al gobierno que emerge victorioso de una elección. Pero debemos reconocer que eso es sólo el punto de partida de un gobierno efectivamente democrático y no alcanza para configurarlo.

La democracia no es sólo una forma de gobierno. Para que un gobierno merezca la calificación de democrático es necesario que proteja y respete los derechos de la persona humana que se consideran fundamentales, especialmente aquellos que garantizan la libertad política.

Porque la democracia, lo mismo que el derecho, no es sólo forma, sino que de modo más ancho y ambicioso constituye una concepción especial del mundo y de la vida centrada en el hombre y afirmada en el respeto debido a la dignidad que hay que reconocerle.

La democracia debe contemplar, por igual, tanto la necesidad de libertad del ser humano, que constituye la base del sistema como la no menos importante demanda de seguridad.

No hay democracia sin conciliar al mismo tiempo el derecho, la libertad y la justicia social.

Mi ilustre y querido profesor de Derecho Constitucional, el doctor Justino Jiménez Aréchaga, maestro por antonomasia pronunció en 1964 una conferencia dedicada a señalar los riesgos que enfrentan las democracias y los medios de superarlos, a la que me he referido en anteriores exposiciones, y que por su claridad, elegancia y precisión vale la pena que intente resumir a ustedes.

Afirma Aréchaga que los riesgos de la democracia provienen de un serio conflicto generacional. La generación de la que él era parte, y a la que yo también pertenezco a pesar de haber sido su discípulo, se crió y educó bajo la influencia de la filosofía política que ponía el acento en la libertad.

De esa libertad que no se comprende y valora, sino cuando se la pierde o entra en crisis, como con gran belleza lo expresó el maestro, es dificilísimo explicar a otros, sobre todo a los que viven en feliz inconsciencia en un clima de libertad, qué cosa horrible es que este sol de la vida se oscurezca. Con qué vergüenza se vive cuando la libertad falta.

El romanticismo liberal del siglo XIX exasperó el valor de la libertad hasta extremos inconcebibles, haciendo nacer un individualismo agresivo, egoísta, sordo a los deberes de la solidaridad humana.

Se llegó a confundir la libertad de ser con la libertad de tener, y no se comprendió que cuando se consagra la libertad irrestricta de tener de los que tienen más se compromete la libertad de ser de los que tienen menos, que son los más.

En el momento en que Aréchaga pronuncia su conferencia, la década del sesenta, se asistía al estallido de un nuevo romanticismo tan irracional y desmedido como el anterior, que sólo atendía la realización de un solo valor: la justicia social.

Y si para lograr su objetivo debía abolir la libertad, pues que muera la libertad, que se supriman los partidos políticos, que se clausuren radios y diarios, que hable el líder y que decida sumariamente el pueblo en la plaza pública.

De este modo un romanticismo que exaltó la libertad hasta olvidarse de la justicia, lo siguió un mero romanticismo justicialista que a fuerza de reclamar justicia se olvidó de la libertad.

El maestro no vivió lo suficiente para asistir a la estrepitosa caída del marxismo que sustentó ese romanticismo justicialista, ni para ser testigo del aprovechamiento que de ese derrumbe está afectando un neoliberalismo que vuelve a exaltar y favorecer un individualismo egoísta y salvaje y olvidarse de la solidaridad humana poniendo en riesgo, en serio riesgo la convivencia democrática.

Creo fervorosamente que la democracia es la única forma de gobierno que permite la participación en la vida pública de todos los sectores de la sociedad, y de todas las corrientes de opinión. Que es el único sistema capaz de dar existencia a un Estado de Derecho, en el que se reconozcan los derechos humanos y la libertad política, y desde que se trata de una concepción del mundo y de la vida que se afirman al respeto debido a la dignidad del hombre, considero que en un sistema de vida que debe perseguir la justicia social, el bienestar individual y colectivo.

Por ello considero que estamos obligados a buscar las causas de que en la democracia haya dado lugar a que se estime que ha entrado en crisis, y a dedicar todo nuestro esfuerzo a superar esas causas cumpliendo cabalmente las responsabilidades y obligaciones y que el sistema pone a cargo nuestro.

Mantienen, a mi juicio, plena vigencia hoy las expresiones del eminente profesor que he citado, cuando nos recuerda cuáles son las principales responsabilidades cívicas de nuestra generación.

En primer lugar, la de educar políticamente a la juventud, haciéndole entender que no hay justicia sin libertad ni libertad sin justicia ni paz social sin justicia y libertad.

Tal como él lo afirma, no hay sistema político que requiera más preparación cívica de nuestros ciudadanos que la democracia. Para crear el gobierno del pueblo y llenar todas las grandes necesidades de la democracia y todas las exigencias de la República, lo primero es formar los republicanos.

En un artículo recientemente publicado en un diario de mi país, bajo el título “los niños ni tienen sindicato”, lo reitera Carlos Mally. con la contundencia que lo caracteriza en términos que me permito repetir porque los comparto plenamente.

Dice Mally, la historia de las naciones consiste en la preparación del futuro y quienes tienen responsabilidad pública y violan ese principio, están condenados a degradar la calidad de vida y a degradarse ellos mismos. Y agrega, todos los días debiéramos despertarnos y hacer gimnasia, repitiendo que la única virtud que nos separa de los pueblos flagelados por el raquitismo de la indigencia es nuestro grado de educación y que en esa diferencia, el instrumento primordial es la escuela pública obligatoria, laica y gratuita, porque es en las escuelas públicas donde se juega la justicia social más que en ningún otro lado.

La solidaridad que más importa es la que da oportunidad de saber y educarse.

En segundo término, el deber de adecuar las instituciones reformando el aparato estatal y dotando a los partidos políticos de la democracia interna y la unidad de acción imprescindible para emprender una verdadera política de desarrollo.

La propia carta democrática de la OEA se ocupa del tema al establecer que el fortalecimiento de los partidos políticos es prioritario para la democracia y al indicar que se deberá prestar especial atención a la problemática derivada de los altos costos de las campañas electorales y al establecimiento de un régimen equilibrado y transparente en la financiación de sus actividades.

Comparto la reflexión que en mi país ha expresado el politólogo Gerardo Caetano, los partidos tienen que incorporar nuevas pautas de relación con una sociedad que cambia, es su responsabilidad no sólo satisfacer el grito de aquellos que tienen capacidad de organización, sino que deben aguzar el oído y llegar ahí donde están los que más lo necesitan y no tienen voces amplificadas. Esto no se soluciona con el atajo de la antipolítica, con el atajo fácil de criticar a los partidos, que como él lo expresa, son caminos largos para ningún lugar o para lugar de los abismos, es inherente a la construcción democrática defender la política, pero esto no quiere decir defenderla tal cual está, sino defenderla exigiéndole que se acerque a la sociedad y busque la voz perdida de los que no tienen capacidad de organización.

Y, finalmente el deber de educarnos nosotros mismos haciéndonos más sensibles a las exigencias del tiempo excepcional que nos ha tocado vivir y aprendiendo a sentir nuestros derechos como deberes.

Muchas gracias, y finalizo esto diciéndoles que considero un particular y especial privilegio que se me haya elegido para pronunciar esta conferencia inaugural, cuando están presentes aquí magistrados electorales mexicanos de los que yo tengo mucho que aprender y a los que no creo que pueda enseñarles nada.

Muchísimas gracias por haberme escuchado.

-Consejera Electoral Luisa Alejandra Latapi: No podíamos haber iniciado mejor este semanario que con esta reflexión amplia y profunda sobre la democracia electoral, donde con la generosidad que lo caracteriza, don Carlos Urruty comparte no solamente sus conocimientos, sino las enseñanzas de sus maestros. Muchísimas gracias.

Quiero agradecer la presencia además de Consejeros Electorales y funcionarios del Instituto Electoral del D.F., buenos días, muchas gracias; así como de Directores Ejecutivos del IFE, Consejeros Locales y Distritales y representantes de los partidos políticos que se encuentran en la sala.

Bienvenidos.

Quiero decirles que estamos haciendo un ajuste de tiempo, en términos de los recesos, y entonces le doy la palabra a Federico Reyes Heroles, y les advierto que no tenemos preocupación porque nos pasamos un poquito de la agenda planeada.

Muchas gracias.

-Sr. Federico Reyes Heroles: Bueno, yo quisiera comenzar con una felicitación a los organizadores de estas Jornadas. He tenido la oportunidad, en mi vida, de asistir a algunas de estas reuniones, en donde se invita a especialistas; yo no lo soy en el tema.

Pero es la primera ocasión en donde asisto y hay un insumo que me parece que es central, que son estas tres mil 400 propuestas ciudadanas, que yo creo que son el contenido básico de nuestras reflexiones o deberían de serlo.

Felicito por el diseño mismo de las Jornadas; me parece que es un acierto y ojalá de esos materiales pueda exponerse, como ya lo hizo el Consejero Presidente, el contenido, para que también los partidos políticos y los especialistas aprendamos de esas otras voces que han estado ahí silentes durante mucho tiempo.

Un sistema político sano reacciona ante las amenazas internas y externas. Un sistema político sano es el que detecta aquello que puede alterar su funcionamiento. Un sistema político sano está siempre abierto a las sugerencias, críticas y comentarios que su actuación suscita. Un sistema político sano se retroalimenta y cambia.

Un sistema político que se cierra, es incapaz de entender los retos que se le presentan. Un sistema político cerrado se irá marginando lentamente de la dinámica de su sociedad. Un sistema político cerrado niega la esencia misma del cambio social.

El encuentro que hoy da inicio, en él se muestra precisamente esa necesaria apertura.

¿De dónde surgen los nuevos retos? Los hay de tipo tecnológico; el impacto de los medios en la política, por ejemplo. También los hay de tipo cultural; la actitud de los ciudadanos hacia las ideologías, programas y personalidades en la política y, por supuesto, los hay económicos. Las demandas de una sociedad globalizada, con el intercambio de información que esto supone, son muy diferentes a las que se generaban hace dos décadas.

Los acuerdos que fueron buenos en el pasado, pueden dejar de serlo, ¿pero entonces cuáles son los límites al cambio?, ¿en qué momento se niegan los principios básicos de un sistema democrático? Un ejemplo: ¿Deben regularse las campañas negativas? ¿Hasta qué punto se violenta, en ese acto, la libertad de expresión? ¿En qué momento este tipo de propaganda política deja de contener ideas, para convertirse en impresionismo mediático?

De ahí la importancia de ratificar los principios esenciales de un proceso democrático, de adaptar las ideas inexorables de la democracia a las nuevas realidades que confronta un país.

Muchos son los autores que han tratado de establecer tipologías de los distintos sistemas políticos: regímenes autoritarios, semiautoritarios, en proceso de transición, democracias parciales, formales, semiformales, virtuales y liberales, y otros.

Al final del día, algunas lecciones quedan claras. Los sistemas democráticos, aquellos en donde reina el relevo programado de autoridades, libertad de expresión, normas claras para regular las elecciones, auténtica competencia política son, en si mismos, grandes escuelas de democracia.

No hay mejor aprendizaje de cómo debe de ser una elección, que vivir elecciones. Ahí conocemos nuestras limitaciones que, como dijera Gandhi, son la única fuente de cualquier fortaleza.

Sabemos, entonces, que los procesos electorales democráticos son una gran escuela que modifica las actitudes humanas, pero también sabemos que no bastan por sí mismas; que es necesaria la existencia de otros insumos, para garantizar la estabilidad de largo plazo de una democracia.

En la compleja historia del siglo XX, en el corto trecho que llevamos del XXI, han sido muchos los casos de sistemas electorales que han confrontado culturas políticas autoritarias muy resistentes. Sabemos, entonces, que no basta con establecer las reglas del juego, para garantizar un viaje directo al sistema democrático. Sabemos que ese viaje directo no existe.

Sabemos que los sistemas electorales abiertos fomentan una cultura democrática, pero también queda claro que la carencia de auténticos valores liberales es un gran obstáculo para garantizar la estabilidad de largo plazo.

La necia cultura sostiene o se resiste –dependiendo de cada caso- al avance democrático. The freedom house ha demostrado la enorme la enorme brecha que existe entre los sistemas con libertades formales de juego democrático y aquellos en donde realmente impera, por ejemplo, la libertad de expresión.

Qué tipo de democracia es aquella donde los ciudadanos no están ciertos de que la información que reciben no es manipulada. Sesenta y cuatro por ciento de la población mundial vive bajo un régimen considerado democrático; sólo 30 por ciento de la población del mundo vive en países donde se garantiza que hay libertad de expresión.

Los sistemas electorales abiertos, como el nuestro, están entonces en la obligación de señalar aquellas resistencias ubicadas más allá de su propio ámbito. Los sistemas electorales abiertos están, entonces obligados a señalar asuntos que afectan o amenazan el asentamiento de una democracia. En esto no debe haber límites, ni recatos.

Los señalamientos pueden recaer en actores políticos organizados; fenómenos que no dependen de la voluntad de una sola persona o en un grupo de persona, e incluso en los propios ciudadanos. Recordemos la expresión de Jacobo Russel Lowel: “La democracia da a cada uno el derecho a ser su propio tirano”.

Estamos, así, obligados a dejar atrás la visión romántica en la cual el deseo democrático permea todos los rincones de una sociedad. La ambición de poder es capaz de corroer la entraña misma del ser humano; esa es la amenaza permanente. La ambición de poder, con frecuencia doblega los principios.

Las verdaderas democracias deben, en ocasiones, a actuar como diques de las degradaciones potenciales que siempre acechan. La educada Alemania de la República de Weimar recuerda los terribles costos que se pueden pagar cuando no hay suficiente fuerza para oponerse a la degradación. Hay muchos otros ejemplos.

El sólido diagnóstico elaborado por el Instituto Federal Electoral para estas Jornadas, nos brinda una clara radiografía de las múltiples carencias normativas de la ley vigente. La radiografía nos permite ir del Registro Federal de Electores a los Cómputos Distritales, al Programa de Resultados Preliminares, al acceso de los competidores a los medios de comunicación, pasando por la propaganda electoral, la duración de las campañas o las carencias en la fiscalización de los actores.

El diagnóstico está sobre la mesa para quien quiera atenderlo. Quien lo ignore, estará mostrando desinterés en los asuntos de fondo, cuando no en algún interés avieso. El IFE no puede ir más allá. Advierte sobre las limitaciones de ley e invita a la reflexión.

Yo quisiera referirme a tres aspectos que, en particular, me parecen relevantes:

El primero, atañe a las precampañas. Si revisamos la evolución de los procesos electorales en las últimas décadas, se hace evidente que el juego entre quienes ambicionan una postulación partidaria tiene que comenzar cada vez más temprano.

Los diferentes actores, organizan sus grupos de respaldo y apoyo, consiguen dineros privados y se lanzan a la conquista de la opinión pública.

Los procesos internos de selección de los partidos pueden estar muy distantes, lo cual da ventaja a quienes se encuentran en la posición de iniciar de manera muy prematura. La conquista de territorio que necesitan es, precisamente, el premio perverso que obtienen.

El fenómeno escapa a la normatividad interna de los partidos y, por supuesto, a la que rige a un sistema electoral. Buena parte de la contienda electoral se realiza hoy en un espacio que no puede ser normado por el derecho público. Es ahí donde se establecen muchas alianzas entre quienes ambicionan una candidatura y los grandes capitales o los medios de comunicación.

Una vez echado a andar el operativo que conquista conciencias y a futuros votantes, es muy difícil dar marcha atrás a sus efectos. Los partidos políticos se encuentran, así, ante la dura realidad de reconocer a aquellos precandidatos que han hecho una labor privada. En ese sentido, la política se ha privatizado.

No es una buena noticia. La disyuntiva de los partidos no es menor, pues se trata de dineros que han penetrado la conciencia ciudadana y que, de alguna manera, son ya parte de su propio patrimonio para arribar al poder. Desperdiciar esa inversión, es un acto contrario a sus propios intereses. He ahí el dilema.

Pero, por otro lado, esta guerra no declarada entre quienes ambicionan una candidatura, desvirtúa de raíz la intención estatal de que los procesos internos de los partidos sean abiertos, democráticos y transparentes.

Las llamadas precampañas pueden convertirse en un auténtico secuestro de los partidos políticos. Las llamadas precampañas, igual pueden ser encabezadas por militantes de larga trayectoria, que por auténticos arribistas que usan a los partidos políticos para su propia plataforma electoral.

Repito, el fenómeno rebasa la normatividad interna en los partidos y, por supuesto, la que emana del propio Estado.

¿Quiere esto decir que estamos condenados a que las precampañas se impongan en la política contemporánea? Al moverse en el ámbito privado, las precampañas no necesariamente están exentas de algún tipo de regulación; dentro del propio ámbito del derecho privado pueden existir mecanismos que nos garanticen varios elementos centrales de un proceso democrático.

Primero, que los recursos que entran a las preprecampañas sean recursos limpios, que no provengan de actividades ilícitas. Este es quizá el principal objetivo.

Sería terrible que las precampañas pudieran ser pagadas, por ejemplo, por narcotraficantes que lograsen por esa vía imponer candidatos a los partidos y en última instancia conquistar el poder público.

Segundo, se debe buscar un mecanismo que permita un fotografía social de los donantes, saber si son sujetos fiscales registrados, saber dónde se encuentran localizados geográficamente, cuántos son, de cuánto son sus aportaciones, etcétera.

No es lo mismo conseguir una aportación de 500 mil dólares, que provienen de un solo donante, a obtener el apoyo de 500 donantes de mil dólares cada uno o cinco mil de 100.

Tercero, la sociedad debe ser capaz de conocer el uso que se da a esos recursos. ¿Cuánto se gastó en traslados, cuánto en contratos a los medios de comunicación, cuánto hubo de trabajo voluntario? Etcétera.

Quiero ser muy claro, dado que nos movemos en el ámbito del Derecho Privado, sólo podemos hacer uso de normas de Derecho Civil que propicien la transparencia de las precampañas.

Ello sólo se logrará con una clara presión de la opinión pública, una opinión pública que cohesione el alcance de las precampañas, y que quiera conocer el origen de los recursos.

El aparente gran obstáculo a vencer es el anonimato. Los precandidatos o preprecandidatos que consiguen recursos para sus actividades lo hacen con frecuencia bajo el condicionamiento de que los nombres de los aportantes no sean dados a conocer. Es claro que muchos de los aportantes apuestan a distintos candidatos, muchas veces con el ánimo de proteger sus propios intereses.

Sin embargo, debemos entender que están en todo su derecho de proceder así, aunque su actuación pervierta el quehacer mismo de la política.

¿Es el anonimato un obstáculo insalvable para garantizar la legalidad de los recursos? No necesariamente. Las organizaciones de la sociedad civil tienen mucho que aportar al respecto.

En las elecciones del año 2006 Transparencia Mexicana propuso un mecanismo que permitió a la ciudadanía conocer el monto de las aportaciones, la distribución de las mismas, y por supuesto su origen legal.

Apoyados en la figura del fideicomiso y a través de la designación independiente de los miembros del Comité Técnico del mismo, los electores pudieron consultar los recursos de las precampañas de dos preprecandidatos, uno de los cuales es el actual Presidente de la República.

Habrá quien reclame, no sin razón, que el anonimato no logró ser quebrado, es cierto. Pero estamos convencidos de que tener una radiografía mínima de los donantes, del tipo de donación, ya fuese en efectivo, en especie, y sobre todo de la legalidad de los recursos es un escenario mucho más favorable para la democracia que seguir negando el impacto de esos actos de las preprecampañas en la vida política de nuestros países.

La segunda perversión grave señalada en los materiales del Instituto Federal Electoral, tiene que ver con el creciente impacto de los medios de comunicación masiva, en la configuración de los perfiles de los candidatos y por ende en su capacidad de éxito.

Como ha señalado reiteradamente el Instituto Federal Electoral, la normatividad vigente es débil frente al poderío de los medios. El monitoreo de la propaganda política es un gran avance, pero queda claro que hay un ámbito de discrecionalidad en el manejo de los medios, sobre todo en las notas informativas, que puede determinar el destino de una campaña.

El fenómeno está siendo observado con gran detenimiento en las campañas federales, pero las historias locales pueden ser igual de dramáticas o incluso más graves.

Esto nos conduce a un tema abordado frecuentemente por el Consejo General del IFE, en particular por el Consejero Presidente, en el sentido de que la vinculación entre el poder económico y el poder político cruza por los medios de comunicación masiva, y pervierte.

Como si esta perversión fuera poca cosa debemos añadir el indignante costo de las campañas, encarecidas por el creciente uso de los medios de comunicación. En mi opinión, debemos encaminarnos a un esquema similar al de varios países europeos, en el cual sea la autoridad encargada de comprar y de asignar los tiempos de radio y de televisión, y por supuesto de hacer uso de los asignados al propio Estado.

En un país con las carencias del nuestro es verdaderamente ofensivo que un altísimo porcentaje de los recursos públicos destinados al financiamiento de las campañas termine en bolsillos privados.

El tercer elemento de perversión tiene que ver con lo que Felipe González ha denominado una cultura de la derrota, la responsabilidad recae directamente en los actores políticos, una sociedad con bajo nivel educativo en la cual los registros de desconfianza institucional siguen siendo altos, una sociedad con una experiencia reciente de juego democrático, una sociedad en donde todavía un altísimo porcentaje, más del 75 por ciento sigue defendiendo la tesis de que sólo hay que acatar aquellas normas con las cuales se está de acuerdo, en la cual uno de cada siete ciudadanos acepta o coquetea con la justicia en propia mano es un peligroso caldo de cultivo para actores políticos que puedan usufructuar estas condiciones.

Repito, la cultura política es un intangible que al final del día termina siendo el cimiento mismo de toda democracia, es entendible que en competencias electorales conde la victoria la otorga un escaso margen, pueda haber recelo en la aceptación inmediata de los resultados. Lo mismo ha ocurrido en naciones con una larga tradición democrática.

Lo que no debemos ver como algo normal es la descalificación casi en automático de los resultados para buscar en las impugnaciones de ley un espacio ante la opinión pública que las propias contiendas ya no brindan. El fenómeno en nuestro país se ha generado, obre todo en las contiendas locales.
Lo que tampoco debemos mirar como un acto de normalidad democrática es una descalificación exposfacto de quien ha aceptado de entrada las reglas del juego.

En ese sentido debemos desarrollar por todas las vía una cultura de la derrota a través del aparato educativo de los medios de comunicación masiva y, por supuesto por vía de los mecanismos de difusión cultural con los que cuentan los órganos encargados de las elecciones locales y de las federales.

La educación cívica, la cultura política es al final del camino la estructura básica sobre la cual descansa toda democracia.

Un último punto. Se ha manejado que parte de las reformas político-electorales que tenemos enfrente, incluye la creación de un Instituto Nacional que vendría a suplir al IFE. En mi opinión, se hace evidente la necesidad de homologar condiciones de operación electoral en las entidades de la República, la diferencia en el desempeño de los institutos estatales electorales es abismal y el daño es para todo el país.

Algunos gozan de cabal autonomía y otros siguen siendo instrumentos de los gobernadores en turno. Así, como estamos en el proceso de homologar a los institutos estatales de acceso a la información, deberíamos pensar en la correspondiente reforma para el ámbito electoral; sin embargo, ello no debe ser pretexto para terminar, por motivos extraños, con una de las instituciones públicas más acreditadas del país, me refiero al IFE.

El relevo consecutivo de los Consejeros, así como de los Magistrados Electorales es deseable, precisamente para conservar la memoria institucional y dar así continuidad a la toma de decisiones de los órganos colectivos. Nada más contrario a ese ánimo de consolidación institucional que cortar de tajo con una institución que cada tres años se nos olvida, convoca alrededor de un millón de ciudadanos para organizar nuestras Jornadas Electorales.

Ojalá y estas reflexiones sirvan en algo al buen desempeño de las Jornadas que hoy se inician. Mis felicitaciones a los organizadores. Muchas gracias.

-Consejera Electoral Luisa Alejandra Latapi: Muchas gracias.

Yo creo que a todos nos hace sentido la advertencia que nos hace Federico Reyes Heroles de que no se puede avanzar sino revisamos antes los principios y sino tenemos una visión de largo plazo, así como esta revisión de las necesidades para que México pueda seguir teniendo un sistema político-electoral sano y transparente y que debe pasar por atender necesariamente todo el tema de las precampañas, el impacto y el uso de los medios de comunicación y la responsabilidad de los actores políticos que retoma con el título de cultural de la derrota.

Quiero agradecer y compartir con ustedes que están presentes también, algunas agrupaciones políticas nacionales, como Arquitectos Unidos por México, Emiliano Zapata, Familia en Movimiento y avisarles que no vamos a tener receso, pasamos inmediatamente a la siguiente mesa, que es la relativa a Procedimientos Electorales. Muchas gracias.

-Sr. Dong Nguyen: Bueno, con su permiso vamos a empezar inmediatamente la primera mesa sobre procedimientos electorales.

Entonces, los invito cordialmente a tomar sus asientos.

¿Leonardo Valdés está?

Me tocó el gran privilegio de ser el moderador de esta mesa sobre procedimientos electorales. Entonces, con su permiso, mientras que llega nuestro colega Leonardo Valdés tengo que presentarlo.

El trabajador de moderador es siempre un trabajo muy ingrato, tener la disciplina de trabajo, Leonardo, de mantener una cierta disciplina de horario, de tiempo.

Me alegro que no me tocó ser moderador de la mesa con don Carlos Urruty, porque desde ya lo conozco, nadie puede pararlo, pero por dos razones: Porque es tan inteligente, tan sabio, que queremos escucharlo.

Pero en la vida colectiva tenemos también que pararlo, para dejar un lugar para los demás, ¿no?

Pero ya sabemos y me alegro de estar en la otra mesa que él estará. Tengo, presento mi simpatía a la Consejera Latapi, que desesperadamente pasa notas y notas, y yo voy a pasar también notas a los colegas aquí presentes.

Cada quien, cada participante va tener como 30 minutos para hacer su presentación y al término de las intervenciones yo tomaré, con su permiso, como 10 ó 15 minutos, para hacer un resumen de las presentaciones.

Y al final vamos a dejar un lugar para el debate, las preguntas, discusiones con el público.

Si me permites, voy a hacer una breve presentación de nuestro primer participante, el maestro José de Jesús Orozco Enríquez, que es Licenciado en Derecho con Mención Honorífica por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestro en Derecho Comparado por la Universidad de California en Los Ángeles.

Es autor y coautor de varios libros, así mismo ha sido coordinador de más de diez obras jurídicas colectivas, y ha publicado más de 70 artículos en revistas académicas especializadas nacionales y extranjeras.
El maestro Jesús Orozco desde 96, hasta 2006 ocupó el cargo de Magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Anteriormente se desempeñó como Magistrado de la Sala Central del entonces Tribunal Federal Electoral.

Actualmente es investigador titular del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Por favor, Jesús.

-Mtro. Jesús Orozco: Muchas gracias, por la presentación.

Agradezco también cumplidamente también a las autoridades del Instituto Federal Electoral y de las instituciones coorganizadoras. En particular al Consejero Presidente, doctor Luis Carlos Ugalde, y al licenciado Manuel Carrillo, su amable invitación para participar en este importante seminario internacional, así como la valiosa oportunidad que me brindan para compartir esta mesa con tan destacados expertos electorales.

En particular deseo expresar mi reconocimiento a los doctores Dong Nguyen y Jean-Pierre Kingsley, nuevo Presidente de la Fundación Internacional para Sistemas Electorales, por su brillante trayectoria en el ámbito electoral internacional y el constante, generoso y valioso apoyo que siempre han brindado para la consolidación de la democracia electoral mexicana.

Es un honor estar con todos ustedes.

A 30 años de haberse promulgado la llamada reforma política, que tuvo un carácter seminal en nuestro proceso de transición democrática en México, y a poco más de diez años de la que se denominó reforma definitiva, si bien cabría estimar que el régimen constitucional y legal vigente sigue ofreciendo un marco razonable para garantizar la celebración de elecciones libres, auténticas y periódicas, con el objeto de avanzar en la consolidación de nuestra democracia electoral.

Es pertinente evaluar su idoneidad e identificar, atendiendo al tema de esta mesa y los planteamientos expuestos en las recientes Jornadas Ciudadanas convocadas por el Instituto Federal Electoral, algunos de los aspectos relacionados con los procedimientos electorales de naturaleza administrativa respecto de los cuales cabría ponderar su reforma.

Más que de un procedimiento electoral es preferible hablar, como lo hace el Código Electoral Federal en vigor a través de su propia denominación y el título de esta mesa de trabajo de procedimientos electorales, varios de los cuales son englobados en México con la expresión proceso electoral, en el entendido de que hay otros procedimientos que se encuentran relacionados indirectamente con los comicios, y se llevan a cabo propiamente en el periodo que transcurre entre dos procesos electorales federales ordinarios.

En los artículos 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 70 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se dispone que la organización de las elecciones federales es una función estatal, que se realiza a través del Instituto Federal Electoral, el cual es un organismo público autónomo y de carácter permanente.

El Instituto es autoridad en la materia independiente en sus decisiones y funcionamiento, así como profesional en su desempeño.

El Instituto Federal Electoral, por prescripción constitucional y desarrollo legal tiene a su cargo en forma integral y directa, todas las actividades relacionadas con la materia comicial.

Tales actividades son realizadas por el propio Instituto, atendiendo los principios constitucionales rectores de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad a través de los diversos procedimientos electorales administrativos que la ley le atribuye realizar, entre los cuales se encuentra, por ejemplo, el procedimiento de registro e identificación de electorales, el procedimiento de registro de partidos políticos y agrupaciones políticas, el procedimiento de registro de observadores electorales, el procedimiento de registro de candidatos, el procedimiento de integración y ubicación de casillas. Esto es, de mesas receptoras de votos.

Procedimientos de apertura, recepción y escrutinio de la votación incluyendo, en su caso, los relativos al Voto de los Mexicanos en el Extranjero, el procedimiento de cómputo de la elección y proclamación de electos y, procedimientos de fiscalización del origen y destino de los recursos de los partidos políticos, agrupaciones políticas y candidatos.

Atendiendo a los límites fijados a esta intervención, me concretaré a analizar los principales aspectos relacionados con seis de esos procedimientos electorales que podrían ser objeto de reforma.

Al respecto, de manera previa cabría ponderar establecer constitucionalmente que las normas legales sustantivas y procesales en materia electoral, tanto federales como locales, deben ser aprobadas por una mayoría calificada, quizás de dos terceras partes de los miembros presentes, tal como ocurre por ejemplo con la legislación electoral de Argentina, España, Guatemala, Nicaragua y Uruguay, a fin de que gocen de mayor permanencia y queden debidamente salvaguardados los derechos de las materias, de las minorías políticas, sin que con este propósito se sobrecargue el texto constituyente con disposiciones típicamente reglamentarias.

De aprobarse lo anterior, varias disposiciones contenidas en los actuales Artículos 41 y 99 Constitucionales pasarían a integrar los ordenamientos legales correspondientes.

Abordaré entonces, ya entrando en materia, el procedimiento de registro e identificación de electores.

Con independencia del eventual establecimiento del Registro Nacional Ciudadano previsto constitucionalmente, como ya lo adelantaba el ministro don Carlos Urruty, Presidente de la Corte Electoral del Uruguay y decano de los funcionarios electorales de América Latina, es importante establecer mecanismos más eficientes para la depuración del Padrón Electoral con motivo de los ciudadanos fallecidos.

Legalmente, el Registro Federal de Electores sólo puede dar de baja del Padrón a un ciudadano muerto, si así se lo notifica el Registro Civil, el cual se encuentra a cargo de cada una de las 32 entidades federativas, sin que sea un informe su deficiencia en informar, además de que no hay manera de dar de baja a quienes fallezcan en el extranjero.

Con tal motivo, se podría prever la baja automática de la Lista nominal de Electores para aquellos ciudadanos que se abstengan de sufragar quizás en tres procesos electorales federales ordinarios consecutivos, en el entendido de que los mismos en todo caso y de seguir con vida tendrían expedito su derecho a volver a solicitar la expedición de su credencial y, consecuentemente ser incorporado a la respectiva lista nominal de electores.

Una alternativa quizás complementaria es el establecimiento de un período de vigencia para la credencial, para la obtención de la credencial para votar con fotografía como ya lo adelantaba el ministro Urruty.

Lo anterior permitiría también calcular con mayor precisión el grado de participación en los comicios.

Procedimiento de registro de partidos políticos y agrupaciones políticas. Como resultado en cierta medida de la amplia, vigorosa y efectiva protección judicial de los derechos político electorales de los ciudadanos contra actos definitivos de los partidos políticos, a través de la jurisprudencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la cual llegó a declarar la inconstitucionalidad de ciertas normas de diversos estatutos de partidos políticos que no satisfacían el contenido mínimo democrático previsto legalmente, es el caso que el Consejo General del Instituto Federal Electoral en épocas recientes ha sido más cuidadoso al dictaminar sobre el otorgamiento del registro a algún partido político en cuanto a revisar que los respectivos estatutos efectivamente satisfagan los requisitos legales y constitucionales.

Al respecto, teniendo en cuenta que ha sido en buena medida la Sala Superior del Tribunal Electoral la que ha desarrollado jurisprudencialmente los requisitos democráticos que deben satisfacer los estatutos de acuerdo con los lineamientos constitucionales y legales previstos, cabría ponderar la conveniencia de que sea el propio legislador democrático ordinario el que establezca de manera más detallada el contenido mínimo democrático que deben satisfacer los estatutos de los partidos políticos.

De este modo, atendiendo a los principios constitucionales rectores de certeza, legalidad y objetividad, entre otros, tanto las autoridades electorales administrativas y jurisdiccionales como las propias organizaciones que aspiren constituirse como partidos políticos, tendrán reglas y parámetros más claros en cuanto a los requisitos que deben satisfacer para cumplir con la exigencia de contar con mecanismos que aseguren su democracia interna, particularmente los relacionados con la selección de sus dirigentes y la postulación de sus candidatos a cargos de elección popular, así como para la adopción de medios de defensa interpartidarios que respeten el derecho de defensa de los afiliados y un debido procedimiento estatutario, teniendo como guía, como habitualmente lo ha sostenido la Sala Superior, la necesidad de armonización entre dos derechos fundamentales involucrados: El derecho a la libre auto-organización de los partidos políticos y el derecho e sus afiliados a participar democráticamente en la formación de la voluntad partidaria.

Entre los parámetros legales que debiera puntualizarse, que los procedimientos internos para la selección democrática de los candidatos de los partidos políticos son los únicos que podrían dar lugar a las llamadas precampañas electorales, fijando plazos generales preferiblemente reducidos en que las mismas pueden tener lugar, fuera de los cuales sería ilícito cualquier acto por el cual se promueva a alguien entre el electorado, con el objeto de salvaguardar la igualdad en la contienda.

Sin duda, la consolidación de la democracia electoral mexicana pasa por la ampliación de la democracia interna de los partidos políticos, máxime el cuasi-monopolio que legalmente tienen éstos para la postulación de candidatos a cargos de elección popular.

Por otra parte, aun cuando la mayoría de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en ejercicio de sus exclusivas atribuciones y en contra de la opinión que había vertido la Sala Superior del Tribunal Electoral, sostuvo la constitucionalidad de la reforma legal de 2003, que reservó a las agrupaciones políticas nacionales el derecho de obtener registro como partidos políticos nacionales, cabría ponderar si convendría derogar tal requisito para hacerlo más acorde, desde mi punto de vista, con el derecho político electoral de asociación, establecido en instrumentos internacionales de derechos humanos vigentes en nuestro país y permitir la constitución de un partido político directamente a los ciudadanos, sin necesidad de conformar previamente alguna asociación distinta.

Recuérdese, incluso, que la propia Suprema Corte ha sostenido acertadamente que el Derecho de Asociación no sólo abarca el derecho a decidir afiliarse o no a determinada asociación, sino el derecho a decidir no afiliarse a asociación alguna.

Por lo que se estima que no debería exigírsele a un ciudadano que sólo desea constituir un partido político, que previamente conforme una asociación en la cual no se encuentre interesado en formar parte.

Procedimiento de integración y ubicación de casillas.

Una de las quejas recurrentes y más difundidas en los procesos electorales federales recientes, según lo han reflejado los informes de los observadores nacionales y sobre todo de los visitantes extranjeros y la prensa, es el relativo alto cúmulo de ciudadanos que por no encontrarse dentro de su sección electoral intentaron ejercer su derecho al sufragio en alguna de las cinco casillas especiales, previstas para el efecto en cada distrito; pero no consiguieron ejercerlo, en virtud de haberse agotado previamente las boletas asignadas.

Aún cuando pudiera comprenderse la suspicacia prevaleciente cuando se estableció dicho límite legal, dada la existencia de otro tipo de seguridades y controles que han demostrado su eficacia para combatir abusos, pareciera conveniente modificarlo y conferir legalmente a los Consejos Distritales atribuciones para establecer el número de casillas especiales que estimen pertinente, particularmente en las zonas turísticas y fronterizas, con el objeto de que ningún ciudadano se quede sin votar por falta de boletas.

Procedimiento de escrutinio de la votación y posibilidad de recuento total de votos.

Diversas voces calificadas han sostenido la conveniencia de que se prevea legalmente en nuestro país un recuento general de votos por parte del Tribunal Electoral ante resultados electorales muy estrechos, bastando la petición de algún partido político o coalición en tal sentido, por estimar que ello otorgaría mayor certeza al resultado y legitimidad al ganador.

Algunas incluso consideran que tal posibilidad jurídica ya existe y debió realizarse con motivo de la impugnación de los resultados de la elección presidencial de 2006.

No es el objeto de esta intervención abordar las razones jurídicas que impidieron al Tribunal Electoral ordenar un recuento total de votos, con motivo de la impugnación de la elección presidencial de 2006, las cuales se mencionan en las diversas sentencias recaídas en los 375 juicios de inconformidad, promovidos contra los resultados electorales.

Baste decir ahora, salvo que se deseara profundizar en la sección de preguntas, que la razón principal fue que, contrariamente a lo exigido por la ley, no se impugnaron todos y cada uno de los 300 cómputos distritales, ni mucho menos todas las casillas, pues sólo se combatieron los resultados de aproximadamente 43 mil de las más de 130 mil casillas instaladas, y respecto de las que sí se impugnaron, sólo se solicitó el recuento de aproximadamente 22 mil, en el entendido de que la ley excluye de la revisión judicial los cómputos no impugnados, en tanto que el Tribunal Electoral, como órgano jurisdiccional tercero imparcial, sólo actúa a instancia de parte y no puede actuar oficiosamente.

Pero es el caso, como adelanté, que algunas voces calificadas se han pronunciado sobre la conveniencia de que, de manera similar a lo que ocurre en algunas entidades federativas de los Estados Unidos de América, por ejemplo, se prevea legalmente el recuento general de la votación, a solicitud de cualquiera de las partes; en su caso, a costa del peticionario, sólo cuando finalmente no le asista la razón, o de manera automática incluso, por la propia autoridad electoral administrativa, cuando la diferencia entre el primero y segundo lugar sea inferior a determinado porcentaje. Por ejemplo, en el estado de Washington se prevé tal recuento automático cuando dicha diferencia es menor a 0,5 por ciento.

Con independencia de que a diferencia de lo que ocurre en México desde 1990, la designación de los integrantes de las mesas receptoras de votación en las diversas entidades federativas de los Estados Unidos, por lo general, es a propuesta de los partidos políticos y que en la mayoría la votación se realiza en forma automatizada, a través de diversos tipos de máquinas, al momento de ponderar tal propuesta, el legislador democrático debe tener presente que ello implicaría cambiar sustancialmente nuestro sistema de votación y vigilancia de la validez del sufragio.

En un número significativo de regímenes electorales como el nuestro, hasta la fecha, y según lo han destacado diversos especialistas, entre otros, el ministro don Carlos Urruty, la mayor certeza en el resultado electoral radica en las numerosas medidas de seguridad establecidas para la integración de las mesas receptoras de votos, así como para la identificación de los electores, el desarrollo de la votación y la realización del escrutinio y cómputo de la votación recibida en la respectiva casilla, al final de la Jornada Electoral.

Al respecto, debe recordarse que en México el escrutinio de la votación se realiza por ciudadanos seleccionados al azar, previamente capacitados, quienes fungen como funcionarios de casilla, en el entendido de que con los resultados del escrutinio se levanta una acta suscrita por los propios funcionarios de casilla y los representantes de los distintos partidos políticos, quienes después de haber vigilado todo el procedimiento de votación, tienen derecho no sólo a presentar algún escrito de protesta ante cualquier irregularidad o anomalía que hayan advertido, durante el desarrollo de la Jornada Electoral, en la propia casilla, sino a recibir un ejemplar de la respectiva acta de escrutinio y cómputo, para que puedan cotejar los resultados con los que pretendan manejarse como oficiales durante la sesión de cómputo distrital.

Momento en el cual pueden también hacer valer sus derechos ante el correspondiente consejo distrital, frente a cualquier irregularidad o anomalía y, en su caso, impugnar la decisión correspondiente ante el Tribunal Electoral, a través del juicio de inconformidad.

El que eventualmente una reforma legal previera un recuento generalizado ante cualquier elección cerrada, a pesar de no haber discrepancia alguna entre las actas en poder de la autoridad electoral y las de los representantes de los partidos políticos, sin que tampoco se advierta alteración alguna, ni error evidente, tornaría más relevante para el resultado electoral definitivo el contenido de los paquetes electorales en determinado momento, que lo ocurrido estrictamente en la casilla, lo cual debe ser ponderado cuidadosamente por el legislador democrático, pues si bien existen también numerosas medidas de seguridad desde que los paquetes electorales se trasladan de las casillas al consejo distrital y hasta la sesión del cómputo distrital, el miércoles siguiente a la elección e incluso su posterior resguardo en las instalaciones del propio consejo, ante la suspicacia generalizada, también podría cuestionarse la confiabilidad del contenido del paquete electoral que se abra, en sede jurisdiccional, después de algunas semanas.

De ahí que la gran mayoría de los regímenes electorales, incluido, reitero, el nuestro, hasta la fecha, opte por privilegiar el resultado electoral emanado del escrutinio y cómputo realizado al final de la Jornada Electoral por ciudadanos seleccionados al azar y previamente capacitados, en presencia de los representantes de los partidos políticos cuando las actas respectivas no tengan muestras de alteración o errores evidentes ni tampoco se haya presentado escrito de protesta alguno por los representantes de los partidos políticos en la casilla respectiva durante el desarrollo de la votación por estimar que bajo tales condiciones es el resultado plasmado en dicha acta el que genera mayor certeza.

Procedimiento para el financiamiento y fiscalización sobre el origen y destino de los recursos de los partidos políticos y agrupaciones políticas.

Sin duda, es importante la reforma de 2005 al artículo 117 de la Ley de Instituciones de Crédito, a fin de prever expresamente que dichas instituciones están obligadas a proporcionar la información confidencial con que cuentan, cuando ésta le sea solicitada por el Instituto Federal Electoral tal y como jurisprudencialmente lo había sostenido desde antes el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Sin embargo, estimo que es necesario establecer mayores facultades aun al Instituto Federal Electoral como autoridad fiscalizadora, a efecto de que pueda cruzar información con las autoridades hacendarias e incluso que se le faculte para requerir directamente tanto a personas físicas como morales, respecto del origen y destino de todos los recursos de los partidos políticos teniendo la posibilidad de imponer sanciones ante cualquier incumplimiento sobre el particular.

Debe establecerse en la normativa electoral también un procedimiento de liquidación de un partido político que llegue a perder su registro, y dentro del mismo una entidad a la que pueda exigírsele cuentas y responsabilizarla de las irregularidades que se lleguen a determinar en caso de que dichos partidos políticos no conserven su registro, con el objeto de evitar que los recursos públicos destinados a una entidad de interés público y para el cumplimiento de sus fines eventualmente pudieran desviarse hacia particulares.

Además de reducir los tiempos de campaña en todas las elecciones, debe reformarse el Código Electoral, a efecto de que en el año de la elección federal en que sólo se van a elegir diputados por los principios de mayoría y representación proporcional la cantidad que se le asigne a los partidos políticos para gastos de campaña sea una cantidad proporcionalmente menor a cuando se renueva también la Cámara de Senadores y se elige al Presidente de la República.

Es necesario establecer legalmente reglas en cuanto a los recursos que se pueden emplear en las llamadas precampañas electorales, así como el control respecto del origen de los mismos, como ya lo ha destacado el politólogo Federico Reyes Heroles.

Asimismo, deben establecerse prohibiciones expresas para realizar actividades de propaganda electoral fuera de los plazos previstos en la ley, con las correspondientes sanciones, no sólo de carácter económico, sino también con repercusiones sobre el registro de la candidatura o incluso la validez de la correspondiente elección.

Resultaría conveniente también establecer la prohibición absoluta de contratación y difusión de mensajes de carácter político-electoral en los medios de comunicación, particularmente la radio y la televisión, por parte de candidatos, partidos políticos y terceros, ya sean personas físicas o morales, en el entendido de que esto último ya se encuentra prohibido, manera similar a lo que ocurre en Brasil o Chile, estableciendo las correspondientes sanciones a cualquier trasgresión sobre el particular, no sólo de carácter administrativo-económico, sino también electoral y, en su caso, penal.

Esto es no sólo sanciones económicas, sino, eventualmente, cancelación del registro de candidatura, nulidad de la elección, e incluso la pérdida de la investidura en casos graves y determinantes.

Con independencia de las sanciones aplicables a los concesionarios involucrados.

En este sentido la contratación de tiempos y espacios en los medios de comunicación, con fines de propaganda electoral, debe restringirse a la prerrogativa que ya está prevista en la legislación electoral, que les permite a los partidos políticos el acceso a la radio y la televisión en los tiempos que se les proporcionan a través del Instituto Federal Electoral, en su caso con algunos ajustes para asegurar la equidad, y también precisar que se debe hacer efectivo que la transmisión de los mensajes de los partidos políticos se realice en los horarios de mayor audiencia.

Aún cuando la disposición reglamentaria de que el Consejo General del Instituto Federal Electoral estableció durante el Proceso Electoral Federal de 2006 en el sentido de que las autoridades federales, estatales y municipales debían abstenerse de difundir obra pública desde 40 días antes de la Jornada Electoral, fue generalmente observada, sería conveniente preverlo legislativamente en beneficio de su mayor eficacia y los principios rectores de legalidad, certeza y objetividad.

Por último, quiero hace referencia al procedimiento para la suspensión de la difusión de propaganda electoral ilícita durante el desarrollo del proceso electoral, que si bien no está prevista de manera explícita en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, sí a través de una interpretación sistemática y funcional llegó a esa conclusión el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

En este sentido, se estima deseable que una próxima reforma sopesara la posibilidad de que se establezca legalmente, en forma expresa, un procedimiento administrativo abreviado ante la autoridad electoral administrativa revistada de las formalidades esenciales del procedimiento, tendente a depurar un proceso electoral en curso, tal como se instrumentó en diversos casos.

Por ejemplo, en el estado de Veracruz en el año de 2004 y, en el Proceso Electoral Federal de 2006, como resultado de varias ejecutorias de la Sala Superior del Tribunal Electoral con motivo de irregularidades relacionadas con la difusión de propaganda electoral, en el entendido de que cabría ponderar si los sujetos del referido procedimiento no sólo fueran los partidos políticos o coaliciones contendientes, sino eventualmente terceros, tanto como a particulares, como de ser necesario autoridades que pretendan abusar de sus atribuciones y que a través de sus actos pretendan poner en predicamento el cabal desarrollo del proceso electoral, para que previa observancia y respeto de sus respectivos derechos fundamentales, el Instituto Federal Electoral tome la determinación correspondiente.

El establecimiento en la ley electoral de dicho procedimiento administrativo abreviado permitiría, en forma expedita y con seguridad jurídica, la regularización del proceso electoral o la restauración del orden jurídico electoral bajo un enfoque correctivo y no simplemente sancionador, en el que la autoridad electoral administrativa haga prevalecer no sólo los principios rectores de la función estatal electoral, sino todos aquellos que deben cumplir toda elección para ser considerada válida, sin esperar el agotamiento de las distintas etapas del proceso electoral y el riesgo de que ante una irregularidad significativa, la única alternativa sea en la etapa de resultados electorales, decretar la nulidad de la respectiva elección.

Para no abusar de su paciencia, sólo resta señalar que si bien es claro que la experiencia en la aplicación del régimen electoral establecido desde 1996 ha mostrado diversas insuficiencias que reclaman una nueva reforma, en general el conjunto de procedimientos electorales y el sistema de control de la regularidad constitucional y legal de los actos electorales, tanto a través del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, como del Instituto Federal Electoral, estoy convencido de que ha contribuido significativamente a la transición de un régimen de partido político hegemónico a un sistema de partidos políticos cada vez más plural y competitivo, garantizando la vigencia del estado democrático de derecho que postula la defensa de los derechos político electorales fundamentales y la celebración de elecciones libres y auténticas, estrictamente apegadas a la Constitución y la ley. Muchas gracias.

-Sr. Dong Nguyen: Muchísimas gracias al maestro Orozco, además de la claridad de su presentación y también la densidad.

Yo tenía listo una carta para él, pero… porque respeto completamente el tiempo de la presentación.

Ahora me permito presentar al doctor Leonardo Valdés Zurita, que es licenciado en economía por la Universidad Anáhuac y doctor en ciencias sociales con especialidad en sociología por el Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México.

Ha sido profesor de licenciatura, maestría y doctorado en la UAM Iztapalapa, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde 1993; sus publicaciones incluyen ocho libros colectivos acerca de temas políticos y electorales, ha publicado artículos de investigación y divulgación; algunos de sus trabajos han sido, se han publicado en Estados Unidos, Brasil, Uruguay y Gran Bretaña.

Fue Director Ejecutivo de Organización Electoral del IEDF de 1996 a 1998.

Asimismo, fue miembro de la comisión de especialistas que estudiaron las modalidades del Voto de los Mexicanos en el Extranjero, nombrada por el Consejo General del IFE en 1998.

De 1999 a 2005, fue Consejero Electoral del Distrito Federal, donde presidió la Comisión de Organización Electoral.

Actualmente es académico en la Facultad de Derecho y Administración Pública de la Universidad de Guanajuato.

Doctor Leonardo Valdés, por favor.

-Dr. Leonardo Valdés Zurita: Gracias, Dong, por la presentación.

Quiero decir que es un privilegio participar en este seminario y compartir la mesa con tan destacados especialistas en la materia electoral.

Y quiero agradecer cumplidamente al Instituto Federal Electoral; a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales; al programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo; a la Unión Europea, al Centro de Asesoría y Promoción Electoral del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, la generosidad de haberme invitado a presentar unas reflexiones en esta mesa.

Lo que escribí, que está inspirado por los resultados de los trabajos que previamente se realizaron, lleva por título: “Cambiar o no cambiar los procedimientos electorales”. Es esa la cuestión y procedo a leer, espero, ajustándome al tiempo establecido.

Las reformas a nuestra legislación electoral, que formaron parte del proceso que genéricamente llamamos transición a la democracia, yo ahora prefiero hablar del paso de una monocracia a una poliarquía.

Tuvieron que satisfacer, entre otros, un requisito fundamental: Construir la certeza de que lo votos son emitidos en secreto y con libertad y que los mismos se contabilizan con imparcialidad y profesionalismo.

Se dice rápido, pero lograrlo no ha sido nada fácil. Además, este es un asunto sobre el que siempre pueden volver a surgir suspicacias, y con ellas, reclamos y acusaciones.

Por ese motivo -pienso yo- se requiere profundizar en la reflexión acerca de los procedimientos electorales, a fin de que nuestras elecciones y sus resultados sigan siendo o vuelvan a ser absolutamente legítimas.

¿Qué cuestiones se pueden incluir en el tema genérico de los procedimientos electorales?

A reserva de ser más específico, yo incluiría todo lo que tiene que ver con la elaboración del padrón de electores y el listado de votantes, la ubicación de las casillas y la designación de los ciudadanos encargados de recibir y contar los votos; la producción, distribución y posterior acopio de la documentación y de los materiales electorales y, finalmente, el cómputo y la difusión de los resultados de la votación.

Las Jornadas Ciudadanas sobre Modernización y Reformas Electorales, organizadas por el IFE y las instituciones que también lo acompañan en la organización de este seminario, recogieron algunas propuestas en materias de procedimientos electorales que desde mi punto de vista reflejan las inquietudes de muchos miembros del Servicio Profesional del Instituto y de algunos ciudadanos. Esas propuestas en su gran mayoría comparten una visión.

Los procedimientos electorales se pueden, quizá se deben adecuar, especificar, aclarar, precisar, pero pueden -quizá deben- conservar sus características esenciales.
Desde mi punto de vista, hace tiempo que debió iniciar la discusión acerca de la pertinencia de realizar una modificación más profunda del modelo de procedimientos electorales que ha estado vigente en sus aspectos principales desde la Ley Electoral de 1946.

Pienso que, en consecuencia, lo primero que se debe intentar determinar es si ese modelo es aún eficiente y sobre todo si logra garantizar la legalidad y legitimidad de las elecciones mexicanas.

Yo considero, adelanto mi opinión, que el modelo de procedimientos electorales vigente durante la segunda mitad del siglo XX en México, empezó a dar signos de agotamiento desde los años noventa e hizo crisis en la elección de 2006.

Este modelo se fue modificando en algunas de sus partes, como producto de las reformas a las leyes electorales. Pero sus componentes centrales permanecieron constantes.

Me explico. Se modificó la forma de elaborar el padrón de ciudadanos y las listas de electores, y se implementó un moderno sistema de publicación de resultados electorales preliminares; no obstante, entre esos dos extremos, los procedimientos permanecieron casi idénticos.

Con el apoyo de nuevas tecnologías se incrementó la certeza y la confianza, la identificación plena de los electores y de los ciudadanos que fungen como funcionarios de las mesas directivas de casilla. La tecnología informática contribuyó a la creación de un nuevo Padrón Electoral y de Listados Nominales en nuestro país.

En 1991, en un tiempo relativamente corto, se integró en una cinta magnética la base de datos del Padrón Electoral con 39.5 millones de registros; y del Listado Nominal, con 36.5 millones de electores que recibieron su credencial para votar.

A partir de entonces, los trabajos del Registro Federal de Electores se apoyan en una red automatizada de elección a la que tienen acceso los partidos políticos.

La aplicación de un algoritmo informático en las bases de datos de los listados nominales, ha permitido insacular a los ciudadanos que se capacitan y seleccionan para recibir la votación en las mesas directivas de casilla, así se asegura que sus preferencias políticas no impliquen parcialidad al desempeñar la responsabilidad de funcionarios electorales.

En materia de difusión de resultados electorales, la tecnología informática ha contribuido a disponer de resultados preliminares desde 1991. La captura y transmisión de los resultados de las actas de casilla desde los Consejos Distritales, ha brindado certidumbre a los partidos políticos.

El flujo inmediato y continuo de la información de los resultados electorales, antes de la realización del procedimiento de cómputo en los consejos distritales, le ha permitido a la ciudadanía contar con tendencias confiables sobre el resultado de las votaciones.

En su conjunto, con estas medidas se logró dar legitimidad a los procesos electorales, pero sobre todo, recuperar la confianza de los ciudadanos en las autoridades responsables de organizar las elecciones en el ejercicio de su sufragio.

No se debe olvidar que las reformas que dieron paso a la implantación de esos elementos de modernización de nuestro sistema electoral, fueron consecuencia directa de la crisis que produjo la elección presidencial de 1988.

Los reclamos opositores, en materia de procedimientos electorales, no dejaban entonces lugar a duda. El Padrón Electoral y la lista de electores no podían permanecer a merced de decisiones políticas, que implicaban elevar artificialmente su volumen, con el objeto de que el nuevo presidente, gobernador o presidente municipal llegara con muchos más votos que su antecesor.

En el folklore del fraude electoral de aquellos años, se hablaba de detener el “cuchareo” que las autoridades le daban al Padrón antes de cada elección local o federal.

La credencial para votar con fotografía, además, fue producto de la osadía del primer gobierno local de oposición en este país.

La insaculación de los ciudadanos encargados de recibir y contar los votos, formó parte de ese paquete de reformas modernizadoras. Los opositores de entonces, no podían aceptar que continuaran siendo miembros de un partido los que prestaban sus casas para instalar las casillas y que, a la vez, se hicieran cargo de la recepción y conteo de votos, en su calidad de presidentes de las mismas.

La demanda implicaba modificar de fondo el método de selección y, por ese motivo, se decidió realizar por medio informático la doble insaculación que aún está vigente.

El Programa de Resultados Electorales (PREP), tuvo como antecedente la tristemente célebre caída del sistema del 6 de julio de 1988.

En esa ocasión, los representantes de los partidos de oposición lograron que se montara un dispositivo para que los únicos empleados con que contaba la Comisión Federal de Elector, o sea, los delegados del Registro Nacional de Electores, reportaran los resultados de las actas conforme llegaban a las oficinas de los 300 Distritos Electorales.

Argumentaron que esos funcionarios, habiendo entregado con anticipación las Listas Nominales de Electores, el día de la Jornada Electoral ya no tenían ninguna responsabilidad. Así que reportar telefónicamente los resultados de las actas que van llegando a los Distritos no les implicaría ningún esfuerzo extraordinario.

El entonces Presidente de la Comisión Federal Electoral, y a la vez Secretario de Gobernación, aceptó la propuesta a pesar de la opinión contraria de su partido. Supongo que fundamentalmente porque el operativo estaba montado para generar información para consumo gubernamental, como después quedó en evidencia.

El caso es que a los representantes de los partidos se les dijo que como la Secretaría de Gobernación no contaba con una computadora con la capacidad adecuada, se utilizaría la del Consejo Nacional de Población, que se encontraba ubicada en el antiguo Palacio de Lecumberri, antes un penal el que estuvieron presos varios líderes políticos de oposición en este país.

Se utilizaría esa computadora para contabilizar y totalizar los resultados recibidos por vía telefónica. De ese computador saldría una señal a las pantallas de los representantes de los partidos ante el Registro Nacional de Electores, cuestión que nunca sucedió.

Pues en cuanto entraron las primeras casillas el sistema se calló, con doble “l”, no con “y”, eso dijo en sesión de la Comisión Federal el coordinador de los representantes de un partido opositor.

Hace no mucho el entonces Presidente de la República reconoció, en un programa de televisión, lo que algunos supimos desde el 6 de julio de 1988 y otros lo supusieron. El sistema calló, pues los resultados de las primeras casillas que entraron no le eran favorables al candidato de su partido.

También esa noche los representantes de los partidos de oposición supieron, al bajar a los sótanos de la Secretaría de Gobernación, que ahí estaban tanto el sistema telefónico de recepción de resultados como el computador central para capturar y totalizar los votos. Por ese motivo los partidos impulsaron la reforma legal que permitiera el establecimiento de un moderno, confiable y transparente sistema de resultados preliminares.

Así funcionó el PREP de 1991 a 2003, durante la realización de cinco procesos electoral federales. En 2006 quizá volvió a funcionar con eficacia técnica, pero fue fuertemente cuestionado y ha perdido prestigio y confianza en una parte importante de la opinión pública.

Esto último me permite hacer una acotación que me atrevo a ofrecer como explicación a la situación vivida en ese momento.

El PREP reporta los resultados que aparecen en las actas, sean éstos correctos o no. Y es posible que ahí se encuentre el problema. Es más, el IFE antes del proceso de 2006 estableció, entiendo que con el conocimiento y consentimiento de los representantes de los partidos políticos supuestos de inconsistencias en las actas, con el objeto de que no se acumularan en los resultados del PREP aquellas que presentaran evidentes fallas en su llenado.

El proceso informático operó a partir de esas definiciones, y luego sucedió que un volumen grande de sufragios, más de los que separaban los votos obtenidos por el primer lugar sobre el segundo, se encontraban en esas actas inconsistentes. Ese fue uno de los elementos centrales del conflicto postelectoral.

Evidentemente el PREP no se puede hacer cargo de las inconsistencias que presenten los datos de las actas con las que es alimentado.

A pesar de la importancia de los cambios referidos con anterioridad, paradójicamente una cantidad significativa de otros aspectos relacionados con la emisión y el cómputo de los votos, todavía se realiza de manera rudimentaria.

Esto no significa que no cumplan con su función, lo hacen, pero elevando considerablemente los costos, generando conflictos entre los partidos, y posiblemente, desincentivando la participación de un considerable número de ciudadanos en las elecciones.

¿Cuáles son esos aspectos que aún no se han modernizado? En primer lugar puede mencionarse la documentación electoral, por ejemplo, el año pasado sólo para la elección de diputados federales se imprimieron más de 70 millones de boletas con muy altas medidas de seguridad, de las cuales no se utilizaron más del 40 por ciento.

También es muy alto el número de actas que se imprimen para ser utilizadas durante la Jornada Electoral y en los órganos distritales; son documentos técnicamente muy sofisticados, que con el objeto de dotarlos de las mayores medidas de seguridad, tienen como consecuencia un elevado costo.

Desde una perspectiva procedimental es ardua y laboriosa la tarea de sellar las boletas una a una, que llevan a cabo los Consejos Distritales en largas jornadas de trabajo para asegurar su autenticidad.

El cantado de los resultados electorales que realizan los órganos tres días, los órganos distritales, tres días después de la Jornada Electoral, constituye una práctica que no es injusto calificar como arcaica.

La falta de modernización de las características de la documentación electoral y del proceso de contabilización de resultados provoca errores en el llenado de las actas de casilla que distorsionan los resultados preliminares y que generan conflictos entre los partidos, hasta llegar a los tribunales electorales para su resolución.

Esta sucinta descripción permite vislumbrar una nueva etapa en la evolución del sistema electoral en México. Ahora es indispensable avanzar en la modernización de los instrumentos y los procedimientos electorales para lograr mayor eficiencia y reducir tanto los conflictos postelectorales como los elevados costos.

La incorporación de nuevas tecnologías en materia electoral representa una tendencia mundial en ascenso, ese proceso ha llevado a distintos países a modificar sus sistemas de votación a través de la simplificación de distintos procedimientos electorales y esos países han comprobado las ventajas del sufragio electrónico, la transformación de la documentación electoral, la exactitud en los escrutinios y cómputos, así como la rapidez y la oportunidad en el proceso de transmisión de los resultados electorales.

Pienso que ahora, en México, estamos ante una buena oportunidad para modernizar el sistema de registro de los electores, la emisión de la credencial para votar y la elaboración de los listados de votantes.

Es necesario reconocer que nuestro padrón electoral no se encuentra satisfactoriamente actualizado y nuevos procesos informáticos permitirían atender a la población con mayor eficiencia y eficacia.

La insaculación de los funcionarios de casilla se debe mantener con un cambio fundamental en su capacitación. En lugar de intentar en muy corto tiempo capacitarlos en derecho electoral –compleja materia- se les podría enseñar los principios básicos que le dan certeza en las elecciones y les permitan a la vez atestiguar el oportuno y eficaz funcionamiento de modernos medios de votación y contabilización de los sufragios.

La documentación y los materiales electorales deben ser sustituidos por boletas y urnas electrónicas, diseñados con altos niveles de seguridad y riguroso control de calidad. Evidentemente representantes técnicos de los partidos políticos deben tener acceso a todos y cada uno de los programas informáticos que se operan, a fin de que puedan ser testigos de la imparcialidad y profesionalismo con que deben operar los órganos electorales.

Las actas producidas por medios electrónicos pueden ser la materia prima de un sistema inmediato de resultados que deje atrás el carácter de preliminares para que sean definitivos; con boletas, urnas y actas electrónicas los actuales programas de resultados preliminares cederán su lugar a programas de cómputo que dejen tranquilos a los perdedores, pues como decía Felipe González, creo que en este mismo auditorio, la aceptabilidad de la derrota es ingrediente fundamental de la democracia. Muchas gracias.

-Sr. Dong Nguyen: Gracias, doctor Leonardo Valdés.

Les recuerdo que se van a distribuir las fichas para que el público formule sus preguntas por escrito después de la presentación.

Ahora, realmente es un privilegio, pero un inmenso place de presentar al doctor Jean-Pierre Kingsley, el privilegio por su personalidad. Un placer porque es un gran amigo. Cada vez que él viene a México tenemos que pelearnos entre amigos para ver quién puede recibirlo a cenar.

Entonces, antes de todo yo diría que saludamos también una de sus primeras visitas, como Presidente de la Fundación Internacional para Sistemas Electorales.

Y yo recuerdo que su segundo me dijo siempre: “México es tierra de Jean-Pierre”.

Entonces, como presidente es su primera visita oficial afuera, que es a México, como se debe.

Antes de su nombramiento como Presidente de IFES, fue Director General de Elecciones Canadá por 17 años, donde llevó a cabo importantes acciones para el desarrollo democrático de dicho país y el mejoramiento del sistema electoral canadiense, y contribuyó a construir la reputación de Elecciones Canadá, como líder en el manejo electoral y el incremento o la transferencia, eficacia y accesibilidad del proceso electoral en Canadá.

Jean-Pierre también inició una relación estrecha con el IFE desde su primera visita en 1993, como Director General de Elecciones Canadá.

Desde entonces, ambas partes demostraron tener objetivos comunes, como el fortalecimiento de los sistemas electorales y las instituciones democráticas y la promoción de la democracia en el plano internacional, como la reconstrucción electoral, la capacitación y el apoyo institucional a la organización de las elecciones en Irak y en Haití, que inspiraron una relación creciente, una intensa participación conjunta y un continuo intercambio de ideas y experiencias.

Sus contribuciones en el campo de la promoción democrática han sido reconocidas con premios y honores, incluyendo la condecoración del Águila Azteca, que es el ofrecimiento más importante que el Gobierno Mexicano otorga a ciudadanos extranjeros.

Por favor, Jean-Pierre.

-Sr. Jean-Pierre Kingsley: Muchísimas gracias. Muy buenas tardes.

Es un placer para mí el estar de nueva cuenta en México, mi otra patria; el poder compartir con las autoridades mexicanas en su esfuerzo de mejorar la calidad de la democracia.

He tenido la oportunidad de participar en los procesos electorales en México desde hace 15 años de una manera u otra.

Antes que nada, agradezco profundamente la invitación que el IFE me ha extendido y la oportunidad de participar y brindar mi punto de vista, que como extranjero, pero amigo, he formado sobre los procesos electorales y su perspectiva internacional.

Muy buenas tardes, Magistrado Jesús Orozco. Nos encontramos una vez más, siempre es más agradable.

Buenas tardes, igualmente, señor Leonardo Valdés.

Mi estimado Dong Dguyen, qué bueno verte de nuevo.

Y buenas tardes a todos los presentes.

Ahora voy a hablar en idioma inglés.

Junto con mis colegas que me acompañan en este panel, aplaudo la iniciativa del IFE por organizar este Seminario Internacional sobre Reforma Electoral.

Antes de empezar a hablar de las mejores prácticas desde la perspectiva internacional con ustedes, me gustaría compartir mi firme convicción de que la democracia no es opción para unos cuantos, sino que el derecho fundamental de todo ser humano es la forma de reconocer el valor intrínseco y la igualdad fundamental de cada uno de nosotros.

Por tanto, permite a cada uno de nosotros tener la protección de esos derechos fundamentales que se nos deben como individuos.

Sólo la democracia tiene como objetivo principal, su primer objetivo la protección de esos mismos derechos individuales; sólo la democracia, nada más lo puede lograr.

Sin embargo, no hay una sola fórmula para la democracia; tampoco existe algo que pudiéramos decir que es una democracia perfecta. Como concepto es extraordinario; en consecuencia, no hay nada tampoco que pudiéramos decir que es un sistema electoral perfecto; es decir, no existe ningún sistema electoral que solamente encaje de una sola forma en todo el mundo.

Todos los sistemas electorales son un trabajo que se va dando sobre la marcha, y se debería de hacer, como es el caso de México, realizar reformas periódicas para mejorar los sistemas electorales existentes.

Quisiera yo desarrollar algunos comentarios sobre lo que escuchamos sobre qué ha logrado México desde las elecciones de 88, cuando los problemas que habían estado en ebullición desde hace varias generaciones, se hicieron presentes.

Se hicieron muchísimos esfuerzos y recuerdo muy bien que el contexto inicial se empezó en el 92, con Fernando Franco, del TRIFE, del Tribunal Federal Electoral, como se llamaba en esa época, cuando nos reunimos en una reunión internacional, y las reuniones que se llevaron a cabo, tanto con el IFE principalmente como con los IFES, que es la organización que ahora dirijo, y los funcionarios electorales de Canadá, como era yo.

Hubo seminarios que se llevaron a cabo en los tres países y duraron bastante tiempo, desde 1993 en adelante, hasta llegar a la elección del 94 y, por cierto, esos seminarios espero que hayan sido de inspiración para nuestros líderes, que se reunieron en Monte Bello, porque la atmósfera era absolutamente fantástica. Yo no había leído los reportes de cómo habían estado funcionando, pero desde luego yo creo que había algo para que ellos aprendieran en cuanto a unos buenos intercambios amistosos y cómo poder dar como resultado un buen sistema electoral.

En el 94, fue el año en el que surge el padrón, un procedimiento excelente para las elecciones de multipartido en México. La reputación del IFE, en ese entonces, subió significativamente entre los mexicanos.

Y ayer, cuando le estaba yo diciendo a un pasajero que iba junto a mí, que venía yo al IFE a una conferencia, me decía que él se sentía muy orgulloso del IFE, como mexicano y, por cierto, este es un reflejo de la opinión pública, hasta la fecha, de lo que representa el IFE en la mente de los mexicanos.

1997 dio la independencia del IFE, para las elecciones intermedias, y el establecimiento del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que surge a partir del TRIFE, y es el año también donde el dinero quedó bajo el control de la ley, y cuando hubo acceso también a los medios masivos de comunicación.

Y eso nos lleva a las elecciones en el año 2000, donde se ve un cambio muy importante, no tanto en los sistemas, sino en los resultados derivados de todos estos cambios en los sistemas. La presidencia cambia de manos, por primera vez, de un partido a otro.

Y desde ese entonces, el IFE ha desempeñado un papel internacional porque, bueno, el IFE ya estaba involucrado en la comunidad internacional e invitaba a la comunidad internacional a sus trabajos. Mi amigo, aquí a la derecha, tuvo mucho que ver; eso lo recuerdo muy bien y esto es algo por lo cual hay que felicitarlo.

Pero a partir del año 2000, llega el papel internacional y, por primera vez, los mexicanos están desempeñando un papel muy importante dentro de la escena internacional del primer orden. Están llevando a cabo seminarios; hay visitantes que están viniendo a participar a los seminarios: las Naciones Unidas, la OEA y otros países, en forma directa, están solicitándole a las autoridades mexicanas ayuda para poder establecer y llevar a cabo sistemas electorales.

Hubo dos ejercicios muy importantes, que se llevaron a cabo relativamente recientemente, con las misiones de observación en Iraq y también en Haití, donde un nuevo modelo para la observación electoral para la comunidad internacional se desarrolla y yo tuve el honor de presidirlo.

Hubo muchas razones para poder participar en algo tan, tan nuevo, y en poder dar credibilidad a dos procesos electorales que estaban confrontando dificultades muy serias.

Yo les puedo decir que ahí estuvo el IFE, participó ahí, y la persona encargada de todo esto, bueno, claro, fue Manuel Carrillo, mi compadre, con el apoyo de los Consejeros y los presidentes sucesivos, desde luego con Alejandro, para llevar a cabo ese papel internacional.

Pero ahora el IFE está tratando de presentar reportes a los organismos electorales en términos de posibles mejoras que pudieran considerarse, es decir, que los mexicanos podrían considerar.

Se le acredita a México que está buscando insumos tan amplios dentro de este proceso que México, como les explicaba yo desde el principio siempre lo había hecho, y la involucración pública yo creo ha sido una innovación muy significativa.

Ahora, al considerar posibles reformas este Seminario Internacional es una oportunidad excelente para revaluar y estudiar los puntos de vista y las experiencias presentadas por todos los actores de los sistemas electorales mexicanos.

Ya mencioné al público, los partidos políticos desde luego que son primordiales, así como los medios, así como otros que están representando a la sociedad civil. Ya vimos Transparencia Internacional, y Transparencia Mexicana, aquí esta mañana. Mencionaba yo a los observadores electorales también.

Los especialistas, los académicos representados aquí ante esta mesa, y la gente que representa los expertos internacionales. Sin embargo, hay que tener cuidado. Recuerdo que el Primer Ministro de Haití sabía todo con respecto a la experiencia electoral internacional, porque él había sido un experto. Y bueno, si uno lo conoce hay que verlo con cierto humor.

Claro está que el IFE no tiene la capacidad de poder enmendar, pero es experto, y es el experto en al administración electoral en México. Y este Seminario es un enfoque excelente para recopilar la información y escuchar las experiencias de los demás.

La información que se va a compartir aquí nos va a permitir dar un análisis muy amplio y enviar recomendaciones a los que van a revisar y probablemente modernizar el sistema electoral mexicano.

De hecho, este foro le va a ayudar al IFE a llevar a cabo un reporte muy comprensivo ante el Congreso, y presentar diferentes opciones que le permitan a los legisladores obtener el mejor sistema electoral para México, para sus ciudadanos, su historia política, su cultura y sus valores.

Todo esto tiene que pasar a la escena enriquecidos por la experiencia internacional, pero sobre todo cumpliendo con los requisitos de la sociedad mexicana, y son nuevamente esos valores lo que esta experiencia internacional debe sopesar.

Por consecuencia, las organizaciones internacionales y los expertos dentro del campo electoral han desarrollado algún reconocimiento internacional, y digo algunos valores o estándares o normas para los procesos electorales.

Esto ha sido recopilado por muchas experiencias en el mundo, que es donde existen.

Y es importante tenerlas en mente al comentar la reforma electoral. Sin embargo, al igual de importante es la práctica. La práctica implementada para lograrlos, y esto es lo que hizo que estuviera yo aquí el día de hoy. Es a través de las prácticas que estos valores fundamentales encuentran su expresión, y yo quisiera agradecerle al IFE por haberme permitido estar aquí, así como los que han auspiciado este evento para poder compartir con ustedes mi experiencia en cuanto a las mejores prácticas en los sistemas y procesos electorales.

¿Entonces cómo es que el IFE o cualesquiera otro organismo electoral tiene que empezar abordar el tema de la reforma electoral?

Bueno, como ya lo dije antes, con el electorado que ya se ha hecho. El público que vota y al que sirve y que forma parte del corazón del sistema electoral.

Si el entorno está en primer plano, pues entonces mejor empaquen sus maletas y váyanse, porque no estamos haciendo un trabajo correcto.

El IFE decidió llevar a cabo foros ciudadanos para atacar varios temas en cuanto a las elecciones, incluyeron las perspectivas y las iniciativas de los 32 estados, y se discutieron temas enfocándose en cuatro áreas importantes: procedimientos electorales, resultados electoral, contienda electoral y los partidos políticos, así como la justicia electoral.

Yo voy a comentar algunos de los temas que son relevantes para la reforma electoral. Con respecto al registro, y aquí hay cuatro, cinco puntos con respecto a este registro e identificación.

Bueno, esto es vital para la integridad del proceso electoral, para asegurarnos de que solamente los electores queden bien identificados. Yo recuerdo un político, que en mi trabajo anterior me decía: que una buena lista era una buena elección. Y ese era su resumen de lo que era la ley electoral: denme una buena lista y con eso voy a obtener una buena elección, yo me encargo del resto, esto era lo que él decía.

Las normas reconocidas a nivel internacional dicen que todo ciudadano legible en una democracia tiene derecho a votar sobre bases no discriminatorias y debe tener acceso a un registro o a un sistema de registro de electores.

Las organizaciones de asistencia electoral tal vez como IDEA, IFES, la UNVP reconocen las normas efectivas. Primero, el marco legal que establece y regula los registros debe de mandar que todos estos registros se mantengan en una forma transparente.

La gente tiene que saber qué estamos haciendo y también ver cuáles son los derechos de los electores calificados y evitar los que no están calificados a votar.

Tenemos que tener cuidado y que solamente la gente adecuada los retire de la lista, los registros deben de ser lo más precisos y su administración tiene que ser totalmente transparente.

Aquí vemos donde las normas realmente no nos dicen cómo hacer el trabajo, pero vamos a enlistarlos de todas formas y a través de las preguntas y respuestas podamos abordar algo de esto, de cómo se puede lograr, porque sí se puede lograr.

¿Se puede lograr a satisfacción plena de todo partido político y todo candidato? Bueno, eso se los voy a contestar ahorita. No.

Tercero. Los registros de los votos deben de ser documentos públicos disponibles para la inspección y monitoreo por parte del público, eso nos queda claro.

Cuarto. Las instituciones que mantienen los registros deben de permitirle a los ciudadanos que soliciten cambios, adiciones, omisiones y proporcionar un sistema para poderlo hacer, y también deben de establecer el momento en el cual se deben de efectuar dichos cambios y debe de proporcionar suficiente tiempo antes de una elección para poder finalizar los registros, a menos que se puedan modificar los registros durante la elección, que algunos sistemas modernos en realidad sí hacen.

Yo añadiría un par de cosas más de mi propia cosecha. Los electores deben de tener el derecho a accesar los datos que están en ese registro en cualesquier momento para poder ver si realmente está reflejando la realidad. Número uno.

Número dos. Los partidos políticos deben de tener acceso cíclico a las listas. Es decir, tiempos prescritos en la ley en los cuales se diga que en este momento un partido político tiene derecho a ver la lista, y debe de haber marcos de tiempo para que pueda proporcionar retroalimentación, mencionar irregularidades o cosas en las cuales decían alguna aclaración.

Al seleccionar el método de identificación, los organismos tienen que asegurarse de que el método sea justo e inclusivo. La experiencia nos ha dicho que se deben de considerar los siguientes puntos.

Primero. Los organismos deben de considerar la seguridad del registro y de los sistemas de identificación; los administradores electorales deben considerar la adopción de ciertas medidas de seguridad específicas, tales como las credenciales con fotografía, códigos de barra, con información encriptada, hologramas, etcétera, para reducir la probabilidad de que estos documentos sean falsificados o utilizados para propósito de fraude.

A menos que me esté equivocando, creo que acabo de definir la credencial de elector mexicana, verdad. Uno de los mejores ejemplos de la identificación está aquí en México, donde las credenciales incorporan nueve características de seguridad.

Estas credenciales han aumentado la confianza pública desde el principio y está reforzando la democracia en el país. La percepción de la falta de fraudes es prácticamente igual de importante como la falta de fraude mismo y, desgraciadamente la percepción de fraude es prácticamente igual de importante a como la presencia del fraude y, desgraciadamente, eso último a veces nos lleve a hacer cosas que no necesariamente se hubieran requerido.

Segundo. Los organismos deben de considerar su capacidad para poder reproducir y distribuir las tarjetas de los electores registrados. La experiencia ha demostrado que la falla en presentar estas tarjetas disminuye la confianza pública y también dañan el éxito del proceso electoral.

Claro, si uno no les entrega sus credenciales para cuando tengan que votar, pues no van a votar, puesto que esto es un requisito.

Ahora, con respecto al padrón electoral mismo, la meta del Registro es identificar a los electores elegibles y, una vez que se identifican hay que incluirlos en el padrón, esta es la base para una elección exitosa y, al mismo tiempo, uno de los componentes más costosos del proceso electoral.

Para poder asegurar que el proceso electoral sea justo e inclusivo o incluyente, estos papeles deben de mantenerse en una forma regular.

Ahora, ¿cómo se logra? No siempre es fácil, hay tres enfoques para construir, mantener y actualizar los papeles a desempeñar del elector. Lo primero es el método episódico que Canadá empleó hasta 1996, donde los funcionarios designados periódicamente iban de puerta en puerta para registrar los nombres de los electores elegibles, aún durante la campaña electoral durante dos semanas, y así era como se elaboraba la lista, que en ese entonces la campaña electoral duraba 47 días. En otros países se hace un poco antes.

Ahora, en el 2005 Afganistán mantuvo su registro actualizado utilizando más de mil sitios por todo su territorio, así como una campaña de educación cívica.

Un segundo método es el método continuado, donde el registro se actualiza continuamente y es mantenido por la administración electoral, basándose en diferentes fuentes de información que se acreditan por ser crediticias y no que se puedan alterar por entidades políticas, y esto es vital.

Ahora, esto se introduce en Canadá en 1997, para la elección general.

El tercero es el enfoque del Registro Civil, donde el Estado está a cargo de mantener la lista de electores, junto con la autoridad electoral y esto es vital.

La autoridad electoral tiene que tener dicho final y la autoridad estatal que hace este trabajo, debe de contar con la credibilidad del pueblo de que está actuando bien.

Por eso es importante que los ciudadanos tengan acceso a esa información en cualquier momento.

En Suecia, por ejemplo, el registro se lleva a cabo sobre la base del Registro Civil, que continuamente se actualiza a través de la Agencia Fiscal Nacional. Bueno, eso está muy bien si la gente paga impuestos.

Pero en otros países donde no todo el mundo paga impuestos y donde los eventos vitales, tales como el nacimiento o llegar a la mayoría de edad o, desgraciadamente, fallecer, no se registran regularmente. Allí esto se convierte en una fuente inutilizable.

Los mecanismos y esto ya lo oí hace un rato. Por ejemplo, en Puerto Rico la gente no participa en tres elecciones; bueno, pues se les quita de las lista. Nada más les advierto que habría que tener mucho cuidado en quitar a la gente que no vota, porque si no están votando no nos van ayudar nada, nada, nada para poder eliminar a aquellos “muertos” que sí votan. Eso es lo que hay que tener mucho en cuenta.

Si quitamos a la gente que no vota, no estamos haciendo nada para solucionar el problema de los “muertos” que votan. Queda tan claro como el agua.

Y al mismo tiempo la gente tiene derecho a conocer la tecnología.

La tecnología nos permite ser muy sofisticados hoy en día. Ahí está, está disponible; no es fácil, pero ahí está; está disponible.

Casillas especiales. Bueno, aquí tengo tres comentarios al respecto: Número uno, en cuanto a su número. Hay un enlace directo aquí, una vez que finalizamos la lista. Si finalizamos la lista tres meses antes de las elecciones, bueno, vamos a tener que tratar con todo esto durante los tres meses; si la finalizamos dos semanas, vamos a tener que tratar nada más con las personas que se cambian de domicilio durante dos semanas.

O sea que tenemos que tener idea del número de la gente que se cambia de casa, que se muda. Esto es muy importante para poder establecer cuáles son las cifras.

Número dos, tenemos que saber hacia dónde se van. No todo el mundo simple y sencillamente se cambia dentro del país exactamente en la misma proporción.

La gente no se agarra de la mano y dice: pues vamos a compartir casas sobre bases proporcionales; tú te vas de Puerto Vallarta a México; tú te vas de México a Puerto Vallarta en el mismo número, porque tendría que ser el número exacto. Pues no.

Hay que ponerlos donde la gente se muda a partir de la fecha límite del registro y en términos del número de papeletas comparto nuevamente con mi colega Jesús, que si le damos a la gente el derecho a votar, no se los podemos quitar efectivamente porque no tenemos papeletas, porque no proporcionamos suficientes papeletas.

Esto es algo que tenemos también que analizar, porque si no es un derecho artificial que ya perdió su sentido.

Con respecto al voto electrónico, ya lo hemos oído antes, ya hemos oído mucho esta idea, pero hay que hacer más y estoy de acuerdo. Los avances no son diferentes para nosotros, que en otras partes del mundo hay normas internacionales reconocidas en cuanto al voto electrónico, y éstos están en muchos sitios.

Sin embargo, hay muchos estudios y hay dos conclusiones muy, muy amplias para poder lograr el voto electrónico. Uno de ellos es el remoto en la Web.

Pero que quede claro esto: La tecnología no está aquí, no ha llegado como para permitirnos tener voto por la Web.

¿Por qué? Porque no hay forma alguna de que podamos proporcionar el mismo nivel de garantía de saber quién está votando a como lo hacemos con el sistema actual. Hasta que no lo logremos, los políticos no van a estar interesados en esto.

Ahora, hay otras mejoras que están llegando, y una vez que estas computadoras puedan tomarme una fotografía de mi iris o parte de mi DNA, que se pueda transmitir y que ya esté ahí, contra lo cual se pueda verificar, bueno, entonces podremos tener niveles de seguridad con los cuales la gente estará contenta, pero el costo va a tener que equiparar la habilidad para poderlo hacer, y va a ser mucho más de lo que estamos gastando ahora.

Y en segundo, es el que se discute con mayor frecuencia. Brasil ya lo hizo; la India fue pionero, y Venezuela también, en sus últimas elecciones. Y lo hicieron con éxito, que es el de votar electrónicamente, pero en la casilla.

En Irlanda lo trataron de hacer; se gastaron 52 millones de euros y planificaron introducirlo para las elecciones parlamentarias de Europa en el 2004, y fracasó. Se les olvidó proporcionar documentos verificables.

Al elector hay que verificarlo; hay que hacer una auditoría. El elector tiene que estar de acuerdo cuando ve ese pedacito de papel que así fue como votó.

Los partidos políticos tienen que estar satisfechos de que esa máquina registró ese voto en la forma en la cual se emitió; es decir, tiene que tener acceso al software, no en el último momento, sino que tienen que ser probados para que cumpla con las normas, porque si no, pues olvídenlo. Los partidos políticos van a impugnar los resultados aun con la auditoría en papel y aun con los votos vía máquina.

Ahora, el votar fuera del país, a eso no le voy a dedicar mucho tiempo, pero se ha llevado a cabo una investigación de Jeremy Craigs de IFES, que muestra que hay como unos 200 millones de personas que habitan fuera de sus países de origen y que en sus propios países tendrían el derecho a votar. No hay ninguna norma definitiva en cuanto a los electores fuera del país y que desean votar.

Lo que tiene que quedar claro es que cuando un país decide que va a permitir que sus ciudadanos en el extranjero voten, este derecho a votar va unido a estos mismos ciudadanos como si estuvieran dentro del país. No podemos empezar a diferenciar y decir hay que restringirlo aún más.

Se puede restringir en el sentido de ser más severos en los documentos que se requieren, de lo que se requeriría para ciudadanos que se registran en el mismo país, puesto que habrá ciertas partes de información que se pueden controlar mucho mejor dentro del mismo país, pero no podemos ser discriminatorios en términos de edad o de otras consideraciones. Y también tiene que tener un entendimiento muy claro de por quién pueden votar y quién va a representar sus intereses.

Los italianos lo hicieron por primera vez en las últimas elecciones. No voy a entrar a las razones políticas, por qué fallaron estas razones políticas, pero por lo menos lo intentaron.

Pero sí hay un tema que debe de presentarse y es la cuestión de la publicidad electoral o la publicidad por los partidos políticos en otros países.

Una cosa es dar información en una página web de su partido y otra cosa es comprar tiempo en televisión en otro país, que todo el mundo va a ver. Aun en canales de especialidad, estamos empezando a invadir el espacio aéreo de otros países y esto trae, de veras, muchos problemas a nivel mundial.

Aun cuando otros países quizás estén a favor de ver la democracia en otro país y cómo está llegando a su país, es otra cosa cuando empezamos ya a inundar su espacio aéreo, vía las ondas electrónicas, o la prensa escrita, vía publicidad pagada. Tenemos que quedar claros en qué tipo de publicidad se va a permitir.

Ahora, las estructuras de las comisiones electorales y este es mi último punto. Lo que voy a decir es muy sencillo. IDEA, que está en Estocolmo, ha producido uno de los mejores manuales al respecto, aquí lo importante es distribuirlo y habla acerca de cuál debería ser la membresía, etcétera.

Pero hay un comentario que sí quisiera hacer y es que a mí me parece, con la experiencia que ya tengo, que lo que importa acerca de una comisión electoral independiente es que tenga como su enfoque primario, su principal misión en la vida, su principal objetivo, el llevar a cabo las elecciones y en suministrar los resultados.

Cualesquier otra tarea adicional y esto incluye el padrón, por cierto; cualesquier otra tarea adicional tiene que ser sopesada con mucho cuidado, para poder ver cómo es que se puede hacer compatible con esa misión fundamental.

Ahora, yo he tratado de abordar los temas principales que yo creí que eran relevantes para la sección de esta mesa en particular. Y con gusto trataré de contestar preguntas junto con mis colegas. Pero yo creo que es muy importante recordar que estamos en la fase embriónica de la cooperación internacional y del estudio académico internacional de la parte electoral.

Estamos de veras en la parte embriónica. México nuevamente nos está ayudando a enfocarnos en esto y a traerlo a colación.

IFE, Naciones Unidas, IFES, Elecciones Canadá, Elecciones Australia, IDEA Internacional, juntos somos pioneros en ayudar a que la gente se reúna para celebrar este tipo de sesiones.

Ahora, México va a tener que llevar a cabo muchas discusiones y muchas decisiones que tomar, basándose en su propia experiencia. En otras palabras, hay temas que no se pueden abordar desde la perspectiva internacional, puesto que ha sido la experiencia mexicana, y la experiencia mexicana tiene que ser sobre las cual base sus decisiones los mexicanos.

Y a su vez va a ser importante para México retroalimentar a la comunidad internacional, y ha sido ejemplar al hacerlo.

La administración electoral es una profesión, nada más en la configuración, en el hacer. Apenas estamos empezando a avanzar en esta dirección, y es por esta razón que la gente que se presenta así mismo como experto internacional en realidad no puede proporcionar más información de lo que yo pude hacer esta mañana en cuanto a las normas de diferentes temas.

Gracias, por su atención.

-Dr. Dong Nguyen: Muchas gracias, Jean-Pierre.

Intentaré hacer un resumen de las tres presentaciones. Pero más bien si me permiten en cinco minutos doy mi propia reacción sobre lo que escuché de los tres conferencistas.

Y lo que me parece lo más, finalmente al menos lo más interesante para nosotros.

Y voy a empezar con el último con Jean Pierre Kingsley. Y me surgió, al menos, dos reacciones. Es que hace como dos años estuve en Pakistán trabajando en tema electoral, y el Ministro de Relaciones Exteriores de Pakistán me dijo: ustedes saben una cosa, toman a cualquier estudiante que tienen, que han leído Dieter Nohlen, que han leído Guio Dolen, que han leído a Liphap, toman un curso sobre éste, les dan un pasaporte y ya es un experto internacional, porque cruzan las fronteras y ya es internacional.

Y esto es lo que dijo Jean Pierre, ustedes los que dan trabajo en tema electoral son expertos. Los que trabajan efectivamente en la construcción de la institución saben lo que cuesta para ser expertos.

Jean Pierre, que es realmente un experto en su país, y ahora a nivel mundial sabe de lo que se trata, y yo creía, éste me llama más la atención. No hay autoridad suprema, hay una profesión en construcción y éste se recuerda la lección de humildad, de alguien que yo considero como un gran experto, yo diría del proceso electoral. Pero este es otro comentario con los amigos mexicanos.

Jean Pierre intentó reconstruir toda la historia finalmente de México desde 93, 94 las primeras reformas que llegan a el día de hoy. Y sobre ello finalmente las contribuciones de México al proceso mundial y de la fuerza de la institución y de las autoridades electorales mexicanas. Tiene que ser un extranjero para tomar esta distancia y para resguardarlo.

Lo que ustedes tienen, en mi país, digamos siempre el Buda que tú tienes en la casa es nunca, es menos poderoso que el Buda que tiene el lado de la casa.

Y yo diría, éste es exactamente la vieja, otra forma de decirlo, los críticos son los que reforman la iglesia y somos nosotros que tomamos distancia y que recuerdan por ejemplo a los mexicanos el bien que usted tiene en una institución como el IFE.

Voy a dar un último ejemplo a este nivel, porque llegó ahora Kenedy que es mi colega, en el año 2000. Pero se recuerda que el año 1999, cuando tenemos en las Naciones Unidas organizar el referéndum sobre la independencia, la lista de los votantes ha sido preparado por dos expertos mexicanos, en 99, del IFE y si algo, si yo tengo que contestar una votación, voy a contestar en primer lugar la lista de los votantes.

Y yo participé en la operación en… Occidental en los años, fin de los años 90, durante siete años no se puede acordar sobre la lista de votantes, todavía estamos en el aire porque no sabemos quién tiene derecho a votar y quién no lo tiene, para ilustrar la importancia de lo que dijo Jean-Pierre Kingsley.

Y el caso de Timó Oriental, en 99 no hubo una crítica de Indonesia sobre la lista que nos ayudó a preparar los expertos del IFE. Este, yo diría, ustedes pueden no saberlo, pero nosotros lo sabemos y recordamos la contribución del IFE a este proceso.

El caso de, yo diría, de Leonardo Valdés, voy a hacer una provocación porque mañana tengo que hacer una presentación en Querétaro y Leonardo se comprometió a hacer comentarios sobre mi presentación y, hoy me dijo no, ya no puedo venir. Entonces, tienes que pagar un precio, hombre, no vas a salir de esta acción sin costo.

El problema que Leonardo presentó me parece central, el tema central es el siguiente, es la relación entre la tecnología y la confianza ciudadana.

¿Cómo utilizar la tecnología para construir a la confianza? Pero más allá qué es la confianza. La confianza, como dice Arrow que es un economista, la confianza es una institución invisible, lo encuentra o no lo encuentra. Pero el problema aquí es cómo construirla, hablando, por ejemplo yo diría es el tema general.

En el caso de Francia, estuve en Francia en mayo de este año, empezaron a introducir el voto electrónico en, yo diría en 0.5 por ciento del electorado, un millón, casi dos millones de votantes, en unos municipios empezaron a votar con máquinas, con urnas electrónicas.

En la segunda ronda pararon el voto electrónico y regresaron al voto por papeles por la polémica y por la desconfianza del voto.

Francia no es un país, yo diría, subdesarrollado, no es un país que construye la democracia, pero hasta esta situación la tecnología no es la modernización, la tecnología es eventualmente un instrumento, pero no puede -yo diría- suplantar o subrayar el elemento esencial, que es la confianza.

Y a este nivel, yo diría, tenemos también que recuperar el otro comentario que es de decir: finalmente la confianza se construye con medios importantes, pero si empezamos a utilizar los criterios de los medios, podemos también olvidar el criterio de la confianza, ¿no?

La doble circulación, por ejemplo, en México, yo intenté de introducirla hace unos años a Guinea. Pero la gente me insultó, dice: bueno, no tenemos los medios para introducir la circulación y en México la introdujeron con un costo alto, pero para arreglar un problema central, que es cómo eliminar al nivel lo más bajo la presencia de un partido político.

Esta fue realmente la reacción de los amigos de Guinea y lo presento a consideración para verlo, de que efectivamente Leonardo tiene toda la razón de presentar las tecnologías dentro de un contexto político nacional determinado.

No hay algo que se trata finalmente de tecnología pura, pero se trata siempre de una tecnología incluida en un proceso político y social determinado.

Y, finamente, llego a la presentación de Jesús que me parece es otra vez un modelo de presentación académica, es que presenta, yo diría, propuestas concretas, pero también con una ilustración teórica.

Y yo no voy a resumir, porque ya es demasiado clara su presentación, demasiado clara. Yo diría: Jesús tiene este talento de presentar cosas técnicas, el Registro de los Electores, la organización de las casillas de voto, pero también presentar cosas legales.

Como buen Magistrado que es tiene que analizar, finalmente, los aspectos legales, los más importantes, que sea el conteo de los votos, el reconteo de los votos, etc.

Y como muy buen académico también presenta las cosas de manera política, y la política es lo que finalmente nos, yo diría, es nuestro guía la política.

Jean-Pierre dijo en varios momentos: esta es una buena propuesta, pero los políticos no la van aceptar. Porque sabe bien, como negociador de que podemos hablar de manera abstracta, pero tenemos que cumplir con la decisión de los políticos, que son los únicos que tienen la legalidad y la legitimidad de las decisiones que importan.

En este sentido, Jean-Pierre, como Jesús Orozco, nos han dado una lección realmente. No es de realismo, pero una lección, yo diría, de conciencia política de dónde estamos y si queremos construir esta profesión, que es la profesión de administradores electorales, tenemos que ser conscientes de que esta profesión es bajo control de la comunidad política.

Estas son, me parece, las lecciones que nos han dado los tres expositores.

Ahora ya creo que podemos abrir el espacio para las discusiones.

Ya llegaron varias preguntas y yo voy a pedirle a los conferencistas, por orden de presentación de también tomar la palabra, para dar una respuesta a los participantes.

Tenemos como hasta las dos para concluir la sesión. Yo aprendí una cosa en Haití. Jean Pierre, ¿te recuerdas? En Haití se dice sacbit bacabad dubú; es en criollo, que dice una bolsa vacía no se tiene de pie. Es que un estómago vacío es una bolsa vacía; no se puede tener de pie, entonces, vamos a la discusión rápida.

-Sr. José de Jesús Orozco: Con el objetivo de poder rellenar esa bolsa pronto, seré muy conciso. En fin, agradezco mucho las preguntas; son varias, intentaré irles dando respuesta. Si no, afortunadamente tienen el correo electrónico y con mucho gusto podría intentar ampliar por ese medio.

Hay dos relacionadas con la credencial para votar; ¿podría ahondar más sobre su propuesta de la vigencia de la credencial de elector? Roberto Beltrán Beristáin Salmerón. Y sobre el particular Beatriz Rodríguez dice: se habla de cancelar la credencial para votar; que no se utilice en dos o tres procesos electorales, ¿pero cómo se hará con la de personas fallecidas que se siguen utilizando por los diferentes partidos políticos?

Precisamente de lo que se trata es evitar lo que ya señalaba Jean Pierre, de que eventualmente personas que han fallecido, puedan ser manipuladas, tomada su credencial para votar, si siguen en la lista, que otra persona que no sea auténticamente el ciudadano, el titular de la credencial, pueda votar.

De lo que se trata es, precisamente, separarlo, excluirlo de la lista nominal de electores. Si no aparece en la Lista Nominal de Electores, de acuerdo con lo previsto en la ley, un ciudadano, aunque posea una credencial para votar, no puede sufragar.

Entonces, en la medida que se excluye de la lista, se impide precisamente que alguien, que no sea el titular, pueda utilizar la credencial y votar. No podría hacerlo.

Entonces, es una manera, precisamente, de evitar que alguien manipule o utilice indebidamente una credencial para votar.

Así pasan tres procesos electorales ordinarios, por ejemplo los que decía el legislador, y tendría por consecuencia que se le excluya de la Lista Nominal de Electores.

¿Qué opinión le merecen los esfuerzos mexicanos en materia de votación electrónica y su posible aplicación en nuestro país? Pregunta Alejandro González Estrada. Creo que lo que señalaron Jean Pierre y Dong, tendría poco que agregar. Sin duda, yo veo con una gran simpatía los esfuerzos que se han venido realizando en cuanto al uso de la tecnología, concretamente con la posibilidad de votación a través de máquinas electrónicas; los esfuerzos que también, en su responsabilidad dentro del Instituto Electoral del Distrito Federal realizó el doctor Leonardo Valdés.

Los que ha realizado, por ejemplo, el Instituto Electoral de Coahuila, son significativos. Yo lo veo con una gran simpatía y creo que hacia allá vamos, pero hay un aspecto que ciertamente es el de la confianza, al que debemos atender y que, en la medida que se hagan estos esfuerzos, sí se puede ir avanzando, y que vaya generando mayor confianza, que es lo primordial, creo que sería magnífico.

Celso Peña García: La incredulidad de la sociedad en los partidos políticos ha ocasionado la creación de nuevas figuras de asociación, para participar en política. En 96, se reconoce la figura de las agrupaciones políticas nacionales; tenemos diez años participando.

Pregunta: ¿Por qué proponer la derogación? Primero, ser agrupaciones políticas nacionales antes de ser partido político.

Relacionado con lo mismo, Adriana Alanís Quiñones: ¿Por qué derogar la legislación que fortalece a los ciudadanos organizados en agrupaciones políticas, para regresar a la constitución de partidos al vapor, de familias, de firmas y registros por medio de rifas, dinero dudoso de procedencia o de origen farmacéutico sin un ejercicio cívico-político previo.

En primer lugar sí quiero puntualizar que la propuesta evidentemente no iría encaminada a que nos puedan constituir agrupaciones políticas nacionales, evidentemente es algo que enriquece la participación política y eso se debe privilegiar y apoyar, como lo hace México, incluso con financiamiento público.

Sin embargo, sí estimo que hay un aspecto, insisto, también de derechos fundamentales que hay que salvaguardar, y que es el que si en determinado momento el objetivo… Sobre todo porque puede haber agrupaciones políticas nacionales que no tengan entre sus objetivos la obtención, el acceder al poder público ni ser un vehículo de los ciudadanos para acceder al poder público.

Las agrupaciones políticas nacionales pueden tener sus propios objetivos, muy respetables, que si en determinado momento también quieren y lo cambian y pretenden acceder, ser un vehículo para acceder al poder público, y constituir un partido político, también siguen teniendo el derecho para hacerlo. Eso no riñe.

Lo que sí estimo es que desde una perspectiva de derechos humanos, de acuerdo con los instrumentos internacionales, también suscritos y ratificados por México, es más compatible cuando un conjunto de ciudadanos desean directamente constituir un partido político que lo puedan hacer, sin que se les exija precisamente que previamente deban constituir una agrupación política nacional que puede tener otros fines, y no precisamente el de ser vehículos para acceder al poder público.

Esa es la razón por la cual yo insistiría en esa propuesta, pero podría ampliarlo después epistolarmente a través de correo electrónico.

Mariano González Pérez, ¿resulta conveniente para el Poder Judicial de la Federación intervenir en la resolución de conflictos de naturaleza meramente política? ¿No cree que el costo es muy alto?

Un tribunal precisamente está para resolver conflictos. Creo que, como dice, es muy importante distinguir entre una jurisdicción política, que respecto de un órgano jurisdiccional que resuelve conflictos políticos.

Un órgano jurisdiccional que resuelve conflictos políticos efectivamente lo va, la naturaleza del conflicto es eminentemente político, como puede ser un conflicto electoral. Pero lo resuelve jurídicamente. Esto es de acuerdo con lo establecido en la Constitución y la ley.

Cuestión distinta es cuando un órgano de naturaleza política, una jurisdicción, por ejemplo, pongamos una jurisdicción política estimo que es la que hubo en México cuando se le confería a una asamblea política la resolución de los conflictos electorales. Pensemos la época en que existían los colegios electorales en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores, y eran los que resolvían los conflictos electorales, y que había una tendencia a que los resolvieran políticamente, de acuerdo con criterios políticos y no de acuerdo con lo establecido en la Constitución y la ley.

De acuerdo cuando se le confiera a un asamblea política la resolución de conflictos electorales, tiende a prevalecer la posición de la mayoría previamente determinada que puede en ocasiones resolver de acuerdo con sus intereses y no de acuerdo con lo previsto estrictamente en la Constitución, y ahí que la tendencia en el derecho comparado sea precisamente conferir a órganos jurisdiccionales la resolución de conflictos de naturaleza política, y yo creo que esto es positivo porque en el otro modelo se tiende, incluso, a ser juez y parte.

Abraham Lara Pérez, ¿qué opina sobre un procedimiento para darle legitimidad mayor al Presidente de la República? Hablemos sobre una segunda vuelta para fortalecer con una mayoría absoluta al Presidente.

Está sería una reforma de fondo, que ahora por la competitividad de los candidatos es necesaria.

Bien, la segunda vuelta es un problema desde mi perspectiva. El que la legitimidad no necesariamente la proporciona la mayoría absoluta, sino son las reglas que estén establecidas en determinado régimen constitucional que si se le, el principio de la democracia es el principio de la mayoría y si en determinado momento hay una mayoría, así ésta sea relativa, en determinado momento puede tener la legitimidad suficiente para acceder al poder quien haya ganado, así sea con un solo voto.

El problema desde mi perspectiva no es de legitimidad, sino más bien de gobernabilidad.

Lo que habría que reflexionar es hasta qué punto se consigue mayor gobernabilidad entre, en un sistema que en determinado momento si se trata de un presidente de la República no hubiese obtenido la mayoría absoluta.

La experiencia de mi percepción es que en los sistemas también llegan a establecer, sobre todo un Ballo Tash, pero sobre todo la mayoría absoluta no necesariamente consigue mayor gobernabilidad, sino en ocasiones propicia un mayor enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo.

Hay sistemas que no exigen, como sabemos la mayoría absoluta, como es la pregunta, sino alguna mayoría significativa, por lo menos pensemos en algunos sistemas como en Argentina que exigen el 45 por ciento, otros el 40, el 35 por ciento incluso en Nicaragua, en fin, que también se llega a hacer una combinación de que haya por lo menos un mínimo de ciudadanos que hayan, que apoyen precisamente al Presidente de la República.

También pudiera explorarse una posibilidad de esta naturaleza, pero insisto yo creo que la legitimidad proviene así sea por haber ganado por un solo voto.

Roberto Vázquez, ¿qué opina del registro de las candidaturas pendientes, son dos?

Y concluyo. Es todo un tema, la posición la abordó en su oportunidad la Sala Superior del Tribunal Electoral, me tocó establecer ahí algún, en la sentencia hubo tres posiciones distintas.

La posición prevaleciente no podría abordar todos, es de que las candidaturas independientes estrictamente se llegó a la conclusión por la, la mayoría por la Sala Superior que no son, de acuerdo con la Constitución y que o sea, y además la Suprema Corte ya también así lo estableció al convalidar o al considerar válidas las candidaturas independientes que se establecieron por ejemplo en el estado de Yucatán, son de acuerdo con la Constitución.
Sin embargo, la posición que se llegó a plantear también en la Sala era hasta qué punto si un determinado régimen en alguna entidad federativa como fue en el caso de Michoacán que no preveía candidaturas independientes, la mayoría de la Sala Superior sostuvo que esto no era violatorio de la Constitución, porque el derecho a participar era base constitucional, pero con figuración legal, o sea es el legislador el que en determinado momento podría establecer los requisitos, pero siempre y cuando éstos no sean, no hagan nugatorio el acceso al poder. Esto es, que sean razonables y proporcionales.

Por las circunstancias que había en el sistema de Michoacán de que bastaba el 0.14 por ciento para constituir una fuerza política y participar, se consideró que esto no era violatorio de la Constitución ni de instrumentos internacionales, Derechos Humanos.

Sabemos que en el caso, y concluyo, de Jorge Castañeda, por lo menos la Comisión interamericana de Derechos Humanos llegó a sostener que no violaba la existencia, el hecho de que no previera candidaturas independientes el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, no era violatorio de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos.

Lo que se estimó por la parte de la Comisión es que a Jorge Castañeda se le había violado su derecho a tener un recurso efectivo ante un tribunal independiente previamente constituido, toda vez que no se pudo plantear su caso estimó la Comisión ante un tribunal para tal efecto, de ahí que esté esto también pendiente de resolución ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Difundir la opinión de escritos o periodistas sobre algún candidato se podría considerar propaganda negativa o ilegal. Se supone que la libertad de opinión sirve para orientar a la ciudadana. Es José Luis Olivares.

Bueno, ciertamente, creo, puede estimarse, sería conveniente distinguir entre propaganda negativa; o sea, cada quien y en el ejercicio de su derecho, de su libertad de expresión puede publicar escritos y dar su opinión acerca de cierta persona.

Pero claro que también los propios derechos fundamentales no son absolutos, tienen límites. Lo que no podría es, por ejemplo, alguien imputarle a otra persona que cometió un delito verbi gracia cuando no lo ha cometido.

Esto que implicaría ser una ser calumnia, esto sí podría ser objeto de un límite, de ser objeto de alguna sanción y existen los canales en nuestro país, para ya sea por la vía civil sí tiene una connotación electoral.

Incluso es parte de la propuesta y esto pudiera ser susceptible de ser conocido por el Instituto Federal Electoral.

Perdón lo extenso de mi intervención.

Muchas gracias por las preguntas.

-Sr. Dong Nguyen: Gracias, Jesús.

Leonardo.

-Dr. Leonardo Valdés Zurita: Sí. Llegaron muchas preguntas; he conformado cuatro conjuntos, para tratar de responder en muy breve tiempo.

El primer conjunto está vinculado con la cuestión del voto electrónico, de cómo está en nuestro país en términos de legislación y de prácticas para votación electrónica respecto de otros países.

Y el asunto que con toda inteligencia planteó Dong respecto a la relación entre la confianza ciudadana y la tecnología, porque en realidad ese es un asunto importante.

Incluso hay quien me dice: ¿Cómo equilibrar la modernización de los procedimientos con la cultura política y, perdón, la conciencia política y la cultura cívica de los mexicanos?

Primero quisiera decir que me pierdo acompañarte a Querétaro, Dong, no por voluntad. La verdad es que yo me gano la vida impartiendo clases y nuestros amigos del Instituto de Querétaro me invitaron con demasiada premura para poder ser tu comentarista y no puedo quedarle mal a mis estudiantes en la ciudad de León; así es de que tengo que estar en León. Por eso no puedo acompañarte.

Mis buenos amigos del Instituto Federal Electoral me invitaron con suficiente anticipación y pude organizarme para que los alumnos fueran a hacer un trabajo de campo y de esta manera poder estar el día de hoy aquí.

Pero me encantaría, si me permites, Dong, invitarte a mi universidad, para que nos acompañes en una reflexión sobre estos temas que tú manejas tan adecuadamente.

Y el tema es confianza y tecnología. Creo que no estamos tan mal en México y creo que no estamos tan ni en términos de la legislación ni en términos de la relación que los ciudadanos en materia electoral tienen con la tecnología.

Y voy a lo que me parece que es medular. En el mundo existen dos modelos de automatización del voto: el modelo estadounidense, en el que empresas privadas realizan procedimientos para que los ciudadanos voten en computadoras.

Esto tiene una explicación: No hay un padrón electoral en los Estados Unidos; hay muchos listados de votantes en cada uno de los estados y con diversas legislaciones. Esa es la característica del sistema electoral estadounidense y además del modo de vida americano. La iniciativa privada tiene una gran presencia.

Ese modelo, me parece a mí, ha fracasado; ese modelo produce conflictos, ese modelo sobre todo tiene su límite cuando se descubre que las empresas que organizan la votación electrónica son donantes de los candidatos que están en contienda. Ese modelo no puede progresar.

En cambio existe el modelo brasileño. El modelo brasileño partió de hacer el padrón electoral en un sistema informático.

Cuando los brasileños decidieron ir a la votación electrónica, de lo que se dieron cuenta es que necesitaban -como bien dijo messie Jean-Pierre Kingsley- dotar la garantía de que quien vote es sólo aquél que tiene derecho a votar y estar inscrito en el listado.

De tal suerte que el primer esfuerzo que hicieron en Brasil fue hacer una lista de votantes electrónica, por medios electrónicos para alimentar las urnas de votación y de allí parte la construcción de la confianza en la votación electrónica en Brasil.

Por eso digo que nosotros no estamos tan mal, eso ya lo tenemos. Nuestro padrón electoral está informatizado y se podría usar para alimentar listas de votantes en instrumentos de votación electrónica.

Creo, además, que nuestro país ya está lo suficientemente experimentado en el uso de cajeros electrónicos.

Yo sé que la materia electoral es muy importante y que la confianza en el voto es muy importante, pero también he aprendido con el paso de los años que la cuestión económica es muy importante para nosotros.

Y sé que muchos de nosotros retiramos dinero, que quizá es mucho más importante para nuestra vida cotidiana, de cajeros electrónicos, y muy pocos desconfían de que lo que marcamos como cantidad que vamos a retirar es la que, finalmente, aparece en nuestro estado de cuenta y en nuestro saldo en la institución bancaria.

¿Cómo lograr que los partidos políticos? Por aquí alguien me dice: ¿Cómo hacer con la votación electrónica, si hay quien dice que un algoritmo fue el causante de la mala contabilidad de los votos en el PREP? Yo creo que hay que abrir el software; hay que abrir los programas; hay que abrirlos. Así como el listado de electores hay que abrirlo a los representantes de los partidos, hay que abrir los programas a los representantes de los partidos.

En Brasil así se hace. Los partidos políticos, los representantes técnicos, firman una acta formal en la que dan su aval a la imparcialidad de los programas, del software, para la contabilidad de los votos. Da la impresión de que después de que un partido político firma ese documento, difícilmente podría alegar que hay un algoritmo que le está impidiendo tener la votación.

Hay un par de preguntas sobre el PREP; hay incluso una propuesta: Debe eliminarse el PREP porque está produciendo conflictos. Yo lo dije en mi ponencia; creo que lo que debe eliminarse es el cómputo posterior. Creo que el PREP debe ser el cómputo definitivo, incluso con la ventaja –y eso ya en México se ha experimentado y la legislación electoral del Distrito Federal así lo establece-, de que el cómputo se haga inmediatamente después de la Jornada Electoral; no esperar ni uno, ni dos, ni tres días.

Creo que hoy, en papel, se puede hacer en el Distrito Federal; creo que se podría hacer el esfuerzo de hacerlo a nivel nacional, porque además esto resuelve el problema de que si las cajas están guardadas unos días, alguien pueda meter mano a esas cajas y cambiar las papeletas que están ahí presentes.

Si el cómputo se hace conforme van llegando las cajas, creo que el PREP puede pasar el sistema de resultados no preliminares, sino definitivos, y si se hace con la urna electrónica, con mayor agilidad.

Hay dos preguntas sobre los ciudadanos insaculados y comparten la misma preocupación. ¿Qué hacer para que una vez que un ciudadano fue insaculado, una vez que fue capacitado, no renuncie a ser funcionario de casilla y pase a ser representante de partido político en la casilla electoral?

Y creo que la pregunta es totalmente pertinente, porque no es una imaginación, sino es un problema concreto y real que viven los órganos electorales en México, porque se da esa realidad.

Creo que ahí hay que cuidar varias cosas. Primero, que los ciudadanos tienen derecho a ser miembros de los partidos políticos, y que si los ciudadanos quieren ser representantes de un partido político en una casilla, tienen que tener a salvo ese derecho.

Claro que lo que tendría que establecer la legislación es que cuando un ciudadano, miembro de un partido político, ha sido insaculado y pretende ser representante de ese partido en una casilla, debe excusarse y, en consecuencia, no tomar la capacitación.

Ahora, si toma la capacitación, aunque sea miembro de un partido político, debe ser funcionario electoral, no representante de partido. Y eso se puede resolver por medios informáticos; vuelvo con la informática.

Una buena base de datos puede ubicar a los ciudadanos que han sido capacitados, y la ley debiera establecer que a esos se les niegue el registro como representantes de los partidos, e incluso me atrevería a sugerir que al partido que pretenda registrar, como sus representantes a ciudadanos que han sido capacitados por la autoridad electoral, se le debe cobrar una multa por violar la legislación.

Finalmente, en el cuarto paquete hay dos preguntas sobre temas que no abordé, pero que quisiera rápidamente señalar. Una, que me plantea Alfonso Zárate; no sé si es un homónimo del politólogo Alfonso Zárate, pero es una pregunta muy, muy importante, y me señala qué opinión tengo respecto al modelo de financiamiento a los partidos políticos.

Y aquí la tomo como un buen pretexto para plantear algo que por los temas y por la brevedad que quise tener en mi presentación, y la concentración en uno de ellos no abordé, pero que tengo una propuesta. Creo que habría que evolucionar en el sistema de financiamiento hacia un sistema de financiamiento que otorgue los recursos públicos después de la elección, no antes de la elección. Que otorgue los recursos públicos después de la elección y en proporción a la votación obtenida por cada partido en esa elección, no en proporción a la votación obtenida en la elección anterior.

En Francia hay un sistema que se parece a esto que estoy señalando, pero además creo que eso podría ayudar también para combatir lo que aquí se ha llamado “la propaganda negra” o “la campañas sucia” a través de los medios de comunicación. Creo que estableciendo con claridad lo que no pueden hacer a través de sus emisiones televisivas los partidos políticos y estableciendo los criterios y definiciones precisas de lo que está prohibido, la autoridad electoral, una vez pasado el proceso electoral otorgando toda la libertad a que los partidos digan lo que quieran, sin ninguna censura, sin ningún procedimiento para detener que presenten lo que presenten, pero una vez pasado el proceso electoral, un análisis riguroso de todos y cada uno de los mensajes que se emitieron, y aquellos que violen los principios establecidos por la legislación no se paguen.

Estoy seguro que si los partidos no recuperan ese dinero que invirtieron en esos mensajes van a dejar de transmitir esos mensajes. Me da la impresión de que ésa sería una buena medicina.

Y finalmente me preguntan sobre la posibilidad de modificar los procedimientos para la elección de los cargos directivos, de los órganos electorales. Me da la impresión de que habría que reflexionar mucho sobre el particular. Efectivamente el hecho de que los partidos políticos a través de sus grupos parlamentarios sean los actores principales en la designación de los funcionarios electorales a todos los niveles en nuestro país, a producido algunos conflictos, y de pronto creo que se podría ensayar en procedimientos de estilo a concursos de oposición, en donde las personas que se sientan con la capacidad técnica para ser funcionario electoral de alto nivel se presenten a un concurso, aprueben unos exámenes, aunque me temo que al final del día van a ser los partidos políticos a través de sus representantes en los órganos legislativos quienes nombrarán a las autoridades electorales.
Y eso así porque la democracia, como ya se dijo aquí, tiene que ver con la política, y no podemos retirar a los políticos de las decisiones que se toman para constituir una democracia.

Gracias.

-Dr. Dong Nguyen: Y para terminar Jean Pierre Kingsley, después de la presentación de Kingsley voy a invitar a Lourdes González para darnos unos avisos al público. Gracias.

-Mtro. Jean Pierre Kingsley: La pregunta que yo recibí fue de William Castillo, pidiéndome mi opinión en cuanto a la oportunidad del gobierno venezolano de influenciar el voto en las últimas elecciones, porque precisamente el voto se hizo de forma electrónica. Y mi respuesta a eso es que la única información que yo tengo al respecto, ya que no tuve ningún tipo de misión de observación fue lo que aprendí en los medios populares.

Y la otra cosa que he aprendido en la vida es que uno no basa ninguna opinión profesional en lo que uno leyó en los medios masivos. Vale exactamente lo mismo que paga uno por un periódico. Por lo tanto no tengo opinión que expresar al respeto.

Sin embargo, yo creo que con respecto al voto electrónico, yo creo que es importante recordar que si hay una ventaja, que es que reduce el número de papeletas rechazadas, porque a la gente se le llama para que sean muy precisos en lo que hacen, versus el votar en un pedazo de papel.

Y no sé, por alguna razón la gente tiene dificultad en entender que solamente tiene que marcar un solo sitio. Entonces esto lo reduce.

Y añade la posibilidad de un conteo muy preciso. Especialmente cuando hay votos múltiples que se están llevando a cabo en el mismo, porque hay errores en cuanto adónde se depositan las papeletas, y todo esto se obvia en el caso de voto electrónico.

Entonces sí hay un valor en hacerlo, pero hay mucho más valor en tener más cuidado en cómo lo hace uno, y llevando a cabo pruebas muy, muy extensas, al igual a como cualesquier sistema de computación la respuesta es probar, probar y probar, y probar en la realidad con electores reales. Ellos son los que finalmente van a determinar si este es un medio aceptar o no, para lugar el mismo resultado.

-Lic. Lourdes González: Buenas tardes.

Para terminar esta sesión no tomaré más que un minuto de su tiempo, para informar a los ponentes y a los participantes presentes en este auditorio que está siendo trasmitida esta sesión, así como todas las del seminario vía internet en vivo, así como vía EDUSAT a todo el país, así que los compañeros de las Juntas Locales y Distritales nos están siguiendo, les enviamos un saludo y les agradecemos por su compañía en este evento.

Asimismo, deseamos agradecer la presencia de organismos de la sociedad civil que están presentes en este auditorio, como son Organización Nacional de Observadores, Quórum Legal, Asociación Nacional Cívica Femenina, ECOPARMEX, Ecociudadanía del Futuro y Fundación Nuevo Milenio.

Contamos también con la presencia de nuestros amigos de asociaciones políticas nacionales, como son Coordinadora Ciudadana, Familia en Movimiento, Mujeres y Punto, Agrupación Nacional Emiliano Zapata, Causa Común por México, Integración por la Democracia Social, Arquitectos Unidos por México, Asociación de Profesionales por la Democracia y el Desarrollo, Consejo Nacional de Desarrollo Indígena y, Avanzada Liberal Democrática. A todos ellos muchas gracias por su compañía y su presencia y, esperamos tenerlos aquí con nosotros los tres días del evento.

Por último, ahora abriremos un receso y regresaremos a las tres de la tarde para el panel relativo a Generación y Difusión de Resultados Electorales. Aquí los esperamos.

Muchas gracias por estar aquí.

RECESO

-Consejero Electoral Arturo Sánchez: Buenas tardes.

Si no tienen ustedes inconveniente daríamos inicio a la mesa de la tarde, que está titulada “Generación y Difusión de Resultados Electorales”.

Creo que es muy importante, en primer lugar, darle la bienvenida a quienes han aceptado la invitación de estar con nosotros, que los iré presentando antes de cada una de sus intervenciones y ustedes se darán cuenta, a la mayoría de ellos ya los conocen ustedes. Son personas que no nada más saben, sino que han aportado a lo largo de sus carreras grandes beneficios al desarrollo de esta institución y de la comprensión de los fenómenos de la democracia.

Sin más, muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias a quienes nos siguen en estas reuniones.

Y para mí es un gusto presentar a Roy Campos, que además de ser actuario y licenciado en matemáticas presidente Consulta Mitofsky, si no me equivoco, y además preside la Asociación Latinoamericana de Consultores Políticos.

Es Presidente del Comité de Opinión Pública de la Asociación Mexicana de Agencias de Investigación de Mercado y Opinión, más conocida por AMAI, y en su carrera fue Director de Encuestas del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática y es miembro de la Asociación Mundial de Investigadores de Opinión Pública.

Los temas que vamos a ver están muy vinculados con su experiencia y seguramente nos contará cosas muy interesantes.

Por favor, Roy.

-Act. Roy Campos: Gracias, Arturo.

Primero, me da mucho gusto estar aquí, donde he estado varias veces, es casi mi casa.

El tema de la mesa “Generación y Difusión de Resultados Electorales” es precisamente mi tema. Si en algún lugar tenía que estar es en éste.

A lo mejor en lo que diga voy ser políticamente incorrecto, pero esa es mi característica, es la ventaja de no ser político. Voy a leer un texto y voy a ir más o menos explicándolo.

Encuestas, conteos rápidos y Programa de Resultados Preliminares, el PREP.

A pesar de que no son los únicos mecanismos que existen para generar y difundir resultados en un proceso electoral, estamos hablando de tres, estoy hablando de las encuestas, de los conteos rápidos y del PREP; no son los únicos mecanismos.

Yo me quiero centrar, por lo que me dedico, en esos tres mecanismos.

De las otras cosas, de los cómputos distritales, por ejemplo, no voy a hablar de los cómputos distritales. Simplemente como ciudadano yo quisiera algo; yo a lo mejor quisiera que la distancia entre la elección y los cómputos distritales fuera menos tiempo y que la distancia entre los cómputos distritales y la toma de posesión de un funcionario también fuera menos tiempo.

O sea, son periodos de incertidumbre muy grandes, ¿no? En el caso de Jalisco, por ejemplo, entre la elección y la toma de posesión del gobernador pasaron ocho meses; en el nivel federal entre la elección del Presidente y la toma de posesión del Presidente son cinco meses.

A lo mejor es mucho tiempo de incertidumbre, pero eso es como ciudadano y no como especialista, y no es de los temas de los que voy a hablar.

De las encuestas preelectorales. De las encuestas preelectorales hoy en día pocas actividades, fíjese cómo voy a empezar, pocas actividades están tan reguladas en México como las que hacemos las empresas encuestadoras, pocas estamos tan reguladas.

Además de las reglas que cumplen en México todas las empresas formales, impuestos, Seguro Social, Infonavit, la apertura, el local comercial, que si el Reglamento de Incendios; además de todos esos reglamentos la pertenencia a los órganos gremiales exige de manera obligatoria certificación permanente en calidad. Además, tenemos que asumir códigos de ética, equivalentes y vigentes en países desarrollados de Europa y de Estados Unidos.

Además, y de manera absurda, los institutos electorales nos requieren que pidamos permiso para trabajar, que demos explicaciones y en ocasiones hasta que paguemos fianza.

No conforme con eso, nos restringen la posibilidad de difundir resultados bajo la pena de ser señalados, acusados de “mapaches” electorales; o sea, equivalente a como si fuera cualquier roba-urnas, o sea, nos acusan de “mapaches”.

Todo eso sufrimos y todavía en las jornadas ciudadanas se decía: Hay que regular las encuestas. Hay pocas actividades; yo ahorita si trato de pensar en algunas, a la mejor sacar petróleo o poner casas de cambio, productos químicos, que ahora están de moda; a la mejor esas están más reguladas que nosotros, pero pocas actividades en México están más reguladas que las encuestas.

Los partidos requieren de las encuestas permanentemente; para seleccionar candidatos, para ver estrategias, para ver si aceptan una derrota. Los partidos están permanentemente requiriendo encuestas, pero a la hora que están en la legislatura, los partidos están de repente legislando, para limitar las encuestas. Parece esquizofrénico el asunto; o sea, al partido le urgen las encuestas, pero legisla para limitarlas.

Antes de seguir con esto de las encuestas, quisiera que quedara claro que, independientemente de todas las legislaciones que se hagan para las encuestas, las encuestas existen, las encuestas están presentes; las encuestas, aunque no las conozcamos en los medios, existen y las tienen las élites y toman decisiones con esa información. Las encuestas circulan.

Las utilizan los estrategas, para hacer sus estrategias, las utilizan; las utilizan sus partidos, las utilizan los empresarios, las utilizan mucha gente, entonces, cuando hablamos de legislación, lo que se está queriendo decir es “legislemos si alguien más, además de las élites, debe de conocer las encuestas”. Eso es lo que realmente se está discutiendo.

No se está discutiendo si los ciudadanos deben de ser, no. Solamente se debe de quedar en élites o debe de salir de las élites esa información, porque la información existe.

Para 2006, la regulación federal dio un muy buen paso en términos de legislación en materia de encuestas. El IFE, aquí en el IFE, a la hora de estar con la forma en que iba a sacar su legislación, actualizó la redacción de la regla para las práctica y para eso tomó en cuenta, por primera vez, tomó en cuenta la opinión de los que hacen encuestas; o sea, de repente habían legislado sin tomar en cuenta al gremio.

En esta ocasión, para 2006, la legislación dio un gran paso adelante y se sentó con el gremio encuestador, y sacó nuevas reglas, pero ahora sí considerando a los que hacían las encuestas, con lo cual ganó todo mundo; ganó el IFE, ganó el gremio y ganó el ciudadano; ganaron los medios, ganó todo con esa nueva legislación. Se actualizaron muchas cosas.

¿Qué pasó con esa nueva legislación? O sea, ¿qué pasó con esa actualización de la legislación? Fíjense nada más unos datos de lo que pasó: Yo detecté en medios nacionales, en el 2000, 88 encuestas diferentes; en el 2000. En el 2006 fueron 86, solamente dos menos. En el 2000, 26 firmas distintas; en el 2006, 24 firmas distintas.

Prácticamente lo mismo, ¿entonces cuál fue la gran diferencia? Que en el 2000 la mayoría eran falsas y en el 2006 todas las encuestas que se difundieron y todas las firmas que publicaron dieron la cara, tenían un rostro, tenían una explicación, gracias al cambio de legislación. Simplemente legislando adecuadamente se da un gran paso en la auto regulación de las encuestas.

Para quienes acusan a las encuestas de haber tenido efectos perversos en el 2006, yo les respondería que sé. No sé a qué llamen perverso, pues sí; sí las utilizaron los partidos para definir sus estrategias; si de eso se trataba, sí, sí, los partidos utilizaron las encuestas para definir estrategias.

Recordemos, por ejemplo, el cambio de campaña de Felipe Calderón 40 días después del inicio, el cambio de campaña, ¿por qué lo hizo?, porque dijo “no avanzamos”. ¿Y cómo sabía que no avanzaron? Porque las encuestas le dijeron que no avanzaba.

Entonces, si tuvo un efecto perverso o no, bueno, las utilizó y dijo “las encuestas me muestran algo; cambio de estrategia”. Las utilizaron.

O la decisión de López Obrador de no asistir al primer debate. ¿Cómo tomó esa decisión? Pues la tomó basado en encuestas; ambas, basadas en su momento en encuestas vigentes.

También fueron utilizadas para tratar de influir en los votantes. Sí; no sé si lo consiguieron, pero de que fueron utilizadas para eso; sí, sí trataron de ser utilizadas las encuestas para influir en el votante.

No es algo que me preocupe. Realmente, cuando dicen “es que las encuestas trataron de ser utilizadas o fueron utilizadas para influir al votante”; no me preocupa, según yo para eso son las campañas, para que cada quién trate de modificar la intención de voto de un ciudadano con todos los argumentos legales que puedo hacer.

Si uno de esos argumentos es mostrar encuestas, pues yo no sé porqué no se vale; o sea, no me preocupa tampoco que la encuesta haya sido utilizada para eso.

Sé que hoy existen reclamos de algunos grupos y, sobre todo, en algunos estados que parece que retroceden en lugar de avanzar, que quieren regular más y más a las ya muy reguladas encuestas. Incluso conozco de algunos medios de comunicación que tienen la tendencia a apoyar esa mayor regulación, sin darse cuenta estos medios de comunicación que cada vez que una ley restringe la difusión de una encuesta ataca a la libertad de prensa.

Cada vez que dicen: es que está prohibido publicar. Están también restringiendo la libertad de prensa.

Entiendo perfectamente los argumentos para querer normar la principal norma que siguen, y del cual no existe prueba, es que las encuestas influyen al votante, sin aceptarlo totalmente por falta de comprobación científica, quiero suponer válido ese dogma, y aún así pregunto ¿es malo que las encuestas influyan al votante? ¿Es malo? ¿Qué no se trata de eso una campaña? ¿Por qué se permite influir con otros métodos y no con las encuestas? ¿Por qué se vale influir por los métodos y no por las encuestas? ¿Cuál sería la diferencia?

Y sobre todo ¿no tiene derecho el ciudadano a tener toda la información disponible para orientar en todo caso su voto dándole la utilidad que el desee? ¿Qué no es un derecho del ciudadano a saber: denme toda la información porque quiero que mi voto sea lo más útil posible?

Porque regresando al principio, recuerdo que existen actores, quienes pueden pagarlas, que cuentan con la información y orientan sus decisiones, ¿por qué esa información debe quedar solamente en ese nivel? ¿Por qué solamente en los actores que pueden pagar la información, son los que tienen que tener la información? ¿Por qué no es válido difundirla?

En las Jornadas Ciudadanas, que es una de las cosas que tenemos que… se presentaron varias propuestas, las propuestas fueron desde limitarlas, regularlas más. Exigir, fíjense nada más hubo una propuesta de que toda encuesta que se haga sea publicada en algún medio, porque las que conocemos es una ínfima parte de las que se hacen, se hacen para estrategia muchísimas encuestas.

Una propuesta fue obligar que toda encuesta que se haga se publique.

Había otras, por ejemplo, que se eliminen las exit polls, que el IFE haga las encuestas oficiales para evitar la distorsión de que si la encuesta de tal medio, que si la encuesta de tal partido, que si la encuesta de tal encuestador.
Que el IFE organice un sistema de encuestas y que las vaya publicando a lo largo de la campaña, de manera que se tenga el dato oficial de la evolución de la campaña.

Había otras como que se autorregule el mercado, que es una propuesta de gremio, seguramente la hizo la AMAI, y otra que seguramente viene de mi participación en las jornadas, que se reduzca el tiempo de publicación de ocho días a tres días.

Para concluir este tema, quisiera concluir este tema que, obviamente me apasiona, me concentraría simplemente en dos observaciones: la tecnología rebasa rápidamente a la legislación. Hoy el término “publicar” está confuso. ¿Qué significa “publicar”? ¿Qué significa “publicar” para mecanismos como internet? O sea ¿qué es publicar como Internet? Es decir, yo en Internet pongo en mi página el resultado de la encuesta ocho días antes, pero la dejo en mi página todos los ocho días previos, y estoy publicándola, porque está en mi página el día anterior, no, porque la puse desde antes.

O envío a un millón de ciudadanos la encuesta un día antes. Estoy publicando o es comunicación privada la que estoy haciendo, porque es envío por correo electrónico, y nada más estoy hablando de Internet.

Y si se les hace poco el problema, al 2000 había 17.1 millones de Internautas, en 2006. Seguramente para el 2012 vamos a estar hablando de 40 millones de Internautas. No es un problema menor el que se tiene.

Primero el término pública ya es confuso, y no estoy hablando de celulares, por ejemplo. Y segunda, la facilidad de difundir resultados desde países fuera de México hace inaplicable la legislación y pone en desventaja a los medios nacionales a las que sí se aplica la legislación.

No se vale publicar ocho días antes, pero esa legislación aplica para los medios radicados en el país, cualquier medio radicado fuera del país no tiene por qué cumplir con la legislación mexicana, a menos que se llegue a acuerdos con ellos. Pero yo no me imagino estar firmando acuerdos con todos los periodos de Japón, todos los periódico de China, para que en sus páginas no estén difundiendo datos de encuestas. Entonces, hace inaplicable cada vez más la legislación.

Por ambas razones, por lo confuso de lo que significa ya publicar, y porque la tecnología ya rebasó, y por considerar además que es lo correcto me inclino por la eliminación total del periodo del silencio de las encuestas.

En este momento es de ocho días en el Cofipe, cuando las campañas tienen tres días de silencio.

En países como Estados Unidos o como Brasil no existe restricción.
En países como Estados Unidos o como Brasil no existe restricción y es el mercado quien castiga o premia las buenas o las malas prácticas.

Sé que el saldo de ocho días a eliminar totalmente el periodo de silencio pude ser considerado aventurado, pero un primer acercamiento sería equiparar ese período al de las campañas, es decir dejarlo sólo en tres días, de esta manera además se mandaría una señal positiva a los legisladores locales en los estados donde en lugar de avanzar han retrocedido. Este era el primer tema y era el más largo, perdón, sigo.

Segundo tema: conteos rápidos.

Conteos rápidos, quién no recuerda la famosa frase en agosto de 88: “se cayó el sistema”, todos los que están aquí sí recuerdan la frase “se cayó el sistema”.

Hoy, no sé si realmente hubo una caída, pero sé que las autoridades callaron ese día y se generó una duda que hoy persiste sobre los resultados de esa jornada.

Eso es, temporalmente, el nacimiento de los conteos rápidos en México. Si en ese año hubiera habido encuestas preelectorales y se hubieran realizado conteos rápidos, seguramente hoy nadie tuviera dudas, desde ese momento prácticamente no existe elección importante en la que ese instrumento adelante el resultado.

Sin embargo, creo que a pesar de los 18 años de existencia de ese mecanismo en México y de su recurrente presencia, todavía no se entiende, todavía después de tantos años todavía no entendemos el mecanismo.

Un conteo rápido tiene cuatro objetivos básicos, puede ordenarlos del menor objetivo al mayor objetivo, el menor objetivo pudiera ser, fíjense nada más, el menor objetivo es ser preciso, no importa ser preciso, pero ese el menor objetivo.

El tercero, el cuarto sería ser preciso, el tercero sería ser eficiente. Es decir, hacerlo con poca muestra, con modelos estadísticos; no nos pagan por grandes operativos, nos pagan por modelos estadísticos.

El segundo objetivo sería ser oportuno. Por eso algunas legislaciones de decir que no se puede difundir hasta que la autoridad difunda, no tiene sentido, el objetivo de un conteo rápido es ser oportuno.

Y el primer objetivo, que prácticamente debería ser el único objetivo, y no hay otro, es no equivocarse en el ganador, es el principal objetivo de un conteo rápido, no equivocarse en el ganador.

¿Y dónde digo que no entienden a un conteo rápido? Es un conteo rápido tiene dos resultados, solamente hay dos resultados y los dos son resultados de un conteo rápido.

Un resultado es, hay ganador. Otro resultado es, no hay ganador. Son los dos resultados de un conteo rápido porque es un modelo estadístico.

Un resultado, es decir, el conteo rápido permite identificar a un ganador. Y el otro resultado es, el conteo rápido no permite identificar un ganador.

Por eso quienes acusan a los conteos rápidos de 2006 de no haber dado otros resultados, es porque no entienden el conteo rápido. El conteo rápido en el 2006 dio uno de los dos posibles resultados, así tenía que ser.

Yo personalmente hice uno, tuve que tomar la decisión y volvería a tomar la misma decisión, tuve que elegir entre cuál de los resultados daba, el de hay ganador o no hay ganador. Y tome uno de los resultados estadísticamente válidos, que es no hay ganador, y así tenía que haberse explicado, son dos resultados y dimos uno de los resultados, para que aquellos que acusan que los conteos rápidos no dieron resultados es ¿qué no estuvieron pendientes, qué no vieron desde las ocho de la noche que el conteo rápido dio uno de los dos posibles resultados que podía dar?

Lo que no dio fue ganador, pero ese no es lo que tenía que hacer, el conteo rápido tenía que decidir uno de los dos posibles resultados, y dio uno.

Y los conteos rápidos del IFE también hicieron lo mismo posteriormente, decidieron dar el resultado de que no podían dar ganador.

Si se tratar de criticar el conteo rápido del IFE, lo único que criticara fuera que no prepararon esa parte, que no prepararon, que claramente el ciudadano y los medios entendieran que uno de los dos posibles resultados era no dar ganador. Entonces yo creo que esa sería.

En las Jornadas, ¿qué se puso en las Jornadas? En las Jornadas se propuso, por ejemplo que en el Cofipe se establezca precisamente cuándo dar a conocer el conteo rápido o no.

Yo no apruebo para nada esa, o sea el Cofipe tendría que decir cuando tengan el 95 por ciento de confianza y los errores mayores al tres por ciento. Está de locos eso, no hay una forma de prever cuándo se puede declarar ganador, o sea unos durante la Jornada, cuando cierran la Jornada y está recibiendo, está permanentemente haciendo pruebas de hipótesis y las pruebas de hipótesis son las que le permiten decir ya estoy listo para cantar.

Pero en el caso del IFE, por ejemplo que hizo tres métodos distintos de estimación hubiera tenido que decir: Qué pasa si dos métodos sí y uno no, y dos con cierta certeza. No, es imposible. Yo creo que no se debe establecer en el Cofipe.

Otra propuesta fue mejorar la difusión, mejorar los mecanismos de difusión, completamente de acuerdo mejorar mecanismos de difusión.

Y la tercera suprimirlo y eso es algo que tendrían que pensar, si se suprime o no que el Instituto Federal Electoral haga conteos rápidos.

En mi opinión personal el IFE sí debe seguir realizando conteos rápidos, sí debe hacerlo, aunque desde el principio no debe establecer la obligación de difundirlos; es decir, no debe amarrarse y decir: Ese día voy a sacar el conteo rápido.

Debe hacer un conteo rápido. Al Instituto Federal le da mucha confianza ver sus conteos rápidos, sí la elección viene complicada o no viene complicada; lo prepara el tipo de anuncios que va tener que hacer; lo prepara para el tipo de conflictos que se pueden venir. La información te da muchas cosas.

Yo creo que el Instituto Federal debería seguir haciendo conteos rápidos, tendría que tomar la decisión; esa es una decisión interna, si lo sigue haciendo con recursos propios o los contrata, pero esa es la misma decisión que tendrían que pensarlo desde aquí, pero sobre todo no tendrían que amarrarse a difundir.

Y por último, el PREP, que es ahí, a lo mejor es más fuerte mi propuesta, la que quiero hacer. En este caso nuevamente considero que existe una desviación en los objetivos.

El PREP nace, en mi visión ¿por qué nace el PREP?

El PREP nace como respuesta a un natural y justificado reclamo por mayor transparencia en las elecciones. Nace como un instrumento de transparencia, no como un instrumento de generación de resultados, de transparencia.

¿A qué me refiero?

Con el PREP se pretendía que cualquier ciudadano fuera a su casilla, viera al final de la jornada, en la cartulina viera los resultados y luego se fuera el IFE y viera que ese resultado que él había visto en su casilla fuera exactamente el que está en el IFE. Ah, ahí está mi casilla, no la cambiaron, no la robaron, no pasó nada.

Y que al día siguiente, si quiere volver a revisar, siguen los datos igualitos. Y era un instrumento de transparencia electoral, y hasta allí todo pintaba bonito; qué bonito instrumento y además con la tecnología, donde el Internet y las comunicaciones cada vez llegaban más rápido las casillas y cada vez se podían ver más.

Pero algún genio, afortunadamente hoy olvidado, se le ocurrió algo tan sencillo que hoy nos tiene metidos en un problema. Y se le ocurrió y dijo: vamos a hacer la suma.

Y en el momento en que sólo se hizo eso, sumar, perdió el sentido el PREP, porque estoy seguro que nadie de ustedes checó su casilla. Todo mundo en los PREP’s está checando la suma de cómo va y entonces van viendo cómo va la elección, como si elección fuera desarrollándose todavía.

Y entonces va el 3 por ciento de avance y va arriba tal partido por 12 puntos. Eso no es el PREP; para eso no era el PREP.

Pero en el momento en que esa suma apareció, perdió el sentido de transparencia y ya nadie revisa su casilla, ya no tiene sentido el PREP como se está haciendo.

Hoy el PREP como se está haciendo, desde ese momento se convirtió así, y lo voy a decir tal cual, para mí en el mecanismo más engañoso, peligroso y mentiroso para generar un resultado.

Tengo documentados cientos de casos en donde el ganador cambia después del 70 por ciento de avance y decenas de casos en donde el ganador cambia después del 90 por ciento de avance.

Y aún así vemos a los candidatos y partidos declarándose ganador con el cinco por ciento, con el dos por ciento, con el 15 por ciento, sabiendo que ese mecanismo no sirve para declarar ganador, sabiéndolo.

Y de repente en las noticias la nota de los medios ese día es eso: Es que con el 12 por ciento del PREP va arriba tal candidato. O sea, no tiene sentido, para eso no era el PREP.

Además, mi actividad y mi cercanía con las campañas políticas me ha llevado a escuchar estrategias partidistas que contemplan operativos especiales, para asegurar que las casillas favorables lleguen rápido al PREP y que las casillas desfavorables se detengan los más posible.

Recientemente tuvimos un caso en Yucatán. En Yucatán el PREP avanzó muy lento, porque había estrategias partidistas en donde, por un lado, un partido si iba perdiendo en esa casilla “que vuelvan a contar, que vuelvan a contar”. ¿Por qué? Que esa acta no salga para que no llegue rápido al PREP; pero por el otro lado el otro partido también hizo lo mismo y entonces no llegaba ninguna casilla al PREP.

Y entonces lo que tenía que haber sido un instrumento de transparencia, lo que tenía que haber ayudado era perjudicial. Terminaron acusando a la autoridad de fraude. De hecho, aquel instrumento de transparencia, hoy quiere ser utilizado como instrumento de fraude; se acusa de fraude con el PREP.

En 2006, el PREP, si asumo alguna falla del PREP en el 2006, es una falla de comunicación, no es una falla de funcionamiento; el PREP no es prueba de fraude; no hay una evidencia de que el PREP defraude. Hay un problema de comunicación y sí, es un problema que se ha aceptado, de comunicación y que tiene que ver con el porcentaje de avance, que se reportó que 98 por ciento, pero los partidos habían dicho que no, que se retiraran algunas; pues bueno, a la mejor tenía que haber dicho solamente que el avance era 89 y no 98, pero fuera de eso, el PREP funcionó como PREP. El PREP no es para generar resultados electorales.

¿Qué se dijo en las jornadas sobre el PREP? Primero, hubo una propuesta extraña, de que para que el PREP tuviera menos errores, que antes se realizara la acción de corregir las actas, antes de mandarlas al PREP, lo cual haría un PREP lentísimo; o sea, no tiene sentido.

O había otra propuesta: Precisar antes los mecanismos con los que se va a difundir, quién lo va a hacer, a qué hora y con qué porcentaje de avance. Me parece adecuado; hay que hacerlo.

Transparentar el funcionamiento del PREP, también. Todo lo que sea transparencia, pues para eso es el PREP, para transparencia. Desaparecerlo. Se me hace extrema; es una situación extrema, no hay que desaparecer el PREP. Y otra, que también es absurda, fusionar el PREP con los cómputos distritales. Esto ya no tiene sentido, pues si vas a fusionar el PREP con los cómputos distritales, pues ya los cómputos distritales ya es el resultado definitivo del cómputo.

Si se trata de hacer propuestas y aun sabiendo que a estas alturas sería un golpe para quienes ya lo usan como mecanismo de generación de resultados, propongo que se recupere el objetivo original, que se le vea como instrumento de transparencia y no se le exija a la autoridad sumar los datos de las casillas.

Yo sé que en este momento alguien va a gritar: ¿Cómo? ¿Y no voy a saber cómo va la elección? De eso no se trata; o sea, este no es un mecanismo para saber cómo va la elección; que en todo caso, que cuando termine el PREP ya me digan cuánto sumó, con el 96, 97, pero el comportamiento del PREP no tiene nada que ver con el comportamiento de la elección.

El comportamiento del PREP está dado por la lejanía o cercanía de las casillas a los centros de acopio del PREP; está dado por la capacidad, la escolaridad del ciudadano que cuenta, entonces son más rápidas donde tienen más escolaridad y saben usar calculadoras; están dados por muchas cosas y no tiene nada que ver con la elección misma.

Entonces, recuperen, quítenle la suma, y que la acción de la suma se haga solamente al final del PREP, cuando se hayan acumulado prácticamente la totalidad de las actas.

Esta propuesta la hice en la Jornada en Aguascalientes. Cuando se hizo en Aguascalientes la hice; bueno, en la pasada elección del cinco de agosto, hubo tres estados que tuvieron elección, Oaxaca, Aguascalientes y Baja California.

En dos de esas entidades, ya aplicaron esto. En Aguascalientes y en Baja California nunca se sumaba el total estatal de los votos; tenía una solución intermedia: no ponían el voto por casilla nada más, sino sumaban el distrito y sumaban el municipio, pero nunca tenían el voto total estatal, de manera que el PREP nunca daba cómo iba la elección de gobernador acumulada, hasta que ya iba a terminar el PREP.

Y eso no generó ningún problema; o sea, nadie se quejó de que el PREP estaba mal por eso. Según yo, eso es lo correcto; no generar las sumas, para evitar la distorsión que se le ha dado al PREP.

Por último, quiero recordar, ya terminando los temas y ya despidiéndome, quiero recordar que la sociedad, para seguir viviendo, disfrutando y confiando en la democracia; ni modo, la democracia es en lo que creemos. Necesitamos un gran árbitro, un mediador de conflictos, dotado de instrumentos para organizar elecciones, para castigar jugadas ilegales, para comunicarse con la población y para generar resultados.

Cada una de estas etapas las debemos regatear nada. Así como tenemos el derecho a exigirle cuentas de su actuación, tenemos también la obligación de dotarlo de elementos para que su trabajo sea mejor en cada elección.

Hay que mejorar las leyes, para que el IFE pueda hacer mejor su trabajo. No estoy hablando solamente de recursos; las leyes le deben dar mayores facultades y mayores facilidades al IFE.

Por lo pronto, no le regateemos apoyos, ni nos callemos las críticas; creo que tanto unos como otros le son indispensables.

Gracias.

-Consejero Electoral Arturo Sánchez: Muchas gracias, Roy. Y además muchas gracias por la exquisita puntualidad de haber agotado exactamente los 30 minutos que te correspondían.

Resulta de repente cómo en un momento uno se vuelve a trasladar a aquellos días de finales de junio, principio de julio y donde todos estos temas que nos recuerda Roy estaban ahí, y que nos generaron seguramente muchas lecciones, en donde certeza, comunicación, publicar o no publicar callar o no callar, decidir cosas eran fundamentales.

Creo que Roy nos hizo un gran favor de colocarnos en, justamente, el ojo del huracán que se vivió en el 2006, con todas estas peculiaridades que en ese momento parecía una tormenta de dimensiones incontenibles, pero que finalmente fueron transitando en sus propios méritos.

Empezando entonces con Roy, y con esta gran exposición ahora toca darle la bienvenida a Fernando Pliego, agradecemos mucho quienes conocemos a Fernando y hemos leído sus textos podemos esperarnos una gran cantidad de ideas en su ponencia.

Él es doctor en Ciencia Social, con especialidad en Sociología de nuestro querido Colegio de México. Desde 1991 además es investigador de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, y además es profesor del programa de Postgrado en Ciencias Políticas y Sociales en la UNAM, donde también es miembro del Comité Académico.

Su obra es ya conocida, ha publicado diversos libros entre los que destacan “Hacia una sociología de los desastres urbanos”, “Participación comunitaria y cambio social” y “Panorama de las organizaciones no gubernamentales en la ciudad de México”.

Bienvenido, Fernando.

Por favor.

-Dr. Fernando Pliego: Muchas gracias.

Buenas tardes. Muchas gracias al Instituto Federal Electoral, por esta amable invitación.

Voy a ir comentando los distintos apartados que tienen las propuestas de modificación que se elaboraron, para en función de eso se considere los puntos de vista que tengo y reforzar o ver posibilidades de cambio de dichas propuestas.

Empiezo por el conteo rápido. La primera propuesta dice: establecer claramente en el Cofipe en qué casos se publicaron los resultados del conteo rápido.

Todo lo relacionado con el conteo rápido. Yo pienso que se deberían de quitar absolutamente las restricciones de publicación de resultados. Pero tomaría la propuesta de Roy para dialogar con quien me precedió. Sólo hay dos resultados posibles: ganó o no ganó.

Si no ganó, yo lo que recomiendo es que se presenten los rangos de los resultados, o sea no el punto intermedio, sino como lo hicieron el conteo rápido del IFE. Entonces, según el modelo clásico valleciano y robusto los rangos fueron de tanto a tanto, y por lo tanto se cruza.

Y entonces, decirle a la población no hay ganador porque el resultado puede estar en este rango, y como se cruza con el otro puede ganar uno u otro. De tal manera que hay transparencia en información clarísima, pero hay clarísima información de que el resultado puede estar en ese rango. Ese es un asunto.

Entonces la propuesta de establecer claramente en el Cofipe, que en cualquier caso se publicarán los resultados. No, que siempre se publiquen.

Y el tercero, suprimir el conteo rápido, pues no es definitivo, requiere de muchos recursos y en algunos casos puede generar confusión entre la población, no, yo creo que juntando la propuesta de Roy con la acotación mía creo que nos iríamos al asunto.

Entonces, ya diríamos 35 contra 36 por ciento, simplemente hay esta variación, y por eso se cruzan los resultados. Eso abonaría a favor de la transparencia.

Ahora, por qué… Esa sería mi primera propuesta. Quitar las limitaciones y los medios de comunicación.

Segundo, en relación con el PREP. La cuestión central, yo venía pensando varios asuntos sobre esto, pero la propuesta de error me parece bastante interesante, y dando los resultados, por ejemplo, a nivel de distrito o de estado, no sé, Roy, para tampoco ver un chorizote de 300 distritos. Y al final dar el global. Eso ayudaría mucho.

Ahora bien, el problema del PREP es que tiene una cantidad muy grande de errores las actas que llegan. Hay errores en alrededor del 60 por ciento de las actas de casillas, pero con la aclaración que he sostenido varias veces que los errores se distribuyen de manera simétrica, no benefician ni perjudican a ninguno, sino de manera parecida.

¿Entonces, dónde está el problema? ¿Es un problema de capacitación? Posiblemente, yo creo que hay un problema de diseño de las actas, hay ciertos elementos, nada más ustedes piensen a la hora de abrir las casillas, pasarse 10 horas recibiendo votos, a las seis de la tarde local cerrar, contar las actas, los votos, pues sí se hacen montoncitos, pero imagínense lo que es abrir la lista nominal y ponerse a contar cada cuadrito donde hay un sello, es terrible, algo se tiene que hacer por ese lado.

Y mucho de las actas que corrigió el Tribunal con su recuento se solucionaron recontando la lista nominal, ahí muchos de los errores se resolvieron volviendo a revisar la lista nominal, o sea no coincidía el dato reportado en las actas frecuentemente, con los sellos. Algo se tiene que hacer por ese lado.

Dice también la propuesta aclarar los conceptos del acta, no nada más en lista nominal, sino también votos nulos y boletas inutilizadas. Ahí parece que hay una enorme confusión, son elementos que se tendrían que resolver.

El rediseño de las actas y el rediseño, y la idea de la lista nominal, ¿cómo resolver ese asunto?

¿Ahora, qué le recomiendo al IFE? No sé si ya lo haya hecho, que hiciera una especie de encuesta a los, de ese aspecto del llenado de las actas a los funcionarios de casilla y en base a esa información poder generar propuestas de llenado de nuevas actas y hacer ejercicios con el público, con esos mismos funcionarios seleccionados cómo los ven, yo creo que ese sería un aspecto muy importante.

Sin embargo, pese a lo que digo, hay que resaltarlo de manera clara. La información tanto que se genera a través del PREP, como después del cómputo distrital, tiene un alto nivel de certeza, eso hay que resaltarlo.

Se estuvo manejando varias veces en algunos medios que el margen de error suele ser, en países desarrollados, muy alto, del dos por ciento, etcétera y, una de las propuestas va orientada en que cuando los márgenes sean estrechos entonces hay que recontarlo. Y eso se ha estado diciendo una y otra vez y, como el margen era .67 por ciento, aunque después bajó un poco habría que recontar, esa es una propuesta central, no.

Sobre esto hay que decir claramente que no hay bases para decir que pese a los errores los votos no se hayan contado de manera suficientemente exacta, hay suficiente certeza, por lo siguiente.

En primer lugar cuando en el cómputo distrital se reabrieron dos mil 800 casillas aproximadamente, dos mil 864 y se volvieron a recontar los votos en esas casillas, todos perdieron votos, pero la distancia que cambió entre el primero y el segundo lugar sólo fue de alrededor de mil votos.

Si ustedes sacan el promedio quiere decir que el margen de error estuvo de alrededor de .52 votos por casilla recontada, medio voto por casilla recontada, ese fue el promedio de error en esas dos mil 800.

Cuando el Tribunal mandó recontar las casillas, finalmente se recontaron 11 mil 718, y fíjense de esas 11 mil 718, el 86 por ciento eran casillas donde ganaba Felipe Calderón, o sea 10 mil 138, el 10 por ciento ganaba Madrazo mil 200 casillas y tantas; sólo el 2.5 por ciento ganaba López Obrador, 293. O sea, si ustedes quisieran construir un grupo de casillas específicamente pensando que al recontar se va a afectar un candidato porque van a salir los errores, etcétera, pues este es un grupo perfecto de casillas: 86 por ciento ganaba Calderón. ¿Saben cuánto fue la variación promedio de los votos? Bueno, me metí a los 149 expedientes.

Porque por allí un académico de la UNAM se puso a decir en un libro publicado de que el Tribunal nunca sacó los resultados de casilla por casilla, no están en cada expediente; pues los tomé y metí las 11 mil 718 casillas. En primer lugar, eran 100 menos de las que originalmente había pedido.

Bueno, resulta que la variación fue de .4 votos por casilla recontada, pero ahora a favor de López Obrador. Y en el cómputo distrital fue .5 a favor de Calderón.

Es un nivel de acercamiento y de certeza enorme, medio, menos de medio, alrededor de medio voto por casilla recontada. Entonces, el sistema genera certeza, claro que genera certeza, eso hay que decirlo, claro que genera certeza.

Y lo mismo pasó en las casillas recontadas de Chiapas, de Oaxaca, por los casos que seguí, Tabasco y Chiapas, perdón. Siempre la modificación de votos es muy pequeña.

El sistema sí genera certeza. Entonces lo que hay que buscar es quitarle los elementos que obstaculizan o nublan la certeza objetiva que sí sucede y entonces eso es: Manéjense los resultados abiertamente de los conteos rápidos.

Modifíquese, sí, las actas de casilla, para que sean más simples para el ciudadano llenarlas.

Y, tercero, de todas las propuestas que meten, introdúzcase sistemas informáticos para detectar errores.

En el libro último de López Obrador señala que hay una cantidad muy grande, dice, de casillas donde votaron más ciudadanos que lista nominal. Y entonces pone un ejemplo, y entonces dice uno: Caray, cuántas serán. Ha de ser una cantidad bárbara de casillas, pues me metí, me regresé a mis 149 expedientes, a las 130 mil 477 casillas y resulta que nada más son 111, sólo 111 casillas, y en el libro está presentando como un argumento para imputar responsabilidad al Tribunal y a la certeza. Son 111 casillas, o sea, de por sí ya no importa.

Pero no debería de haber ni 111 casillas, es lo que quiero decir, y nadie las detectó y nadie pidió recuento y nadie las impugnó. Bueno, y de esas 111 en 44 ganaba Felipe, en 34 Roberto Madrazo y en 30 Andrés Manuel López Obrador; o sea que también se la llevaron por allí.

Entonces, yo les recomiendo un sistema informático para detectar errores, estos. De tal manera que en el cómputo distrital salte el asunto.

O sea, ustedes sí deben de distribuir, desde luego, la base de datos en bruto, como lo hicieron, ¿verdad? Pero para esto sí se necesitan meter procedimientos informáticos y saldría, o sea, al momento de meter el dato aparece que no cuadra, que no cuadra.

Entonces, por favor, revísese ésa. Entonces, esas 111 casillas son importantes, es importante que no se eviten que sucedan y para eso se requieren sistemas informáticos.

Ya después, en cuanto a los cómputos distritales, los autores, las propuestas algunas ya las retomé y nada más platicaría lo siguiente:

Establecer recesos entre el cómputo de una elección y otra, con el propósito de que los miembros de los consejos distritales dispongan de un tiempo mínimo para descansar, etc. Esto pareciere razonabilísimo

Miren, cuando uno ha estado en asambleas del tipo que sea y hasta en los cursos de doctorado, que se supone que uno allí estaba más joven y lúcido, una clase y después de tres horas ya empieza uno a alucinar al profesor.

Algo se tiene que hacer, no puede estar la gente así metida. Entonces, estas 111 casillas a lo mejor una buena parte de ésas por eso salieron.

Hay que meter un sistema allí de descanso. Ésta parece muy razonable, esta propuesta.

Está la propuesta de avances tecnológicos. Dice: “Precisar o definir la causas por las que se puede elaborar nuevamente el escrutinio y cómputo de casillas en el Consejo Distrital, para evitar problemas de interpretación”.

Sí hay que precisarlas más claramente, ayudados por un sistema informático, pero en este sentido sí hay que ser claros. El argumento no es la cercanía entre el primero y el segundo lugar; yo no comparto esa idea, porque la base estructura del sistema del ejercicio de la soberanía popular, es lo que sucede en la casilla; es en la casilla donde se emite el voto y donde se registra.

Y la cercanía de los resultados cuando no hay causa justificada de problemas de inconsistencia en sus datos, no es motivo, para mí, de que se abra la casilla. Si la casilla está firmada por los partidos políticos, habría que decir dos o tres; si además los resultados son consistentes, no hay razón para abrirla. En cambio, si hay inconsistencias importantes y nada más estuvo un partido político, por ejemplo, ah, entonces, podría ser de este motivo; entonces, eso hay que cuidar mucho.

En fin, yo creo que todo el sistema; el sistema en el año 2006 mostró un altísimo nivel de certeza. Lo que mostró el cómputo distrital y el recuento ordenado por el Tribunal, es que los márgenes de error en el registro de votos es alrededor de medio voto por casilla. A veces se mueve hacia un candidato y a veces se mueve para el otro.

Entonces, lo que le recomiendo al Instituto Federal Electoral y a las propuestas de reforma, es que se abunde en los mecanismos para que los elementos secundarios, como son procesos de información, registro de errores, llenado de actas, favorezcan ese trabajo previo.

Y Roy ya presentó alguno muy interesante, yo no lo conocía, dar resultados al final; el otro es ser transparente con todos los resultados, sean los que sean, pero manejando rangos. Si hay ganador seguro, pues no se necesita manejar rangos; si no hay candidato ganador seguro, manéjese rango; entren los sistemas informáticos, para detectar errores desde el principio y se resuelvan en el cómputo distrital, y simplifíquese el llenado de las actas de casilla.

Muchas gracias.

-Consejero Electoral Arturo Sánchez: Muchas gracias, Fernando.

Déjenme comentarles que no mencioné al principio que Fernando acaba de publicar un libro denominado Los Mitos del Fraude, en donde muestra una serie de análisis que, como nos ha mostrado ahorita, están respaldados por una serie de estudios y análisis que contaron, revisaron, se metieron a nuestras bases de datos, y generan las opiniones que él externó actualmente.

Qué importante, van dos presentaciones y la palabra transparencia ha estado presente, y un elemento interesante ahorita es la importancia de aquellos procedimientos electorales que fuimos construyendo y perfeccionando, después del 2006 tienen que volverse a revisar, para lograr justamente esa certeza y esa transparencia que hoy se reclama, de una manera muy insistente.

Pero bien; demos ahora la bienvenida a un gran amigo del IFE, Rubén Hernández Cid. Nos ha acompañado con su trabajo y su experiencia en ya varias elecciones. Además de ser actuario por la UNAM, es doctor en matemáticas aplicadas en ciencias sociales, por la Universidad Brenavous, Francia, ¿se pronuncia así?

Es profesor de tiempo completo del Departamento Académico de Estadística del ITAM; ha orientado sus investigaciones fundamentalmente en las áreas de análisis multivariado, muestreo y estadístico en las ciencias sociales.

Con su experiencia, ha sido profesor invitado en varias instituciones, entre las que destacan El Colegio de México, Glaxo México, El Colegio de la Frontera Norte, en su sede de Tijuana; el Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas de la UNAM, y en la Universidad Carlos III de Madrid.

Para mí me es más significativo comentar que ha sido miembro de los consejos técnicos asesores del padrón federal electoral, entre los años de 1994 y 2003, y adicionalmente ha sido miembro de los consejos técnicos asesores del conteo rápido del IFE en las elecciones presidenciales del 2000 y del 2006.

Estoy seguro que esos aportes nos enriquecerán esta tarde.

Por favor, Rubén.

-Sr. Rubén Hernández: Muchas gracias.

Bueno, gracias por lo de amigo del IFE. Me da mucho gusto que sea recíproco, y me da más gusto participar con colegas tan distinguidos, de manera especial hoy seguí por Internet las presentaciones de esta mañana, que fueron sinceramente muy generosas en todas las palabras que ahí se vertieron.

Hace 14 años estábamos precisamente, día por día, en la primera elección presidencial que el IFE habría de organizar. Por razones que todos ustedes recordarán, aquel día 21 de agosto del 94, por las razones que ustedes recordarán, se movió.

Quiero remitirme en este momento a esa fecha que me parece muy importante, y sobre todo, que tiene relevancia el balance que nosotros estamos tratando de hacer acá.

Mi participación la voy a centrar de manera muy particular al conteo rápido. He analizado los otros dos aspectos, las encuestas y el PREP. Sin embargo, me considero neófito en los otros dos aspectos que no son el conteo rápido, con todo y que evidentemente los he seguido, con todo y que evidentemente tengo una muy precisa idea de su calidad.

Voy entonces a dar lectura a un documento. En algún momento le pediré a José Luis que nos haga favor de algunas muy selectas láminas que creo que pueden ayudar.

Y voy a ser, tal vez, demasiado técnico en algunos puntos, porque, como les mencionaba hace unos instantes suelo escuchar las reuniones de Consejo General a través de internet, y en ocasiones realmente me pierdo porque hay muchas cuestiones de tipo técnico que los señores consejeros y consejeras del Consejo General saben muy bien de qué están hablando y uno por allá no tiene ni la menor idea de qué está sucediendo.

Por esa razón, si acaso alguien nos escucha por internet en algún otro lugar de la galaxia, voy a tratar de ser lo más claro posible.

Bien, el Instituto Federal Electoral, el IFE, tiene como mandato constitucional la organización de las elecciones federales bajo los principios rectores de certeza, legalidad, independencia e imparcialidad, y se rige para la consecución de tales objetivos por el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, nuestro Cofipe.

Este instrumento, desde su primera versión de 1990 ha sido reformado en varias ocasiones para la mejor consecución de sus fines.

En el contexto de las Jornadas de Reflexión y Análisis para la Modernización y Reformas Electorales, organizadas recientemente por el propio IFE, se han recogido un número importante de propuestas que conciernen a prácticamente todas las tareas del propio Instituto.

En este trabajo presento una reflexión acerca de las propuestas recabadas en dicho evento, y que están relacionadas principalmente con el conteo rápido y algunas otras del PREP.

La organización de esta charla es la siguiente, en la primera parte comentaré, de manera muy breve, los aspectos legales que fundamentan tanto el PREP como el conteo rápido.

En la segunda expondré un breve recuento histórico de los conteos rápidos del IFE desde 1994. Esto me parece necesario, porque creo yo que en un escenario como el que estamos preparándonos es importantísimo ver la historia.

Desafortunadamente, y uno tiende a pensar así, la memoria es muy corta, y sólo nos vamos a referir, y ese es mi temor, cuando hablemos de PREP, cuando hablemos de conteo rápido, sólo sobre lo que ha sucedido tal vez en el 2006. Esta historia es más larga.

En la tercera parte comentaré algunas de las propuestas recogidas en esta base de datos que se ha construido con estas jornadas de reflexión.

Y al final incluiré algunas consideraciones y recomendaciones como consecuencia, por supuesto, de los argumentos que haya vertido hasta ese punto.

Primera parte, el PREP y el conteo rápido en el Cofipe. El Cofipe en su libro quinto, título cuarto de los actos posteriores a la elección de los resultados electorales describe minuciosamente la manera en que deben llevarse a cabo los cómputos de los votos emitidos para cada tipo de elección: Presidente, senadores y diputados.

Tanto en la casilla esa misma noche de la jornada electoral, como en cada distrito el miércoles siguiente, a partir del miércoles siguiente. Comento de manera especial que ahí se señala como una obligación el fijar, se abren comillas, “avisos en lugar visible del exterior con los resultados de cada un de las elecciones”, fin de cita.

En el artículo 236 se refiere a cada casilla, y en el 244 para mejor conocimiento de los ciudadanos a las de las elecciones de cada distrito.

Por otra parte, tomando en cuenta que los cómputos distritales se inician el miércoles siguiente al día de la jornada electoral, resulta que al menos por lo que explícitamente se establece en el Cofipe, la ciudadanía no está en posibilidad de conocer algún tipo de resultados de las elecciones en agregados mayores que los de distrito durante al menos dos días. Y esto es importante, porque una de las maneras que yo creo que es también relevante hacer este análisis de sí conteos, sí PREP, es ¿qué pasaría si no los tuviésemos?

Un mínimo análisis contractual nos daría muchos elementos en el sentido de lo que nos decía el doctor Pliego, es decir vale más, por supuesto con todo y lo que veremos, como los riesgos.

El propio Cofipe prevé, sin embargo, que el IFE pueda generar y difundir algunos resultados antes de que puedan ser considerados definitivos. Es decir, el IFE puede proveer de manera más oportuna algún tipo de información valiosa, pero de tipo preliminar.

En efecto, en su Artículo 89, inciso L del párrafo uno, se señala que es atribución del Secretario Ejecutivo del IFE, cita: establecer un mecanismo para la difusión inmediata en el Consejo General, de los resultados preliminares de las elecciones de diputados, senadores y presidente. Para este efecto se dispondrá de un sistema de informática para recabar los resultados preliminares, subrayo.

En este caso se podrán transmitir los resultados en forma previa al procedimiento establecido en los incisos a) y b) del párrafo uno, del artículo 243 de este Código.

Al sistema que se establezca tendrán acceso, en forma permanente, los consejeros y representantes de los partidos políticos acreditados ante el Consejo General.

Aquí está el aspecto de la transparencia que se nos mencionaba hace un rato, además de esa certeza que pretendemos alcanzar en un cierto tiempo, que no puede ser esa misma noche, el IFE ha pensado, y para un externo como yo, parece extraño que esté por ahí escondido en un recoveco de un artículo por ahí, la posibilidad tan importante del PREP, ahí está esa parte que el IFE sale adelante y dice aquí está la transparencia, ciudadano aquí estás tú, aquí está tu registro de tu casilla.

Con esta posibilidad, al tiempo que los ciudadanos mexicanos deben esperar para tener idea, así sea vaga de los resultados de sus elecciones, se reduce notablemente con todo y los grandes avances de la informática y debido a la complejidad de la geografía electoral mexicana, así como a la simultaneidad de las elecciones, hasta ahora el PREP no ha podido ofrecer resultados robustos en la misma noche de cada jornada electoral.

No sé si va a tardar mucho, sí sé que se va a reducir, pero esperemos que sea muy pronto que se reduzca muy significativamente todavía más estas situaciones de particular relevancia en la contienda electoral por la Presidencia de la República.

Los electores requieren de resultados en plazos aún más cortos, como consecuencia y en un hecho que es común a cualquier democracia electoral, algunas organizaciones ciudadanas nacionales o internacionales, los propios partidos electorales y de manera preponderante los medios de comunicación más poderosos realizan o contratan ejercicios estadísticos, las llamadas encuestas de salida o a pie de urna, con objeto de anunciar sus conclusiones en el primer instante en que esto sea posible.

De esta manera en sociedad, en ese tipo de sociedades es una práctica normal que el vencedor de una contienda electoral, especialmente en el caso, insisto, de la Presidencia, sea anunciado por este tipo de organizaciones. El papel que suelen tener las instancias responsables de las elecciones en ese tipo de sociedades, es el confirmar y oficializar los totales de votos obtenidos por cada partido.

Como claramente lo muestra nuestra experiencia, esta práctica no es, al menos en nuestro país, tan simple como podría esperarse, ya que una parte importante de nuestra sociedad no ha terminado por aceptar plenamente las características y cualidades de estos trabajos.

Las razones de este rechazo son muy variadas, pero se pueden, para el ejercicio de algo didáctico, clasificar en dos tipos:

En el primero yo englobaría aquellas que están relacionadas con los aspectos técnicos, propios de los métodos estadísticos empleados.

Y en el segundo método encontraríamos aquellas que se ligan con los intereses políticos de una elección, de eso estamos hablando.

Para el primer caso es pertinente recordar, es decir aquellas que estarían ligadas con los problemas estadísticos, para el primer caso es pertinente recordar que cualquier ejercicio estadístico comporta una probabilidad, así sea muy pequeña pero existe, de cometer un error. Esto significa que no es imposible que un ejercicio de este estilo, una encuesta de salida pueda llevar a una conclusión errónea.

Existen experiencias muy conocidas en este sentido, muy conocidas y no muy lejanas; sin embargo debe insistir tanto en el hecho de que la probabilidad de incurrir en este tipo de errores es muy pequeña y, sobre todo, puede ser acotada esta probabilidad tomando una serie de precauciones adicionales.

Si se tiene conciencia de este hecho y se logran buenos acuerdos para respetar las reglas pactadas, dicha probabilidad puede ser llevada hasta extremos totalmente aceptables.

En lo que concierne al segundo grupo de razones, las que no eran técnicas, se puede tratar de estrategias que históricamente han empleado no pocos agentes políticos que requieren y prefieren contar con tiempos sin información oficial así sea preliminar, para poder operar de alguna forma antes de la publicación de resultados oficiales.

En estas circunstancias se ha previsto en el Cofipe mismo que como una manera de prevenir la ocurrencia de periodos demasiado largos sin información oficial o que aún el PREP, por ejemplo, no se estabilicen sus tendencias, la factibilidad de que el propio IFE realice otro tipo de estudios estadísticos para que en un plazo aún más breve que el requerido por el PREP se puedan anunciar resultados preliminares.

En efecto, en su artículo 83, que se refiere a las atribuciones del Presidente del Consejo General del IFE y otra vez no escondido, pero no está, no tiene su libro, no tiene su espacio propio, se establece en el inciso k), de muchos, “ordenar, previo acuerdo del Consejo General, la realización de estudios o procedimientos pertinentes, a fin de conocer las tendencias electorales el día de la Jornada Electoral. Los resultados de dichos estudios sólo podrán ser difundidos cuando así lo autorice el Consejo General”, fin de cita.

Los conteos rápidos representan así una alternativa técnica para que el IFE pueda hacer una referencia en periodos donde los cómputos definitivos apenas estén siendo calculados.

Un conteo rápido será de mayor utilidad cuanto más rápidamente puedan anunciarse sus conclusiones y, por supuesto, cuanto mejor sean sus propiedades estadísticas.

Aquí sí yo voy a discrepar, por supuesto, con mi amigo Roy: Al IFE sí le interesa que la muestra sea grande. El IFE no quiere hacer proezas estadísticas con una muestra pequeña. Si el IFE pudiese hacer todas las casillas en un conteo rápido sería mejor.

Aquí no estamos para presumir que con poca muestra hacemos grandes proezas. Si se puede incluir evidentemente de manera estadística apropiada, eso es mejor.

En este último rubro es fundamental contar con una muestra apropiada en tamaño y cobertura geográfica y métodos de estimación eficientes.

Se espera, en cuanto al anuncio de resultados, que sea hecho lo más temprano posible durante el curso de la noche de la elección. Y si yo mencionaba esto es tal vez porque partimos de que un ejercicio de este tipo, conteo rápido que hace el IFE, no debe tener los mismos objetivos que hace una compañía privada que sigue otros fines.

Muy loables, muy honestos, pero son otros nuestros objetivos dentro del IFE y dentro de una compañía.

Y quisiera pedirle a José Luis, por favor, si nos muestra la primera lámina, que espero que más o menos ilustre la idea.

El IFE está en un triángulo medio perverso, ¿verdad?, donde las puntas serían la total certeza, la total oportunidad y la total transparencia.

Los instrumentos generadores de resultados electorales deberían tener todas las categorías. No es por ahora al menos posible; quisiéramos que lo fuera. Ayudémosle entonces; arriba la certeza.

Están muy bien establecidos los conteos de casillas, conteos distritales. En la oportunidad podríamos hablar precisamente del PREP con algunos detalles que ya se hayan mencionado.

Y tercer vértice, ¿verdad?, que sería, perdón, la transparencia del PREP y la oportunidad sería los conteos rápidos, que cada uno de ellos tienen sus ventajas y sus desventajas.

Bien. Segunda parte y espero no cometer una indelicadeza, voy rápido.

Dos. Los conteos rápidos en el IFE, esta es la parte histórica, yo diría vivencial que nos ha tocado vivir.

Un conteo rápido tiene como base una muestra aleatoria de unidades electorales con resultados obtenidos al final de la Jornada Electoral.

De esta forma, este tipo de estudios evita los posibles errores por información falsa de parte de los ciudadanos, hecho que sí se presenta en las encuestas de salida.

Recuerdan ustedes que las de salida, ¿verdad?, le preguntan al ciudadano que replique su voto. Puede o no mentir. Los conteos rápidos parten de actas.

El principal reto de los conteos rápidos es que sólo pueden ser realizados una vez que en cada casilla seleccionada sea concluido el cómputo de los votos de elección.

Como ya se ha mencionado, es una obligación que una vez concluidos los cómputos de cada una de las elecciones se hagan públicos los resultados. Este proceso, sin embargo, puede tomar algunas horas después de cerrada la casilla, ya que es necesario realizar los cómputos de cada elección: presidente, senador, diputado.

Es decir, hay que esperar; aun cuando ya se hay hecho la suma normalmente hay que esperar a un ciudadano para que vea su sábana fuera de su casilla, a que se hagan los otros cómputos. En el caso de la elección para Presidente se realizan también la de senadores y de diputados.

De esta forma, los conteos rápidos pueden resultar valiosos en los casos en que, por alguna razón, una muy cerrada competencia, por ejemplo, las encuestas de salida no permitan dar conclusiones claras.

En 1994, hace exactamente 14 años, decía yo, el IFE organizó por primera vez una elección para presidente en un clima, digamos, para variar, como decimos coloquialmente, en un clima de inquietud derivado, por diversos reclamos, tanto de partidos como de organizaciones ciudadanas.

En aquel momento, uno de los puntos clave de la desconfianza era el Padrón Federal Electoral. Con el objeto de dar certidumbre al respecto, se creó un comité ciudadano; subrayo esto, ciudadano. Este comité no era elegido de otra manera, más que por la especialización que tenían sus integrantes. Un comité ciudadano de académicos, para que supervisara una auditoría legal e informática de dicho instrumento electoral.

Posteriormente, ese comité recibió otros encargos derivados de otras dudas planteadas por los ciudadanos. Una de las tareas adicionales que debió realizar, consistió en coordinar un conteo rápido que ejecutaron tres compañías privadas especialistas en investigación estadística.

Bajo la tutela de tal comité, se convino con las autoridades del Instituto y los representantes de los partidos, el funcionamiento del estudio. El margen amplio que, finalmente se obtuvieron de cada una de las fuerzas, hizo que ese resultado no fuera necesario leerlo; es decir, se anunció evidentemente las compañías que hicieron de manera privada; anunciaron a las ocho, fueron tan grandes los márgenes, que no hubo necesidad que el propio IFE saliera, y eso es lo relevante; no necesariamente tenemos que esperarnos al conteo rápido del IFE, porque hay otras personas, otras instancias privadas que lo pueden hacer.

En la elección para presidente del año 2000, saltamos seis años, en medio, una vez más, de un ambiente político crispado, se creó de nuevo un comité con el mandato expreso de coordinar el trabajo de tres compañías privadas.

Dicho comité, diseñó el esquema de estudio y se generó una muestra aleatoria que fue subdividida de manera tal que cada compañía debería realizar un conteo rápido en las secciones que le correspondían.

Por otra parte, era necesario que esas mismas compañías reportaran sus datos; los datos, no solamente los resultados. Sus datos al mismo comité que se había creado, para que ese comité creara una estimación basada en la muestra que se conjugaba con las tres partes.

De esta manera, a las 23 horas de aquel 2 de julio, el Consejero Presidente del IFE anunciaba los resultados de dicho conteo. Evidentemente, una vez más, a esta hora, ya los otros conteos, las encuestas de salida, habían anunciado.

Sin embargo, por primera vez en la historia de México, un conteo rápido, ese conteo rápido; ese conteo rápido del IFE es, por primera vez en la historia, pues, un conteo rápido, es decir, un resultado preliminar, permitía considerar como vencedor a un candidato que, en ese momento, oficialmente, aún no lo era.

Esto lo subrayo, porque no es la primera vez que se hace, por parte del IFE, un conteo rápido. Han existido otras ocasiones; los hemos utilizado prácticamente como la versión que oficializa los resultados que tal vez a esa hora ya se venían anunciando por otras fuentes.

Para las elecciones federales intermedias del 2003, fue creado por tercera ocasión un comité que organizó el conteo rápido, pero con características que conviene subrayar.

Por primera vez, se realizó exclusivamente con personal del propio IFE; ya no más compañías privadas. Esto es, el trabajo de campo, la transmisión de datos y el procesamiento de resultados, se hicieron con personal de la propia institución.

Esto permitió un considerable ahorro de recursos, no sólo económicos, sino sobre todo en tiempo. La razón de esta segunda característica es que ahora fueron los Capacitadores Asistentes Electorales, nuestros héroes CAE’s, quienes transmitieron los resultados necesarios para el conteo en aquel momento en el que se concluían los cómputos y antes de que fueran hechos públicos; es decir, podíamos ganar 30 minutos, podíamos ganar 15, pero antes de que se colocaran las sábanas, los CAE’s reportaban por diversas maneras: el teléfono, el radio y algunas otras.

En aquel caso, el objetivo principal del conteo fue estimar esa noche la composición que debería tener la Cámara de Diputados de la siguiente Legislatura que, por cierto, técnicamente es mucho más complicado y sobre todo por la fórmula demencial que tenemos para la asignación de los diputados por mayoría, por circunscripciones. Los resultados fueron remarcables y el Instituto adquirió una nueva experiencia en este terreno, pues se logró conformar un equipo de trabajo que involucró especialistas en las áreas de estadística, informática y cartografía que permitieron alcanzar una cobertura muestral muy elevada, cuando digo muy elevada más del 90 por ciento, de una muestra grande.

En enero de 2006 se integró un nuevo comité que planeó, coordinó y obtuvo los resultados del conteo rápido de las elecciones presidenciales de aquel año. Se diseñó una muestra de 7,636 casillas electorales, que incluía una sobremuestra en las regiones más occidentales del país, para compensar el efecto de los husos horarios.

En esta ocasión y por petición expresa de los partidos, se extremaron los aspectos de seguridad, y de esta manera, por ejemplo, la localización de las casillas de la muestra se dio a conocer únicamente a partir de 48 horas antes de las elecciones. Esta es toda una proeza de la Dirección Ejecutiva de Organización, que sin la cual habría sido imposible esto.

Esto requirió de un notable esfuerzo de organización, que para el final se alcanzara más del 95 por ciento de las respuestas. Un elemento adicional que distinguió este conteo fue el hecho de que en esta ocasión la información que se reportó se tomó de las hojas de operaciones de cómputo, ni siquiera el acta preparada ya en el momento en que acaba de hacer el cómputo para Presidente.

Antes de pasar a la de senador, antes de pasar a la de diputados. Hacerlo de esta manera y no esperar hasta que fuesen publicados los resultados de estas elecciones al exterior de la casilla dio como resultado un mejor tiempo.

En razón del clima político prevaleciente en aquellas fechas, 2 de julio, y con objeto de que la opinión pública estuviese preparada acerca de cuál sería el mecanismo con el que se anunciarían los resultados, se acordó, y esto es muy importante, y llamo su atención con los propios partidos políticos, el tipo de comunicado que habría de ser leído por el Consejero Presidente.

Se previeron cuatro escenarios posibles, cuyas características generales era: uno, insuficiente información para obtener un resultado estadísticamente válido, pero que se preveía que podría ser mejorado en las horas siguientes.

Dos, insuficiente información, y al no preverse una mejoría en la información se decidía dar por concluido el conteo. Tres, se distinguía un claro ganador dentro de los márgenes de diferencia pactados, y se anunciaba tal vencedor.

Y cuatro, a pesar de contar con información estadística dentro de los estándares de calidad acordados el margen de diferencia entre las estimaciones para los dos candidato con mayores proporciones de votos no era mayor que el mínimo pactado por todos los partidos, y por lo tanto no era posible determinar a esa hora un claro vencedor en ese momento, una de las dos posibilidades que mencionaba Roy, que mencionaba el doctor Pliego.

Los textos que habría de ser leídos por el Consejero Presidente fueron publicados durante varios días en planas enteras en la prensa nacional a fines del mes de junio, y se realizaron numerosas entrevistas en diferentes medios, informando sobre estas posibilidades.

A pesar de estos antecedentes los acontecimientos posteriores impidieron que una buena parte de la población tuviese una mejor lectura de esta experiencia.

En uno de los diarios del país se leía al día siguiente en su editorial principal, que el IFE había informado que, comillas, “el conteo rápido no podía ser divulgado porque la diferencia entre los punteros era muy pequeña”, fin de cita.

Las razones de esta mala o tal vez perversa interpretación pueden ser muchas, pero basta con revisar la prensa de los días anteriores para verificar que lo informado aquella noche corresponde palabra por palabra con lo acordado sólo unos cuantos días antes.

Y esto es de la mayor relevancia cuando un propio diario ha publicado en sus páginas como una inserción del IFE, y que después diga que no corresponde a algo esperable.

Dada la hora, me estoy desbordando. Simplemente quiero decir que analice con mucha calma las propuestas que tocan al conteo rápido, y debo decir que, sin duda, por que es una cuestión que atañe a cuestiones técnicas, y que probablemente las propuestas que se hacen a veces se hacen complicadas, solamente cito una: “un ciudadano dice que sí se deberían permitir que se anuncien los resultados a condición que la diferencia entre el primer y segundo lugar sea de al menos dos puntos”. Me parece muy bien, me parece impecable. El problema es que no conocemos cuánto es el verdadero valor de las operaciones alcanzadas.

Entonces, hablar en esos términos suena muy bien o a este ciudadano le sonaba muy bien y con mucha prudencia lo hace, sin embargo, no es posible.

Quisiera pedir, por favor a José si nos puede pasar la número 19, por favor.

Hay opiniones a favor, opiniones en contra como nos lo mostraba el doctor Pliego, no voy a redundar, no es una falta de atención a las propuestas porque aquí están comentadas muy bien por mis antecesores.

Y yo quisiera, puesto que ya es tarde, simplemente concluir con algunas, buenos deseos.

Aquí lo que ustedes están viendo y para abonar en favor de lo que se mencionaba antes, están ustedes viendo parte del informe, este es el informe que se presentó a las 12:00 del día del 3 de julio, esto no lo presentamos precisamente el día 2 de julio porque esto no se había pactado y, entre otras cosas porque algunos partidos decidieron que no era prudente.

Como ustedes pueden observar y para alguien con un mínimo dominio de las técnicas estadísticas se da cuenta que era realmente casi suicida salir en ese momento a decir que un partido llevaba algo arriba, ni siquiera decir que uno iba un poquito más arriba. No, las intersecciones de cada uno de los intervalos nos muestran, si bien uno aparece como más arriba eso no significa que se tenga en ese momento la posibilidad de que realmente se respete esa desigualdad, puede suceder lo contrario, uno de ellos puede estar arriba y el otro en la parte más inferior, por esa razón.

Y como la prensa y como los actores políticos nos lo exigieron, al día siguiente salió esto. Y quiero recordar a ustedes que por primera vez en menos de 24 horas, a sólo unas cuantas horas las bases de datos, cosa que mi compañero Roy no me dejará mentir, es algo novedoso que una encuesta ponga a la disposición de los ciudadanos no solamente resultados, sino las bases mismas sobre las cuales este comité realizó sus cálculos.

Concluyo. Como ha podido constatarse, en las Jornadas Ciudadanas se han manifestado expresiones variadas respecto al tema del conteo rápido, dentro del eje temático de la generación y difusión de resultados electorales.

Probablemente el hecho de que se trate de un tema en el que los aspectos técnicos son relativamente complicados, las propuestas se revelan como muy polarizadas y con justificaciones urgidas, sólo de la experiencia de la Jornada Electoral del 2 de julio de 2006, no se encuentran referencias a las características de los conteos en ocasiones anteriores.

Con la información disponible no es posible tener una mejor idea acerca de las consideraciones más serias y profundas de cada una de ellas.

Por otra parte y de acuerdo con los documentos revisados, no existen evidencias de que algún partido político, es decir además de estas propuestas ciudadanas nos hicieron favor, por parte de los organizadores de decirnos qué se había hecho por parte de los partidos, y digo yo que ningún partido había presentado alguna iniciativa con respecto al conteo rápido en el período del primero de septiembre del 97 a marzo de 2007.

Por otra parte, un partido tiene ya una propuesta a partir de la ley de la Reforma del Estado y su tema se refiere, de manera muy general, a revisar el marco normativo de la autoridad electoral para un mayor control y vigilancia en materia de conteos rápidos, en sus propias palabras.

Por último, de manera personal y con base en la experiencia adquirida por la participación en cuatro conteos rápidos en sus diversas fases, me permito exponer a ustedes las siguientes conclusiones, esperando que de algo puedan servir.

1. Es necesario reconocer que el principal reto del IFE en cuanto a la generación de resultados electorales es el de conciliar los aspectos de certeza, oportunidad y transparencia. Cada una de estas dimensiones requiere de atenciones, de recursos y de criterios de evaluación diferentes.

2. Los cómputos realizados en las casillas y en los distritos representan, sin lugar a dudas, el mayor aporte en cuestión de certeza, para una plena calida es necesario un tiempo que en ocasiones puede ser no sólo largo, sino motivo para que se produzcan diversos tipos de manifestaciones nocivas para nuestro joven sistema electoral mexicano.

El PRO, tres, es un instrumento que basado en las tecnologías modernas permite a la ciudadanía el seguimiento de su propio voto donde quiera que ella se encuentre.

Dada la diversidad y la complejidad de este conjunto, aún no es posible, de este elemento, aún no es posible que los resultados de todas las casillas puedan ser mostrados en la misma noche de la Jornada Electoral, probablemente no haya que esperar muchos años para que este sistema o algún otro nos pueda ofrecer esta posibilidad. Por el momento aún no es suficiente o resulta complicado de entender para alguna parte de la población.

Evidentemente aquí, como lo mencionaba hoy don Carlos en la mañana, esa gimnasia que requerimos los ciudadanos de estarnos informando y que el propio IFE sea esa correa de transmisión, que estemos informados, tiene que ver con este asunto. Los ciudadanos deben saber, una sociedad informada no tendría por qué ponerse tantos reglamentos si supiese los alcances del PREP, tal vez sino les damos las sumas pues alguien las va a hacer, eso no es el problema, alguien las puede calcular, es muy fácil hacer sumas, sobre todo que vienen en un formato muy bonito.

Creo que el problema, tal vez esconder la información de las sumas puede detener algunos, pero los que realmente lo podrían usar o lo usan perversamente, no creo que los detengan.

El conteo rápido, por su parte, cinco, es un instrumento que cuando ha sido usado por el IFE ha dado excelentes resultados.

Si bien ha incluso librado una muy fuerte en la última elección, creo que la prueba que sufrió el conteo rápido difícilmente nos hubiéramos podido librar una catástrofe hace 13 años.

Si bien en estas circunstancias me parece necesario, al menos mientras nuestro sistema político y electoral alcanza una normalidad en la que sean respetadas las reglas básicas de la contienda, que el PREP y el conteo rápido puedan realizarse en un marco de reglas claras, para que la ciudadanía, que es finalmente a la que deberían ser rendidas las cuentas electorales, esté consciente de los alcances, tanto de las bondades, como las limitaciones de cada uno de estos instrumentos.

Para este efecto es imprescindible garantizar, por la vía de la legislación, acuerdos para fortalecer al PREP y al conteo rápido.

Estos dos instrumentos tienen que salir del closet donde se encuentra, tienen que ser mostrados, tienen que ser expuestos y tienen que ser valorados por la ciudadanía, esta es mi opinión, como medios de generación y difusión de resultados electorales.

Estoy convencido que sólo el IFE puede realizar estas tareas con los márgenes de calidad necesarios, para minimizar sus posibles riesgos.

El lograr esos acuerdos será sin duda complicado. Pero también será un requisito el que las partes se comprometan a respetarlos.

Los ciudadanos somos, sin duda, los primeros interesados en que todo esto se logre.

Se requieren reglas, sí, en donde se plasmen tanto las necesidades como las experiencias ganadas en estos terrenos.

Tanto el PREP como el conteo rápido han ofrecido pruebas fehacientes, claras, indudables de su calidad.

Corresponde ahora a los otros actores lograr las reglas apropiadas y sobre todo comprometerse, pero de verdad a respetar sus propias reglas.

Muchas gracias.

-Consejero Electoral Arturo Sánchez: Muchas gracias, Rubén.

Un contexto interesante, un punto de vista desde dentro, cuando pensamos en el conteo rápido, sobre todo en el del 2006 y la historia de los conteos en México.

Creo que Rubén tocó un punto que yo quería comentar al final: ¿Cómo independientemente de la técnica hay todo un contexto de decisiones hasta políticas que rodean un ejercicio como el de un conteo rápido?

Pero, bien, déjenme ahora comentar que Elecciones Canada y el IFE han mantenido desde el surgimiento del IFE una estrechísima relación de colaboración. Hemos tenido excelentes intercambios, hemos sido visitados frecuentemente por las autoridades canadienses y hemos visitado Canadá muy frecuentemente, para observar las elecciones.

Yo personalmente fui invitado a observar los procesos electorales canadienses y toda la época de Jean-Pierre Kingsley fue una de las etapas en las que México y Canadá estrecharon sus relaciones.

En términos electorales aprendimos mucho y espero haber podido, como Instituto Federal Electoral, aportar algo a la muy grande y tradicional experiencia canadiense.

Por eso me da mucho gusto tener con nosotros el día de hoy a Diane Davidson, que es la Directora General Adjunta y Asesora Judicial en Jefe de Elecciones Canadá.

Diane mantiene en ésta, igual que sus colegas canadienses, la relación que tenemos entre nuestras dos instituciones.

Además Diane es asistente al Director General de Elecciones Canada en la planeación y administración, para preparar y conducir las elecciones federales.

Ha jugado un papel muy importante en la introducción de reformas electorales legislativas en Canadá, en áreas tan críticas como el financiamiento electoral y el registro de partidos políticos.

Ha partido Diane en conferencias internacionales sobre administración electoral y ha sido consejera de democracias establecidas y emergentes, para implementar cambios en sus procesos electorales.

Sin duda sus aportaciones son muy ricas en otros lados y yo creo que así serán aquí.

Además, Diane ha guiado el desarrollo e implementación de un nuevo modelo de monitoreo para las misiones internacionales en Irak y Haití, en asociación con otros organismos internacionales, incluso con el Instituto Federal Electoral.

En honor a Canadá y México en esta relación, realmente quiero darle la bienvenida a Diane, quien hablará con el tema de nuestra mesa Production and disemination of electoral results. The canadian case. Ella se referirá exclusivamente al caso Canadá en nuestro tema, que nos servirá para hacer comparaciones interesantes.

Muchas gracias. Por favor, Diane. Bienvenida.

-Sra. Diane Davidson: Gracias, Arturo. Buenas tardes.

Realmente es un placer estar aquí entre ustedes y quisiera yo agradecer a los organizadores y, sobre todo, al IFE por esta invitación.

En realidad, es un honor para mí estar aquí, en este Seminario Internacional, en cuanto a la Modernización y la Reforma Electoral, ya que es la combinación del proceso de consulta pública en México.

Felicitaciones por llevar a cabo esta amplia revisión y consulta, y en reunir a este grupo de eminentes participantes.

Juzgando a partir de la discusión llevada a cabo hasta ahora, estos prometen ser tres días muy interesantes. Se me ha pedido que aborde el tema más amplio en cuanto a la producción y diseminación de los resultados electorales, desde la perspectiva internacional, con un enfoque en particular en el caso canadiense.

Al prepararme para esta presentación, bueno, esto fue un ejercicio muy interesante, ya que me proporcionó la oportunidad de pensar en forma objetiva acerca del sistema canadiense y de cómo se traduce a nivel internacional y cómo es que introdujimos estos principios reconocidos a la práctica.

Antes de entrar a los detalles de cómo contamos los votos y cómo promulgamos los resultados en Canadá, yo quisiera hablar primero acerca de la democracia electoral canadiense en general, para poder establecer el contexto.

Vale la pena decir que Canadá se encuentra al frente de las naciones democráticas hoy en día, y también es importante reconocer que las partes esenciales de nuestra democracia electoral han evolucionado considerablemente desde la fundación del Canadá moderno en 1867.

Durante los últimos 140 años, hemos mejorado ampliamente la forma en la cual se llevan a cabo las elecciones en Canadá; sobre todo, hemos desarrollado una experiencia considerable y balance considerable en los componentes esenciales de nuestro proceso electoral, sobre todo en cuanto a la accesibilidad del voto, de los distritos electorales, del registro de los electores, de la administración electoral, y más recientemente, de la regulación del dinero en las políticas.

Como demuestra la experiencia canadiense, las reglas importan grandemente. Sin buenos procedimientos y sin una buena maquinaria, los riesgos del proceso electoral de caer en algo que no sea respetable, entre más transparentes sean las organizaciones electorales y sus procedimientos, mayor será la legitimidad del resultado electoral.

Teniendo esto en mente empezaré con un panorama breve de los principios internacionales conforme se relacionan con el conteo y la diseminación de los resultados. Después, describir el sistema canadiense y, al hacerlo, vamos a mostrar cómo es que se ponen en práctica los principios internacionales dentro de este contexto.

Hay que tener en mente que ningún proceso electoral está escrito en piedra tallada y que no hay algo que nos dé una solución universal en cuanto a cómo es que estos principios se traducen a la fábrica. Y es conforme a estos principios, a los cuales ahora voy a abordar.

Las prácticas del conteo, difieren entre los países, dependiendo de un número de factores, incluyendo el sistema electoral utilizado. Por ejemplo, en el Canadá, tenemos un sistema mayoritario simple; no votamos para elegir al primer ministro, sino que el líder del partido con los candidatos que han ganado más, se convierte en primer ministro.

Este contexto hace que las 308 elecciones distritales locales se conviertan en el enfoque de la noche electoral.

A pesar de las diferentes variaciones en procedimientos y enfoques, las mejores prácticas internacionales han identificado un número de principios guía que, de todas formas, deben de formar parte de las reglas y de los procedimientos. Estos principios han sido resumidos por la red de conocimiento electoral, ACE, que es la enciclopedia en línea.

Y, por cierto, es un placer para mí saber que muchas de las organizaciones socios de ACE participan en esta conferencia. IFE, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y los ocho principios ya identificados por ACE son: transparencia, seguridad, profesionalismo, exactitud o precisión, secrecía, a tiempo, responsabilidad y equidad.

Debido al tiempo, pues no vamos a entrar en las descripciones abstractas de cada principio. Pienso que va a ser de más beneficio ver cómo es que se aplican dichos principios en la práctica, que es lo que me propongo hacer por el resto de mi presentación.

Al mismo tiempo, es importante mantener en mente que estos principios necesitan balancearse uno contra el otro; por ejemplo, el tiempo en la transmisión de los resultados necesita balancearse con la exactitud o la precisión.

Cada país debe de encontrar su propio balance aceptable, basado en sus propias circunstancias y contexto. Al final del día, los objetivos esenciales son los de asegurar que los electores, los candidatos y los partidos políticos, entiendan el proceso y, sobre todo, que confíen en él.

Pasando al sistema canadiense del conteo y la diseminación de los resultados, permítame decir unas cuantas palabras de nuestro proceso electoral en general.

Canadá es un sistema parlamentario basado en el modelo británico. Utilizamos el sistema de prioridad de un solo miembro, también conocido como el primer paso al puesto, para elegir a los 308 miembros del parlamento.

Canadá, al igual que México es un estado federal. Elecciones Canada es el responsable de las elecciones federales y de los referéndums.

Las elecciones federales y provinciales no se llevan a cabo al mismo tiempo, así es de que los electores generalmente solamente tienen una elecciones que hacer en una elección dada.

La ley de Elecciones Canadá es la principal pieza legislativa que gobierna las elecciones federales canadienses, y está muy detallada.

En realidad no hay ninguna regulación para el proceso electoral como tal. Las elecciones se llevan a cabo en un solo día en todo el país.

Cada uno de los 308 distritos electorales se divide en casillas individuales, el número promedio es aproximadamente 200, y cada casilla sirve aproximadamente a 350 electores.

Esto ayuda a asegurar que el número de las papeletas contadas en cada una sea de un tamaño manejable, que contribuye tanto a la precisión como al límite de tiempo del conteo.

Las casillas se abren durante 12 horas, y el conteo se lleva inmediatamente después de que se cierran las casillas. En la mayor parte de los casos se termina más o menos en unas dos horas.

A los electores se les da una sola papeleta que tienen que marcar con un solo voto a mano. El diseño de la papeleta está prescrito dentro de la ley que tenemos. Tenemos una fotografía de la papeleta.

Los canadienses hacen una elección para un solo candidato. Para ayudar a asegurar la seguridad del proceso las papeletas para cada distrito electoral se imprimen a nivel local, utilizando papel especial e instrucciones detalladas que son emitidas directamente por Elecciones Canada.

La ley proporciona en detalle cómo es que se debe emitir el voto. Puedo proporcionarles más detalles más tarde.

Dada la simplicidad de la papeleta, y al tamaño tan fácil de manejar de cada casilla no hay necesidad en el Canadá por el momento ni de un voto electrónico ni de un conteo electrónico.

Habiendo dicho esto ha habido muchas llamadas durante los últimos años para explorar la posibilidad del voto electrónico. Primordialmente para aumentar la conveniencia del voto, y para animar a una mayor participación entre ciertos segmentos de la población, sobre todo entre la juventud.

La principal preocupación sigue siendo en asegurar la seguridad de la integridad del voto.

Aun cuando la gran mayoría de los canadienses emiten su papeleta el día de la elección, también se proporcionan diferentes formas de votar para las personas que no pueden asistir. Estos incluyen a casillas móviles, casillas avanzadas y papeletas especiales.

No vamos a entrar en detalle de estos diferentes métodos. El principal punto para nosotros hoy en día es que sin importar el método utilizado, las papeletas se emiten para un candidato en un distrito electoral particular y se cuentan en el cierre de las casillas ordinarias, y los resultados se reportan localmente la noche de la elección.

En suma, nuestro proceso es muy sencillo, muy seguro. Y al mismo tiempo ofrece un alto grado de responsabilidad y de accesibilidad. Los procedimientos han sido utilizados desde hace muchos, muchos años. Los electores, los candidatos y los partidos están familiarizados con ellos.

Ahora voy a pasar al proceso de conteo, y la forma en la cual se promulgan los resultados electorales. El procedimiento general en el Canadá es que el conteo es local, mientras de que la promulgación de los resultados al público es central.

En este aspecto creo que nuestro sistema es un espejo del que ustedes tienen en México. Los pasos básicos en el conteo y en el proceso de la diseminación de resultados es el siguiente: después del cierre, en cada una de las casillas se cuentan los votos para esa casilla en presencia de los demás, y cualquier candidato o sus representantes o si no hay ninguno presente, por lo menos enfrente de dos electores.

A los demás electores también se les permite estar presentes, pero no pueden actuar con las papeletas. Actúan solamente como testigos. La presencia de los testigos ayuda a asegurar la transparencia del conteo.

Antes del conteo el funcionario debe de contar el número de electores que votaron, y asegurar que todas las papeletas que se proporcionaron hayan sido contadas. Incluyendo las papeletas que no se han utilizado o que se echaron a perder.

Estos pasos son muy importantes para asegurar la precisión del conteo y esta información también se incluye en la declaración del voto.

El funcionario abre la caja y empieza el conteo. El funcionario examina cada papeleta, se la muestra a cada persona que esté presente, y se lleva a cabo el conteo de los votos para candidato.

La ley proporciona directrices claras en cuanto a qué papeletas deben de rechazarse. Este es un estatuto y no una regulación. Por ejemplo, una papeleta que contiene cualesquier escrito o marca que pueda revelar la identidad del elector debe rechazarse.

Si un representante del candidato objeta a una papeleta en particular, el funcionario tiene que decidir si se va a aceptar la papeleta o no, su decisión es final y solamente puede reinvertirse sobre un reconteo judicial.

Después del conteo el funcionario llena una declaración del voto que se produce en copias múltiples, una para el funcionario, otra para, de regreso, una para cada candidato o sus representantes, una copia extra que también se sella dentro de la caja de las papeletas. Esto asegura la responsabilidad, la transparencia y la seguridad de los resultados.

Los resultados preliminares se transmiten inmediatamente de las casillas al funcionario a nivel distrital vía telefónica, seguida por una copia en papel de la declaración del voto.

En la oficina los resultados preliminares de cada una de las casillas se asienta manualmente dentro de una base de datos computarizada y centralizada llamada “el Sistema de Resultados del Evento” (ERS), que hace que cada computadora lo tenga en sus oficinas centrales, en el Web Site y en los medios simultáneamente, de esta forma los resultados preliminares se transmiten y se publican en tiempo real sin introducción; los medios reciben los resultados a través de un consorcio de medios creado en 1992 para recopilar los resultados de las elecciones federales y los referéndum, para sus miembros se transmiten, a los miembros y a las agencias noticiosas.

Al mismo tiempo hay una copia que se produce cada dos minutos o cada cinco casillas y esto se proporciona al consorcio de medios presente en la oficina local a nivel distrital, así como a cualesquier representante de candidato que se encuentra presente.

Como lo sugiere su nombre, el resumen de los votos nos va a dar un resumen para cada candidato en el distrito, no proporciona un resultado de casilla por casilla, pero sí indica el número de casillas reportadas y no reportadas.

Election Canada está considerando proporcionar resultados de casilla por casilla a los medios ya que ahora la tecnología nos los permite hacer y al mismo tiempo podemos tener la secrecía del voto.

La diseminación a tiempo real de los resultados preliminares a los medios es un factor principal en el Canadá, apoyando el principio del tiempo, ayuda a explicar el por qué Canadá no cuenta con una tradición de encuestas de salida o de conteos rápidos.

Para decirlo en forma simple, no hay necesidad de ninguno de estos mecanismos cuando los resultados son públicos tan pronto como están disponibles.

Normalmente los canadienses conocen los resultados de la elección al cabo de dos horas de que se cierran las casillas, sin embargo es importante notar que sí existen resultados preliminares.

Tan pronto como sea posible después de recibir todas las cajas de papeletas para los dos distritos, el funcionario tiene que validar los resultados conforme la ley tiene hasta siete días después de la elección para hacerlo, sin embargo, la validación normalmente se termina al cabo de dos días; la validación de los resultados la lleva a cabo el funcionario a nivel local con la asistencia de los otros funcionarios y de cualquier candidato o sus representantes que desean asistir o por lo menos de dos electores. Nuevamente, esto ayuda a asegurar la transparencia del proceso.
Durante el proceso de validación el funcionario no recuenta ni siquiera toca las papeletas, más bien los resultados son validados sumando los totales en cada declaración de voto recibida de cada una de las casillas en el distrito. Tan pronto como se termina el proceso de validación, el funcionario certifica e informa a cada candidato o a su representante, después espera siete días para que haya cualesquier reconteo y luego oficialmente declara al ganador.

Es importante notar que en el Canadá el funcionario electoral en jefe no tiene autoridad para corregir ni para alterar los resultados que han sido validados localmente por el funcionario. Este proceso es más bien local y esto es importante para asegurar la responsabilidad y la transparencia y de hecho nos ayuda a mantener un alto grado de confianza en nuestro sistema.

Después de la validación de los resultados hay dos procesos que pueden utilizarse para confrontar los resultados de la elección, una solicitud de un reconteo judicial y una aplicación de un rechazo de elección. Ambos procesos son separados y se manejan localmente.

El reconteo judicial es automático cuando hay menos de un milésimo de los votos emitidos entre el primer candidato y el segundo en un distrito, como diferencia y también se puede hacer una solicitud debida por el elector, un candidato no por un partido, en el distrito donde se alega que hubo un error en la tabulación del voto. En ambos casos la solicitud debe de hacerse al cabo de los cuatro días de haber emitido los resultados validados para ese Distrito y depende del juez de la Corte Superior de la provincia que contiene el Distrito Electoral en cuestión.

No contamos con un tribunal especializado electoral en Canadá. El reconteo mismo se tiene que llevar a cabo, al cabo de cuatro días una vez que se ha presentado la solicitud, y la Corte tiene que llevar a cabo el reconteo sobre bases de prioridad.

Se tome precedencia sobre todos los otros negocios del Tribunal, para poder dar por finalizada la elección.

La decisión del juez en el reconteo es final y no puede ser alterada por el funcionario en jefe. Un candidato electoral en el distrito que sospeche de irregularidades, fraude o de prácticas ilegales que pudieran afectar el resultado de la aplicación, también va traer presentar una solicitud y ésta tiene que presentarse al cabo de los 30 días después de la publicación oficial de los resultados validados, en el cual se ve por primera vez el resultado o se ve por primera vez la irregularidad. Entonces nuevamente tendrá que ver la solicitud sin demora alguna.

Las solicitudes para contender varían mucho hoy en día en el Canadá. Las razones para esto no han sido estudiadas; hay muchas explicaciones, pero no me aventuraré en proporcionarles, puesto que pasan rara vez.

Resumiendo y viendo todos los principios-guía identificados en la literatura internacional, ¿cómo es que se asegura la transparencia en el Canadá?

Conteo manual, que sería lo más fácil de atestiguar y evita el problema de la tal llamada “caja negra”, es decir, la inhabilidad de rastrear los resultados, la presencia de los candidatos o de los representantes en toda la etapa del proceso, donde se cuentan los votos, se tabulan, se validan, incluyendo el reconteo judicial, es decir, localmente; la producción de las copias múltiples de las declaraciones del voto, incluyendo las copias para los candidatos o los representantes, la presencia de los representantes de los medios, de los escrutinadores a nivel local en la noche de elecciones y el compartir los resultados preliminares con el consorcio de los medios, y la actualización en nuestra página Web.

Para asegurar la seguridad del proceso el diseño de la papeleta está prescrito dentro de la ley; hay disposiciones detalladas para la impresión de la papeleta. Después que se cuentan se sellan y se separan por candidatos; los sobres se sellan dentro de las urnas.

Las urnas se llevan esa misma noche por parte del escrutinador a la oficina de escrutinio y se mantienen en un sitio seguro.

Para mantener el profesionalismo todos los funcionarios están capacitados. Para avanzar, antes del día de las elecciones producimos manuales para todos los funcionarios, así como para los reconteos oficiales; todos deben de jurar que van a llevar a cabo sus deberes en forma imparcial.

Para asegurar la seguridad del conteo tenemos la existencia de un rastreo que nos da una auditoría, los reconteos manuales atestiguan y los resultados preliminares se ven verificados por una segunda persona.

La validación de los resultados, que es esencialmente un rechequeo manual por parte del escrutinador y hay una posibilidad de un reconteo judicial, si es que se sospecha de errores en la tabulación.

La secrecía del voto se ve garantizada en todos los pasos. El número de la porción de la papeleta se quita antes de que el elector coloque la urna.

Los que contienen marcas o la letra que puede identificar a los electores se rechazan y los documentos se protegen.

Hay un número limitado de funcionarios que puede tener acceso. Por ejemplo, nada más un juez puede tener acceso a las papeletas, una vez que han sido contadas por el escrutinador y solamente el escrutinador tendrá acceso a la lista de electores que se sella dentro de la urna.

El acceso a la Ley de Información o a las leyes de transparencia no proporcionan acceso a las papeletas.
Para mantener la responsabilidad los papeles y las responsabilidades de cada funcionario electoral están claramente especificados dentro de la Ley de Canadá y de hecho se ven reforzados a través de manuales de capacitación.

Definen claramente las sanciones delictivas para los funcionarios que cometan fraude. Hay multas hasta de 2 mil dólares canadienses y un año de cárcel; para delitos más serios podemos llegar hasta a multas de 5 mil dólares.

Las reglas de conteo y el criterio para el rechazo de las papeletas se acuerdan por adelantado y son entendidas por todos los participantes.

Este rastreo también nos asegura toda la responsabilidad; todos los documentos electorales son mantenidos por Elections Canada durante el mínimo de un año y hasta 10 años.

Para terminar, el proceso canadiense para el conteo y la promulgación de resultados se basa en prácticas simples y transparentes que se llevan a cabo primordialmente a nivel local. La tecnología ha permitido que los resultados se promulguen rápidamente en la noche electoral, vía nuestra página Web y los medios de comunicación.

Hay muchas salvaguardas dentro del sistema, para poder evitar los errores o los esfuerzos deliberados para alterar los resultados a través de irregularidades. La mayor parte de estas salvaguardas han existido desde hace décadas; algunas desde hace más de cien años, y espero que este panorama de la experiencia canadiense, a la luz de los principios internacionales, sea de utilidad en su exploración actual de opciones para una Reforma Electoral.

Gracias.

-Consejero Electoral Arturo Sánchez: Suena sencillo, ¿no?

Es curioso, pero es la primera de las cuatro presentaciones en donde escuché la palabra confianza, que es seguramente una de las bases fundamentales que hace que el sistema canadiense funcione.

Déjenme contarles una anécdota al respecto. En la observación a Canadá, en la elección; no sé, no recuerdo qué año; hace unos dos o tres años, nos llevaron a observar una casilla, y estaba llegando un ciudadano a votar, que no estaba registrado. Ahí mismo se registró; ahí mismo le dieron una forma, se registró, se identificó con cualquier documento, le dieron su boleta y pasó a votar. Tan sencillo como eso.

A nadie se le habría ocurrido preguntar si ya había votado en otro lugar; simple y sencillamente el ciudadano quería votar y ejerció su derecho a votar.

Seguro, Diane, que sí son muy, muy interesantes los comentarios que nos has hecho, para lo que tenemos que aprender en un país como el nuestro.

Déjenme, antes de pasar a la sesión de preguntas y respuestas, hacer un comentario que quizá nos pudiera orientar en las discusiones. Creo que las presentaciones han tocado temas muy interesantes.

Roy, sin duda; no comparto que fuera políticamente incorrecto, para nada, su presentación; al contrario, es de lo más correcto poner sobre la mesa los temas que él puso, pero creo que es interesante plantearnos los dilemas que todavía nos quedan por resolver cuando pensamos en encuestas y en conteos rápidos

Creo que Roy nos ayudó a reflexionar sobre este dilema que está puesto sobre la mesa hoy en día, regular o no regular; libertad o no, publicar y hasta cuándo y con qué.

Me parece que al menos nos debe llamar a reflexión la idea de que, decía Roy por ahí, no me preocupa si las encuestas influyen en los votantes; de hecho, eso se trata.

Creo que es muy interesante. El Consejo General tuvo varias discusiones durante el proceso electoral pasado, en donde, con otra temática, como las campañas negras o negativas o demás, influían o no en el votante y bajo qué perspectiva. En dónde mantenemos los límites o no de la libertad de expresión y, desde luego, una frase interesante, libertad de empresa, de poder participar y demás.

Creo que hay algunos dilemas muy claramente puestos sobre la mesa en esta temática por parte de Roy, que creo que nos lanzan a justamente pensar qué debemos hacer para adelante y qué no.

De parte de Fernando, a mí me llamó mucho la atención esta revisión sobre las propuestas que se nos han hecho, porque a veces parece muy sencillo tomar una propuesta muy simple sobre el conteo rápido, sobre el PREP, que en efecto, como se ha mencionado, las propuestas van desde desaparecer el PREP hasta hacerlo mucho más complejo o vincularlo a otros procedimientos electorales que realiza el Instituto Federal Electoral.

Pero ¿qué importante?, en aras de construir la transparencia que, no es porque quisiéramos quitarle el trabajo a un doctor en ciencias sociales como Fernando, pero que fuera más automático saber el resultado de su estudio.

¡Hombre! De tantas casillas abiertas, tantos votos cambiaron, tantos se movieron. No, hubo que esperar a que Fernando publicara su libro, poco menos de un año después de la elección, para tener esos datos; datos que, en el caso de México, son necesarios justamente para construir la transparencia.

Qué instrumentos nos tenemos que dar para poder tener esa información más a la mano. Yo creo que el estudio y las reflexiones de Fernando nos ayudan también a poner este sistema sobre la mesa. Alguna vez se pensó que el PREP por sí mismo nos iba a dar transparencia y confianza, y no nos imaginábamos que fuera a pasar que una elección cerrada nos metiera al menos en la necesidad de repensar estos instrumentos.

De la experiencia que nos cuenta Rubén, en materia del conteo rápido. Creo que es importante recordar algo, Rubén no mencionó todos, todos los elementos que tuvimos que acordar en una mesa muy difícil, en donde estábamos algunos Consejeros Electorales, los representantes de los partidos políticos para acordar algo que él dijo muy sencillamente.

Incluso el texto que iba a leer Luis Carlos Ugalde la noche del 2 de julio había sido acordado previamente con los partidos políticos.

De ese tamaño fue el trabajo previo que tuvimos que realizar para llegar a los acuerdos que nos permitieron dar a conocer, o no, más bien dar a conocer los resultados del conteo rápido con ese resultado, que no era posible.

Fue muy interesante poder decir los días siguientes a la elección que habíamos cumplido exactamente con lo que la ley decía, los acuerdos del Consejo decían, y los acuerdos con los partidos políticos decían.

Pero no se me olvida cómo la noche del 2 de julio estábamos encerrados los Consejeros allá, nuestros asesores estaban en la sala de prensa que se pone, y todos viendo la televisión, esperando el resultado electoral, y cuando Luis Carlos nos informa a todos que no era posible conocer el resultado se hizo un: hayyyyy. Una como insatisfacción. Era como haber jugado todas las cartas, haber estado yendo a todos los eventos, estar en todas, y en el momento más importante no podíamos saber quién ganaba.

Es de acuerdo con la ley, de acuerdo con lo que habíamos acordado, pero no de acuerdo con las expectativas de la sociedad. Y eso genera necesariamente una problemática difícil.

No se me olvida cuando ese “hayyy” grabado, pues hace que el triángulo que nos pone Rubén en la pantalla sea más que importante. Tenemos que lograr equilibrar certeza, transparencia y oportunidad con diversos instrumentos, y a cada instrumento tenemos que darle su alcance.

Ese debate cuál es su alcance y demás, está sobre la mesa, nos lo ha recordado hoy Rubén.

Que decir de la exposición de Diane, en el que pareciera muy sencillo. Pareciera muy fácil. No ha sido necesario, no ha sido utilizado una serie de mecanismos previstos en la ley en caso de irregularidades y demás, porque ni siquiera es necesario dar la suma total hasta el momento oportuno. El ciudadano canadiense no se preocupa más que por saber el resultado.

Qué interesante propuesta. No se me había ocurrido, si no están los partidos políticos pues ponemos a dos electores de testigos a la hora el cómputo. No se me había ocurrido pero podría ser.

Y es muy interesante cómo pequeños detalles, uno pareciera pensar que sistemas tan avanzados como el canadiense, con democracias tan establecidas tienen sistemas muy sofisticados, y Diane nos recuerda un punto simplicidad y transparencia.

Nosotros tenemos un tabique de Cofipe, con procedimientos muy abigarrados, y queda claro es necesario reforzar la confianza y la transparencia.

Bien, son los temas, señores, han sido expuesto por ustedes. Hemos recibido ya varias preguntas. Déjenme antes de pasar a las preguntas que he distribuido entre nuestros invitados, leer tres o cuatro preguntas que fueron hechas a la mesa o en lo general. Y que pediría que fueran contestadas por cualquier de ustedes, algunas las contestaré yo porque son de una temática muy particular.

Me disculpo de antemano con Antonio Ortega, que al principio nos pedía que apagáramos nuestros celulares para no distraernos, espero Antonio que no haya permanecido la distracción.

Una pregunta, está dirigida a Roy y a Fernando, pero creo que es interesante. Se refiere a que si en el Cofipe se estableciera, por ejemplo, que los funcionarios de casilla deberían tener como mínimo estudios de secundaria, y capacitarlos mínimo con mes y medio de tiempo de tiempo. Además, que el apoyo económico fuera gratificante para que estos ciudadanos crean en el IFE y se tendrían menos errores en las Jornadas Electorales, ya que según su experiencia, nos comenta Gabriel de Jesús Chávez como funcionario de casilla, él dice pues violé la ley porque para darle agilidad a todo el procedimiento terminé siendo presidente, secretario y escrutador, seguramente por su experiencia.

Quiero comentar, es un dato muy concreto, me permití consultar a mi amigo el Director Ejecutivo de Organización y me contesta muy simple, es que tenemos ciertos principios legales y constitucionales de que todo mexicano tiene derecho a integrar las Mesas Directivas de Casilla, y no pone ninguna variante de escolaridad o demás, tiene que saber leer y escribir, sin duda, porque es una habilidad que se requiere para poder desempeñar su cargo, pero nada más y por eso se le capacita.

Y en ese sentido lo que sí hacemos es escoger a los de mayor escolaridad después de tener el universo de capacitados. Pero déjenme decirles una cosa, la Dirección de Organización Electoral hizo un estudio acta por acta y encontró una sorpresa, sabemos quiénes estuvieron en cada casilla, sabíamos quiénes son, sus nombres y su escolaridad y no hay relación alguna entre nivel de escolaridad y errores aritméticos, hay dos extremos.

Hay doctores en las ciencias que ustedes quieran, que cometen errores aritméticos al llenar un acta y, hay zonas rurales con muy baja escolaridad que no cometen errores aritméticos.

Si alguien quiere agregar algo, Roy o Fernando, estaba dirigida para ustedes esta pregunta.

Otra pregunta a la mesa en general, supongo, nos dice don Álvaro de Luz y Ortega, ¿por qué para el cómputo distrital del 5 de julio el Consejo General de manera ilegal ordenó que se contara el menor número de posibles, supongo, de paquetes electorales, cuando existían errores evidentes en las sumas aritméticas de las actas electorales violando la ley?

Si alguien quiere comentar, sino yo haría una, en el cómputo distrital a la hora de abrir los paquetes.

Otra pregunta también de don Álvaro de Luz y Ortega, ¿por qué el error o dolo de las autoridades del IFE en no incluir en el PREP las inconsistencias en las actas electorales que sumaban más de dos millones de votos?

También, seguramente Rubén o alguno de ustedes podría contestar, sino me permitiría comentarlo.

Y una pregunta extraña quizá para meternos en contextos, que se refiere a la mesa en general, que nos preguntan ¿cuáles son las reglas para la elección de diputados por el principio de representación proporcional? Nos pregunta Fernando Martínez Blancas.

Esta pregunta, muy sencillamente como ustedes saben hay 300 diputados de mayoría relativa, 200 de representación proporcional, básicamente la respuesta estaría en que se le otorgan a cada partido político en las cinco circunscripciones una proporción de las listas que proponen, correspondiente a su votación.

Pero también si alguien quiere agregar algún elemento.

Bien, no sé si ustedes, señores quisieran hacer un comentario general y después pasar a las preguntas.

Le daría entonces, en el mismo orden, la palabra a cada uno de los expositores por un espacio máximo de cinco minutos para un comentario general, incluso réplicas o preguntas y después atender las preguntas específicas.

Por favor, Roy.

-Act. Roy Campos: Sabiendo que después vamos a tener preguntas específicas, yo quisiera un poco reaccionar ante alguna de las propuestas de la mesa.

Miren hace rato lo dijo Rubén, y créanle eso de los dos puntos. Es muy normal que los encuestadores nos exijan algo como si la diferencia es mayor de dos puntos o mayor de tres puntos sal y declara ganador. No es así.

Ahorita me voy a quitar la etiqueta de que estoy comunicando y me voy a poner la etiqueta de estadístico. No se puede, o sea no se puede de antemano saber si dos puntos o tres puntos van a ser suficientes para declarar ganador.

Hay veces que uno puede declarar ganador con un punto y no puede hacerlo con tres puntos, porque lo que son, son pruebas de hipótesis permanentes que tienen que ver con el grado de avance, con el número de cuestionarios, con la distribución de la que vienen los porcentajes, entonces no se puede declarar, lo cual me lleva también a la propuesta de Fernando de los intervalos.

En mi propuesta lo que yo dije hay dos resultados, se puede declarar ganador o no se puede declarar ganador.

Fernando agrega de que, cuando no se puede declarar ganador, se presenten los intervalos, como los que vieron en una lámina que presentó Rubén.

No estoy yo de acuerdo con esa propuesta, o sea no estoy de acuerdo porque los intervalos estadísticamente yo los puedo hacer tan amplios o tan angostos como yo quiera, simplemente modificando confianza, simplemente modificando los grados de confianza.

Entonces yo pueda hacer intervalos que siempre se intercepten y entonces nunca voy a declarar ganador, o intervalos que nunca se intercepten, y entonces no me importa qué tan cerrada sea la elección, voy a declarar ganador.

No puedo estar jugando a que discrecionalmente yo fije que a veces voy a trabajar con 99 de confianza, otras veces 95, otras veces 90, y si yo digo: no, que sea 95.

¿Ustedes, como ciudadanos, están dispuestos a aceptar la probabilidad de que una de cada 20 veces me voy a equivocar en la declaración de Presidente? O sea, no se puede. O sea, tengo que estar completamente seguro, lo cual me lleva otra vez.

El triángulo que presenta Rubén está muy bonito y estoy de acuerdo completamente con él, porque son los tres principios: Hay que buscar la transparencia, hay que buscar la certeza y la oportunidad.

Sin embargo, del conteo rápido no es la oportunidad su principal objetivo; es también la certeza.

Cuando un medio de comunicación contrata un conteo rápido, si yo me equivoco al día siguiente no me pagan, me corren y se acabó.

Pero si el Instituto Federal Electoral en su conteo rápido se equivoca de ganador, declara un ganador y al día siguiente salió que ése no era, estamos en crisis.

Entonces, el conteo rápido también busca certeza, no nada más oportunidad; es certeza lo que busca el conteo rápido, cuando lo realiza un instituto electoral. O sea, no es el mismo papel que ya lo mencionaba Rubén, son distintos objetivos cuando los contrata un medio de comunicación, un partido político, un candidato, que cuando lo hace un instituto electoral.

Otro comentario que tiene que ver con lo que menciona el moderador Arturo Sánchez, sobre la ley alrededor de las encuestas. Miren nada más, esto lo he platicado muchas veces: Si yo el día anterior a la Jornada salgo y digo “el día de mañana va haber elecciones, y tengo elementos más o menos sólidos para pensar que tal candidato va ganar por cinco puntos”.

Si digo eso no me pasa nada, pero si digo que esos elementos sólidos son una encuesta, entonces es contra la ley. No están castigando la declaración, están castigando la fuente de la que tengo esa información.

Alguien puede decir: “Tengo información que creo que va ganar un candidato en cinco puntos”. Ah, pues es un analista que está pensando que va ganar por cinto puntos. Pero si dice: “tengo una encuesta”, es contra la ley.

¿Qué es lo que castigan? ¿La declaración? No, castigan el conocimiento. O sea, eso es lo que están castigando, el conocimiento; es decir, se vale decir mentiras mientras no sean creíbles, pero las mentiras creíbles, ésas sí te las castigo.

O lo que yo alego de la parte de las encuestas influyen en el votante y digo, pues la campaña es para eso, para influir al votante. Entonces de repente me dicen: No, es que con las encuestas se pueden decir mentiras. Bueno, pero ahí van las mentiras, a ver quién hace campaña; bueno, pero ahí van las mentiras. No, es que con las encuestas, las mentiras son creíbles.

Prohíban las mentiras creíbles; que se valgan las mentiras increíbles y que nada más valga prometer siete por ciento de crecimiento, en 15 minutos, o sea que esas mentiras sí se valgan. Pero cuando prometan mentiras creíbles, ésas no.

Entonces hay un asunto de que las encuestas se prohíben porque son mentiras creíbles. Pues, bueno, hay una forma: Dejen hacer encuestas serias, dejen que haya encuestas creíbles, dejen que el mercado posicione a las encuestas creíbles y se van acabar las mentiras creíbles.

Por eso mi propuesta de regular, de permitir la publicación, de que el mercado mismo sea el que castigue o premie, y esto a la larga no es más que en beneficio de todos.

Como comentario general todavía hay preguntas aquí, pero me espero.

-Consejero Electoral Arturo Sánchez: Muchas gracias, Roy.

Por favor, Fernando.

-Dr. Fernando Pliego: Roy, tu punto de vista siempre ha sido determinante para lo que pienso. Entonces, si tú le pones objeciones las toma seriamente, ¿no?

La única cuestión es que pienso que también vale al revés. O sea, si resultó que la distancia era de un punto, vamos a suponer, también depende de la confianza, etc., en la encuesta. Entonces no podemos resolver.

Si le bajas la confianza o se la disminuyes, también aunque tengas uno o dos puntos puedes hacer que se cruce o no se cruce. Y entonces dado que también se puede presentar eso, la recomendación es la transparencia.

O sea, sale el equipo de expertos de conteo rápido del IFE y dice esto, y sale Consulta Mitofsky y dice lo otro sobre su conteo rápido y punto.

¿Por qué? Porque el problema de fondo es confianza, sí. Y esto vale también para el asunto de todo, ¿de por qué no abrir ilimitadamente el recuento durante el cómputo distrital? Porque en el fondo el problema es confianza.

Y entonces alguien va salirse: Ah, sí ya se recontaron las 130 mil 477 casillas y las 11 que no se abrieron y las extranjeros, y entonces alguien va salir por allí, porque si salieron “lo que pasa es que los representantes se vendieron”.

Entonces, aunque coincidiera el resultado después de recontar 130 mil 477, van a salir a cuestionar, no el voto, sino van a decir que tomaron votos en limpio, los llenaron y los metieron en las urnas.

El asunto es dónde está el piso de la soberanía popular y dónde está la base del ejercicio de la soberanía. Está en la casilla.

Y mientras la casilla no viole la ley y no genere elementos de incertidumbre por ella misma, yo no estoy de acuerdo que se abran indiscriminadamente.

Entonces, transparencia es mejor que ocultar información y soberanía popular es mejor que trabajo de burócratas; léase, es mejor la soberanía popular en la casilla que en el cómputo distrital.

Con todo el respeto, ¿no?, pero es una burocracia, ¿sí? Mientras no se cambie otra confección de las elecciones, pues yo pienso que habría que trabajar, sobre certeza, a nivel de la casilla.

¿Por qué se abrieron pocos paquetes en el cómputo distrital? Aquí hubo varias acusaciones, pero alguna razón por la que no se abrieron más es que faltaron los elementos de información.

O sea, fíjense que algo que podría ayudar y estaba pensando ahorita, después, con la participación de los que me precedieron, es que sería bueno que los elementos de información, varios elementos de información que están en el PREP y que ya no están en el cómputo distrital se repitieran; o sea, Lista Nominal, etcétera.

De tal manera, que entonces ahí, a través de un programa informático, salgan los problemas y entonces eso auxiliaría a los funcionarios del Cómputo Distrital, a seleccionar casillas que no fueron reabiertas, pero acordémonos que en el Cómputo Distrital ya no se procesa cierta información. No sé si esté equivocado, porque me estoy basando en las bases de datos.

¿En el Cómputo Distrital se vuelve a procesar Lista Nominal? Entonces, ahí no se puede saber. Si esos datos estuvieran en el Cómputo Distrital, se podría, a través de procedimientos informáticos muy sencillos, descubrir inconsistencias significativas y aparecería una llamada en el sistema para recontar.

Entonces, que se podían haber abierto más; sí, bajo principios justificados en un sistema informático. Pero sabemos por las fuentes numerosas que la razón no era abrir porque hubiera inconsistencias; o sea, a quien hizo la pregunta. La razón era detener el procesamiento de información donde iba ganando uno o perdiendo el otro. Esa es la razón del fondo.

Y en cuanto a los errores de dos millones de votos, bueno, eso ya lo trato en el libro y, en realidad, esa acusación parte de la idea de que los errores fueron orientados, intencionales, y a favor de uno y en contra de otro, lo cual no se sostiene con la información disponible.

De todos modos, para terminar, esta opinión de si debe o no salir resultados, cuando hay empate o no hay empate; no se sabe, definitivamente la tienen que tomar gente como Roy Campos, Rubén Hernández. Bueno, las recomendaciones les corresponden a ustedes; a mí no me corresponde y esos son los comentarios.

-Consejero Electoral Arturo Sánchez: Muchas gracias, Fernando.

Cinco minutos, Rubén, por favor.

-Sr. Rubén Hernández: Voy a pagar los tres que me pasé. Va a ser muy rápido.

En efecto, es un problema severo el de si 99 por ciento o el 96, pues uno diría, ¿verdad?, pensando en que la población abierta no lo conoce, pues por qué no le ponen al cien por ciento.

¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir, y parto de mi actividad cotidiana que es enseñar. Yo creo, confío en que a la ciudadanía se le puede enseñar, se le puede decir de qué se trata. No le vamos a hacer un mal con decirle que lleva un riesgo y que ese riesgo es latente, se puede presentar. Tenemos ejemplos clarísimos, mencionaba yo, sin mencionarlo, en los Estados Unidos, recordarán la famosa crisis por una encuesta de salida, no conteo rápido, que produjo un montón de problemas que esa democracia lo aguantó, por las razones que ustedes quieran. No me meto en esa discusión; es interesante, pero no es el tema.

Lo que quiero mencionar con esto es que, en efecto, hay un riesgo. Es un riesgo muy severo y creo que, con todo y los problemas que a la postre sucedieron, hicimos un muy buen arreglo esta vez; no se cayó en ese problema que era muy, muy, pero muy, lo vieron ustedes; era muy cercana la distancia que hubo entre las dos fuerzas contendientes más importantes. Con eso no quiere decir que nunca va a volver a pasar una cosa de ese estilo; para nada.

Pero lo que digo es que hacen falta acuerdos. Tal vez lo que hizo más, de manera más enfática, es llegar a la población, estarle constantemente diciendo. Y esto es así, esto es así; ya aprendimos.

La ciudadanía ahora, cuando pasó la elección de Baja California, también la versión oficial fue que porque venían muy cerrados. La gente ya no reaccionó de la misma manera; se va aprendiendo. Es un proceso en el cual, insisto, confío, de la enseñanza. Hay que aprender, hay que dejarle a la gente que lo vaya diciendo.

Dicho esto lo que quiero mencionar es que en efecto, hacen falta acuerdos, que si nos vamos a poner al 95 por ciento eso tiene una implicación. En efecto hay una de 20 posibilidades que nos equivoquemos. Pero esa es la forma tradicional en que muchos sitios eso se maneja. Sino nos gusta 95, bueno nos vamos a 99 y vemos que va a ser más factible que haya menos posibilidad de salir, eso lo tienen que entender, estoy seguro, los diputados, y lo tiene que entender por mayor razón la población abierta.

Eso lo que significa, verdad, es que lo que estoy proponiendo aquí es que haya acuerdos, haya propuestas, quien quiera que las vaya a discutir.

En cuanto al triángulo, en efecto no era mi intención decir: miren acá es el rinconcito de los PREP’s, acá es el rincón del conteo rápido. No, no, lo que yo querría decir con eso es que en tanto que tenemos todavía un sistema vulnerable en cuanto a la confianza, la idea es que PREP y conteo, me imagino, yo quisiera que desaparecieran alguna vez. Que tuviésemos un sistema como el que nos ha contado, casi país de Oz, Diane, en el sentido de que no es necesario eso.

Yo quisiera que ese triángulo se hiciera chiquito. Quisiera que cada vez se acercaran más esas cualidades, que sea una sola. Que los conteos los pudiéramos hacer más rápidos, quiero decir los distritales. Que el PREP pudiera más rápidamente llegar. Esa es la idea, no tanto arrinconarlo. Ese triángulo, tal vez me faltó decir eso. La idea es que lo hagamos pequeñito.

Y en cuanto a lo que se mencionaba del PREP, decía yo que no soy el especialista precisamente de esto. Pero me queda muy claro que tenía un Consejo, un Comité Técnico por gente muy valiosa en estos aspectos y estoy seguro, porque me consta esa parte, sí, que al igual que sucedió con el conteo rápido hubo siempre acuerdos, y no acuerdos con los especialistas y las personas que llevaron a cabo ese tremendo trabajo, sino con los partidos. Los partidos tenían manuales enteritos y los visitaron. Sabemos a qué hora entraron, sabemos a qué hora salieron, hubo visitas.

No creo que hubo un dolo en ese aspecto. Tal vez es muy complicado al entrar, pero el hecho es que todo estuvo conversado en los aspectos que atañen a lo que se mencionaba del PREP.

Muchas gracias.

-Consejero Electoral Arturo Sánchez: Muchas gracias, Rubén.

Diane.

-Sra. Diane Davidson: Gracias.

Yo no quisiera que suene como si todo es perfecto en Canadá. Sí tenemos también nuestra parte de escándalos, de hecho incluso nos tocó hace pocos años una situaciones muy difíciles que tenían que ver con Elecciones Canada en tratar de revisar nuestras reglas que gobiernan el control del dinero en la política.

Sin embargo, cuando manejamos el tema que nos enfrenta hoy sí se reduce a la cuestión de confianza, y lo que yo verdaderamente creo por mi experiencia es que lo que el elector quiere a final de cuentas es confiar en los resultados que se les presentan. Quieren finalidad, estabilidad, y creo que tenemos como una entidad que administra las elecciones estatales, tratar de gestionar las expectativas, dándole la más posible información de cómo se van desplegando las cosas, no entré en ese tema en mi presentación, pero sí damos muchos publicados de prensa a los medios.

Nos reunimos con los medios, les informamos de lo que va ocurriendo y podemos gestionar las expectativas de los medios también, porque a mí me parece que tienen una influencia elevadísimo en cómo la gente considera los resultados, qué tanto confían o no en los resultados. No importa cuál sea la metodología que utilicemos, sea encuestas de salida o conteo rápido.

Creo que es transparencia en cómo se realizan. Podemos enfrentar, estar a la altura de los retos que vayan surgiendo, porque el público lo va a demandar.

Si tienen preguntas, dudas, qué significa, y creo que hay una inteligencia en el público. Creo que tienen a final de cuentas ellos. Por eso pensé que este enfoque que tenía el IFE de consultar al público en general me pareció tan valioso.

Yo esperaría que tuviéramos el valor en Canadá de hacer una cosa tan integral, una consulta de esa naturaleza, porque sí se requiere de mucha humildad por parte de una entidad administrativa de las elecciones.

A final de cuentas el público realmente habla en términos muy claros y realmente, probablemente ha dado a su país todos los elementos sobre lo que se requiere y qué ingredientes tienen que poner ustedes en esta receta para lograr la confianza, en el país de ustedes. Gracias.

-Consejero Electoral Arturo Sánchez: Muchas gracias, Diane.

Estamos en una situación muy peculiar para un evento como éste, estamos a siete minutos de terminar a tiempo, cosa que no quiero que se quede como un precedente para no opacar otras mesas, así que haremos la lucha de que en los siete minutos que nos quedan, los ponentes que tienen preguntas dirigidas por parte del público nos puedan hacer un comentario y terminar en tiempo. Muchas gracias.

Roy, por favor.

-Act. Roy Campos: Sí, voy a tener que saltarme dos que quería, pero ni modo.

Primero. Para ser buen anfitrión, Jean-Pierre Kingsley, le agradezco la pregunta, hace ver algo que quiero aprovechar para algo, dice que qué tanto sesgo tendremos en las encuestas preelectorales en México debido a los grados de abstención que hay.

No específicamente eso, pero sí hay sesgos y hace bien algo, las encuestas preelectorales su problema ya no es tanto estadístico, los sesgos son no muestrales.

Prácticamente todo mundo en los medios pregunta cuánto es el tamaño de muestra. No, los principales sesgos son no muestrales, en México tenemos de rechazo a la entrevista 40 por ciento, luego los que nos contestan el 20 por ciento no nos dice por quién va a votar, el nivel de abstención fue 41 por ciento, en algunos estados el 60 por ciento.

Permanentemente les digo, las encuestas no sirven para pronosticar quién va a ganar, sirven para contar la historia de la campaña; con las encuestas preelectorales contamos muy bien cómo se fue moviendo la campaña y por qué se movieron las preferencias

Puedo ubicar la campaña de 2006 en cuatro etapas, ¿cómo las ubico? Por las encuestas preelectorales. Entonces nos sirven muy bien para ver el cambio y la forma en que durante las campañas se mueven las preferencias, no para pronosticar.

Y recientemente tenemos ejemplos muy claros, Yucatán. Yucatán no se pronosticaba así. Aguascalientes, no había ninguna encuesta que dijera que iba a ganar el PRI. En Chihuahua las encuestas decían que iba a ganar el PRI y terminó ganando el PAN.

Las encuestas cuentan la historia de la campaña no el resultado de la elección y esto es por muchos sesgos. Y para el 2002 se adelanta un sesgo adicional que es la evolución que puede tener el voto en el extranjero, o sea en este momento en la elección de 2006 no fue determinante, solamente votaron 33 mil, por cierto son los primero 33 mil héroes de la democracia en México, alguna vez tendrán su monumento porque son los primeros mexicanos que pagaron para votar, en lugar de que les pagaran por votar, pagaron para votar y como pagaron para votar le dieron una utilidad al voto impresionante.

No sé si alguno de aquí, porque de repente me gusta hacer encuestas, pero si les hiciera alguna encuesta de aquí a la mejor no saben, vean pagaron en promedio nueve dólares los que votaron, son 33 mil.

¿Qué tanta utilidad al voto le dieron? ¿Sí saben entre ellos qué porcentaje de votos sacó el PRI, Roberto Madrazo? Cuatro por ciento, o sea a ese grado llegó darle utilidad al voto. Ya que pagué para votar, pues le doy utilidad al voto.

Y la otra pregunta, que es una provocación que tomo, porque es una provocación, es una provocación que manda Armando Torres, porque manda dos preguntas.

1. Mi opinión sobre el cuñado incómodo Idelbrando, o sea. Miren, y luego sobre el voto por voto, pues la tomo no tengo problema.

Sobre el cuñado incómodo Idelbrando no sé qué opinar de él porque no lo conozco, pero del tema cuñado incómodo Idelbrando sí es el inicio de la tercera etapa durante la campaña, es el inicio donde reacciona López Obrador, se va a medios, ataca, gana el segundo debate con él, lo pone en la palestra, tal vez lo abandona antes de tiempo pero fue el momento en donde mejor fue la campaña de López Obrador, fue el tema que lastimó realmente la campaña que traía Felipe Calderón y el momento en que reacciona y recuperar una desventaja que le habían tomado.

Entonces como tema, es un tema, como persona pues no sé qué opinar de él porque no lo conozco.

Y el otro tema de que qué opino del voto por voto. Miren aquí sí, y la tomo como tal.

Había dos posiciones, yo no soy ni abogado para considerar si legalmente se podía ni pertenezco a ningún partido para decir si me convenía o no me convenía ni participo en la institución electoral para ver si hay confianza en los que contaron o no contaron.

Hay dos posiciones, sacándonos a todos los que tenían esos intereses, hay una posición que dice prejuzgo la actuación de los actores políticos y como prejuzgo la actuación de los actores políticos que no se cuenten todos, porque lo van usar como prueba y van a desconocer, y de todos modos el resultado van a desconocerlo; pero prejuzgo la actuación de los actores políticos.

Y la otra es la que yo públicamente sí dije en su momento: Yo sí quería, como ciudadano, el voto por voto. O sea, yo lo quería como ciudadano el voto por voto, porque yo sí tenía realmente dudas de qué había pasado ahí adentro.

Y dije yo: Todos los actores políticos se merecen que se cuente. Incluso para Calderón, decía yo, le conviene que se cuenten.

¿Qué es lo peor que podía pasar si se contaban, quitaban la parte legal y eso? ¿Qué es lo peor que podía pasar? Imagínense, se cuentan todos y gana Calderón. Qué bueno para Calderón, qué bueno para todos, o sea, qué bueno.

Se cuentan todos y gana López Obrador, qué bueno que se contaron, ¿no? Se corrigió un error histórico.

Entonces, como sea no había un efecto negativo en cualquiera de las cosas. Entonces yo sí estaba de acuerdo.

Entiendo las posturas de los “no”, entiendo las posturas porque prejuzgaban la actuación y le daban un carácter más: ¿Qué es lo que va pasar después de contarles? Van argumentar eso, la ley, el Tribunal, etc.

Y esa pregunta es relevante porque hoy justo hace un año estaba el plantón en el Zócalo, a punto de pasarse al TRIFE, estamos a 15 días del 5 de septiembre.

Gracias.

-Consejero Electoral Arturo Sánchez: Muchas gracias, Roy.

Creo que Fernando tenía algunas preguntas.

-Dr. Fernando Pliego: Sí, tengo dos. También es de Armando Torres. En Italia y Costa Rica se recontaron los votos. Su opinión y en México no, ¿por qué?

Es el debate que ahorita se está dando y está relacionado con las opiniones de Roy Campos.

El asunto es que como en el fondo es problema de confianza no se va resolver para el que pierde con un reconteo, si la premisa es la desconfianza. Y yo estoy convencido de eso.

El libro de López Obrador tiene como 310 páginas. De ésas es una historia muy interesante de cómo él quiere publicitar su historia política. Entonces bien vale la pena leer el libro.

Pero tiene alrededor de 40 páginas sobre el asunto del fraude. De ésas ocho son para presentar una tabla larguísima que está apoyada en la idea de que en una cantidad enorme de Distritos Electorales el porcentaje, hubo casillas donde su porcentaje de participación ciudadana está por encima de la media del distrito.

Bueno, es obvio, sí, es obvio que hay unas por arriba de la media y otras por abajo. Pero es el argumento de que hubo fraude.

¿Para qué? Para que se movieron los representantes, cambiaron los representantes de los partidos políticos y ahí hicieron el chanchullo. Esa es la base de la argumentación.

El problema entonces es la desconfianza en el sistema, la desconfianza en los representantes, la desconfianza en el proceso de selección y el recuento no hubiera resuelto esa acusación que está en el libro: Se movieron los representantes, los cambiaron a la meta hora y eso produjo la alteración de votos, actas, etc.

Por eso no podemos caer en el asunto de construir la alternativa del voto por voto, basado en que el problema de fondo es desconfianza, por lo tanto, tiene que ser acotado el proceso de apertura.

Y, por último, en los casos que hay más votos que votantes es porque los votos de una casilla se introdujeron en la urna equivocada.

Yo tenía esa idea al principio; pudo haber jugado, pero cuando se colapsan las casillas por sección electoral resulta que también aparecen errores por montón. Entonces uno diría, si una casilla en una misma sección tiene más, es que otra tiene de menos; no cuando se colapsan por sección electoral aparecen también un montón de errores. Entonces, sí hay casos de esos, porque hasta los documentaron en un caso de Guanajuato muy famoso.

El problema es el acta y el cansancio después de diez horas. Después de un año de andar rumiando sobre el asunto, el problema es cuando el Tribunal dictamina cuáles se van a recuento, se mete a corregir datos y, sobre todo, los corrige por la Lista Nominal, entonces yo concluyo que el principal error está en la Lista Nominal.

Entonces, yo concluyo que el principal error está en la Lista Nominal, y ahí muchas casillas dijo no, ya los metimos; se corrigió y entonces ya, y muchas casillas que se querían recortar, que tenían problemas en ellas, se corrigió al volver a contar la Lista Nominal; por lo tanto, yo concluyo que el problema es el registro de la Lista Nominal en el acta de la casilla, y eso es lo que habría que avanzar cómo resolverlo con gente cansada, después de diez horas.

Tal vez en esa parte sí podría ser muy útil un sistema electrónico, pero nada más en esa parte, porque si metemos todo electrónico van a decir que después apareció un algoritmo en el conteo, pero tal vez en Lista Nominal. Casi nada más en esa parte; no sé cómo podría ser, pero en fin.

En resumen, hay un problema de desconfianza y hay un problema que yo sí identifiqué, después de analizar los casos, que según el Tribunal se podría tener la hipótesis de que el problema es la Lista Nominal la que origina los errores aritméticos, fundamentalmente.

-Consejero Electoral Arturo Sánchez: Gracias, Fernando.

Diane me comenta que recibió una pregunta muy particular sobre la composición del órgano electoral en Canadá, y ella la responderá vía correo electrónico a la persona que la hizo.

Quisiera cerrar en primer lugar agradeciendo a nuestros cuatro expositores sus conocimientos. Como vemos, el debate está abierto. Yo, particularmente, aprendí, recordé y empiezo a reflexionar lo que tendremos que hacer para adelante.

Hoy estamos a 407 días de iniciar un nuevo proceso electoral en México y en el camino parece que encontraremos muchas cosas que definir y aclarar, antes de que el primero de octubre del año que entra arranque otra vez la carrera electoral.

Por sus conocimientos y aportaciones, muchas gracias, y por su presencia también.