Número: 099 |
23 de Agosto de 2007 |
ANALIZAN ACADÉMICOS RÉGIMEN DE JUSTICIA ELECTORAL Y SANCIONES
En el tercer de día trabajo del Seminario Internacional para la Reforma Electoral, organizado por el Instituto Federal Electoral (IFE), académicos y analistas reflexionaron e intercambiaron puntos de vista sobre las posibles modificaciones de la ley electoral en materia de sanciones e impartición de justicia del sistema electoral.
En la primera mesa del día, titulada “Resolución de Disputas, Justicia Electoral y Sanciones”, presidida por Rubén Rivera, de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), el investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Lorenzo Córdova, mencionó que no hay reformas electorales definitivas pues –dijo- la efectuada en 1996 permitió concluir la transición a la democracia y la alternancia, pero con el paso del tiempo se evidenciaron lagunas y problemas no previstos, los cuales han sido sorteados gracias a los criterios del IFE y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
El investigador de la UNAM, indicó que una reforma que se limite a reaccionar a los huecos y defectos del sistema electoral sería miope e insuficiente porque perdería la perspectiva de los rezagos y retos que deben enfrentarse en esta materia y que provienen de tiempo atrás.
Señaló que el proceso electoral de 2006 evidenció que el mayor conflicto fue producto del uso político de los medios de comunicación a través de las intensas campañas gubernamentales, la compra de publicidad política y, finalmente, por la intervención ilegal de terceros en la contratación de espacios en radio y televisión, no obstante –dijo- fue técnicamente el más completo que se ha llevado a cabo.
En cuanto a las modificaciones deseables para el TEPJF, expresó que debido a la problemática que se enfrentó en la pasada contienda electoral se necesitan normas más claras y precisas. Lorenzo Córdova se manifestó a favor de que el Tribunal realice modificaciones en cuanto a su integración; además de que todos sus órganos sesionen de manera permanente y se efectúe la renovación parcial de la Sala Superior y las regionales.
De igual forma, comentó que es deseable la redistribución de sus competencias; la incorporación de una ley que contenga criterios más relevantes para el establecimiento del proceso de la calificación de la elección presidencial; así como la necesidad de que el Tribunal pueda interpretar la Constitución.
También se refirió a la conveniencia de otorgarle plena autonomía a la Fepade, y dijo que es necesario revisar el catálogo de las faltas electorales para actualizarlos e introducir nuevos delitos y sanciones para aquellas conductas ilícitas que no están tipificadas.
En su intervención, el ex Magistrado Fernando Ojesto Martínez-Porcayo expresó que es necesaria la revisión del marco procedimental sobre las reglas de cómo se hacen las elecciones y cómo se resuelven los conflictos, dijo que hay suficientes reglas, pero más que reformas, lo que se necesita es la adecuación de las mismas.
Señaló que se debe tener cuidado con afectar a las instituciones por motivos estrictamente personales y también desenmascarar a quienes, por motivos políticos, quieren afectar a las instituciones en aras de una Reforma Electoral.
Además, propuso que los procesos de selección interna de los partidos políticos se realicen en una sola fecha anterior al registro de candidatos, para permitir el desahogo, impugnación y la intervención del Tribunal. De esa manera, cuando inicie el proceso de registro de candidatos ya estarán desahogados los conflictos internos y evitará que los candidatos perdedores cambien de partido.
En materia de medios de comunicación, comentó que la autoridad electoral con el sistema de monitoreo, el cual, si se aplica a cabalidad, proporciona un elemento fundamental para saber si el dinero utilizado es lícito o si se rebasaron los topes de campañas. Además, mencionó que es muy inequitativo que los medios cobren diferentes tarifas a los distintos partidos políticos, así como que les hagan descuentos o bonificaciones distintos para cada caso.
En su oportunidad, Carlos Urruty, Presidente de la Corte de Justicia Electoral de Paraguay argumentó que se aprende mucho de las experiencias de América Latina, particularmente de México, donde se ha desarrollado un órgano regulador como el IFE. Refirió que es un país que en poco tiempo desarrolló una institucionalidad en materia de organización de los procesos electorales que ningún otro país de América se ha desarrollado.
Señaló que en el régimen institucional uruguayo se ha optado por atribuir competencia privativa y excluyente para lo relacionado con la materia electoral a un sistema orgánico independiente del gobierno y del Poder Judicial. Dijo que en ese existe un sistema orgánico encargado de la actualización y depuración del registro electoral, la expedición del documento de identidad, la organización de la elección, el escrutinio, los resultados, la adjudicación de cargos, proclamación de candidatos electos, y de los actos de plebiscito y referéndum.
Recordó que Argentina y Uruguay son los únicos países en donde no se utiliza la papeleta única de votación y el sufragio se emite cerrado en un sobre de votación, que se deposita en una urna, la o las hojas de votación que contienen las listas de candidatos que desea apoyar el votante. Finalmente, al referirse a la anulación de los comicios mencionó que en Uruguay cualquier vicio, defecto o irregularidad no es motivo suficiente para anular todo el acto, sólo aquéllos que han tenido incidencia decisiva en su resultado.
En la segunda parte de la mesa, moderada por Héctor Díaz Santana, de la Fepade, Jaime del Río Salcedo, del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, señaló la conveniencia de hacer responsables a los partidos políticos como personas morales para que los derechos de sus militantes y simpatizantes sean respetados y sancionados cuando sean vejados.
En su oportunidad, el investigador de la UNAM, Patricio González Loyola, se manifestó a favor de que las disputas electorales encuentren fundamentos adecuados para su solución a través de la política o procesos jurisdiccionales. Comentó que no fue fácil el camino para resolver las disputas de las contiendas electorales con bases jurídicas y no políticas –dijo- fue un camino largo por recorrer para contar con órganos imparciales y tener un avance sustancial en los procedimientos electorales.
Durante su intervención, Manuel Jaén Valle, Magistrado de la Audiencia Provincial de Girona, España, señaló que la garantía de funcionamiento democrático exige un buen funcionamiento electoral. Agregó, que el financiamiento de los partidos políticos es esencial, pero debe estar regulado. El dilema -planteó- es definir qué sistema es el más adecuado: un sistema mixto que contemple recursos privados con límites o uno en el que las aportaciones que hagan los partidos públicos sean proporcionales a su representatividad.
