21 de Agosto de 2007

VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DEL SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE REFORMA ELECTORAL, CELEBRADO EN EL AUDITORIO DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL.

-Consejera Electoral Luisa Alejandra Latapi: Buenos días, señores integrantes de este presidium.

Señoras y señores especialistas nacionales y extranjeros; autoridades electorales de otras naciones; señoras y señores participantes; y a todas las personas que nos acompañan vía Edusat:

Muy buenos días. Bienvenidos a esta reunión.

Es un honor para mí estar hoy con ustedes inaugurando el Seminario Internacional sobre Reforma Electoral.

Y es así porque además de ser un foro en el que nos acompañarán especialistas nacionales y extranjeros en la materia.

Es la tercera etapa de un esfuerzo que inició el IFE hace más de ocho meses, con el Proyecto para la Modernización y Reformas Electorales.

El pasado proceso comicial le dejó a cada uno de los actores involucrados en la contienda la oportunidad de analizar y evaluar su comportamiento, las decisiones tomadas y los mecanismos utilizados.

El Instituto Federal Electoral, al ser el responsable de aplicar la norma y de garantizar el piso mínimo democrático no ha sido la excepción.

Como resultado de un proceso de evaluación interna produjo de forma esquemática diagnósticos técnicos que destacaron los temas sustantivos de cada una de las áreas del Instituto, la problemática a la que se enfrentaron y las disposiciones legales que podrían ser modificadas.

Además, desde el IFE diseñamos un espacio para retomar, vincular y sistematizar la voz de los ciudadanos, con la creación e instrumentación de las Jornadas Ciudadanas de Reflexión y Análisis para la Modernización y Reforma Electorales.

Se realizaron tres Jornadas en todo el territorio nacional y una cuarta de forma virtual, para los mexicanos residentes en el extranjero.

De esta manera, todos los ciudadanos mexicanos tuvieron la oportunidad de alzar la voz, de proponer y de discutir las mejoras que cada uno de ellos considera necesarias, para el perfeccionamiento de nuestra democracia electoral.

Con un total de 3 mil 420 ponencias, se habló sobre procedimientos electorales, generación y difusión de resultados, participación ciudadana, campañas, condiciones de equidad y medios de comunicación, régimen de partidos y de agrupaciones políticas nacionales, y resolución de disputas, justicia electoral y sanciones.

Así, el Instituto contribuyó con su experiencia y voz técnica; fungió como puente entre el ciudadano y los órganos tomadores de decisiones, para hacer llegar sus opiniones e ideas.

Y ahora reúne a los especialistas nacionales y extranjeros en este foro, para que enriquezcan con su experiencia el debate nacional sobre la Reforma Electoral.

Quiero resaltar que cada una de estas etapas será parte del documento final que se entregará a los órganos de decisión, el Consejo General del IFE y el Congreso de la Unión, para su consulta y consideración sobre posibles adecuaciones legales y reglamentarias.

Agradezco a todos los que han intervenido en la formación de este proyecto.

A los partidos políticos y consejeros del Poder Legislativo, que contribuyeron con su trabajo desde el diseño del proyecto en el marco del grupo de trabajo que aprobamos para tal efecto.

A la Organización de las Naciones Unidas, representada en este acto por el señor Dong Nguyen, encargado del Área de Cooperación Electoral del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.

Al Centro de Asesoría y Promoción Electoral del Instituto Interamericano de Derechos Humanos (CAPEL), hoy representado por el doctor Joseph Thompson.

Al Instituto Demócrata Nacional, que hoy está representado por su titular en México, el señor Julian Quibell.

A la Unión Europea, representada en este acto por el Embajador Mendel Goldnstein.

Al representante de la Fiscal Especializada para la Atención de Delitos Electorales, licenciado Francisco Díaz Arraiga.

A todos ellos, gracias por su apoyo, por su colaboración en la orientación en cada una de las fases, así como a cada uno de los especialistas en política y en materia electoral, que hoy, mañana y pasado mañana nos estarán acompañando.

Especialmente quiero resaltar la participación de los Vocales y los Consejeros Locales y Distritales del Instituto, quienes reprodujeron el esfuerzo diseñado en las oficinas centrales, con creatividad y atendiendo sus realidades y necesidades específicas.

La Reforma Electoral es un paso necesario para el perfeccionamiento del sistema electoral, y siempre lo ha sido, porque la legislación es permanentemente desafiada por los contextos que pretende regular.

Desde la creación de la Ley de Organizaciones Políticas y procesos electorales en 1977, se han realizado ocho reformas a la Ley Comicial, que han quitado candados y abierto puertas a la democracia. Hoy, se puede discutir y se debe legislar sobre temas que perfeccionarán los procedimientos electorales y garantizarán equidad en la contienda.

Pero recordemos que hace tan sólo diez años no existía casi ninguna regulación sobre el acceso a medios; no había encuestas, ni monitoreos; no se podía conocer el origen y la aplicación de los recursos de los partidos políticos durante las campañas, ni las precampañas.

Existen, efectivamente, vacíos que deben ser cubiertos. Proponerlos y hacerlo, requiere de asumir la responsabilidad de lo que significan no sólo los retos que hoy se plantean, sino todo lo que se ha cambiado, a lo largo de varias décadas, para crear una autoridad electoral federal ciudadanizada, autónoma, legal e imparcial. Caminar hacia adelante es hoy el desafío.

Muchas gracias.

Y, para dar inicio a nuestro Seminario, tendremos la intervención del señor Dong Nguyen, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y le doy la palabra.

-Sr. Dong Nguyen: Pedí la autorización del señor Presidente del IFE de hablar y me dijo: Tú puedes hablar donde quieras. Entonces, con su permiso, voy a hablar allá, porque de esta manera me voy a sentir un poquito más grande.

Señor Presidente, señoras, señores. Es un gran privilegio participar en esta reflexión con ustedes y les presento los saludos del Oficial a cargo de la Oficina del Programa de las Naciones Unidas, que hoy tuvo otro compromiso, y yo diría, el mundo es tan grande, porque tenemos, como ya lo dijo la señora Consejera Latapi, México es una tierra de experiencia, una tierra de conocimiento electoral; yo diría difícil a comparar con otros lugares, y para las Naciones Unidas es una oportunidad de aprender de México, de aprender de sus experiencias desde los años 93, 94 hasta ahora y, yo diría, de aprender y transmitir la experiencia de México.

De nuestra parte, nunca hemos pensado que hay un modelo único de sistema electoral; hay siempre experiencias generales y el genio de cada pueblo, de cada nación, es de transformar estas condiciones generales en condiciones concretas, para el bien de la población.

Por supuesto, los expertos que somos los que tienen experiencia en el tema electoral saben que nosotros los expertos, los técnicos nunca tomamos la decisión en este sentido, es siempre la decisión de las autoridades, los legisladores, los que realmente representan el país y representan su población.

Entonces, la contribución de nuestra parte es una contribución a doble vía, de aprender de México y transmitir la experiencia de México a otros lugares y de vez en cuando a llevar la experiencia de otros lugares, como el caso de hoy, a México para alimentar la discusión.

Yo diría, el voto es un acto sencillo, pero es un producto de un proceso complejo y vivo, es un acto sencillo porque sabemos a una fecha determinada que deposita una boleta en la urna de manera confidencial, punto.

Luego, para la ciudadanía se va a regresar a su casa y disfrutar de la comida y, luego por la noche mira la televisión para captar los resultados, es tan sencillo que no, yo diría que en otros lugares de la, en todos los lugares que conozco, de Asia, hasta África, Europa el día del voto es normalmente un día, yo diría, de fiesta y el día de familia.

Pero el proceso para, que marca el voto también es un proceso complejo, complejo en este sentido, voy rápidamente porque hablo en presencia de los maestros, como Carlos Urruty que ha sido mi maestro en el campo electoral, no voy a provocarlo demasiado, es complejo porque el voto también es parte de un sistema de representación, el voto es un producto de una logística que los amigos y colegas del IFE conocen bien.

Yo diría que el día del voto es el día cuando el estado toca su población completo, su población completa porque es el día donde se siente el peso del estado nacional, un día que todos los mexicanos, más de 40 millones del año pasado, realizan, que viven en el mismo país, construyen la misma, yo diría, comunidad política en un día. Este es un esfuerzo logístico, absolutamente extraordinario.

Y lo olvidamos demasiado, pero los que trabajan en el tema electoral saben lo que significa este esfuerzo, esta realización de parte de una institución como el IFE y, yo diría también es complejo porque no hay acto legal tan complejo que el acto de votar y, cuando hablamos de acto legal, hablamos de justicia, hablamos de resoluciones, de conflicto electoral, hablamos de prevención y de sanción, de fraude electoral.

Esta es la complejidad finalmente del voto y, para terminar yo diría también el voto es el producto de un proceso vivo, porque el voto, el sufragio no nace de manera inocente, empezó con una presión, con una lucha para exigir que; exigir que cada persona, cada voto cuenta. Es exigir una cierta equidad y la equidad, la más grande posible en la toma de decisión que es el voto.

Y ustedes recuerdan que el voto empezó con el voto de los hombres ricos, de vez en cuando, más bien blancos, ¿no?, para empezar. Pero luego votaron las mujeres. En México hace como 50 años votaron las mujeres.

En los Estados Unidos votaron los negros de manera masiva, ahora se llaman americanos, afroamericanos, a partir de los años sesentas, con Martin Luther King, etc.

Y este es un movimiento, yo diría, irresistible como dicen ya al existir Tocqueville; es un movimiento irresistible para la equidad.

Y el movimiento vivo, lo que recuerda la señora Consejera hoy, entra en esta perspectiva. Es que el sufragio universal tiene que ser cada vez más universal; el sufragio universal significa básicamente la búsqueda de condiciones más y más favorables a la equidad del voto. Mi voto tiene que representar el valor de su voto.

Esta es, yo diría, la necesidad, la exigencia de la ciudadanía en México y yo diría que también es el honor de la institución, el encargo de la organización de las elecciones, de siempre buscar después de cada elección, cada votación complicada o no, de buscar mejorar las condiciones del voto, que sea a través de los medios de comunicación, del financiamiento. Esto no es importante.

Lo que es crucial, lo que es importante es que la institución se encarga finalmente de buscar siempre las mejores condiciones para respetar la equidad, la igualdad de cada voto de los ciudadanos.

En ese sentido yo diría: Otra vez para nosotros es un gran privilegio de estar con ustedes.

Gracias.

-Consejera Electoral Luisa Alejandra Latapi: Gracias a Dong Nguyen.

Y quiero presentarles a quienes están esta mañana en esta mesa, presidida por el doctor Luis Carlos Ugalde, Consejero Presidente del Instituto Federal Electoral.

El Embajador Mendel Golsteins, de la Unión Europea; Dong Nguyen ya lo escuchamos, es representante del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.

El señor Julian Quibell, del Instituto Nacional Demócrata.

Joseph Thompson, de CAPEL, y en representación de la Fiscal Especial para Delitos Electorales, el licenciado Francisco Díaz Arriaga.

Para dar inicio formal, para la inauguración de este seminario, doy la palabra al Consejero Presidente, doctor Luis Carlos Ugalde.

¬-Dr. Luis Carlos Ugalde: Muy buenos días, distinguidos invitados que nos acompañan.

Señor Embajador Goldnstein, representante de la Unión Europea;

Señor Dong Nguyen, amigo de casa; más que otra cosa amigo de casa y Coordinador del Proyecto de Observación Electoral del PNUD en México.

Señor José Thompson, también un amigo de casa, Director del Centro de Asesoría y Promoción Electoral del Instituto Interamericano de Derechos Humanos.

Señor Julian Quiebell, del Instituto Nacional Demócrata;

Señor Díaz Arriaga, en representación de Fepade:

Gracias a todos ustedes por estar aquí.

Y antes de seguir también quisiera hacer un reconocimiento a la Coordinación de Asuntos Internacionales del IFE, por su enorme esfuerzo hoy, ayer y siempre, por tener al IFE en una extraordinaria relación con otros países y autoridades del mundo.

Ahora que se discute una reforma electoral en México, tenemos que tener en perspectiva cuáles han sido los momentos clave en que se han dado reformas electorales que han tenido el propósito de cambiar, cuantitativa y cualitativamente, la calidad de la democracia mexicana.

Cada uno de estos momentos históricos ha tenido la peculiaridad de que hemos tenido la sabiduría de poder diagnosticar cuál es el problema central, para poder dar una medicina significativa que ataque ese problema de fondo.

Y no tenemos que perder de vista este enfoque histórico comparativo, porque será la única manera de saber cuál es el diagnóstico del estado de la democracia mexicana, para poderle dar una medicina apropiada a ese diagnóstico.

No siempre se hacen buenos diagnósticos y no siempre hay buenas soluciones, por lo cual cualquier reforma electoral, me parece a mí, debe partir de un diagnóstico apropiado del estado de las cosas, para mantener lo que sí funciona y modificar aquello que requiere cambio.

En las reformas de 1964 y 1977, por ejemplo, estaba claro que el diagnóstico era el pluralismo limitado que existía en los poderes públicos en México, y ambas reformas, particularmente la de 1977, incluyeron instrumentos para la representación de minorías y eso condujo, necesariamente, para que a fines de los 70 y durante la década de los 80, el país pudiera ir evolucionando en un sistema más plural y representativo de la diversidad del país.

Ambas reformas, la de 64, que introdujo los diputados de partido, y la de 77, que introdujo la representación proporcional, tuvieron una lectura del estado de las cosas, y tuvieron una solución que fue mayor pluralidad y representación de minorías.

En la década de los 90’s, había como propósito fundamental lograr plenamente la transparencia de los procesos electorales y lograr la independencia de las autoridades electorales y, con claridad y con método, la ley electoral logró incorporar esos dos propósitos fundamentales: elecciones transparentes y legales, y autoridades electorales que las administraran con imparcialidad e independencia.

En los últimos diez años, el marco legal no se ha modificado y eso ha dado lugar a que haya un rezago entre nuevos fenómenos que se han venido construyendo y generando en los últimos años, y un marco legal vigente que sigue respondiendo a las preocupaciones de la década de los 90, pero que ya no necesariamente responde a fenómenos nuevos que hemos observado no solamente en 2006; se vienen observando desde 2000 y se ha observado en todas las elecciones locales, para gobernador, que se han realizado en los últimos siete años, y de manera simbólica y de manera acentuada, en la elección presidencial de 2006.

Pero quiero recalcar que 2006 no es el primer momento en que el país vislumbra una serie de fenómenos, sino ha sido recurrente desde el año 2000 en todas las elecciones locales que se han dado en el país.

Por lo tanto, creo que este primer marco histórico nos debe dar como orientación que para poder hacer una reforma electoral que responda a la problemática del país, tenemos que partir de un diagnóstico y de un propósito claro, para evitar perdernos en los árboles en lugar de ver al bosque en su conjunto.

El segundo asunto que quisiera comentar es que para que una reforma electoral sea relevante, no solamente tiene que tener un diagnóstico apropiado y un propósito claro, sino también tiene que responder a quienes deben ser los principales destinatarios de cualquier reforma electoral, que deben ser los ciudadanos y los votantes.

Y no debemos perder esto de vista, porque si no respondemos a los principales usuarios de la democracia, que son los votantes y son los mexicanos, podemos perder de vista la orientación clara.

Es por eso que el IFE llevó a cabo en los últimos meses, Jornadas Ciudadanas de Reflexión y Análisis. Como comentó la Consejera Alejandra Latapi, recibimos más de tres mil 400 ponencias en todo el país, en tres Jornadas, a lo largo de tres meses, con temas muy concretos.

Si ustedes revisan esas ponencias, que están disponibles en Internet, verán que la gente expresa, de manera muy coloquial y muy directa, cuáles son sus frustraciones, sus anhelos, sus agravios, sus desencantos. Y creo que escuchar esa voz ciudadana que dice con mucha nitidez por qué los ciudadanos en ocasiones están desencantados de la política, de los políticos y de los partidos, es una manera para poder oxigenar un debate que en ocasiones tiende a quedarse en las élites, en los partidos, en los salones legislativos, en las reuniones de las autoridades electorales, pero tenemos que bajar a escuchar a los ciudadanos.

No hay nada nuevo bajo el sol que no se haya dicho encuesta tras encuesta, seminario tras seminario, pero vale la pena voltear a ver a oír lo que los ciudadanos escuchan.

¿Y qué es lo que los ciudadanos quieren de una revisión y de una clasificación de las tres mil 400 ponencias? He hecho un catálogo de 10 cosas que son las que más son reiteradas en estas poses ciudadanas que fueron vislumbradas y que fueron escuchadas por el IFE en los últimos meses y, sin que haya jerarquía entre estos 10 temas quisiera enunciarlos, porque creo que hablan un poco de lo que los ciudadanos quieren, y no necesariamente lo que los ciudadanos quieren coincide en ocasiones con lo que los partidos quieren.

Y es muy importante que haya una alineación entre lo que se legisla y lo que los ciudadanos están demandando.

¿Qué es lo que los ciudadanos expresaron? 10 temas no jerárquicamente ordenados, pero 10 temas que reflejan lo que los ciudadanos expresaron en las Jornadas Ciudadanas.

1. Campañas menos caras.

2. Reducir el financiamiento público a los partidos políticos.

3. Transparencia y equidad en el acceso a los medios de comunicación.

4. Regular las precampañas.

5. Regular la propaganda negativa.

6. Regular la publicidad oficial durante los procesos electorales.

7. Regular la fijación y retiro de propaganda electoral.

8. Programas de educación cívica en el sistema escolar.

9. Combatir el abstencionismo y,

10. Procedimientos nuevos y eficaces para integrar mesas de casilla.

Como ustedes observarán, muchos de estos temas se repiten en el debate público, pero hay otros temas que a los ciudadanos les agravian y que no necesariamente forman parte del debate político o público que es registrado por los medios de comunicación.

Creo que esta lista de 10 puntos puede ser ubicada y puede ser catalogada en dos ejes que, en mi opinión forman parte de los dos ejes en los cuales podría ubicarse parte de la solución a los rezagos que enfrenta la democracia electoral, que en mi opinión corren por dos fuentes.

1. Democracia menos cara y mayor equidad en la contienda electoral.

Para tener una democracia menos costosa es necesario que las campañas cuesten menos y eso ataca lo que yo he llamado es el binomio perverso entre dinero y política. Cada vez las campañas son más caras, los registros de fiscalización del IFE muestra cómo el costo promedio por voto se ha ido incrementando en los últimos 10 años y eso es lógica simple y llana en cualquier actividad humana, requiere financiamiento, requiere financiadores y esos financiadores podrán estar permitidos en la ley o podrán no estar permitidos en la ley, pero el hecho es que el incentivo de ganar campañas requiere dinero y ese dinero puede dar incentivos para que se consiga al margen de la ley.

Testimonio tras testimonio en las Jornadas Ciudadanas hablan de esta preocupación de los ciudadanos y, me parece que es fundamental cómo ver cómo se puede atacar ese asunto.

No hay nada nuevo bajo el sol, los ciudadanos lo han dicho y, me parece que el eje central para reducir el costo de las campañas es asumir algún modelo de acceso gratuito de los partidos políticos a los medios de comunicación electrónicos mediante un mayor uso de los tiempos oficiales del Estado Mexicano.

Esa es la evidencia, los registros del Instituto muestran que aquí es donde se eroga buena parte de los recursos de las campañas y, me parece por lo tanto que se debe explorar un mecanismo apropiado que permita usar con mayor intensidad los tiempos oficiales del estado mexicano para fines de publicidad política.

Una vez que se haya logrado eso, me parece que es inevitable y los ciudadanos lo exigen una tras otra vez, reducir el financiamiento público de los partidos políticos en la magnitud en que se puedan reducir los requerimientos de acceso a los medios de comunicación.

Me parece que este es un asunto muy importante que es indispensable que se asuma.

El segundo eje de la Reforma Electoral, de acuerdo a lo que se contempla en estas Jornadas Ciudadanas, es contar con mayor equidad en las contiendas electorales.

Una democracia más equitativa requiere, por ejemplo, regular el tema de las precampañas, en donde nacen y empiezan a generarse en ocasiones ventajas indebidas para algunos ciudadanos, precandidatos o quienes ostentan cargos públicos, que les puede dar ventaja indebida si no hay claridad sobre las reglas del juego.

También es necesario tener más transparencia y equidad en el acceso a los medios de comunicación.

Como todos sabemos, en el esquema actual los partidos y los medios pueden negociar de manera legal las tarifas, las condiciones de pago y los esquemas de comercialización. Ese es el esquema legal vigente bajo el cual se lleva a cabo el acceso a los medios.

Pero los propios partidos han expresado cierta inconformidad de que esa ley vigente, la ley que nos regula a todos no siempre garantiza un acceso equitativo a los medios y podría fomentar un trato desigual.

También es necesario, los ciudadanos lo han expresado, que es necesario pensar cómo regular la propaganda negativa, si esa regulación es deseable, si regulatoriamente es factible.

Y aquí ustedes recordarán que el año pasado el IFE enfrentó un enorme e intenso debate sobre los límites de la libertad de expresión, para fomentar la equidad durante las campañas.

Finalmente, los ciudadanos expresaron que regular la publicidad oficial es una medida necesaria para la equidad de la contienda y creo que aquí en temas de publicidad oficial hay dos vertientes: Una es la publicidad oficial durante procesos electorales, que cada vez parece haber mayor consenso de que debe haber alguna prohibición.

El IFE ha venido prohibiendo, mediante acuerdos de naturaleza diversa, que los gobiernos anuncien en un periodo previo a la Jornada Electoral; muchas legislaciones de los estados ya contemplan esa prohibición, y creo que este aspecto es fundamental hacia el futuro.

Y la otra que se ha mencionado con insistencia es cómo poder limitar para que la publicidad oficial sea asociada con el titular del gobierno que lo encabeza, a fin de evitar que haya una confusión entre la publicidad institucional y la promoción personal de los gobiernos o de quienes encabezan esos gobiernos.

Señoras y señores:

Creo que la única condicionante de la Reforma Electoral es que responda a los intereses de los ciudadanos.

La democracia electoral debe estar al servicio de los ciudadanos, no al servicio de los partidos.

Son los ciudadanos y los votantes a quienes debe beneficiar cualquier reforma electoral, y por eso creo que es necesario preguntar a esos ciudadanos qué es lo que quieren.

El IFE lo ha hecho, el Congreso de la Unión lo ha hecho y creo que los especialistas que nos acompañarán en los próximos tres días podrán reflexionar sobre ese tema.

Creo que los ciudadanos de México y de otras partes del mundo quieren lo mismo, y eso tendremos la oportunidad de escucharlos en los próximos días.

Estas demandas ciudadanas las he expresado en dos ejes fundamentales, que tienen que ver con una democracia menos cara y una democracia con mayor equidad en la contienda.

No debemos dejar pasar la oportunidad de tener un diagnóstico apropiado, para tener la oportunidad de tener medidas de soluciones claras para el problema que nos aqueja el día de hoy.

Menor costo y mayor equidad pueden ser los dos aspectos fundamentales que orienten la discusión global de la Reforma Electoral, a fin de poder ir construyendo instrumentos que respondan a este propósito global de tener una democracia menos cara y mayor equidad en la contienda electoral.

Creo que la orientación es muy importante y los próximos días nos darán la oportunidad de reflexionar con nuestros distinguidos invitados.

Muchísimas gracias; gracias por acompañarnos y muy buenos días.

-Consejera Electoral Luisa Alejandra Latapi: Quiero agradecer la presencia de los Consejeros Electorales Andrés Albo, Virgilio Andrade, Teresa González Luna, Arturo Sánchez Gutiérrez, así como de los conferencistas magistrales que en unos minutos más pasarán a esta mesa, el señor Carlos Urrutia, el señor Federico Reyes Heroles, y algunos de los ponentes que en estos tres días nos estarán acompañando: el licenciado Jesús Orozco, Laurence Whitehead, Leonardo Valdés.
Y, por supuesto, quiero destacar la presencia de autoridades electorales de países miembros de la Unión Interamericana de Organismos Electorales, como Colombia, El Salvador, Honduras, Perú y República Dominicana, quienes vinieron a nuestro país solamente con el objetivo de estar con nosotros en estos trabajos.

Sin más, daremos paso a la siguiente sesión que es la de las conferencias magistrales.

Muchas gracias.
(Receso)

-Consejera Electoral Alejandra Latapi: Pues otra vez muy buenos días a todas y todos. Tengo el honor de estar en estos momentos acompañada por el maestro Carlos Urruty, quien es Presidente de la Corte Electoral del Uruguay. Y digo maestro, como ya lo dijo Dong Nguyen, porque para muchos de los que hemos vivido en los sistemas electorales es un ejemplo y siempre tenemos algo que aprender de él.

Él ha estado al frente de esta institución electoral del Uruguay por más de varias décadas y creo que lo que nos tenga que compartir hoy y que aportar va a ser del interés de todos nosotros.

Y a mi izquierda me acompaña Federico Reyes Heroles, escritor, comentarista, destacado intelectual mexicano que, además, preside Transparencia Mexicana, capítulo México, y el parte de sus reflexiones, de sus análisis, de sus escritos, han tenido mucho que ver no solamente con la política nacional, sino en específico con la democracia electoral mexicana.

Creo que no necesitan, ninguno de los dos, mayor presentación, y le doy la palabra, entonces, a don Carlos Urruty.

-Sr. Carlos Urruty: Muchas gracias, muy buenos días.

Este título de maestro a mí me queda muy grande, lo que lamentablemente soy, soy el más viejo de los magistrados electorales de América lo que no me da, no creo que me permita asumir el título de maestro. Por el contrario, como ustedes van a apreciar en el transcurso de mi exposición, voy a tratar de ilustrarla con las expresiones de los que sí fueron mis maestros, cuyas enseñanzas procuro en cada oportunidad en que tengo el privilegio de poder dirigirme a personas de la alta calidad a la que me estoy dirigiendo en este momento, trato de explicar lo que a mí me enseñaron.

Y comienzo la exposición. En las tres últimas décadas del siglo pasado la democracia ha resurgido triunfante de las dictaduras de derecha, particularmente en España, Portugal y en América Latina y se ha impuesto a las dictaduras de izquierda en Europa y en parte de Asia donde asistimos al vertiginoso desplome de los autoritarismos.

Hace 60 años, en plena guerra mundial, de una totalidad de 61 estados, solamente 12 podían ser considerados democráticos y 49 eran autocracias, mientras que en 2000, de una totalidad de 191 estados, 117 pueden ser considerados democráticos, en tanto que 74 son autocráticos.

Pero al mismo tiempo que la democracia triunfa sobre los totalitarismos, entra en una crisis profunda en los territorios en que aparecía más arraigada. Asistimos preocupados al resurgimiento en Europa Occidental de grupos neonazis y de neofascistas y a la aparición de un neoanarquismo conservador que cuestiona la existencia misma del Estado y pretender sustituir la organización política por una confrontación de fuerzas económicas.

Se reprocha al sistema democrático su ineptitud para resolver los problemas sociales y económicos de los gobernados. Se acusa a los que peyorativamente se ha dado en llamar la clase política, de gobernar en su exclusivo provecho sin atender las necesidades del hombre común.

La situación se agrava en algunos casos por el cuestionamiento de la honestidad de quienes manejan los intereses públicos. Todo esto genera una brecha terriblemente peligrosa entre gobernantes y gobernados y determina que éstos pierdan su confianza en aquellos; los electores votan por quienes habrán de gobernarlos, pero no siempre creen en ellos y a veces ni siquiera votan.

Los índices de abstención comprobados en elecciones de América Latina son alarmantes y ponen de manifiesto la indiferencia del pueblo y el desprestigio de la llamada clase política.

Se observa por doquier una falta de militancia y de devoción que alcanza también a los partidos políticos, a los sindicatos y a la propia iglesia. Esa tensión lleva a que haya sociedades y ciudadanos dispuestos a pagar el precio más alto, el precio de la libertad para obtener seguridad.

De acuerdo a la clasificación aristotélica y al criterio cuantitativo que le sirve de base, la democracia es por definición una forma de gobierno que reposa en el hecho de que en ella el gobierno es ejercida por todas las personas que componen el estado, por oposición a la monarquía en que el gobierno es ejercido por una sola persona y a la aristocracia en la cual es un grupo restringido de personas el que rige los destinos del Estado.

No debe olvidarse, sin embargo, que el propio Aristóteles, no obstante, basar su clasificación en factores cuantitativos, utilizó un criterio valorativo para distinguir las formas puras de las formas impuras de gobierno, según que el mismo fuera ejercido en interés de todos, tanto de gobernantes como de gobernados o en exclusivo interés de los gobernantes, aparece así la demagogia como forma impura de la democracia.

Lo característico de esta forma de gobierno es que en ella la legitimidad del poder se funda en el libro consentimiento de los integrantes de la comunidad, este es el factor decisivo para distinguir la forma de gobierno democrática de la autocrática.

En la forma de gobierno autocrático, la categoría de súbdito aparece separada de la de gobernante. Quienes gobiernan constituyen un grupo social y político distinto del que integran aquellos que están obligados a acatar la voluntad de los gobernantes, existe un grupo que ordena y manda y otro que obedece, es la fuerza la que respalda la voluntad del poder del individuo o grupo que gobierna.

El régimen de gobierno democrático tiende, en cambio, a superponer las categorías de ciudadano y súbdito, de tal modo que los que deben obedecer hayan tenido la oportunidad de concurrir con su voluntad particular a crear la voluntad colectiva que deben acatar, es éste el postulado básico de la democracia, que los individuos estén sometidos a reglas que ellos voluntariamente han contribuido a dictar.

La democracia es entonces el gobierno del pueblo por el pueblo, porque los mismos individuos sometidos al poder del Estado son los que en mayoría han concurrido a sancionar las normas jurídicas a las que están sometidos, pero la democracia no es un fin en sí misma, es la forma de gobierno que mejor asegura el establecimiento del estado de derecho, verdadera garantía de la libertad individual y del respeto a la dignidad del hombre.

En su voto concurrente a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Yatama, versus Nicaragua, el juez Diego García expresa que desde los inicios de la OEA la democracia y el respeto a los derechos esenciales del hombre fueron concebidos de manera interdependiente, esta vinculación está presente en el preámbulo de la carta, en la declaración americana de los derechos y deberes del hombre y particularmente en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos.

La declaración de Santiago de 1959 precisó esta unidad conceptual entre derechos humanos y democracia al definir los estándares democráticos interamericanos.

Posteriormente, la resolución 991 estableció que los miembros de la OEA deben afianzar sus sistemas democráticos a través del pleno respeto de los derechos humanos.

Como lo destaca el juez citado, se ha ido consolidando en forma gradual la concepción de que no existe oposición entre el principio de no intervención, la defensa de la democracia y los derechos humanos, entre otras razones porque los compromisos en materia de defensa de los derechos humanos y de la democracia son contraídos por los países en el libre ejercicio de su propia soberanía.

En la Carta Democrática Interamericana, el instrumento jurídico que el sistema interamericano ha generado para fortalecer la democracia y los derechos a ella vinculados, se estipula que los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla.

Se reiteran en ella principios coincidentes con los contenidos en la Convención Americana de Derechos Humanos, cuando se señala que son elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho.

La celebración de elecciones periódicas libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto, como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas y la separación e independencia de los poderes públicos.

De los principios establecidos en la Carta Democrática Interamericana rescato y pongo particular énfasis en destacar el que afirma que no basta que la sujeción al Estado de Derecho se respete en el acceso al poder, sino que es necesario que una vez obtenido el mismo el poder sea ejercido también y fundamentalmente con sujeción al Estado de Derecho.

De este modo, se agrega a la legitimidad de origen la legitimidad de ejercicio, como principio interamericano.

El juez García Sayan concluye, a mi juicio, con acierto que leída la Convención Americana a la luz de estas evoluciones conceptuales, que el consenso interamericano expresado en la Carta Democrática resulta, pues, que la libre expresión de la voluntad de los electores se vería afectada si autoridades elegidas conforme al Estado de Derecho, legitimidad de origen, ejercen sus funciones en contravención al Estado de Derecho.

Estado de Derecho es aquel en que todos, absolutamente todos están sujetos a las normas jurídicas que la colectividad voluntariamente ha decidido aprobar, para regir la actividad de conjunto.

No existe en el Estado de Derecho individuo o grupo, órgano o poder que esté facultado para actuar por encima, en contra o al margen de marco jurídico que el libre consentimiento de los integrantes de la comunidad han decidido que han de regir sus destinos.

El poder soberano sea que se ejerza directamente por el cuerpo electoral o indirectamente por los poderes representativos, bajo ninguna circunstancia puede ponerse en acto sin ajuste a las normas de Derecho normalmente contenidas en la Constitución del Estado.

El cuerpo electoral es también un órgano de gobierno dotado de atribuciones taxativas y precisamente enumeradas, cuyos nudos de actuación están previstos por el Derecho y cuyas competencias carecen de eficacia jurídica, en cuanto no se cumplan en los términos y conforme a la forma fijada por el Derecho.

Dije que iba tratar de transmitir a ustedes las enseñanzas que recibí de mi maestro y esta frase que acabo de mencionar como definición del Estado de Derecho no me pertenece, me fue enseñado por mi profesor de Derecho Constitucional, el doctor Justino Jiménez de Aréchaga, a quien volverá a citar al final de mi exposición.

Es indiscutible la importancia fundamental que los organismos electorales tienen en lo que ha dado en llamarse la legitimidad de origen. Aunque debo reconocer que es muy poco lo que pueden influir para asegurar la legitimidad de ejercicio.

Las democracias constituyen gobiernos de opinión.

Si el libre consentimiento de los integrantes de la comunidad es el fundamento legitimador del poder público, resulta imprescindible examinar el marco de libertades y garantías que rodean una elección, para poder decidir si ella supone efectivamente un verdaderamente acto de voluntad.

La aceptación de este postulado va generando paulatinamente las siguientes consecuencias:

En primer lugar, la jerarquización del conjunto de normas que regulan la expresión de ese consentimiento y dotan de garantías al sistema, procurando que la voluntad colectiva se manifieste en los marcos de libertad.

Esas normas adquieren tal trascendencia que con justo título pasan a reclamar autonomía dentro del orden jurídico general.

En segundo lugar, la creciente importancia que se asigna a la instrumentación de mecanismos y procedimientos electorales que aseguren la pureza de la expresión de la voluntad colectiva.

De la observancia estricta de esos procedimientos, depende que quede asegurada la legitimidad de origen. Tan grande es la importancia de estos procedimientos electorales que, como lo señalo en cada oportunidad en que tengo de dirigirme a magistrados electorales, menciono las palabras que ha merecido de uno de los más ilustres pensadores que han visto la luz en el siglo pasado, la siguiente reflexión:

“La salud de las democracias, cualesquiera que sean su tipo y su grado, depende de un mísero detalle técnico: el procedimiento electoral”. Esto lo dijo en su obra La rebelión de las masas, que se puede leer hoy en día, como si hubiera sido escrita ayer, lo dijo Ortega y Gasset.

Dice Ortega y Gasset: “Si el régimen de comicios es acertado; si se ajusta a la realidad, todo va bien; si no, aunque el resto marche óptimamente, todo va mal”.

Ejemplificando, escribe Ortega: “Roma, al comenzar el siglo primero antes de Cristo es omnipotente, rica; no tiene enemigos delante; sin embargo, está a punto de fenecer porque se obstina en conservar un régimen electoral estúpido. Un régimen electoral es estúpido cuando es falso”. Y concluye el eminente pensador: “Sin el apoyo del auténtico sufragio, las instituciones democráticas están en el aire”.

Es fundamental para la existencia de la democracia que la opinión se elabore en un clima de libertad, que se encauce a través de partidos libres de la presión oficial y que se exprese bajo las garantías de un sistema electoral que descarte la manipulación del cuerpo electoral y haga imposible torcer su verdadera expresión de voluntad.

En tercer lugar, como consecuencia de que el libre consentimiento es el fundamento legitimador de la democracia, aparece la significación institucional que comienzan a adquirir organismos independientes del poder político, que ya sea en la órbita del poder judicial, ya sea como entidades autónomas, ya sea como verdaderos poderes de gobierno, se crean con la finalidad de asumir competencia exclusiva y excluyente en el contralor de esa expresión de voluntad colectiva y en la proclamación del resultado de los pronunciamientos populares.

Si abordamos un estudio de derecho comparado, apreciamos en los diversos estados grandes diferencias de detalle, a las que se refería mi querido amigo Dong Nguyen, en lo referente a la organización y juzgamiento del proceso electoral.

Si algo aprendimos, es que no hay verdades absolutas en materia electoral con validez para todos los pueblos y todos los lugares. No obstante ello, cualesquiera sean esas diferencias, lo que sí puede afirmarse es que el desarrollo del proceso electoral obliga a poner en práctica todas las funciones jurídicas del gobierno.

Y la necesaria puesta en práctica de las distintas funciones jurídicas determina, asimismo, el ámbito en el cual es legítimo que cada una pueda desenvolverse.

En primer lugar, la función legislativa. No es concebible la existencia de un proceso electoral que merezca la denominación de tal, sin la existencia de normas preexistentes que lo regulen.

Como lo señala con acierto el jurista colombiano, profesor Augusto Hernández Becerra, siempre que la historia nos da noticia sobre la práctica de elecciones entre griegos y romanos, debe presumirse la existencia de la correlativa regla jurídica.

Toda elección debe estar precedida de un marco regulatorio de jerarquía constitucional o legal que establezca las reglas del juego del acto electoral. Es materia reservada a la constitución o a legisladores en los países en que aún no ha alcanzado jerarquía constitucional, el determinar qué se elige, quién está habilitado para elegir, qué requisitos deben reunir los candidatos para poder ser postulados; la circunscripción territorial dentro de la cual se lleva a cabo la elección, las mayorías exigibles para la elección de los cargos unipersonales, el sistema de adjudicación de bancas para los pluripersonales, las bases del sufragio, su carácter universal, secreto, obligatorio o voluntario.

El establecimiento de ese marco regulatorio excede la potestad reglamentaria que debe otorgarse al organismo electoral que prepara el acto eleccionario y la competencia del orden en que debe jugarlo.

Como lo expresa Gaston Yes, el acto electoral es una operación compleja que comprende gran número de actos jurídicos. La regularidad de cada uno de ellos condiciona la validez de la elección concebida por el autor como un conjunto de actos condición, vinculados entre sí por el principio de la indisibilidad del proceso.

Para el cumplimiento de los métodos que le han asignado la Constitución y las leyes, es indudable que los organismos electorales deben estar dotados de la facultad de ejercer una actividad multifuncional, y que entre sus múltiples y amplias facultades poseen la potestad reglamentaria.

Pero esa potestad reglamentaria se agota en la regulación de la elección, en tanto procedimiento o mecanismo tendiente a determinar cuáles son las personas que han resultado ungidas por la manifestación de voluntad de los electores.

En ejercicio de esa potestad reglamentaria, el organismo electoral no está facultado para regular inegibilidades o incompatibilidades ni para fijar cuáles son las condiciones para ser elector o elegible, ni para establecer el sistema que debe tomarse en cuenta para convertir los votos en escaños.

Esa regla debe de estar sancionada previamente al proceso electoral por el constituyente o el legislador.

Constituyen lo que Yes denomina “Teoría del electorado”, “Teoría de la elegibilidad” y “Teoría de las incompatibilidades”, para distinguirlas de la Teoría del acto electoral”, que comprende las reglas que establecen las condiciones de forma, tiempo y lugar y número, que deben cumplirse para que la manifestación de voluntad del elector produzca efectos jurídicos.

La potestad reglamentaria, de la que no puede privarse a los organismos electorales, pues es un instrumento imprescindible para que puedan cumplir con sus cometidos, permite a dichos organismos regular esas condiciones de forma, lugar y tiempo que deben encauzar la expresión de voluntad del electorado.

Pero en ejercicio de esa potestad reglamentaria los organismos electorales no pueden pretender establecer las reglas de juego de una elección que deben de ser preexistentes a ella, y estar consagradas en disposiciones de rango normativo superior. El pretender hacerlo no es reglamentar la elección, es legislar.

Con referencia a este punto y dado que su puesta en práctica en caso de ser compartidas requieren necesariamente la aprobación del legislativo, es oportuno teniendo en cuenta que el temario a abordar por este seminario es el de las reformas electorales, como modesto aporte traer a colación algunas de las sugerencias que el equipo de expertos que visitamos México, invitados por el PNUD de mayo del 2006 nos permitimos efectuar y que podrían, a nuestro juicio, mejorar en el futuro el desarrollo de los procesos electorales mexicanos.

Ninguna de estas propuestas tiene que ver con los puntos a los que hizo referencia el Presidente del IFE. Todas ellas están referidas al Registro Electoral y al Padrón Electoral.

Pero participo de la idea de que el Registro Electoral y el Padrón Electoral constituyen la base de la pureza de un proceso electoral, y por eso me parece que puede resultar útil referirlo.

En materia de Registro Electoral pudimos comprobar que el Código Electoral establece que la base del Padrón Electoral es el Catálogo General de Electores recabado a través de la técnica censal total mediante entrevistas casa por casa a fin de obtener la información básica de los mexicanos mayores de 18 años.

Ese procedimiento ha permitido elaborar el Padrón y la Lista Nominal de Electorales que tienen derecho a participar en la elección. Consideramos que otorgaría mayores garantías al registro electoral, exigir en el futuro a quien solicita incorporarse en dicho registro, acredite en forma fehaciente ser mexicano por nacimiento. Es decir, presentar el acta de nacimiento u otra prueba supletoria que acredite su calidad de mexicano, no bastando a tal efecto la declaración de dos testigos que puedan ser personas complacientes.

El Código Electoral exige esa prueba para los mexicanos por naturalización, pero esa prueba documental no está prevista en el Artículo 143 del Código Electoral para quien solicita incorporarse al Padrón Electoral.

En la reunión celebrada con el Director del Registro Electoral pudimos enterarnos que por decisión administrativa desde el año 2005 se ha introducido esta exigencia documental, consideramos sin embargo que por tratarse de un requisito del cual depende el derecho de elegir y ser electo, la exigencia debería estar contenida en el Código Electoral.

Pudimos comprobar asimismo que las dificultades que existen para la actualización y depuración del padrón derivan de la movilidad demográfica de las diferencias culturales y de la inexistencia de un registro de estados civiles centralizado. La movilidad demográfica no va acompañada, sobre todo tratándose de gente joven, de la comunicación el Registro Electoral del cambio de domicilio a cuyo respecto se observa un total desinterés que contrasta con el interés de obtener la credencial para votar que es hoy en día aceptada como documento de identidad para cualquier tipo de trámite

No mediando la solicitud ciudadana, no se aprecia si la legislación no lo proporciona ningún mecanismo que permita al Registro Electoral proceder de oficio e incluir a los electores en las nóminas que corresponderían a su domicilio actual, máxime que la posibilidad de votar en casillas especiales les exime de tener que trasladarse al centro de votación en que aparecen registrados.

En lo que se refiere a la depuración por fallecimiento, las dificultades derivan de que no siempre los datos consignados en las partidas de defunción permiten determinar con precisión cuál es el ciudadano que corresponde dar de baja en el padrón, de que existen sobre todo en distritos rurales poblaciones que entierran a sus fallecidos sin que el hecho dé lugar a ningún tipo de registro y de que no existe forma de enterarse del fallecimiento del ciudadano mexicano cuando el hecho sea verificado en el extranjero. Estas dificultades influyen indebidamente cuando se calcula el índice de abstención.

Con el fin de remediar en parte esas dificultades, nos permitimos proponer dos modificaciones a la normativa que regula el Registro Electoral.

Por un lado, el establecer un término de validez para la credencial con fotografía a partir de su expedición, la ley electoral no lo establece. Esto por ahora no ocasiona problemas, porque siendo relativamente reciente la norma que incorporó esta importante mejora al Régimen Electoral Mexicano, las credenciales otorgadas no son muy antiguas.

Pero de no introducirse un plazo de validez para el documento, va a terminar debilitando su eficacia para acreditar identidad, desde que el transcurso del tiempo provoca importantes modificaciones en la fisonomía de sus titulares. Me basta para comprobarlo con ver las acreditaciones con fotografía que he tenido en los últimos 20 años.

El establecer un plazo de validez coadyuva asimismo a depurar el padrón, ya que quien haya fallecido o se haya ido del país no se ha de presentar a renovar la credencial y por tanto quedaría automáticamente excluido.

Por otra parte y con la expresa aclaración de que no existen en materia electoral, como dije antes, soluciones con validez universal, nos permitimos recordar que en otros países de América se ha suplido la imposibilidad de depurar el padrón con motivo del fallecimiento, derivada de la insuficiencia o la carencia de la partida de defunción, disponiendo la exclusión del padrón de quien no vota en dos o en más de dos elecciones sucesivas.

Se elabora una nómina incluyendo a quienes han estado omisos en dos o más de dos actos electorales y se pone de manifiesto por un plazo determinado, trascurrido el cual si el omiso no se presenta se le excluye del padrón, esta exclusión no tiene carácter sancionatorio, por lo cual si el omiso está vivo puede presentarse en cualquier momento a partir del día siguiente a su exclusión a solicitar nuevamente su incorporación al Registro Electoral.

Con referencia también al Registro Electoral, pudimos apreciar que el Código Electoral permite obtener la credencial con fotografía hasta el último día de febrero. Como consecuencia de ello, quien extravía el documento se ve privado del mismo por sustracción, aún cuando figure en el listado nominal de habilitados para votar no puede sufragar porque no está en condiciones de exhibir la credencial y de este modo acreditar su identidad ante la casilla de votación, en cuyo listado figura.

Consultamos al Director del Registro Electoral si técnicamente era posible extender con todas las garantías del caso una nueva credencial en términos breves, en casos de pérdida o sustracción y la respuesta fue afirmativa. Se nos dijo que era posible extenderla de un día para el siguiente.

En mérito a ello consideramos que sería conveniente contemplar en el Código Electoral la posibilidad de que los ciudadanos que figuran en el listado nominal de habilitados para votar, puedan solicitar la renovación de su credencial hasta una fecha mucho más próxima a la de la celebración de la elección.

De otro modo quien roba el documento le está quitando al ciudadano el derecho a sufragar.

Hasta aquí consideramos la función legislativa.

En el proceso electoral aparece, sobre todo en la organización y administración del proceso electoral, un claro predominio del ejercicio de la función administrativa.

Ese ejercicio se concreta en el dictado de actos jurídicos y en la realización de operaciones materiales de ejecución. Esos actos jurídicos son de muy diversas naturaleza.

Para poder llevar a cabo la elección, los organismos electorales deben dictar acto-reglas, es decir, crear normas jurídicas generales, objetivas e impersonales que se aplican a todas las personas que se encuentran en las condiciones previstas en la norma.

Deben también dictar actos subjetivos, es decir, actos que producen efectos jurídicos que sólo afectan a personas determinadas; deben, por fin, dictar acto-condición, es decir, actos que colocan a una persona en una situación jurídica general preexistente.

Ejemplo de este tipo de actos es el que otorga la ciudadanía al extranjero o el que incorpora al ciudadano al Registro Electoral. En ambos casos existe una situación jurídica general preexistente, la del ciudadano o la del lector y el acto-condición tiene por virtud colocar a una persona determinada en esa situación.

Finalmente, en el proceso electoral es imprescindible el ejercicio de la función jurisdiccional. Se trata de una función que se ejerce en forma paralela a la función administrativa analizada anteriormente, en el desarrollo del proceso electoral, tanto cuando se cumplen las tareas básicas como cuando se ejecutan los actos preparatorios concomitantes y posteriores a la votación, se suscitan conflictos, se promueven contiendas, se formulan reclamaciones.

Y esto hace imprescindible que exista un órgano con facultades jurisdiccionales que permita la resolución definitiva de esas contiendas.

La característica esencial que nos permite comprobar que nos encontramos en presencia del ejercicio de función jurisdiccional, es precisamente que mediante la misma se procura dar término a una cuestión que debe ser dilucidada y que la decisión que se dicta para resolver esa contienda tiene carácter definitivo, en virtud de la cosa juzgada.

Esta distinción entre función administrativa y jurisdiccional y su atribución al mismo a distintos órganos del Estado, es la que da mérito a las diversas soluciones que el Derecho Comparado Latinoamericano ofrece en materia de organizaciones del acto eleccionario.

No obstante las diferentes soluciones que nos muestra el Derecho Comparado, se aprecia como rasgo común a todos los sistemas electorales vigentes en Latinoamérica, la clara intención de encomendar la organización y sobre todo la tarea de juzgar las contiendas que se suscitan durante el desarrollo del proceso electoral, a órganos del Estado independientes del poder político.

Sea que se haya optado por atribuir la función jurisdiccional en materia electoral a órganos que actúan en la órbita del Poder Judicial, sea que se prefiera encomendar esa función a órganos dotados de autonomía propia y distinta, creados con la expresa finalidad de ejercerla, lo que se procura en todos los casos es que las contiendas electorales sean dirimidas ante magistrados electorales que actúen con imparcialidad e independencia, especializados en el conocimiento de la materia sometida a su jurisdicción.

Como lo denuncia Juan Jaramillo, en su Estudio de Derecho Comparado contenido en el Tratado de Derecho Electoral, no puede ocultarse el hecho de que en la mayoría de los países los magistrados de los órganos electorales son nombrados por organismos políticos, en muchos casos a través de la participación de varios de ellos.

La dependencia del órgano electoral con respecto a los organismos políticos se ve disminuida en los países que son la mayoría, en los cuales el periodo de actuación de los magistrados electorales no coincide con el de los cargos electivos, lo cual dificulta que la composición de los tribunales pueda ser variada de acuerdo con las modificaciones sufridas en los organismos políticos.

Pero como acertadamente lo destaca Jaramillo, en la práctica debe tenerse en cuenta una serie de variables que influyan en la actividad de los órganos electorales y que determinan también la confianza o desconfianza en los procesos electorales.

Es necesario observar el contexto político que rodea al órgano que se está analizando, en puntos tales como el arraigo de los partidos en la población, la tradición y la cultura políticas; la fuerza de los grupos de presión e interés, el grado de libertad y de influencia de la prensa.

En regímenes autoritarios, capaces de ocupar todas las instancias estatales y aún las de la sociedad civil, poco habría cambiado el que la decisión sobre la integración de los órganos electorales hubiera sido asignada a los organismos judiciales o a representantes de diferentes organismos sociales, o a unos y otros.

Por el contrario, es importante recordar que en países en los cuales los nombramientos son facultad del Presidente de la República y el Senado o del Congreso, las elecciones no han sido objeto de cuestionamientos graves desde hace muchos años.

Esto pone de manifiesto que, entre otras cosas, la tradición y la cultura políticas que se han ido forjando en cada país, tienen también una influencia determinante en el trabajo que desarrollarán los organismos electorales.

Otra variable decisiva en el éxito de la gestión de un organismo electoral, es la relacionada con la profesionalidad de sus funcionarios. Resulta claro que el cambio permanente de los magistrados tiene por consecuencia que la experiencia acumulada en la realización de los procesos electorales no pueda ser aprovechada, en forma adecuada, para casos posteriores.

De ahí la importancia de la introducción de la carrera administrativa para los funcionarios electorales, independizando de la órbita política todo lo relacionado con los nombramientos y ascensos, de manera que estos pasen a depender sólo de las calificaciones del funcionario.

Al ofrecer a los funcionarios la posibilidad de realizar su carrera profesional en la entidad electoral, ésta se está beneficiando también de los conocimientos y la experiencia de sus empleados.

Como me están pasando el papelito que me indica que estoy por excederme del tiempo que tengo asignado para esta exposición, voy a suprimir algunas referencias que tenía pensado expresarles, respecto a las condiciones que, a mi juicio, deben acompañar, tanto a los magistrados que organizan procesos electorales como a los que los juzgan, que están vinculadas fundamentalmente con las exigencias de independencia, de imparcialidad y, asimismo, de profesionalidad, en la medida en que indiscutiblemente hoy en día el derecho electoral es una rama autónoma del derecho que requiere, tanto en lo sustancial como en lo procesal, normas específicas para las cuales muchas veces el contencioso ordinario no es de aplicación, porque los términos a los que está sujeto el organismo electoral, le está marcado por el constituyente y el legislador.

Pero voy a finalizar mi exposición volviendo a mi maestro, al que les dije al principio, que es quien está en mejores condiciones que yo de transmitirles las enseñanzas que yo recibí de él.

A partir de la década del 80 del siglo pasado, es innegable que las instituciones encargadas de la administración de las elecciones en la región han venido obteniendo cada vez más importancia, y hay contribuido poderosamente a la consolidación del sistema democrático. Esto ha ocurrido sobre todo en este país.

Esto implica, en cierto modo, que el punto relacionado con la organización electoral haya sido desplazado en los seminarios que se celebran en los países latinoamericanos, por el que apunta a los partidos políticos su democracia interna y su financiamiento.

Sin duda alguna, la confianza en el procedimiento electoral para la definición periódica y permanente de la lucha por el poder es uno de los factores fundamentales para apuntalar la institucionalidad y el régimen democrático de gobierno.

La observancia de las formas proporciona legitimidad al gobierno que emerge victorioso de una elección. Pero debemos reconocer que eso es sólo el punto de partida de un gobierno efectivamente democrático y no alcanza para configurarlo.

La democracia no es sólo una forma de gobierno. Para que un gobierno merezca la calificación de democrático es necesario que proteja y respete los derechos de la persona humana que se consideran fundamentales, especialmente aquellos que garantizan la libertad política.

Porque la democracia, lo mismo que el derecho, no es sólo forma, sino que de modo más ancho y ambicioso constituye una concepción especial del mundo y de la vida centrada en el hombre y afirmada en el respeto debido a la dignidad que hay que reconocerle.

La democracia debe contemplar, por igual, tanto la necesidad de libertad del ser humano, que constituye la base del sistema como la no menos importante demanda de seguridad.

No hay democracia sin conciliar al mismo tiempo el derecho, la libertad y la justicia social.

Mi ilustre y querido profesor de Derecho Constitucional, el doctor Justino Jiménez Aréchaga, maestro por antonomasia pronunció en 1964 una conferencia dedicada a señalar los riesgos que enfrentan las democracias y los medios de superarlos, a la que me he referido en anteriores exposiciones, y que por su claridad, elegancia y precisión vale la pena que intente resumir a ustedes.

Afirma Aréchaga que los riesgos de la democracia provienen de un serio conflicto generacional. La generación de la que él era parte, y a la que yo también pertenezco a pesar de haber sido su discípulo, se crió y educó bajo la influencia de la filosofía política que ponía el acento en la libertad.

De esa libertad que no se comprende y valora, sino cuando se la pierde o entra en crisis, como con gran belleza lo expresó el maestro, es dificilísimo explicar a otros, sobre todo a los que viven en feliz inconsciencia en un clima de libertad, qué cosa horrible es que este sol de la vida se oscurezca. Con qué vergüenza se vive cuando la libertad falta.

El romanticismo liberal del siglo XIX exasperó el valor de la libertad hasta extremos inconcebibles, haciendo nacer un individualismo agresivo, egoísta, sordo a los deberes de la solidaridad humana.

Se llegó a confundir la libertad de ser con la libertad de tener, y no se comprendió que cuando se consagra la libertad irrestricta de tener de los que tienen más se compromete la libertad de ser de los que tienen menos, que son los más.

En el momento en que Aréchaga pronuncia su conferencia, la década del sesenta, se asistía al estallido de un nuevo romanticismo tan irracional y desmedido como el anterior, que sólo atendía la realización de un solo valor: la justicia social.

Y si para lograr su objetivo debía abolir la libertad, pues que muera la libertad, que se supriman los partidos políticos, que se clausuren radios y diarios, que hable el líder y que decida sumariamente el pueblo en la plaza pública.

De este modo un romanticismo que exaltó la libertad hasta olvidarse de la justicia, lo siguió un mero romanticismo justicialista que a fuerza de reclamar justicia se olvidó de la libertad.

El maestro no vivió lo suficiente para asistir a la estrepitosa caída del marxismo que sustentó ese romanticismo justicialista, ni para ser testigo del aprovechamiento que de ese derrumbe está afectando un neoliberalismo que vuelve a exaltar y favorecer un individualismo egoísta y salvaje y olvidarse de la solidaridad humana poniendo en riesgo, en serio riesgo la convivencia democrática.

Creo fervorosamente que la democracia es la única forma de gobierno que permite la participación en la vida pública de todos los sectores de la sociedad, y de todas las corrientes de opinión. Que es el único sistema capaz de dar existencia a un Estado de Derecho, en el que se reconozcan los derechos humanos y la libertad política, y desde que se trata de una concepción del mundo y de la vida que se afirman al respeto debido a la dignidad del hombre, considero que en un sistema de vida que debe perseguir la justicia social, el bienestar individual y colectivo.

Por ello considero que estamos obligados a buscar las causas de que en la democracia haya dado lugar a que se estime que ha entrado en crisis, y a dedicar todo nuestro esfuerzo a superar esas causas cumpliendo cabalmente las responsabilidades y obligaciones y que el sistema pone a cargo nuestro.

Mantienen, a mi juicio, plena vigencia hoy las expresiones del eminente profesor que he citado, cuando nos recuerda cuáles son las principales responsabilidades cívicas de nuestra generación.

En primer lugar, la de educar políticamente a la juventud, haciéndole entender que no hay justicia sin libertad ni libertad sin justicia ni paz social sin justicia y libertad.

Tal como él lo afirma, no hay sistema político que requiera más preparación cívica de nuestros ciudadanos que la democracia. Para crear el gobierno del pueblo y llenar todas las grandes necesidades de la democracia y todas las exigencias de la República, lo primero es formar los republicanos.

En un artículo recientemente publicado en un diario de mi país, bajo el título “los niños ni tienen sindicato”, lo reitera Carlos Mally. con la contundencia que lo caracteriza en términos que me permito repetir porque los comparto plenamente.

Dice Mally, la historia de las naciones consiste en la preparación del futuro y quienes tienen responsabilidad pública y violan ese principio, están condenados a degradar la calidad de vida y a degradarse ellos mismos. Y agrega, todos los días debiéramos despertarnos y hacer gimnasia, repitiendo que la única virtud que nos separa de los pueblos flagelados por el raquitismo de la indigencia es nuestro grado de educación y que en esa diferencia, el instrumento primordial es la escuela pública obligatoria, laica y gratuita, porque es en las escuelas públicas donde se juega la justicia social más que en ningún otro lado.

La solidaridad que más importa es la que da oportunidad de saber y educarse.

En segundo término, el deber de adecuar las instituciones reformando el aparato estatal y dotando a los partidos políticos de la democracia interna y la unidad de acción imprescindible para emprender una verdadera política de desarrollo.

La propia carta democrática de la OEA se ocupa del tema al establecer que el fortalecimiento de los partidos políticos es prioritario para la democracia y al indicar que se deberá prestar especial atención a la problemática derivada de los altos costos de las campañas electorales y al establecimiento de un régimen equilibrado y transparente en la financiación de sus actividades.

Comparto la reflexión que en mi país ha expresado el politólogo Gerardo Caetano, los partidos tienen que incorporar nuevas pautas de relación con una sociedad que cambia, es su responsabilidad no sólo satisfacer el grito de aquellos que tienen capacidad de organización, sino que deben aguzar el oído y llegar ahí donde están los que más lo necesitan y no tienen voces amplificadas. Esto no se soluciona con el atajo de la antipolítica, con el atajo fácil de criticar a los partidos, que como él lo expresa, son caminos largos para ningún lugar o para lugar de los abismos, es inherente a la construcción democrática defender la política, pero esto no quiere decir defenderla tal cual está, sino defenderla exigiéndole que se acerque a la sociedad y busque la voz perdida de los que no tienen capacidad de organización.

Y, finalmente el deber de educarnos nosotros mismos haciéndonos más sensibles a las exigencias del tiempo excepcional que nos ha tocado vivir y aprendiendo a sentir nuestros derechos como deberes.

Muchas gracias, y finalizo esto diciéndoles que considero un particular y especial privilegio que se me haya elegido para pronunciar esta conferencia inaugural, cuando están presentes aquí magistrados electorales mexicanos de los que yo tengo mucho que aprender y a los que no creo que pueda enseñarles nada.

Muchísimas gracias por haberme escuchado.

-Consejera Electoral Luisa Alejandra Latapi: No podíamos haber iniciado mejor este semanario que con esta reflexión amplia y profunda sobre la democracia electoral, donde con la generosidad que lo caracteriza, don Carlos Urruty comparte no solamente sus conocimientos, sino las enseñanzas de sus maestros. Muchísimas gracias.

Quiero agradecer la presencia además de Consejeros Electorales y funcionarios del Instituto Electoral del D.F., buenos días, muchas gracias; así como de Directores Ejecutivos del IFE, Consejeros Locales y Distritales y representantes de los partidos políticos que se encuentran en la sala.

Bienvenidos.

Quiero decirles que estamos haciendo un ajuste de tiempo, en términos de los recesos, y entonces le doy la palabra a Federico Reyes Heroles, y les advierto que no tenemos preocupación porque nos pasamos un poquito de la agenda planeada.

Muchas gracias.

-Sr. Federico Reyes Heroles: Bueno, yo quisiera comenzar con una felicitación a los organizadores de estas Jornadas. He tenido la oportunidad, en mi vida, de asistir a algunas de estas reuniones, en donde se invita a especialistas; yo no lo soy en el tema.

Pero es la primera ocasión en donde asisto y hay un insumo que me parece que es central, que son estas tres mil 400 propuestas ciudadanas, que yo creo que son el contenido básico de nuestras reflexiones o deberían de serlo.

Felicito por el diseño mismo de las Jornadas; me parece que es un acierto y ojalá de esos materiales pueda exponerse, como ya lo hizo el Consejero Presidente, el contenido, para que también los partidos políticos y los especialistas aprendamos de esas otras voces que han estado ahí silentes durante mucho tiempo.

Un sistema político sano reacciona ante las amenazas internas y externas. Un sistema político sano es el que detecta aquello que puede alterar su funcionamiento. Un sistema político sano está siempre abierto a las sugerencias, críticas y comentarios que su actuación suscita. Un sistema político sano se retroalimenta y cambia.

Un sistema político que se cierra, es incapaz de entender los retos que se le presentan. Un sistema político cerrado se irá marginando lentamente de la dinámica de su sociedad. Un sistema político cerrado niega la esencia misma del cambio social.

El encuentro que hoy da inicio, en él se muestra precisamente esa necesaria apertura.

¿De dónde surgen los nuevos retos? Los hay de tipo tecnológico; el impacto de los medios en la política, por ejemplo. También los hay de tipo cultural; la actitud de los ciudadanos hacia las ideologías, programas y personalidades en la política y, por supuesto, los hay económicos. Las demandas de una sociedad globalizada, con el intercambio de información que esto supone, son muy diferentes a las que se generaban hace dos décadas.

Los acuerdos que fueron buenos en el pasado, pueden dejar de serlo, ¿pero entonces cuáles son los límites al cambio?, ¿en qué momento se niegan los principios básicos de un sistema democrático? Un ejemplo: ¿Deben regularse las campañas negativas? ¿Hasta qué punto se violenta, en ese acto, la libertad de expresión? ¿En qué momento este tipo de propaganda política deja de contener ideas, para convertirse en impresionismo mediático?

De ahí la importancia de ratificar los principios esenciales de un proceso democrático, de adaptar las ideas inexorables de la democracia a las nuevas realidades que confronta un país.

Muchos son los autores que han tratado de establecer tipologías de los distintos sistemas políticos: regímenes autoritarios, semiautoritarios, en proceso de transición, democracias parciales, formales, semiformales, virtuales y liberales, y otros.

Al final del día, algunas lecciones quedan claras. Los sistemas democráticos, aquellos en donde reina el relevo programado de autoridades, libertad de expresión, normas claras para regular las elecciones, auténtica competencia política son, en si mismos, grandes escuelas de democracia.

No hay mejor aprendizaje de cómo debe de ser una elección, que vivir elecciones. Ahí conocemos nuestras limitaciones que, como dijera Gandhi, son la única fuente de cualquier fortaleza.

Sabemos, entonces, que los procesos electorales democráticos son una gran escuela que modifica las actitudes humanas, pero también sabemos que no bastan por sí mismas; que es necesaria la existencia de otros insumos, para garantizar la estabilidad de largo plazo de una democracia.

En la compleja historia del siglo XX, en el corto trecho que llevamos del XXI, han sido muchos los casos de sistemas electorales que han confrontado culturas políticas autoritarias muy resistentes. Sabemos, entonces, que no basta con establecer las reglas del juego, para garantizar un viaje directo al sistema democrático. Sabemos que ese viaje directo no existe.

Sabemos que los sistemas electorales abiertos fomentan una cultura democrática, pero también queda claro que la carencia de auténticos valores liberales es un gran obstáculo para garantizar la estabilidad de largo plazo.

La necia cultura sostiene o se resiste –dependiendo de cada caso- al avance democrático. The freedom house ha demostrado la enorme la enorme brecha que existe entre los sistemas con libertades formales de juego democrático y aquellos en donde realmente impera, por ejemplo, la libertad de expresión.

Qué tipo de democracia es aquella donde los ciudadanos no están ciertos de que la información que reciben no es manipulada. Sesenta y cuatro por ciento de la población mundial vive bajo un régimen considerado democrático; sólo 30 por ciento de la población del mundo vive en países donde se garantiza que hay libertad de expresión.

Los sistemas electorales abiertos, como el nuestro, están entonces en la obligación de señalar aquellas resistencias ubicadas más allá de su propio ámbito. Los sistemas electorales abiertos están, entonces obligados a señalar asuntos que afectan o amenazan el asentamiento de una democracia. En esto no debe haber límites, ni recatos.

Los señalamientos pueden recaer en actores políticos organizados; fenómenos que no dependen de la voluntad de una sola persona o en un grupo de persona, e incluso en los propios ciudadanos. Recordemos la expresión de Jacobo Russel Lowel: “La democracia da a cada uno el derecho a ser su propio tirano”.

Estamos, así, obligados a dejar atrás la visión romántica en la cual el deseo democrático permea todos los rincones de una sociedad. La ambición de poder es capaz de corroer la entraña misma del ser humano; esa es la amenaza permanente. La ambición de poder, con frecuencia doblega los principios.

Las verdaderas democracias deben, en ocasiones, a actuar como diques de las degradaciones potenciales que siempre acechan. La educada Alemania de la República de Weimar recuerda los terribles costos que se pueden pagar cuando no hay suficiente fuerza para oponerse a la degradación. Hay muchos otros ejemplos.

El sólido diagnóstico elaborado por el Instituto Federal Electoral para estas Jornadas, nos brinda una clara radiografía de las múltiples carencias normativas de la ley vigente. La radiografía nos permite ir del Registro Federal de Electores a los Cómputos Distritales, al Programa de Resultados Preliminares, al acceso de los competidores a los medios de comunicación, pasando por la propaganda electoral, la duración de las campañas o las carencias en la fiscalización de los actores.

El diagnóstico está sobre la mesa para quien quiera atenderlo. Quien lo ignore, estará mostrando desinterés en los asuntos de fondo, cuando no en algún interés avieso. El IFE no puede ir más allá. Advierte sobre las limitaciones de ley e invita a la reflexión.

Yo quisiera referirme a tres aspectos que, en particular, me parecen relevantes:

El primero, atañe a las precampañas. Si revisamos la evolución de los procesos electorales en las últimas décadas, se hace evidente que el juego entre quienes ambicionan una postulación partidaria tiene que comenzar cada vez más temprano.

Los diferentes actores, organizan sus grupos de respaldo y apoyo, consiguen dineros privados y se lanzan a la conquista de la opinión pública.

Los procesos internos de selección de los partidos pueden estar muy distantes, lo cual da ventaja a quienes se encuentran en la posición de iniciar de manera muy prematura. La conquista de territorio que necesitan es, precisamente, el premio perverso que obtienen.

El fenómeno escapa a la normatividad interna de los partidos y, por supuesto, a la que rige a un sistema electoral. Buena parte de la contienda electoral se realiza hoy en un espacio que no puede ser normado por el derecho público. Es ahí donde se establecen muchas alianzas entre quienes ambicionan una candidatura y los grandes capitales o los medios de comunicación.

Una vez echado a andar el operativo que conquista conciencias y a futuros votantes, es muy difícil dar marcha atrás a sus efectos. Los partidos políticos se encuentran, así, ante la dura realidad de reconocer a aquellos precandidatos que han hecho una labor privada. En ese sentido, la política se ha privatizado.

No es una buena noticia. La disyuntiva de los partidos no es menor, pues se trata de dineros que han penetrado la conciencia ciudadana y que, de alguna manera, son ya parte de su propio patrimonio para arribar al poder. Desperdiciar esa inversión, es un acto contrario a sus propios intereses. He ahí el dilema.

Pero, por otro lado, esta guerra no declarada entre quienes ambicionan una candidatura, desvirtúa de raíz la intención estatal de que los procesos internos de los partidos sean abiertos, democráticos y transparentes.

Las llamadas precampañas pueden convertirse en un auténtico secuestro de los partidos políticos. Las llamadas precampañas, igual pueden ser encabezadas por militantes de larga trayectoria, que por auténticos arribistas que usan a los partidos políticos para su propia plataforma electoral.

Repito, el fenómeno rebasa la normatividad interna en los partidos y, por supuesto, la que emana del propio Estado.

¿Quiere esto decir que estamos condenados a que las precampañas se impongan en la política contemporánea? Al moverse en el ámbito privado, las precampañas no necesariamente están exentas de algún tipo de regulación; dentro del propio ámbito del derecho privado pueden existir mecanismos que nos garanticen varios elementos centrales de un proceso democrático.

Primero, que los recursos que entran a las preprecampañas sean recursos limpios, que no provengan de actividades ilícitas. Este es quizá el principal objetivo.

Sería terrible que las precampañas pudieran ser pagadas, por ejemplo, por narcotraficantes que lograsen por esa vía imponer candidatos a los partidos y en última instancia conquistar el poder público.

Segundo, se debe buscar un mecanismo que permita un fotografía social de los donantes, saber si son sujetos fiscales registrados, saber dónde se encuentran localizados geográficamente, cuántos son, de cuánto son sus aportaciones, etcétera.

No es lo mismo conseguir una aportación de 500 mil dólares, que provienen de un solo donante, a obtener el apoyo de 500 donantes de mil dólares cada uno o cinco mil de 100.

Tercero, la sociedad debe ser capaz de conocer el uso que se da a esos recursos. ¿Cuánto se gastó en traslados, cuánto en contratos a los medios de comunicación, cuánto hubo de trabajo voluntario? Etcétera.

Quiero ser muy claro, dado que nos movemos en el ámbito del Derecho Privado, sólo podemos hacer uso de normas de Derecho Civil que propicien la transparencia de las precampañas.

Ello sólo se logrará con una clara presión de la opinión pública, una opinión pública que cohesione el alcance de las precampañas, y que quiera conocer el origen de los recursos.

El aparente gran obstáculo a vencer es el anonimato. Los precandidatos o preprecandidatos que consiguen recursos para sus actividades lo hacen con frecuencia bajo el condicionamiento de que los nombres de los aportantes no sean dados a conocer. Es claro que muchos de los aportantes apuestan a distintos candidatos, muchas veces con el ánimo de proteger sus propios intereses.

Sin embargo, debemos entender que están en todo su derecho de proceder así, aunque su actuación pervierta el quehacer mismo de la política.

¿Es el anonimato un obstáculo insalvable para garantizar la legalidad de los recursos? No necesariamente. Las organizaciones de la sociedad civil tienen mucho que aportar al respecto.

En las elecciones del año 2006 Transparencia Mexicana propuso un mecanismo que permitió a la ciudadanía conocer el monto de las aportaciones, la distribución de las mismas, y por supuesto su origen legal.

Apoyados en la figura del fideicomiso y a través de la designación independiente de los miembros del Comité Técnico del mismo, los electores pudieron consultar los recursos de las precampañas de dos preprecandidatos, uno de los cuales es el actual Presidente de la República.

Habrá quien reclame, no sin razón, que el anonimato no logró ser quebrado, es cierto. Pero estamos convencidos de que tener una radiografía mínima de los donantes, del tipo de donación, ya fuese en efectivo, en especie, y sobre todo de la legalidad de los recursos es un escenario mucho más favorable para la democracia que seguir negando el impacto de esos actos de las preprecampañas en la vida política de nuestros países.

La segunda perversión grave señalada en los materiales del Instituto Federal Electoral, tiene que ver con el creciente impacto de los medios de comunicación masiva, en la configuración de los perfiles de los candidatos y por ende en su capacidad de éxito.

Como ha señalado reiteradamente el Instituto Federal Electoral, la normatividad vigente es débil frente al poderío de los medios. El monitoreo de la propaganda política es un gran avance, pero queda claro que hay un ámbito de discrecionalidad en el manejo de los medios, sobre todo en las notas informativas, que puede determinar el destino de una campaña.

El fenómeno está siendo observado con gran detenimiento en las campañas federales, pero las historias locales pueden ser igual de dramáticas o incluso más graves.

Esto nos conduce a un tema abordado frecuentemente por el Consejo General del IFE, en particular por el Consejero Presidente, en el sentido de que la vinculación entre el poder económico y el poder político cruza por los medios de comunicación masiva, y pervierte.

Como si esta perversión fuera poca cosa debemos añadir el indignante costo de las campañas, encarecidas por el creciente uso de los medios de comunicación. En mi opinión, debemos encaminarnos a un esquema similar al de varios países europeos, en el cual sea la autoridad encargada de comprar y de asignar los tiempos de radio y de televisión, y por supuesto de hacer uso de los asignados al propio Estado.

En un país con las carencias del nuestro es verdaderamente ofensivo que un altísimo porcentaje de los recursos públicos destinados al financiamiento de las campañas termine en bolsillos privados.

El tercer elemento de perversión tiene que ver con lo que Felipe González ha denominado una cultura de la derrota, la responsabilidad recae directamente en los actores políticos, una sociedad con bajo nivel educativo en la cual los registros de desconfianza institucional siguen siendo altos, una sociedad con una experiencia reciente de juego democrático, una sociedad en donde todavía un altísimo porcentaje, más del 75 por ciento sigue defendiendo la tesis de que sólo hay que acatar aquellas normas con las cuales se está de acuerdo, en la cual uno de cada siete ciudadanos acepta o coquetea con la justicia en propia mano es un peligroso caldo de cultivo para actores políticos que puedan usufructuar estas condiciones.

Repito, la cultura política es un intangible que al final del día termina siendo el cimiento mismo de toda democracia, es entendible que en competencias electorales conde la victoria la otorga un escaso margen, pueda haber recelo en la aceptación inmediata de los resultados. Lo mismo ha ocurrido en naciones con una larga tradición democrática.

Lo que no debemos ver como algo normal es la descalificación casi en automático de los resultados para buscar en las impugnaciones de ley un espacio ante la opinión pública que las propias contiendas ya no brindan. El fenómeno en nuestro país se ha generado, obre todo en las contiendas locales.
Lo que tampoco debemos mirar como un acto de normalidad democrática es una descalificación exposfacto de quien ha aceptado de entrada las reglas del juego.

En ese sentido debemos desarrollar por todas las vía una cultura de la derrota a través del aparato educativo de los medios de comunicación masiva y, por supuesto por vía de los mecanismos de difusión cultural con los que cuentan los órganos encargados de las elecciones locales y de las federales.

La educación cívica, la cultura política es al final del camino la estructura básica sobre la cual descansa toda democracia.

Un último punto. Se ha manejado que parte de las reformas político-electorales que tenemos enfrente, incluye la creación de un Instituto Nacional que vendría a suplir al IFE. En mi opinión, se hace evidente la necesidad de homologar condiciones de operación electoral en las entidades de la República, la diferencia en el desempeño de los institutos estatales electorales es abismal y el daño es para todo el país.

Algunos gozan de cabal autonomía y otros siguen siendo instrumentos de los gobernadores en turno. Así, como estamos en el proceso de homologar a los institutos estatales de acceso a la información, deberíamos pensar en la correspondiente reforma para el ámbito electoral; sin embargo, ello no debe ser pretexto para terminar, por motivos extraños, con una de las instituciones públicas más acreditadas del país, me refiero al IFE.

El relevo consecutivo de los Consejeros, así como de los Magistrados Electorales es deseable, precisamente para conservar la memoria institucional y dar así continuidad a la toma de decisiones de los órganos colectivos. Nada más contrario a ese ánimo de consolidación institucional que cortar de tajo con una institución que cada tres años se nos olvida, convoca alrededor de un millón de ciudadanos para organizar nuestras Jornadas Electorales.

Ojalá y estas reflexiones sirvan en algo al buen desempeño de las Jornadas que hoy se inician. Mis felicitaciones a los organizadores. Muchas gracias.

-Consejera Electoral Luisa Alejandra Latapi: Muchas gracias.

Yo creo que a todos nos hace sentido la advertencia que nos hace Federico Reyes Heroles de que no se puede avanzar sino revisamos antes los principios y sino tenemos una visión de largo plazo, así como esta revisión de las necesidades para que México pueda seguir teniendo un sistema político-electoral sano y transparente y que debe pasar por atender necesariamente todo el tema de las precampañas, el impacto y el uso de los medios de comunicación y la responsabilidad de los actores políticos que retoma con el título de cultural de la derrota.

Quiero agradecer y compartir con ustedes que están presentes también, algunas agrupaciones políticas nacionales, como Arquitectos Unidos por México, Emiliano Zapata, Familia en Movimiento y avisarles que no vamos a tener receso, pasamos inmediatamente a la siguiente mesa, que es la relativa a Procedimientos Electorales. Muchas gracias.

-Sr. Dong Nguyen: Bueno, con su permiso vamos a empezar inmediatamente la primera mesa sobre procedimientos electorales.

Entonces, los invito cordialmente a tomar sus asientos.

¿Leonardo Valdés está?

Me tocó el gran privilegio de ser el moderador de esta mesa sobre procedimientos electorales. Entonces, con su permiso, mientras que llega nuestro colega Leonardo Valdés tengo que presentarlo.

El trabajador de moderador es siempre un trabajo muy ingrato, tener la disciplina de trabajo, Leonardo, de mantener una cierta disciplina de horario, de tiempo.

Me alegro que no me tocó ser moderador de la mesa con don Carlos Urruty, porque desde ya lo conozco, nadie puede pararlo, pero por dos razones: Porque es tan inteligente, tan sabio, que queremos escucharlo.

Pero en la vida colectiva tenemos también que pararlo, para dejar un lugar para los demás, ¿no?

Pero ya sabemos y me alegro de estar en la otra mesa que él estará. Tengo, presento mi simpatía a la Consejera Latapi, que desesperadamente pasa notas y notas, y yo voy a pasar también notas a los colegas aquí presentes.

Cada quien, cada participante va tener como 30 minutos para hacer su presentación y al término de las intervenciones yo tomaré, con su permiso, como 10 ó 15 minutos, para hacer un resumen de las presentaciones.

Y al final vamos a dejar un lugar para el debate, las preguntas, discusiones con el público.

Si me permites, voy a hacer una breve presentación de nuestro primer participante, el maestro José de Jesús Orozco Enríquez, que es Licenciado en Derecho con Mención Honorífica por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestro en Derecho Comparado por la Universidad de California en Los Ángeles.

Es autor y coautor de varios libros, así mismo ha sido coordinador de más de diez obras jurídicas colectivas, y ha publicado más de 70 artículos en revistas académicas especializadas nacionales y extranjeras.
El maestro Jesús Orozco desde 96, hasta 2006 ocupó el cargo de Magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Anteriormente se desempeñó como Magistrado de la Sala Central del entonces Tribunal Federal Electoral.

Actualmente es investigador titular del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Por favor, Jesús.

-Mtro. Jesús Orozco: Muchas gracias, por la presentación.

Agradezco también cumplidamente también a las autoridades del Instituto Federal Electoral y de las instituciones coorganizadoras. En particular al Consejero Presidente, doctor Luis Carlos Ugalde, y al licenciado Manuel Carrillo, su amable invitación para participar en este importante seminario internacional, así como la valiosa oportunidad que me brindan para compartir esta mesa con tan destacados expertos electorales.

En particular deseo expresar mi reconocimiento a los doctores Dong Nguyen y Jean-Pierre Kingsley, nuevo Presidente de la Fundación Internacional para Sistemas Electorales, por su brillante trayectoria en el ámbito electoral internacional y el constante, generoso y valioso apoyo que siempre han brindado para la consolidación de la democracia electoral mexicana.

Es un honor estar con todos ustedes.

A 30 años de haberse promulgado la llamada reforma política, que tuvo un carácter seminal en nuestro proceso de transición democrática en México, y a poco más de diez años de la que se denominó reforma definitiva, si bien cabría estimar que el régimen constitucional y legal vigente sigue ofreciendo un marco razonable para garantizar la celebración de elecciones libres, auténticas y periódicas, con el objeto de avanzar en la consolidación de nuestra democracia electoral.

Es pertinente evaluar su idoneidad e identificar, atendiendo al tema de esta mesa y los planteamientos expuestos en las recientes Jornadas Ciudadanas convocadas por el Instituto Federal Electoral, algunos de los aspectos relacionados con los procedimientos electorales de naturaleza administrativa respecto de los cuales cabría ponderar su reforma.

Más que de un procedimiento electoral es preferible hablar, como lo hace el Código Electoral Federal en vigor a través de su propia denominación y el título de esta mesa de trabajo de procedimientos electorales, varios de los cuales son englobados en México con la expresión proceso electoral, en el entendido de que hay otros procedimientos que se encuentran relacionados indirectamente con los comicios, y se llevan a cabo propiamente en el periodo que transcurre entre dos procesos electorales federales ordinarios.

En los artículos 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 70 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se dispone que la organización de las elecciones federales es una función estatal, que se realiza a través del Instituto Federal Electoral, el cual es un organismo público autónomo y de carácter permanente.

El Instituto es autoridad en la materia independiente en sus decisiones y funcionamiento, así como profesional en su desempeño.

El Instituto Federal Electoral, por prescripción constitucional y desarrollo legal tiene a su cargo en forma integral y directa, todas las actividades relacionadas con la materia comicial.

Tales actividades son realizadas por el propio Instituto, atendiendo los principios constitucionales rectores de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad a través de los diversos procedimientos electorales administrativos que la ley le atribuye realizar, entre los cuales se encuentra, por ejemplo, el procedimiento de registro e identificación de electorales, el procedimiento de registro de partidos políticos y agrupaciones políticas, el procedimiento de registro de observadores electorales, el procedimiento de registro de candidatos, el procedimiento de integración y ubicación de casillas. Esto es, de mesas receptoras de votos.

Procedimientos de apertura, recepción y escrutinio de la votación incluyendo, en su caso, los relativos al Voto de los Mexicanos en el Extranjero, el procedimiento de cómputo de la elección y proclamación de electos y, procedimientos de fiscalización del origen y destino de los recursos de los partidos políticos, agrupaciones políticas y candidatos.

Atendiendo a los límites fijados a esta intervención, me concretaré a analizar los principales aspectos relacionados con seis de esos procedimientos electorales que podrían ser objeto de reforma.

Al respecto, de manera previa cabría ponderar establecer constitucionalmente que las normas legales sustantivas y procesales en materia electoral, tanto federales como locales, deben ser aprobadas por una mayoría calificada, quizás de dos terceras partes de los miembros presentes, tal como ocurre por ejemplo con la legislación electoral de Argentina, España, Guatemala, Nicaragua y Uruguay, a fin de que gocen de mayor permanencia y queden debidamente salvaguardados los derechos de las materias, de las minorías políticas, sin que con este propósito se sobrecargue el texto constituyente con disposiciones típicamente reglamentarias.

De aprobarse lo anterior, varias disposiciones contenidas en los actuales Artículos 41 y 99 Constitucionales pasarían a integrar los ordenamientos legales correspondientes.

Abordaré entonces, ya entrando en materia, el procedimiento de registro e identificación de electores.

Con independencia del eventual establecimiento del Registro Nacional Ciudadano previsto constitucionalmente, como ya lo adelantaba el ministro don Carlos Urruty, Presidente de la Corte Electoral del Uruguay y decano de los funcionarios electorales de América Latina, es importante establecer mecanismos más eficientes para la depuración del Padrón Electoral con motivo de los ciudadanos fallecidos.

Legalmente, el Registro Federal de Electores sólo puede dar de baja del Padrón a un ciudadano muerto, si así se lo notifica el Registro Civil, el cual se encuentra a cargo de cada una de las 32 entidades federativas, sin que sea un informe su deficiencia en informar, además de que no hay manera de dar de baja a quienes fallezcan en el extranjero.

Con tal motivo, se podría prever la baja automática de la Lista nominal de Electores para aquellos ciudadanos que se abstengan de sufragar quizás en tres procesos electorales federales ordinarios consecutivos, en el entendido de que los mismos en todo caso y de seguir con vida tendrían expedito su derecho a volver a solicitar la expedición de su credencial y, consecuentemente ser incorporado a la respectiva lista nominal de electores.

Una alternativa quizás complementaria es el establecimiento de un período de vigencia para la credencial, para la obtención de la credencial para votar con fotografía como ya lo adelantaba el ministro Urruty.

Lo anterior permitiría también calcular con mayor precisión el grado de participación en los comicios.

Procedimiento de registro de partidos políticos y agrupaciones políticas. Como resultado en cierta medida de la amplia, vigorosa y efectiva protección judicial de los derechos político electorales de los ciudadanos contra actos definitivos de los partidos políticos, a través de la jurisprudencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la cual llegó a declarar la inconstitucionalidad de ciertas normas de diversos estatutos de partidos políticos que no satisfacían el contenido mínimo democrático previsto legalmente, es el caso que el Consejo General del Instituto Federal Electoral en épocas recientes ha sido más cuidadoso al dictaminar sobre el otorgamiento del registro a algún partido político en cuanto a revisar que los respectivos estatutos efectivamente satisfagan los requisitos legales y constitucionales.

Al respecto, teniendo en cuenta que ha sido en buena medida la Sala Superior del Tribunal Electoral la que ha desarrollado jurisprudencialmente los requisitos democráticos que deben satisfacer los estatutos de acuerdo con los lineamientos constitucionales y legales previstos, cabría ponderar la conveniencia de que sea el propio legislador democrático ordinario el que establezca de manera más detallada el contenido mínimo democrático que deben satisfacer los estatutos de los partidos políticos.

De este modo, atendiendo a los principios constitucionales rectores de certeza, legalidad y objetividad, entre otros, tanto las autoridades electorales administrativas y jurisdiccionales como las propias organizaciones que aspiren constituirse como partidos políticos, tendrán reglas y parámetros más claros en cuanto a los requisitos que deben satisfacer para cumplir con la exigencia de contar con mecanismos que aseguren su democracia interna, particularmente los relacionados con la selección de sus dirigentes y la postulación de sus candidatos a cargos de elección popular, así como para la adopción de medios de defensa interpartidarios que respeten el derecho de defensa de los afiliados y un debido procedimiento estatutario, teniendo como guía, como habitualmente lo ha sostenido la Sala Superior, la necesidad de armonización entre dos derechos fundamentales involucrados: El derecho a la libre auto-organización de los partidos políticos y el derecho e sus afiliados a participar democráticamente en la formación de la voluntad partidaria.

Entre los parámetros legales que debiera puntualizarse, que los procedimientos internos para la selección democrática de los candidatos de los partidos políticos son los únicos que podrían dar lugar a las llamadas precampañas electorales, fijando plazos generales preferiblemente reducidos en que las mismas pueden tener lugar, fuera de los cuales sería ilícito cualquier acto por el cual se promueva a alguien entre el electorado, con el objeto de salvaguardar la igualdad en la contienda.

Sin duda, la consolidación de la democracia electoral mexicana pasa por la ampliación de la democracia interna de los partidos políticos, máxime el cuasi-monopolio que legalmente tienen éstos para la postulación de candidatos a cargos de elección popular.

Por otra parte, aun cuando la mayoría de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en ejercicio de sus exclusivas atribuciones y en contra de la opinión que había vertido la Sala Superior del Tribunal Electoral, sostuvo la constitucionalidad de la reforma legal de 2003, que reservó a las agrupaciones políticas nacionales el derecho de obtener registro como partidos políticos nacionales, cabría ponderar si convendría derogar tal requisito para hacerlo más acorde, desde mi punto de vista, con el derecho político electoral de asociación, establecido en instrumentos internacionales de derechos humanos vigentes en nuestro país y permitir la constitución de un partido político directamente a los ciudadanos, sin necesidad de conformar previamente alguna asociación distinta.

Recuérdese, incluso, que la propia Suprema Corte ha sostenido acertadamente que el Derecho de Asociación no sólo abarca el derecho a decidir afiliarse o no a determinada asociación, sino el derecho a decidir no afiliarse a asociación alguna.

Por lo que se estima que no debería exigírsele a un ciudadano que sólo desea constituir un partido político, que previamente conforme una asociación en la cual no se encuentre interesado en formar parte.

Procedimiento de integración y ubicación de casillas.

Una de las quejas recurrentes y más difundidas en los procesos electorales federales recientes, según lo han reflejado los informes de los observadores nacionales y sobre todo de los visitantes extranjeros y la prensa, es el relativo alto cúmulo de ciudadanos que por no encontrarse dentro de su sección electoral intentaron ejercer su derecho al sufragio en alguna de las cinco casillas especiales, previstas para el efecto en cada distrito; pero no consiguieron ejercerlo, en virtud de haberse agotado previamente las boletas asignadas.

Aún cuando pudiera comprenderse la suspicacia prevaleciente cuando se estableció dicho límite legal, dada la existencia de otro tipo de seguridades y controles que han demostrado su eficacia para combatir abusos, pareciera conveniente modificarlo y conferir legalmente a los Consejos Distritales atribuciones para establecer el número de casillas especiales que estimen pertinente, particularmente en las zonas turísticas y fronterizas, con el objeto de que ningún ciudadano se quede sin votar por falta de boletas.

Procedimiento de escrutinio de la votación y posibilidad de recuento total de votos.

Diversas voces calificadas han sostenido la conveniencia de que se prevea legalmente en nuestro país un recuento general de votos por parte del Tribunal Electoral ante resultados electorales muy estrechos, bastando la petición de algún partido político o coalición en tal sentido, por estimar que ello otorgaría mayor certeza al resultado y legitimidad al ganador.

Algunas incluso consideran que tal posibilidad jurídica ya existe y debió realizarse con motivo de la impugnación de los resultados de la elección presidencial de 2006.

No es el objeto de esta intervención abordar las razones jurídicas que impidieron al Tribunal Electoral ordenar un recuento total de votos, con motivo de la impugnación de la elección presidencial de 2006, las cuales se mencionan en las diversas sentencias recaídas en los 375 juicios de inconformidad, promovidos contra los resultados electorales.

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