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Cuadernos de Divulgación

de la Cultura Democrática

Libertad y democracia

Víctor Alarcón Olguín

Víctor Alarcón Olguín

libertad
y democracia

Instituto Nacional Electoral

Consejero Presidente

Dr. Lorenzo Córdova Vianello

Consejeros Electorales

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Mtro. Marco Antonio Baños Martínez

Mtra. Adriana Margarita Favela Herrera

Mtra. Beatriz Eugenia Galindo Centeno

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Lic. Javier Santiago Castillo

Secretario Ejecutivo

Lic. Edmundo Jacobo Molina

Contralor General

C.P.C. Gregorio Guerrero Pozas

Director Ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación Cívica

Mtro. Roberto Heycher Cardiel Soto

Libertad y democracia

Víctor Alarcón Olguín

Primera edición INE, 2016

D.R. © 2016, Instituto Nacional Electoral

Viaducto Tlalpan núm. 100, esquina Periférico Sur

Col. Arenal Tepepan, 14610, México, Ciudad de México

ISBN de la colección: 978-607-9218-44-7

ISBN: 978-607-9218-97-3

Impreso en México/Printed in Mexico

Distribución gratuita. Prohibida su venta

Contenido

Presentación 7

Introducción 11

La importancia de la libertad y la democracia como valores de la política 15

Esencia y fundamentos teórico-políticos
de la libertad 39

Liberalismo, libertad y democracia 61

El papel de la libertad en la construcción
de los gobiernos democráticos 83

Conclusión: los desafíos para la libertad
y la democracia en el siglo xxi 89

Bibliografía básica 95

Sobre el autor 99

Presentación

En este trabajo, Víctor Alarcón Olguín analiza la relación entre libertad y democracia dentro de los sistemas políticos contemporáneos en dos vertientes: en primer lugar, afirma el autor, se trata de una relación “compleja y multitemática” y, en segundo término, intenta mostrar que tiene características de “interdependencia y síntesis”.

Nos presenta una revisión histórica y teórica desde la aparente contraposición entre ambos conceptos y la manera en que han ido desarrollándose los mecanismos de organización de la sociedad y del poder, por una parte, y los derechos individuales y colectivos, por la otra, hasta llegar a la concepción del ciudadano como quien ejerce la soberanía del pueblo, en la cual libertad y democracia encuentran una primera síntesis. Incorpora una valoración ética, que considera importante para alcanzar un equilibrio entre el individuo y su libertad y la colectividad y las formas de poder. Recupera valores como la igualdad, la justicia, la tolerancia, el diálogo y la responsabilidad, entre otros, para dar contenido real a una democracia que responda a las necesidades particulares y generales. En este sentido, Alarcón plantea que la libertad permite la capacidad crítica de los ciudadanos y el ejercicio de la soberanía, ambas situaciones fundamentales para un sistema democrático.

En este punto se refiere a los conceptos de libertad “positiva” y “negativa”, en términos de los límites que deben establecerse a la libertad individual para lograr la convivencia armónica en sociedad. Surge, entonces, la caracterización del Estado de derecho, cuya función es encauzar y moderar la libertad a través de regulaciones comúnmente aceptadas, y hacer prevalecer los intereses públicos. Sin embargo, de nuevo en el plano histórico, el autor explica que, en la medida en que el Estado fue desarrollándose –en particular en el terreno de la economía– y cobró formas asistencialistas primero y rectoras después, especialmente en los sistemas de planificación central, el equilibrio entre Estado y sociedad se pierde. A partir de las crisis financieras y productivas de este siglo, de la caída de los sistemas socialistas y de diversos procesos en que han emergido poderosas entidades financieras supranacionales, tanto el Estado como los mercados han atravesado por procesos de reestructuración a fin de restaurar el equilibrio.

Caracteriza también el autor diversos enfoques del liberalismo como doctrina de la libertad, su oposición a las ideologías totalitarias y su desembocadura en el liberalismo democrático. Asimismo, dedica un apartado a la construcción de los gobiernos democráticos y al papel que en ello juega la libertad, en tanto que se manifieste como ejercicio de las capacidades de asociación y participación, en pluralismo y en equilibrio de fuerzas.

En un mundo en el que el ejercicio de la política tiende a girar en torno de la economía, recupera la necesidad de una valoración ética que atienda las injusticias que persisten y amplíe la participación ciudadana –más allá de las elecciones de gobernantes y representantes– a otros ámbitos sociales de organización fuera del Estado (la cultura y la familia, por ejemplo). Sostiene Alarcón que la democracia es perfectible y que deben reconocerse las limitaciones que las ideologías de cualquier signo han impuesto al desarrollo político con objeto de incorporar, en un nuevo modelo, una sociedad actuante y un Estado capaz de responder a las necesidades de justicia de la colectividad.

Para ello propone “más libertades y más democracia” en un proceso que encare el futuro construyendo un contexto de asociaciones internacionales (que no impliquen subordinación), que genere nuevas instituciones para “la libre expresión soberana de todos los ciudadanos”, así como el cumplimento de los derechos humanos fundamentales.

Instituto Federal Electoral

Introducción

En las páginas que se presentan a continuación se pretende ofrecer al lector un acercamiento básico a los usos e interpretaciones contemporáneos del concepto de la libertad en sus ámbitos teórico y práctico. Al mismo tiempo, se pretende demostrar que dicho valor es un componente insustituible dentro del funcionamiento de los sistemas políticos modernos. Con este fin, también se discutirán algunos de los elementos ideológicos, históricos y legal-normativos que han facilitado la vinculación de la libertad con la democracia. Por último, se incluye una agenda temática de los retos y áreas de interés que deben orientar al ciudadano para construir y fortalecer compromisos de responsabilidad individual y colectiva en la instrumentación de ambos principios como parte sustantiva de una educación política, por medio del uso equilibrado de sus capacidades y derechos en un ambiente plural y crecientemente participativo.

Uno de los principales desafíos que nos revela el mundo actual es cómo revitalizar la relación entre libertad y democracia, en tanto conjunto de derechos insustituibles e inherentes a la acción de los individuos, no sólo dentro de sus ámbitos cotidianos, sino también dentro de las instituciones y prácticas políticas que han tenido alcances históricos trascendentes. El siglo xx fenece con una clara contradicción: si bien las ideas de la libertad y la democracia se han extendido notoriamente dentro del léxico común de muchas sociedades, en los hechos estamos todavía muy alejados de una plena vigencia en su adopción.

Esto es, seguimos atrapados en el dilema básico de dilucidar si existe o no una primacía entre los ambientes público y privado
en donde se desenvuelven los individuos. Igualmente, se cuestionan cuáles son los atributos o actividades que pueden ser regulados dentro de las instituciones creadas por dichos individuos. Y también se continúa reflexionando acerca de las posibilidades infinitas o acotadas que tienen la interpretación y el ejercicio de la libertad conforme a los fines y necesidades particulares, o si ésta puede realizarse a partir de una lógica de compromiso decisorio de tipo colectivo que pueda ser dictada por el Estado, la corporación o la comunidad de manera irrestricta.

A pesar de esta suerte de acuerdo convencional sobre el valor moral y la conveniencia de que toda sociedad moderna pueda promover un marco político basado en la libertad y la democracia, para algunas ideologías la relación entre estos dos conceptos no es una de carácter complementario e interdependiente, sino que se basa en una de naturaleza conflictiva y de condicionamiento, incluso llegando a proponer la destrucción de uno de los dos en aras de justificar la salvación del elemento amenazado por la presencia excesiva del que se ha convertido en su “contrario”.

En este caso, la pretendida oposición entre libertad y democracia ha derivado en funestas experiencias tales como los fascismos o los totalitarismos, posturas que en la supuesta defensa de la libertad o la democracia –según sea el caso– han terminado por destruir a ambas. Desde mi punto de vista, el siglo xx fue incapaz de generar un equilibrio ideológico que hiciera factible la existencia de entornos políticos con ámbitos más amplios de libertades y derechos, al mismo tiempo que estuvieran orientados mediante decisiones y contextos deliberativos de corte democrático, los cuales se pudieran traducir, a su vez, tanto en formas renovadas de participación (individual o masiva), como en instancias de representación que fueran más accesibles para los ciudadanos. Como se verá, entonces, dentro de las páginas de este ensayo, la recuperación de la relación entre libertad y democracia en las sociedades modernas también posee la intencionalidad de reivindicar el valor de la organización política y económica democrática. Esto es, destacar la vigencia de principios tales como la división y equilibrio entre poderes, la concreción de un pluralismo político por medio de organizaciones partidarias incluyentes e interactuantes con otros segmentos de la sociedad, así como la necesidad de promover libertades económicas que proporcionen estabilidad, bienestar y progreso para la ciudadanía.

Igualmente, resulta importante asumir la presencia insustituible de un Estado de derecho que contribuya a garantizar la aplicación y respeto universalista de un sistema de justicia con pleno apego a la legalidad e igualdad de oportunidades. En suma, la relación entre libertad y democracia sigue siendo, por ahora, una de las más urgentes tareas en los procesos de construcción política y económica que se están verificando en muchas partes del orbe.

Desde luego, se debe indicar que este trabajo tiene una finalidad esencialmente introductoria, y no pretende agotar todas las vertientes en que esta asociación entre ambos conceptos pueda sustentarse.
Para ello, remito al lector a que consulte el aparato bibliográfico anexo.

Víctor Alarcón Olguín

La importancia de la libertad
y la democracia como valores de la política

La relación entre libertad y democracia.
Premisas básicas

Contra lo que pudiera pensarse, la relación entre libertad y democracia no siempre ha gozado de las mejores condiciones para su manifestación y desarrollo dentro de nuestras sociedades a lo largo de la historia. Incluso conviene reiterar que en ciertos contextos y épocas, como ya se indicó en la introducción, ambos valores se han contrapuesto o negado entre sí. Resulta importante indicar que, pese a los esfuerzos emprendidos desde diversas ideologías para seguir manteniendo una separación u oposición doctrinaria entre ambos conceptos, sea por cuestiones de interés, jerarquía o campos de acción, conviene decir que dicho antagonismo conceptual es altamente pernicioso y estéril.

Por el contrario, es menester afirmar que dentro de las instituciones políticas modernas la materialización de gobiernos representativos y participativos sería imposible si no se contara con la interacción que generan, por una parte, las capacidades racionales de elección y decisión abiertas que definen al valor de la libertad; o, por otra, estuvieran ausentes las condiciones procedimentales que permiten garantizar el ejercicio de la voluntad humana en su cometido de satisfacer sus necesidades de una manera justa y sin afectar a las demás personas, tal y como se puede entender, en primera instancia, un concepto ético de la democracia.

Más que verlos como conceptos separados es posible indicar que la relación entre libertad y democracia, aunque multidimensional en sus alcances, se caracteriza por una creciente interdependencia y síntesis. Esto es, pensar a la libertad fuera de un contexto institucional de naturaleza democrática; o viceversa, pensar a la democracia sin un contexto mínimo de libertades que la apoyen, hace que se desdibuje en buena medida cualquier defensa de la civilización y la modernidad, por cuanto que la libertad y la democracia son puntos de referencia para todo individuo y sociedad en la constitución y expresión de sus acciones más elementales.

Quienes se han obstinado en ver a la libertad y la democracia como valores opuestos asumen, dentro de la historia de las ideas políticas, que la libertad es un elemento natural e intrínseco a la condición humana, mientras que la democracia es, acaso, uno de los tantos medios organizativos “artificiales” de que se dispone para ordenar la administración de los asuntos públicos y privados. Dicha oposición llega al nivel de
manifestar que la libertad puede verse amenazada por una excesiva demanda de homogeneidad e igualdad. La libertad se reivindica a sí misma como un derecho permanente a la diferencia, la innovación y el cambio, que permanece dentro de los individuos y sociedades, por lo que introducir métodos de asignación de recursos y de justicia basados únicamente en la mera medida de la igualdad termina por destruir las capacidades creativas y de conservación de las sociedades, si bien dependiendo de las circunstancias y los actores involucrados.

En este orden de ideas, la libertad se convierte en el principio sustantivo de la convivencia, mientras que la democracia es un factor adjetivo en el desarrollo de la misma. La libertad debe ser ejercida a efecto de explotar plenamente todas las capacidades humanas, por lo que cualquier intento por manipular sus contenidos deviene en su negación. Sin embargo, en reiteradas ocasiones se ha constatado que la supresión de la libertad, en aras de una idea generalizante de la democracia, tal como ha acontecido en las experiencias comunistas o fascistas, termina por cancelar no sólo a la primera, sino también a la segunda.

Lo anterior marca una notable diferencia entre las experiencias clásicas de la antigüedad, la Edad Media y la modernidad, en tanto que la primera privilegiaba una presencia individual de la libertad en detrimento de la democracia, como ocurrió en Grecia y Roma (es importante resaltar que los grandes pensadores clásicos, como Platón, Aristóteles o Cicerón, colocaron siempre a la democracia en los peldaños más bajos de las formas de gobierno legítimas, por considerarla una fuente muy proclive a la inestabilidad y la alteración del poder mediante las guerras civiles).

Por su parte, la concepción moderna de la libertad –imperante a partir del Renacimiento y consolidada con la Revolución Francesa– trató de imponer un valor esencialmente democrático a dicho principio, con una percepción igualitarista y republicana que permitiera fijar un contexto social homogéneo para los individuos gracias a la naciente actividad de los Estados-nación. Debido a esta importante revolución, acaecida en los siglos xvi a xviii, las sociedades modernas pudieron crear una práctica de la libertad capaz de trascender el pluralismo limitado de las cerradas corporaciones de la Edad Media, cuyas ideas de libertad y derechos estaban reducidas a los espacios que les eran otorgados por parte de los monarcas absolutos para el ejercicio privilegiado de los mismos (movimiento que se identificaría con autores que van desde San Agustín, Santo Tomás de Aquino y Nicolás de Cusa, y llega hasta el siglo xvii con autores como el inglés Robert Filmer y el francés J.B. Bossuet). Estos resquicios de libertad operaban, aunque sin comprometer prácticas decisorias de corte democrático, y sólo eran válidos para ciertos grupos como las iglesias, la milicia o los gremios, quienes ejercían dichos privilegios otorgados sobre el resto de la sociedad y, en ocasiones, podían hacerlo incluso frente al propio poder político, provocando, entonces, que las ideas de libertad y democracia se colocaran en un contexto excepcional y, por tanto, se mantuvieran constantemente acotadas a efecto de no poner en riesgo a las propias instituciones del poder.

En las concepciones antigua y medieval de la libertad se sacrifica el ideal colectivo de la sociedad en aras de una sumisión absoluta al poder monárquico, mientras que en la moderna se procura alentar el
factor de la diversidad y la tolerancia mediante un entorno de igualdad
electiva que haga de la libertad un verdadero “bien común”: un derecho que vuelva accesible y ejercitable para todos los individuos la posibilidad de gobernar dentro de un nuevo modelo de organización política dominado por el imperio anónimo de las leyes. Todo individuo tiene igual posibilidad de regir los asuntos de la república; todo individuo tiene igual derecho a elegir.

Las posturas grecorromana y medieval de la libertad generalmente terminan por asumir el valor de una sociedad política excluyente, mismo que se expresa en el principio de que no todas las personas podían ser vistas como ciudadanos, es decir, como sujetos con plenos derechos que les permitieran opinar y decidir en torno a los asuntos públicos de la ciudad. La idea de la libertad moderna será reivindicada, entonces, como un mecanismo convencional que rechaza los supuestos de la predestinación religiosa providencialista cristiana que justificaban el llamado “poder natural” de los monarcas, los papados y las aristocracias, cuyas prácticas habían fortalecido los principios de una ciudadanía restringida que fue extendiéndose durante la Edad Media, y que todavía hoy se manifiesta en ciertas posiciones conservadoras.

Contraria a la lógica que coartaba un ejercicio amplio de los derechos individuales y colectivos, la concepción moderna de la libertad y la democracia ha querido privilegiar una dinámica de participación que se concentra en las decisiones electivas de la sociedad de masas (ya desde la propia Edad Media, autores como el italiano Marsilio de Padua; o en el siglo xvi, como el francés Étienne de La Boétie o el alemán Johannes Althusius, se pronunciaban por los derechos del pueblo para poder expresar y decidir de manera abierta sobre los asuntos de su propio interés, y con igual derecho que los nobles).

Gracias a ello, también se puede construir una concepción distinta de la democracia, la cual rechaza aquellas premisas que pudieran suponer el predominio de una mayoría artificial que pueda lograr más beneficios y derechos debido al ejercicio condicionado de la ciudadanía. No obstante este importante cambio, las nuevas ideas de libertad y democracia deben asumir la obligación de respetar todas aquellas diferencias que impidan la imposición arbitraria de voluntades y que vayan en contra de la integridad física o moral
de las personas en los ámbitos público y privado.

Sin embargo, dentro de estas visiones históricas de la relación entre libertad y democracia debe indicarse que ambas todavía nos remiten a situaciones de alcance parcial. Hasta la fecha, para muchos especialistas ciertamente resulta una paradoja asumir que la democracia moderna todavía necesite de mayores compromisos de tipo expansivo e igualitario por parte de los individuos en favor de las instituciones públicas, para así romper con la noción restringida de ciudadanía, aunque ello pudiera afectar la libertad y los derechos de las minorías.

No obstante, para muchos otros pensadores resalta el hecho de que la restitución de las libertades individuales y colectivas debe ser el fundamento de la lucha democrática de las minorías en contra de los excesos del poder institucional mayoritario, a partir de la reivindicación de ciudadanos auténticos con capacidades verdaderas de opinión, posesión y acción sobre sus derechos, y que sean capaces de defenderse en contra de las estructuras abusivas e intolerantes que
han desviado el cauce de sociedades y Estados enteros mediante el ejercicio de la fuerza o la manipulación ideológica en contra de segmentos específicos de la población.

En condiciones opuestas a la excesiva e inmoderada libertad, como ocurre dentro de muchas variantes y etapas históricas del capitalismo, la premisa de la protección de cierta idea de libertad irrestricta, sin principios de solidaridad o compromiso mutuo entre los ciudadanos, hace que la propia democracia se vea disminuida en sus posibilidades de concretar una existencia basada en el equilibrio ideológico y funcional entre las instituciones y los grupos sociales, para así evitar la tentación por las soluciones extremas.

Esta oposición también puede ser juzgada desde otra perspectiva, que defina a la libertad y la democracia modernas como un problema de
reconocimiento a los límites de sus propios actos. La idea moderna
de la libertad asume que no puede ser irrestricta en sus usos, por lo que la democracia le aporta aquí una cuota de moderación y dirección cruciales. La libertad requiere ser encauzada, como cualquier fuerza natural, a través de mecanismos convencionales que surgen a partir de la propia coexistencia humana. En este contexto, la libertad moderna, si bien puede ser definida como la capacidad de realización sin
obstáculos que está presente en cada individuo y, consecuentemente, en las diversas instancias de la sociedad, debe ser orientada bajo un principio rector cuya finalidad ética se condense plenamente en un mecanismo de organización decisoria, como en este caso lo es la democracia.

La democracia moderna se construye, entonces, como una serie de mecanismos decisionales y deliberativos que transforman a la voluntad creadora que se encuentra dispersa dentro de los individuos y las sociedades. La libertad es, ciertamente, un atributo indispensable, pero en sí mismo insuficiente, para lograr la integración política de los individuos, ya que la verdadera manifestación de su ejercicio se cifra en su desarrollo y transformación en un poder colectivo que debe ser administrado de manera racional y apegado a un ideal de retribución, utilidad o justicia.

Sin estas condiciones de reconocimiento mutuo, que convierten a la libertad en un derecho y a la vez en una capacidad decisoria que permiten canalizar ciertos acontecimientos de manera aceptable y correcta, más allá de la mera voluntad de individuos aislados, también resultaría difícil ubicar con claridad el papel transformador que posee la democracia para garantizar el surgimiento de un espacio público de relaciones sociales y culturales, como lo constituye la actividad política en general.

Sin embargo, cabe decir que la libertad debe manifestarse entonces en dos planos: como autoafirmación inicial de los individuos y como reconocimiento posterior entre ellos mismos a partir de la propia mecánica democrática, en tanto que esta última significa
la mejor forma disponible para la realización personal y la obtención de apoyos mutuos. A su vez, la democracia debe delimitarse también a partir de dos importantes tareas: dar proyección y contenido funcional a las libertades individuales, además de convertirse en la manifestación de una voluntad colectiva; esto es, reconocerse como parte de una libertad de nuevo tipo producida por la integración y cooperación de grupos con intereses y actividades diversos dentro de un arreglo institucional determinado.

Desde luego, esta idea de interdependencia resulta imprescindible en el camino para entender que la relación entre libertad y democracia no es sólo meramente circunstancial, sino que también se proyecta como una síntesis que hace, entonces, significativa la vigencia de un principio impulsor (la libertad) sumado a la de su catalizador (la democracia), en tanto puntos de referencia básicos con los que se puede dar sentido y profundidad a una práctica de la política que sea producto de la libre voluntad asociada de los individuos para crear gobiernos justos y equitativos.

La libertad y la democracia como derechos políticos

Como se afirmó en el inciso anterior, el binomio libertad y democracia se define a partir de un concepto de la política moderna que se ha sustentado con mucha claridad desde la época de la Ilustración y la Revolución Francesa hasta el presente, ya que permite superar los contenidos contrapuestos que ambos conceptos poseían en la antigüedad grecorromana, en el cristianismo gremial del Medioevo, e incluso en los movimientos contrarreformistas de los siglos xvi y xvii, todos ellos tendentes a formalizar una visión restringida de la libertad en aras de preservar los llamados fueros, mercedes, encomiendas, o cualquier otro atributo que operara como un privilegio por motivos de propiedad, educación o condición social en perjuicio de la población.

Al darse la separación ética entre la ciencia y la religión, el diseño racional de las emociones (atributos producto de las filosofías desarrolladas entre los siglos xvii y xviii por el francés René
Descartes, el escocés David Hume y el alemán G.W. Leibniz) y la trascendencia de las capacidades individuales en productos técnicos e industriales al servicio de la propia humanidad (que culminan con el movimiento de la “Enciclopedia” francesa y la Revolución Industrial inglesa), permiten asumir que la libertad y la democracia no son meros valores circunstanciales, sino derechos que deben ser defendidos, sistematizados y enseñados a toda persona para que ésta pueda tener un involucramiento cabal en los asuntos políticos. La libertad y la democracia son, entonces, asumidos como derechos inalienables de los individuos; esto es, que no pueden ser condicionados ni cedidos a otras personas o entidades, a menos que medie una buena explicación o beneficio para convencer a una persona a realizar dicha transferencia de sus derechos a manos de otra entidad o sujeto.

De esta manera, la libertad y la democracia se vuelven piedras de toque para facilitar la transformación y extensión del hombre en ciudadano; esto es, para colocar al género humano no sólo como el centro de su propia reflexión –gran mérito del Renacimiento italiano con Nicolás Maquiavelo y Pico della Mirandola–, sino también ahora para transitar a un entendimiento de las acciones humanas mediante la proposición de principios rectores que hicieran pensable un conocimiento esencial y fidedigno de los comportamientos y motivaciones de los actos políticos que son llevados a cabo por los propios seres humanos.

Reconocer este proceso de formación de las sociedades modernas a través de esta dualidad hombre-ciudadano permite también a los individuos moverse entre la razón y la ciencia, en tanto que la libertad se proyecte como un valor contingente del aquí y ahora necesarios para su realización, con cuya acción se puedan calificar los atributos y funciones de las instituciones públicas bajo nuevos parámetros, como lo será considerar la racionalidad limitada en los actos de los líderes de los Estados y las naciones.

Este enfoque “técnico” y “científico” de la política implicará la posibilidad de analizar las condiciones legal y legítima de las decisiones políticas, que se basaban hasta ese entonces en una naturaleza amorfa, intuitiva y particular, para pasar así a un reconocimiento de habilidades entre congéneres que ahora se pueden reunir en torno al estudio de fenómenos y problemas de naturaleza convencional, pública e intersubjetiva.

Bajo esta metodología incipiente la libertad y la democracia son susceptibles de ser generalizables, siempre y cuando sus significados esenciales no impliquen una renuncia arbitraria al goce de las posesiones, cuerpos o ideas de los individuos, más allá de lo que se considere moralmente justo o necesario conforme al propio derecho y el interés del Estado.

En una dirección inversa, las ideas de la libertad y la democracia adquieren un valor más allá de lo práctico y se colocan como valores trascendentes. Este cambio positivo en favor de las ideas democráticas y liberales ha permitido que, a partir del siglo xvii, su presencia se contemple como fundamental, y se comience a revertir la escala clásica de clasificación de los gobiernos, para así colocarse, como se mantienen hasta la fecha, como los atributos de organización mínima del poder político más deseables dentro de nuestras sociedades.

Más que como instrumentos prescindibles o limitados dentro de una concepción absolutista del poder y de la política, que se sustenten a partir de la contención y la supresión de todo enemigo potencial, las ideas de libertad y democracia se fundamentan, a partir del siglo xvii, como los instrumentos imprescriptibles en el tiempo, capaces de crear una concepción asociativa y extensiva del poder que vislumbra como necesaria una política de la defensa del bienestar común, pero que a la vez garantiza la permanencia de las capacidades individuales básicas de los integrantes de esa misma sociedad. La libertad y la democracia facilitan que la política pueda ser un oficio cuyo manejo requiere de instituciones y prácticas convencionales, a las cuales sea cada vez más fácil y deseable poder acceder para beneficiarse de ellas, por sobre la actitud de intentar permanecer aislados o separados de la propia sociedad con fines egoístas.

Este triunfo del racionalismo constructivo y científico dentro de la comprensión de la política no podría entenderse sin otros pasos históricos previos, como lo son el protestantismo reformista de los siglos xvi y xvii, encabezado por Martín Lutero y Juan Calvino; el surgimiento del derecho de resistencia y la objeción de conciencia; pero, más específicamente, el desarrollo del contractualismo. Todos estos movimientos permitieron superar a las clásicas ideas de corte naturalista e idealista que argumentaban la oposición y disfuncionalidad espontánea entre la libertad y la democracia.

Al propiciar el retorno de la razón y los derechos como factores inherentes en la esencia de los sujetos, el pensamiento republicano y utópico renacentista de los siglos xvi y xvii permitió, justamente, recolocar la relación entre libertad y democracia en términos positivos. Aquí conviene rescatar el valor de las obras de los ingleses James Harrington y Tomás Moro, o del italiano Tomás Campanella, así como, más adelante, las ideas de reconquista de la condición humana que se extenderían al desarrollo de las empresas coloniales que pretendían la recreación de “mundos nuevos” o “paraísos perdidos” (John Milton), y cuya cauda termina por manifestarse en los movimientos de inspiración independentista del siglo xix bajo la influencia de Thomas Paine o los autores de El Federalista (Alexander Hamilton, John Jay y James Madison). Una consecuencia moderna vigente hasta nuestros días son las luchas de “liberación nacional”, que han determinado la difícil adquisición de libertades y democracia en nuestros países latinoamericanos durante los últimos dos siglos.

Todos estos movimientos permitieron dar un contorno óptimo a la relación entre libertad y democracia como una en donde debe prevalecer la moderación, la prudencia y la equidistancia de los derechos, que deben estar garantizados para todas las personas que pretendan obtener un reconocimiento en tanto ciudadanos y actores políticos.

El carácter inalienable de los derechos hace que la libertad y la democracia también se puedan relacionar mediante otro atributo de la era moderna: la soberanía. El dominio y alcance de los actos con plena conciencia y uso de la razón y las leyes (autonomía) hacen que la soberanía sea el vínculo que transforme a la individualidad en colectividad, a través de los artificios institucionales creados por el propio género humano.

Sin un dominio de sí mismos, los seres humanos no podrían conocer con claridad cuáles serían aquellas prácticas que usurpan su voluntad y su conciencia en aras de un falso interés colectivo.
La soberanía se convierte, por ello, en un vínculo normativo
que permite reglamentar las capacidades y movimientos de los sujetos, para transformarlos entonces en derechos, leyes y preceptos. Se mueven, así, desde el entorno moral individual hasta el espacio público intersubjetivo e institucional que, incluso, permite depositar dicho ejercicio conjunto dentro de una institución social específica: el Estado.

La idea de soberanía plasma aquí, con mucha nitidez, la asociación práctica existente entre la libertad y la democracia, gracias a la llamada “escuela contractualista”. La soberanía es un atributo que permite reconocer con claridad al titular de todo poder político, así como identificar el ejercicio correcto o incorrecto de dicho poder.

Esta cualidad asume que hay una función no compartida del poder, idea que prevalece inalterada desde los emperadores y monarcas absolutos, mismos que podían disponer de manera irrestricta de los bienes y personas presentes en sus territorios, debido a que eran considerados como descendientes de los pactantes directos con Dios, entidad originaria de su dominio. A pesar de ello, esta idea de haber sellado un “contrato natural” debía ser avalada por la Iglesia católica, cuyo poder superior al terrenal venía de un “contrato divino” directo con Dios a través de la figura papal. De esta manera, la transferencia y el reconocimiento del poder de los soberanos terrenales por parte del soberano espiritual era simplemente la traslación de una encomienda básica: poder dominar y disponer de las personas, siempre y cuando se cumplieran los objetivos de hacer difundir y prevalecer los principios cristianos por encima de los de cualquier otra religión o credo político.

Dicha lógica contractual se extiende, por consecuencia, hacia la creación de las jerarquías nobiliarias y militares, aunque éstas ya sólo poseen el aval secular de la concesión o de la compra abierta de dichos privilegios por parte de los nobles. Por esta razón, los monarcas son vulnerables y limitados, ya que con frecuencia su sucesión se vería interrumpida por la usurpación de tiranos que se hacen del poder por la vía de la fuerza o la intriga. Únicamente si se lograba demostrar suficiente habilidad, fuerza o argumentos para transmitir el poder a la siguiente generación se podía contar con el aval de la Iglesia y de la propia nobleza. Otros medios recurrentes para la conservación y transmisión exitosa de la soberanía lo fueron la concertación de alianzas mediante matrimonios y el desarrollo de conquistas militares.

El concepto de soberanía sufre durante la Edad Media una importante modificación en el siglo xiii, cuando se redacta en Inglaterra la famosa Carta Magna, que obliga al monarca al reconocimiento de los miembros de la nobleza como sus pares. Ya también en esa misma época se pone en cuestión la potestad soberana del Papado y de la comunidad eclesiástica en los asuntos políticos terrenales, por parte de autores como Guillermo de Ockham. Este primordial reclamo en favor de las libertades públicas laicas y seculares –esto es, no dependientes de la Iglesia e insertas en el tiempo “actual” en que viven los individuos– llegaría a conocerse como el “dilema de las dos espadas”.

Dicha polémica alcanzó su clímax con las llamadas revoluciones liberales y democráticas que, a partir de la Revolución Francesa, se han prolongado con muy distintos énfasis hasta el presente. Estos procesos de reforma, separación y eventual subordinación de las Iglesias a la acción suprema de los Estados han permitido que los gobiernos civiles puedan abrirle paso a la libertad de creencias y de educación como parte de los requisitos mínimos de coexistencia dentro de las sociedades democráticas modernas.

Sin embargo, la parte crucial que vincula la noción de soberanía con el desarrollo de la figura del contrato social se alcanza justamente a finales del siglo xvi con la obra del pensador francés Juan Bodino. El concepto de los derechos naturales logra que el valor de la libertad sea considerado –junto con los de la justicia, la vida, la propiedad o la igualdad– como un bien supremo asociado con los fines y obligaciones que deben ser resguardados por todo soberano encargado del poder político y la preservación de la paz. Si este soberano es incapaz de cumplir con su cometido, es lícito entonces promover su destitución no sólo por corresponder a derecho, sino porque es voluntad decidida por los propios ciudadanos.

Sin embargo, en todo ello existe una diferencia crucial con las experiencias de la antigüedad: todos los hombres ahora deben ser tratados como iguales en derechos y recompensas por su trabajo dentro de la sociedad. Dicha extensión de la franquicia para participar en política confiere, por vez primera, condiciones a la revocación y reversibilidad de los contratos o pactos históricos entre gobernantes y gobernados.

En este sentido, la transferencia de la responsabilidad sobre el ejercicio y alcance de la soberanía hace que el poder ya no resida en un monarca o una persona física, cuya libertad sea irrestricta y no igualada por ningún otro individuo. A partir de ese momento, la aportación sustancial de los contractualistas no es asumir la construcción de un pacto social y político de la ciudadanía en torno a una persona, sino que se genera la presencia de un contrato suscrito primero entre la propia ciudadanía, que deposita en uno o varios representantes suyos las funciones institucionales convenidas que dicha soberanía colectiva desea proteger y desarrollar, entre ellas el gobierno, la seguridad y el bienestar común, que alejen los riesgos de la guerra. Dichas atribuciones son retornables al pueblo en todo momento.

Esto es, la libertad política moderna también permite construir un concepto de soberanía que se asociará con dos figuras específicas que sintetizan ahora el interés colectivo: la nación y el Estado. En la medida en que se extiende el radio de influencia en el cual se puede convenir la suscripción de alianzas y pactos entre diversas comunidades, el paso hacia la llamada democracia representativa hace que las asambleas decisorias se trasladen a la construcción de modernos parlamentos, en donde, justamente, las decisiones y responsabilidades sean producto de la elección regular de los propios ciudadanos para hacer cumplir dicha soberanía de alcance popular. La soberanía popular es, ciertamente, ese Leviatán que se erige como el producto inteligente de una sociedad política.

El movimiento contractual y la soberanía confieren a los Estados y naciones una libertad que les impide estar formalmente
atados a dominio individual o grupal alguno, así como les asigna una condición de seguridad y protección en contra de todo uso arbitrario de la propia autoridad, gracias a las decisiones que han establecido los individuos mediante la creación de constituciones orales o escritas. En esta dirección, la condición unitaria de la soberanía popular se protege mediante la división funcional
de sus atribuciones en las distintas tareas de gobierno.

Debemos al pensamiento de autores como el barón de
Montesquieu el hecho de que desde el siglo xviii podamos estar seguros de que las funciones del poder no queden monopolizadas por una sola persona: la división de poderes. De ahí que un criterio crucial de nuestras democracias modernas se apoya en su operación diferenciada en los ámbitos ejecutivo, legislativo y judicial. Desde luego, también resulta importante indicar que el peso específico de cada una de estas funciones debe ser equilibrado ya que, de lo contrario, el exceso y la permisividad harán que los objetivos del contrato se distorsionen y el poder vuelva a caer en individuos o grupos tiránicos.

En la actualidad, bajo la figura de nuestras constituciones, ciertamente podemos asumir que la defensa de nuestra soberanía tiene una afinidad con los principios populares, nacionales y estatales que históricamente han construido los integrantes de una sociedad política. Al defender principios comunes, la idea del contrato social ha permitido colocar en un espacio coincidente a pensadores tan disímbolos como Thomas Hobbes, John Locke, Baruch de Spinoza, Jean-Jacques
Rousseau, Immanuel Kant o Georg Wilhelm Friedrich Hegel quienes, a pesar de sus diversas percepciones de la condición humana, terminan por mostrar su confianza en que las creaciones humanas puedan garantizar la armonía y el respeto entre los individuos. En ninguno de ellos se puede suponer la falta de libertad ni el desinterés por el llamado “espíritu del pueblo”.

La libertad y la democracia se transforman, así, en los principios activos de la soberanía –a la que también se puede valorar como la obligación política que garantice entre los individuos el buen uso de sus instituciones–, mismos que no pueden ser desatendidos por los individuos contratantes, a menos que los medios que se aduzcan para preservar dicha soberanía impliquen un sometimiento de los propios individuos que afecte su dignidad, su conciencia o su bienestar.

La soberanía (en tanto tarea colectiva que tienen los individuos para buscar la protección de la libertad a través de la acción de sus gobernantes electos) y el contrato (que sintetiza los medios y términos
por los cuales se comprometen a lograr dicha soberanía) deben asumir que no se puede escoger entre libertad o democracia, sino que la defensa y permanencia de ambos elementos es consustancial y necesaria para la propia sobrevivencia de la actividad política en contra de todo enemigo interno u externo. De ello dependen el alcance y las atribuciones que los individuos concedan para la formación de las instituciones y los derechos sobre los cuales se pacta, de manera colectiva, en materia de las reglas o los bienes que permitan la realización de un bienestar común.

De la libertad a la democracia. De la democracia a la libertad

El parágrafo precedente nos lanza a un nuevo territorio de análisis, que puede sintetizarse bajo la siguiente pregunta: ¿existe una real secuencia de orden entre la libertad y la democracia? Desde mi punto de vista sí la hay, pero siempre y cuando se entienda que la existencia de todo concepto o actividad humana inicia y culmina en la dimensión individual. Sin la existencia de seres racionales que sean capaces de pensar, expresarse y transformar su entorno personal, difícilmente se podría pensar en el paso subsiguiente, que implica la construcción de entidades y prácticas sociales como lo son las propias comunidades, las sociedades o las instancias de gobierno que han culminado hasta ahora con la presencia de los Estados-nación de la era moderna.

Todo individuo debe cumplir, así, con los papeles simultáneos de configurar no sólo una entidad política reconocible y con identidad, sino también de asumirse como parte de un sujeto colectivo de derechos, que lo refiere a sí mismo como el principal agente de asignación de las obligaciones y los derechos que deben existir entre los ciudadanos, a partir de los contextos definidos por las propias instituciones y espacios en los que se desenvuelva.

Sin embargo, un concepto tal de libertad individual no puede permanecer tan limitado. Para su proyección y permanencia necesita de otras cualidades que le permitan reafirmar su contenido específico, como lo son la igualdad (pensada aquí como el derecho que tienen todas las personas a acceder, en los términos que determine la sociedad, al goce de todos los satisfactores producidos por ésta), la justicia (entendida como la condición de razonamiento que permite fijar los criterios en los que se fundamenten decisiones aceptables entre los individuos), el diálogo (que es la premisa de reconocimiento al intercambio de opiniones que facilitan arribar a acuerdos entre los individuos) y, muy especialmente, la crítica (atributo que permite que los individuos puedan expresar opiniones divergentes con respecto a otras personas o a los representantes públicos), sin olvidar la tolerancia (asumida como la protección y el reconocimiento de todas aquellas prácticas que, a pesar de sus diferencias con las costumbres y las acciones de la mayoría de los integrantes de una sociedad, no se valoren como riesgosas para la coexistencia social, sino que ayuden a enriquecer las alternativas políticas, económicas y culturales de dicha sociedad). Visto de esta forma, no puede haber un contenido único de la libertad política. Pensarlo así sería, justamente, cancelar la capacidad de autorreflexión y autotransformación que deben poseer los individuos tanto en su quehacer particular como a través de sus instancias colectivas.

Una situación similar debe operar con el principio de la democracia, en tanto su significado y alcance se sustentan mediante la agregación de la mayor cantidad de elementos de responsabilidad social, como los que ya se han enumerado líneas atrás. Junto a ellos, el principio de la democracia se asume precisamente como la expresión de la conciencia crítica y tolerante de la propia libertad.

La libertad debe abrir brecha a un camino que la conduzca a la democracia, en tanto que facilite la adquisición del sentido de misión común con que los individuos deciden asociarse dentro
de ciertas prácticas a las que consideran como viables y benéficas. En teoría, ni la libertad ni la democracia podrían ser sacrificadas en aras de “razones superiores de Estado” (aunque las situaciones de guerra o catástrofe natural escapan a esta previsión). En caso de ocurrir, es evidente que un gobierno con ausencia de libertad o democracia no puede durar mucho, dado que existe la proclividad crítica de los propios ciudadanos hacia defender la pronta restauración de sus derechos y beneficios en las condiciones previas a la emergencia de las crisis que propiciaron su pérdida.

En términos menos dramáticos, en la modernidad democrático-liberal son ahora los propios ciudadanos quienes asumen de manera directa la sustitución de los malos gobernantes y las malas prácticas de gobierno mediante el ejercicio electoral. Para ello, la información, la comparación y la crítica de las diversas propuestas de organización de la vida social deben estar orientadas de manera pública y responsable. En este último aspecto, la manifestación de una democracia participativa que respeta y se sustenta en tales contenidos mínimos siempre permite el rápido retorno hacia la libertad, con lo que la relación de interdependencia y síntesis entre ambas prácticas se refuerza y transita hacia una evolución cualitativa en el nivel de la actuación de los gobiernos.

De esta forma, cuando se habla de un ideal en la construcción de una libertad democrática responsable, no sólo cabe referirnos a una mera asociación de conceptos con fines éticos, sino que se debe plantear con mucha objetividad por qué resulta necesario definir que todo sistema político razonable es incapaz de sobrevivir sin que estén presentes las condiciones materiales y culturales que conduzcan a la libertad y la democracia modernas, como lo han demostrado autores como el estadounidense Robert A. Dahl.

Es importante recalcar este punto, porque de manera recurrente también se puede observar que la combinación adecuada de la libertad y la democracia no resulta tan fácil ni tan obvia en muchas latitudes del orbe, a pesar de las ventajas teórico-funcionales que ofrecen a los individuos. Con frecuencia, la inmoderación de la propia libertad o de la democracia han dado pauta a deformaciones y prácticas altamente nocivas para el propio desarrollo de la civilización y la actividad política. En casos específicos, pueden señalarse las situaciones populistas o demagógicas que terminan por manipular a enormes masas de población mediante mecanismos personalistas o liderazgos carismáticos que sólo alimentan la permanencia de divisiones sociales oligárquicas, y que llegan hasta el punto de generar conflictos o crisis cuya virulencia finalmente no puede ser contenida por los cauces institucionales, arrojando así a muchas sociedades a reacomodos drásticos que sólo pueden ser combatidos a través de mecanismos antidemocráticos, con lo que se cae en una espiral degenerativa y en la negación total de los presupuestos mínimos de un régimen político que garantice las libertades y derechos universales básicos inherentes a todo individuo.

Si bien la libertad y la democracia son construcciones racionales, no siempre aparecen como razonables o convenientes ante los ojos de muchos hombres de poder. Es claro que allí reside una de las debilidades intrínsecas de ambos conceptos. La ejecución de las decisiones de poder puede excluir, sin miramientos, a enormes masas de seres humanos, al condenarlos a la marginalidad cultural y material, con lo que la libertad y la democracia de los pocos deviene en privilegio opresor y en injusticia para los muchos. Por ello, resulta importante asumir que no todo argumento en favor de la libertad o la democracia puede tener la posibilidad de concretarse si se carece de las condiciones institucionales o del propio convencimiento humano que puedan llevarlos a cabo dentro de las normas y tiempos que convengan a las propias sociedades.

En ello reside aún buena parte de los factores que todavía nos remiten a reconocer por qué la lucha en favor de la libertad y la democracia sigue siendo uno de los tantos viajes inacabados por los que continúan transitando nuestros pueblos en pos de la cultura y el desarrollo.

Esencia y fundamentos teórico-políticos
de la libertad

Libertad y libertades

La libertad, como atributo específico de la condición humana, implica la presencia de diversas cualidades que permiten diferenciarla con respecto a otros valores. En primer término, nos refiere a los espacios de desenvolvimiento en los terrenos público y privado, que persiguen las finalidades del beneficio personal, la utilidad, la felicidad, la superación y mejoría de la sociedad, entre sus principales fines éticos.

Además de estos primeros elementos, los ámbitos de la libertad se extienden a las dimensiones económicas, políticas y culturales, con la idea de generar la máxima expansión posible de los propósitos antes descritos, pero sin lesionar los derechos o aspiraciones de otras personas, o que las acciones de éstas pudieran reducir de manera no conveniente los derechos de uno mismo.

En este aspecto, la idea génerica de libertad debe trasladarse a expresiones de realización específica en cada uno de los terrenos de la actividad humana, a efecto de lograr los grandes fines básicos de la sociedad, como lo son su estabilidad, su progreso material o su continuidad histórico-cultural, por situar sólo algunas modalidades de los objetivos recurrentes en el interés humano.

En este sentido, la libertad se remite a una serie de condiciones particulares que abarcan los siguientes terrenos que surgen de su propia naturaleza:

• libertad de pensamiento. Todo individuo posee el derecho a que se le reconozca como capaz de criticar y objetar las ideas de otro individuo o instancia de gobierno, mediante el uso lícito de la razón. Al mismo tiempo, tiene la posibilidad de proveerse del conocimiento y los argumentos que le permitan comparar, discernir y aceptar que otras personas dentro de su colectividad o provenientes de otras comunidades también puedan discrepar de sus creencias sociales o personales, sea por motivos culturales, étnicos, lingüísticos, políticos, económicos, sociales o religiosos.

• libertad de expresión. Todo individuo y sociedad deben contar con el derecho a manifestar de manera abierta y pública –a través de los medios impresos, audiovisuales o informáticos– todas aquellas ideas que se mantengan dentro de los límites de la normatividad pública y moral. Dicha libertad se convierte, así, en uno de los principales aspectos que configuran la identidad, la comunicación y la plena información entre los individuos, lo que les permite, entonces, adoptar decisiones públicas con mayores criterios de responsabilidad.

• libertades de asociación, de tránsito y de reunión. Todo individuo puede escoger la forma de participación en los asuntos públicos y privados que mejor le convenga, pero siempre y cuando ésta no conlleve la aplicación de coerción o violencia en la toma de decisiones sobre las cuestiones de organización de la vida cotidiana, ni aun en los casos donde estos medios fueran expresamente convenidos por la propia población. En este sentido, los individuos pueden reunirse en partidos, sindicatos, asociaciones religiosas o profesionales, entre las múltiples opciones que deben ser justamente garantizadas en su existencia y funciones por los ordenamientos legales. Toda persona podrá, entonces, desplazarse sin impedimentos por cualquier vía pública para desarrollar cualquier tipo de actividad de asociación o reunión, a menos que contravenga disposiciones de las que sea debidamente informado por parte de las autoridades correspondientes.

• libertad de elección. Todo individuo debe gozar de las facilidades que le permitan que su derecho de participación política se pueda transformar en la constitución de la mejor opción de gobierno y administración. Esa libertad de elegir también debe garantizarse más allá de las cuestiones gubernamentales, a efecto de asumir que la libertad implica el contraste y la presencia plural de alternativas claras, que permitan a las personas poder escoger aquello que les sea funcional y provechoso en todos los terrenos de la actividad humana.

• libertad de educación. Toda persona podrá escoger el modelo de educación que sea conveniente para su desarrollo físico, mental o profesional, y el de sus hijos. Dichos modelos educativos, sin distingo de su carácter público o privado, deberán permanecer dentro de ciertos criterios mínimos que fomenten la integración y la cooperación sociales, así como la identificación con valores cívicos, históricos y culturales que alienten un uso más pleno y responsable de las libertades de expresión, de pensamiento y de crítica informada.

• libertad de trabajo. Todo individuo y sociedad deben tener garantizada la posibilidad de acceder a y de escoger una actividad productiva que les permita vivir con dignidad y en condiciones de mejorar permanentemente su acceso a los satisfactores materiales, gracias a las posibilidades que generen los individuos mediante los sistemas de capacitación y educación, así como a través de la acumulación lícita de la riqueza. La libertad de trabajo impide, por definición, cualquier relación que remita a prácticas de esclavitud, discriminación o explotación de grupos o personas cuya vulnerabilidad, debido a sus condiciones de desventaja, sean motivo de trato inequitativo. Debe darse primordial protección por parte de las autoridades a los niños, las mujeres, los discapacitados, los inmigrantes, los ancianos y a los que pertenecen a alguna minoría social. En este sentido, la libertad y el derecho al trabajo deben estar siempre avalados por el principio de la igualdad de oportunidades.

También aquí pueden señalarse otros importantes atributos que permiten fijar características funcionales de la libertad en el plano de los derechos mínimos a ser proporcionados por un sistema democrático:

• derecho al bienestar. Se puede concebir que el derecho al
bienestar obligue a los individuos a considerar la construcción de mecanismos compensatorios que garanticen la preservación del medio ambiente, de un sistema de salud pública eficiente, así como de instancias que les otorguen apoyos para su subsistencia una vez culminada su vida productiva.

• derecho de posesión. Todo individuo y sociedad deben asumir el interés natural y colectivo que tienen los seres humanos de proveerse de los bienes y satisfactores personales necesarios para su subsistencia. Esto abarca a la propiedad, que implica el reconocimiento público del goce de todos aquellos recursos que hayan sido adquiridos de manera legal y que, asimismo, se exploten de manera eficaz, según las especificaciones legales de intervención que pudieran ser dictadas en virtud del llamado “bien común” o el “interés público”, materializado en la eventual acción correctiva del Estado tendente a evitar concentraciones excesivas de riqueza, mediante el cobro de impuestos y la redistribución de dichos recursos con el apoyo de programas sociales, o a través del combate a los monopolios.

• derecho a la protección y la seguridad. Todo individuo y sociedad deben tener la certeza de que podrán gozar de sus posesiones y de respeto a la integridad física de sus personas en contra de actos que provengan de las propias instituciones públicas o de otras personas. En esta dirección, toda persona debe tener acceso irrestricto al beneficio de elementos jurídicos tales como el juicio de amparo, el jucio de revisión de sentencias, el indulto, o cualquier otra modalidad que existiere dentro de un determinado orden social, para contener los excesos en la interpretación y aplicación de las leyes por parte de cualquier autoridad.

Vistos de esta forma, los principios básicos de la libertad se tornarán generalmente en principios más democráticos, sobre todo en la medida en que se puedan encontrar plenamente extendidas y aplicadas cada una de estas libertades y derechos. Por ejemplo, la extensión del sufragio universal y de un trato político igualitario entre los hombres y las mujeres en los países occidentales avanzados no se pudo concretar sino hasta finales del siglo xx, y sigue siendo una tarea pendiente en muchos otros planos.

De igual forma, son todavía puntos de reflexión sobre la calidad de la vida democrática en muchos países los siguientes: la carencia de medios informativos y de instituciones educativas libres; la ausencia de elecciones competitivas y de asociaciones políticas independientes; la permanencia de sistemas de procuración de justicia corruptos y poco eficaces; los condicionamientos y la falta de controles para garantizar el disfrute de una libre afiliación sindical; la carencia de ofertas educativas variadas en cada uno los diversos niveles que conforman los sistemas de enseñanza. Por estas razones, deben articularse las propuestas que permitan acortar las distancias materiales e intelectuales que aún impiden la existencia de un ambiente de libertades dentro de un ordenamiento democrático.

Libertades negativa y positiva

Junto con la autonomía, la utilidad, la seguridad o la propiedad, el principio de libertad coloca a los seres humanos ante una valoración primigenia de su existencia, en tanto paso previo para definir en qué y con quiénes se pueden generar compromisos de acción colectiva para defenderse o promover el desarrollo de las instituciones públicas. En esta dirección, algunos pensadores, como Jean-Jacques Rousseau, consideran que la idea de la libertad posee inicialmente un significado natural y ajeno respecto de cualquier esfuerzo de sistematización u ordenamiento.

De hecho, la libertad podría considerarse como un valor antipolítico positivo que se resiste a ser circunscrito dentro de fronteras legales o morales. De esta manera, las instituciones sociales son vistas como entidades de dominación ante las cuales el género humano debe conservarse fuera de su influencia.

Sin embargo, a esta interpretación de inspiración romántica, que asume una naturaleza de benevolencia y autoconfianza en el origen de la sociedad se opone, desde luego, la visión racionalista, cuyos alcances se extienden más allá de este punto justamente gracias a la presencia del elemento modernizador de la democracia. En este sentido, la humanidad puede ser redimida de sus pasiones y excesos sólo si se controlan sus intereses egoístas. Y en tanto no se convenza a sí misma de que su existencia natural requiere del esfuerzo común para sobrellevar las inconveniencias del conflicto permanente al que está expuesta por la falta de protección y seguridad, su noción de libertad se mantendrá como “negativa”.

Para una real y verdadera emancipación social los individuos deben, justamente, remitirse al compromiso y al pacto, entendidos como acciones orientadas a extender y transformar la libertad de uno en la libertad de todos. Sólo así la libertad puede convertirse en “positiva”, y adquirir el beneficio de poder poner límites adecuados a la desorganización e incertidumbre que imperan dentro de las relaciones sociales.

Con la eliminación de esta dimensión contingente y casuística, la libertad adquiere una dimensión política de corte estructural y trascendente, ya que permite la construcción de relaciones cualitativas regulares y protegidas mediante la acción de las instituciones. Bajo dicha premisa, la creación del Estado de derecho moderno también supera las antiguas prácticas feudales, cuyo arbitrio y discrecionalidad dejaban indefensos a los individuos que no pertenecieran a corporación alguna.

De esta manera, gracias a la experiencia de la libertad positiva, se pasa de la anarquía natural a la responsabilidad común organizada mediante el artificio del ya mencionado contrato político, mismo que permite abarcar una mayor cantidad de ámbitos de la vida social, salvo aquéllos a los que conscientemente no estén dispuestos a renunciar los individuos pactantes, quienes ahora se reconocen e interactúan bajo la condición civilizada de ser ciudadanos regidos por las normas éticas y públicas del Estado de derecho.

A partir de este momento, la figura del contrato permitirá distinguir la secuencia positiva que se origina desde la “sociedad natural”, pasando por la “sociedad civil” y que culmina con la nueva “sociedad política”, que finalmente se condensa en la acción conjunta del gobierno y del Estado. La libertad natural, la libertad civil y la libertad política, propias de cada una de estas etapas sociales, también se conjuntan por la manifestación creciente de formas de participación y de compromiso que permiten el cambio de una idea de democracia “negativa”, asociada con el desorden y la demagogia, a un principio de democracia “positiva”, cuyas reglas de decisión, representación y participación complementan el surgimiento de un orden racional en donde se dan la plena moderación y el equilibrio entre las funciones del poder, que ahora se encuentra repartido y diseminado en todos los órdenes de la actividad pública.

Pese a esta posibilidad de valoración positiva y expansiva de la libertad y de la democracia, a partir de un nuevo orden contractual e institucional, las posturas de filiación conservadora aún sostienen que la libertad sólo es una capacidad concedida por el Estado hacia un cierto número de individuos y bajo ciertas condiciones derivadas del mérito o la posición económica. En este sentido, los conservadores argumentan que la libertad y la democracia ahora habrán de defenderse de los excesos de ese Estado y de sus instituciones, que han roto con la asociación natural existente entre religión, moral y política y que, por lo tanto, han dejado de velar por los intereses de la sociedad en su conjunto.

Curiosamente, dentro de esta premisa crítica en contra de un Estado autoritario enfrentado con la colectividad, no sólo se puede identificar a la corriente social-católica, sino que también éste es un tema de interés crucial en los pensamientos liberal y socialista, por cuanto ambos sostienen que la ruptura entre cultura e interés público deja indefenso y desarraigado al individuo, en manos de un pragmatismo secularizado muy débil y sólo centrado en la acumulación de la riqueza. De esta manera, se pierden campos muy amplios de mayor socialización y educación a los que, por ahora, se reconocen desde el espacio público.

Sin embargo, la separación (que no destrucción) entre las iglesias y el Estado, o el dilema de promover la plena homogeneidad jurídica de la sociedad civil, reflejado ahora en los retos que abre el pluralismo ancestral de las comunidades autóctonas que han sobrevivido incluso dentro de los límites del Estado-nación, constituyen dos temas que no han dejado de tensar los contornos y posibilidades de la democracia moderna y las libertades que ésta pueda contener para las sociedades actuales. La coincidencia plena de objetivos entre las instituciones y los individuos es todavía una meta lejana para las sociedades democráticas y abiertas.

En un sentido más radical, la postura de corte marxista considera que la presencia del nuevo ciudadano burgués como base de la acción moderna, al identificarse como un ser libre de ataduras para contratarse por un salario –en tanto se ha separado de los estamentos y las corporaciones–, tiene un éxito a medias. Si bien no se encumbra a un solo individuo en el poder, como ocurría anteriormente
con el monarca absoluto, ahora se construyen entidades abstractas de dominación, como las mercancías y el capital, en donde todos los actos humanos son medidos por la acción homogénea e imparcial de la ley del intercambio, promovida por un conjunto de individuos organizados desde la estructura de un Estado que intenta actuar en nombre de la soberanía popular.

El Estado se convierte, de esta forma, en una totalidad que subordina a la sociedad dentro de su propio interés de grupo, y que absorbe, consecuentemente, al interés social e individual en tanto los procura como insumos necesarios en la realización de la libertad del propio Estado, mas ya no para la libertad de la propia sociedad o de los individuos. Se pasa así de la dominación personal a la lucha de clases, en donde los individuos no organizados son presa fácil de los que sí lo están. En este aspecto, la democracia y la libertad se transforman en factores accesorios en la conquista del poder y de la igualdad dentro de las sociedades comunistas o fascistas, ya que los individuos, por separado, regresan a la esterilidad de la libertad negativa al dar rienda suelta a sus ambiciones, reducidas a la mera búsqueda de la ganancia, y materializadas en el conflicto y la competencia, que se construyen a partir del mecanismo del mercado.

En buena medida, por medio de una vía que aprovecha en forma diferente al laicismo y la secularización (que expropian a la religión y las culturas antiguas el control de la ideología y la organización político-económica), el socialismo científico pretende desarrollar un retorno “positivo” a la primigenia naturaleza comunitaria, aunque tenga primero que valerse de las estructuras de poder capitalistas, como lo es el Estado, para “diluir” las divisiones individualistas que han sido producidas por el industrialismo y la democracia liberal. En esa dirección, la libertad y la democracia ceden su paso a la revolución, cuyo potencial destructivo de las viejas instituciones se convierte en el gran oponente del desarrollo económico y político hasta ahora alcanzado por la civilización. Como puede verse, los aspectos negativo y positivo de la libertad y de la democracia remiten a una discusión acerca de cuáles deben ser las instancias públicas que permitan alcanzar de mejor manera la realización de las necesidades colectivas, en este caso, la sociedad o el Estado.

La libertad y la democracia económicas

Una de las consecuencias más directas del avance de las llamadas revoluciones sociales ocurridas durante los siglos xviii al xx se condensa en la paulatina expansión de los derechos individuales en materia económica. Sin embargo, tales derechos requirieron de la ruptura de los órdenes aristocráticos, para luego traducirse y trasladarse políticamente a las instituciones monárquicas constitucionales, o a las repúblicas presidencialistas y parlamentarias, como sucedió en los procesos de emancipación en Europa y América. La irrupción del Estado de derecho también hizo necesaria –como ya se expuso anteriormente– la emergencia de cambios tanto en la noción de soberanía y en la división entre lo público y lo privado, como en la exigencia de mejorar los espacios de participación y representación y en la necesidad de asumir la ampliación y la apertura de los espacios de interacción comercial. Con ello, se abre una etapa real de universalidad interestatal e internacional, cuya base se sustenta en el funcionamiento de los mercados como espacios abiertos a todo tipo de transacciones de bienes y productos.

La expectativa de estos nuevos espacios, que se reconocen a partir de la función estatal, rompe con las teorías proteccionistas, mercantilistas y fisiócratas (cuyos conceptos de la economía basaban el poderío de las naciones en la posesión directa de bienes como los metales preciosos y los productos agrarios) en tanto que las sustituyen con el surgimiento de las empresas comerciales, la moneda y los bancos, al tiempo que paulatinamente se van reduciendo los requerimientos para acceder a los puestos de poder. La democracia y la libertad se convierten en los impulsores igualitaristas que hacen abandonar al mérito o el linaje como medios de ascenso y movilidad social, y ahora los mercados abiertos son la pauta del éxito económico y político, tal y como acontece en la experiencia estadounidense, cuya simpleza y homogeneidad tanto sorprenden al escritor francés Alexis de Tocqueville cuando escribe, a principios del siglo xix, su obra La democracia en América.

La consolidación de este nuevo sentido de la democracia política y de las libertades económicas, las cuales reconocen el pluralismo, la competencia, la educación, el número de votos y el capital como las nuevas divisas aceptadas en la percepción de los reconocimientos mutuos y de las habilidades a ser cultivadas por la ciudadanía, hacen que la diversificación de funciones del Estado-nación moderno tenga ahora como misión garantizar el estricto cumplimiento de estos nuevos derechos, que han sido elevados al rango de fundamentales y humanos.

El Estado adquiere la función de moderar y encauzar a la democracia y a las libertades económicas, partiendo precisamente de su condición pública y sobrepuesta a los intereses particulares, cuya ineficacia y desorganización arriesgan, en ocasiones, el principio de la colectividad. Este proceso puede ser situado con mucha precisión en la Europa occidental, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo xix, a partir del momento en que los propios aparatos públicos comenzaron a expropiar y regular a los capitalistas privados para así favorecerse de los apoyos populares derivados de la introducción del voto universal. De igual manera, el surgimiento del Estado como un agente promotor del desarrollo económico en el siglo xix terminará por convertirlo en el instrumento rector, y luego único, en la consecución del progreso material, tal y como se manifiesta en los modelos sociales instrumentados en el siglo xx, y que van desde el llamado Estado de bienestar hasta el “capitalismo monopolista de Estado”. Sin embargo, los costos en materia de libertad y de apego a las leyes económicas básicas, que carecen de un mercado común y universal –que sería la forma en la que cualquier modelo económico debe sustentarse para poder triunfar sobre sus contrarios– han hecho que las pretensiones sociales del Estado en materia de igualdad económica se hayan sustituido por un retorno momentáneo a los acomodamientos “naturales” y “espontáneos” de la propia sociedad, a través de las preferencias que se realizan mediante los mercados y los intercambios sin controles, lo que sintetiza ahora uno de los problemas más difíciles de conciliar en el entendimiento de la democracia y la libertad en el ámbito económico.

Sin embargo, lo que inicialmente se observaba como un factor nivelador y equitativo se fue tornando en amenaza y coerción. Es decir, se ha perdido todo contenido y apego legal respecto de la vigencia de lo que se considera un orden constitucional justo en materia de proporcionalidad, reciprocidad y equidad. Igualmente, puede encontrarse esta problemática en la instrumentación de las decisiones derivadas de la aplicación de las nuevas normas salariales y leyes laborales en detrimento de la propia sociedad. Los individuos son reducidos una vez más a meros factores de ratificación y mínima consulta, por lo que deben defenderse ahora de sus nuevos dominadores, a la vez que los proyectos moderados o restauracionistas de la economía social que se viven principalmente dentro de Europa también llegan a un claro límite, a pesar del desarrollo de “terceras vías” (ya preconizadas desde inicios del siglo xx
por autores como el italiano Luigi Einaudi y que han continuado hasta los recientes desarrollos del inglés Anthony Giddens) que pretenden encontrar espacios admisibles entre la libertad económica individual y los derechos de participación colectiva en materia de la distribución equitativa de los bienes producidos por las propias sociedades.

Visto de esta manera, la democracia y la libertad en materia económica más allá del Estado deberán cumplir un nuevo ciclo que ahora retome el concepto de las transformaciones liberal-democráticas en favor de acercarse más a la sociedad, tal y como se experimentaron dichas reformas expansivas a lo largo de los siglos xix y xx.

La libertad y la democracia económicas se manejan como conceptos que posibilitan el cambio dentro de la propia sociedad con respecto a los abusos de la autoridad. Sin embargo, no se puede omitir que los movimientos libertarios, marxistas y anarquistas, han mostrado las contradicciones de los viejos contratos sociales, en tanto que éstos producen una ruptura con los términos originales del mismo.

Las nociones de daño y perjuicio en términos de justicia a las personas –y extendida ahora a los entornos ambientales– se convierten así en el principal argumento que termina por obstaculizar la acción del Estado en tanto protector y nivelador de la libertad y la democracia económicas, una noción muy distinta a las actuales funciones tendencialmente mínimas y gerenciales que desarrolla en muchas partes del orbe. En este sentido, la discusión que se abre en este aspecto girará entonces hacia los grados formales y prácticos que debe mostrar el Estado, ya no sólo como agente político, sino a su futuro como un actor económico.

La libertad y la democracia como factores resultantes de la interacción entre el Estado y la sociedad civil se trasladan, entonces, al campo económico conforme se modifican los requerimientos de mayor o menor centralidad burocrático-territorial, exigencia tecnológica y competitividad, factores que ahora se desarrollan en contextos de realización geográficos más amplios, y que incluso sobrepasan a los propios aparatos públicos. Las corporaciones privadas, no obstante sus inmensas capacidades actuales de movilidad financiera y especulativa, difícilmente intentan cubrir los costos políticos y sociales directamente producidos por las sucesivas expansiones de los mercados, que arrojan a grandes masas de individuos de la marginación de los campos a la de las ciudades. La velocidad de absorción y creación de empleos y satisfactores permanentes bien remunerados está terriblemente rezagada, y rebasa con mucho los niveles humanamente manejables por nuestras economías y Estados. ¿Qué hacer con estas incesantes demandas de justicia e igualdad, cuyo impacto acelera la manifestación de las crisis económicas recurrentes que nos agobian al final del siglo xx, y dado el agotamiento y creciente escasez de nuevos territorios de colonización y asentamiento para las actividades económicas?

La respuesta para esta interrogante se podría dar en dos órdenes algo distintos y, por tanto, difíciles de conciliar entre sí: primero, inducir el resurgimiento de políticas de pleno empleo, pero no de carácter contingente o compensatorio, sino abiertamente orientadas a la reactivación de los mercados internos y, por otra parte, propiciar un nuevo despliegue interventor del Estado, mas ya no como un mero agente rector permanente, sino como un instrumento subsidiario, aunque políticamente fuerte, para orientar los espacios de producción, distribución y consumo de los principales bienes sociales, mercados y servicios, subordinando así a los empresarios privados dentro de sus propias órbitas de acción nacional.

En términos equivalentes a la revolución conceptual que permitió la separación moral y política entre las iglesias y el Estado, ahora más que nunca deben marcarse las líneas fronterizas entre el Estado y las corporaciones empresariales en materia de economía y política. En este sentido, es claro que el futuro se encuentra en las instituciones
del mercado; pero éstas deben sujetarse a factores éticos que permitan su orientación mediante la acción concertada entre el Estado, los trabajadores y los empresarios.

La expansión económica incontrolada del Estado durante el siglo xx terminó por asumir las responsabilidades de compensación y nivelación social producidas por el consecuente desaliento progresivo de las actividades de producción privada. Sin embargo, la desarticulación y el desequilibrio existentes entre lo público y lo privado en materia económica han terminado por consolidar una fuerte resistencia en contra de la “estatización” de las economías, y han culminado provisionalmente en el decaimiento de las economías socialistas, abriendo así paso a una era de nuevas reconfiguraciones de los espacios regionales que han llegado, incluso, a francos retrocesos que nos hablan no de un horizonte neoliberal y globalizador, como aducen muchos críticos, sino que en realidad hemos presenciado un giro de 180 grados en donde las oportunidades y libertades económicas ahora están más concentradas que nunca en unas cuantas regiones, Estados y empresas que nos muestran un total retorno a las eras proteccionistas y mercantilistas.

El resultado ha sido claro en materia de excluir a enormes masas de consumidores y productores, e incluso a Estados enteros, de los mecanismos de planeación y respuesta global para las necesidades básicas. La libertad y la democracia parecen, en el ámbito de la administración de las empresas, hacer prescindibles cualesquiera otros instrumentos de consulta social que estén fuera de dicho ámbito.

A igual conclusión arribaron en su momento los países fascistas después de su virtual destrucción durante la Segunda Guerra Mundial, en tanto que naciones como Alemania o Japón finalmente se deshicieron de su crítica a la perpetua inestabilidad y a las inconsistencias estructurales que, en su opinión, provocaban el pluralismo, las elecciones y las libertades, que no se encontraban en consonancia con los fines superiores del Estado y la nación. La imposición de este principio dirigista produjo dos guerras mundiales y el largo periodo de bipolaridad entre el mundo occidental liberal-democrático y los impulsores de los totalitarismos comunistas y fascistas.

No obstante, en Europa y en Estados Unidos la comprensión de la necesidad de un equilibrio de capacidades entre el Estado y la sociedad en materia económica hizo atravesar a un gran número de pensadores por un profundo periodo de reflexión, cuyo objetivo era definir qué debía hacerse con el Estado, sobre todo a partir de que sus principales líneas de acción se concentraban en la producción armamentista y el sostenimiento de enormes sistemas de asistencia que no permitían un reciclaje de las actividades productivas, ni de los capitales ni de los recursos humanos.

Por desgracia, con el predominio de concepciones que sostienen la eliminación necesaria de los obstáculos económicos remanentes para la instrumentación de un nuevo orden global democrático y de libertades se ha olvidado el componente humano y, con ello, se ha terminado por acelerar algunos conflictos nacionales y regionales que son totalmente contrarios al espíritu de apertura e integración.

La democracia y la libertad se aducen como parte de un rediseño pacífico de la geografía económica y política mundial que permitirá crear un esquema renovado de las funciones a ser atribuidas a los Estados-nación. Sin embargo, contrario a ese espíritu puede apreciarse el crecimiento de comportamientos disruptivos del derecho internacional, como lo son las llamadas acciones de “injerencia democrática” o “violencia humanitaria”, mismas que, en muchos casos, no hacen sino profundizar las condiciones que, justamente, evitan que sociedades profundamente divididas puedan encontrar mediante sus propias soluciones los caminos que juzguen convenientes para el desarrollo de la democracia y la libertad.

Asimismo, el descrédito de la democracia liberal como una ruta atractiva para el acceso a la modernización política y económica ha terminado por causar inconformidades y continuos cambios de opinión en los círculos del poder político y financiero sobre su pertinencia, sobre todo en los países en vías de desarrollo. De tal suerte, la libertad y la democracia han debido internarse por dolorosos periodos de convalecencia y retroceso conceptual, cuya subestimación acerca del papel del Estado como pivote central de la economía y la política apenas está ofreciendo lecturas autocríticas de importancia, sobre todo a partir de la caída de los modelos socialistas de planificación central a partir de 1989, las inmanejables deudas acumuladas por los países subdesarrollados y el abandono del llamado Estado de bienestar a manos del llamado neoliberalismo económico, por sólo citar unos cuantos ejemplos. De ahí que uno de los retos singulares causado por el abandono y la negligencia en torno al papel del Estado sea el surgimiento de los fundamentalismos nacionalistas y religiosos, que son la evidente constatación de la incapacidad actual para crear modelos modernos de integración política, económica y cultural sobre bases liberales y democráticas.

Desde luego, las insuficiencias estructurales del socialismo y otros sistemas similares de corte autoritario-dictatorial van también en línea paralela con los ajustes que son emprendidos desde Occidente para refuncionalizarse en el contexto de sus propias crisis financieras y productivas. Las tareas de privatización, regulación y transferencia de recursos hacia la iniciativa empresarial también desempeñan una función detonante en el aceleramiento de la ruptura estructural en los restos del bloque socialista, como ya acontece en China, Cuba o Vietnam, países que son incluso vistos como una de las pocas vías de expansión hacia donde intentan dirigirse los propios mercados internacionales occidentales.

Es preciso señalar, asimismo, que el predominio de poderosas entidades financieras como el fmi o el Banco Mundial, cuya supraterritorialidad se ha impuesto a los propios Estado-nación, genera un poderoso cambio de curso en torno a las acciones propias de la libertad y la democracia en el espacio económico, por cuanto han venido a colocar como dogma inmutable que las empresas puedan reasumir el control y la orientación de las economías, ya no en el ámbito del Estado, sino dentro de los mercados.

Estas fórmulas han inhibido, ciertamente, la posibilidad de construir soberanías económicas y políticas desde adentro de las propias formaciones nacionales, una posibilidad que bien podría explorarse sin por ello contravenir las dinámicas y funciones de los mercados internacionales, pero que permitiría revertir las tendencias que han dislocado los flujos de migración laboral que ahora se dirigen hacia los países desarrollados, así como la veloz concentración de las actividades productivas para favorecer los medios industriales y agrarios y el peso desmedido existente en favor de las llamadas economías de servicios. Nada de esto se podrá realizar si no existe una reactivación política inteligente del Estado.

Uno de los dilemas centrales en el desarrollo de la libertad y la democracia en el mundo es el hecho de tener que lidiar con estos movimientos pendulares que han oscilado entre la idolatría del Estado y la confianza absoluta en las corporaciones empresariales. Aquí se ha utilizado como ejemplo el debate siempre complejo acerca de la construcción de la democracia y de las libertades económicas en tanto obvio complemento a las actividades de naturaleza política.

Sin embargo, una de las lecciones más directas y cruciales proporcionadas en este siglo xx ha sido la de abrir brecha hacia un efectivo entendimiento de la importancia de que existan equilibrios y divisiones de poder económico viables para nuestras sociedades, y que sean igual de aceptables a los que han podido ser visualizados en el terreno político. Su finalidad sería rebasar la lógica de los acomodos y argumentos fáciles que dejan de lado a la propia libertad y a la democracia como sus objetivos esenciales. Sin este reencuentro amplio entre Estado y sociedad civil en sus diversas manifestaciones, difícilmente podría entenderse la demanda actual por opciones de pensamiento fuerte y duradero que puedan proporcionar respuestas funcionales y principios ideológicos trascendentes en materia económica y política.

Liberalismo, libertad y democracia

La comprensión de la libertad y de la democracia dentro del mundo de las ideologías nos muestra que ambos conceptos conllevan una valoración que puede calificarse como transversal. Esto es, son conceptos que hasta el presente han formado parte de todas y cada una de las principales escuelas de pensamiento. Sin embargo, la libertad y la democracia constituyen para el movimiento liberal su núcleo de sistematización conceptual. Desde luego, no se pretende sintetizar aquí a todas y cada una de las evoluciones en que se ha manifestado el proyecto del liberalismo a lo largo de sus casi tres siglos de existencia como movimiento político e ideario económico, ni cuáles han sido los diversos usos que ha tenido respecto de la combinación particular que lo asocia con la idea de la democracia liberal en tanto sistema de gobierno, pero ciertamente se intentará proporcionar una descripción mínima de este proceso dentro de la historia de las ideas.

Los atributos liberales: tolerancia, Estado de derecho y razón

La premisa básica que ha permitido articular al liberalismo como una de las principales corrientes ideológicas a lo largo de la historia es la promoción y defensa de la libertad humana en todas sus manifestaciones éticas, económicas y políticas. Dicha esencia de la “libertad absoluta” se fundamenta, inicialmente, en el ya mencionado principio de no impedimento de la acción, mediante el cual los individuos asumen plena conciencia y dominio de sus capacidades creativas, para así controlar y transformar su naturaleza interna, además de proceder al control de su entorno exterior por los medios tecnológicos, legales e institucionales que se encuentren a su alcance.

Si bien la libertad es una condición natural que inicialmente se encuentra manifestada en cada ser humano, su ejercicio responsable, optimista y organizado en forma colectiva hace que ésta no tenga una interpretación homogénea, aunque se la considere como un factor mínimo en la construcción de las sociedades democráticas modernas.

El movimiento democrático-liberal, como ya también se ha indicado, nace junto con la modernidad y la Ilustración. En esta dirección, podemos situar tres importantes momentos del liberalismo político y económico, mismos que corresponden a las acciones que se fueron cimentando con el surgimiento de nuevos actores que demandaban la ampliación de espacios para su propio desarrollo social y personal. En primer término, el liberalismo se convierte en defensor tolerante de la diversidad de las creencias religiosas. En este aspecto, la libertad de creencias permite
condicionar la existencia y reconocimiento de que cada individuo y comunidad pueden asumir los principios y reglas de conducción cuyo alcance permita un dominio de su fuero interno y con pleno respeto a su dignidad humana. La inspiración de autores clásicos que van desde Erasmo de Rotterdam, Michel de Montaigne, Voltaire o Johann Gottlieb Fichte, entre otros, dan justa ejemplificación de dicho reclamo.

Las primeras grandes luchas en favor de la tolerancia y los derechos de libre asociación para la práctica religiosa y la educación –que han transitado desde los ideales protestantes hasta la comprensión y coexistencia de los credos no occidentales en la actualidad– son una muestra objetiva de la importancia de dichos valores y de la dificultad que ha implicado mantenerlos vivos como parte sustantiva de una esfera pública que sea capaz de combinar la presencia de las llamadas morales privadas con una ética laica que permita acceder a las condiciones elementales de la convivencia entre las diversas comunidades e individuos en condiciones de clara tolerancia dentro de los propios Estados y sociedades.

En este último aspecto, el liberalismo democrático de nuestros días se ha visto complementado en su definición originaria en materia de tolerancia, al admitir que el sujeto originario de todos los derechos fundamentales no sólo está representado por los individuos, a los cuales sólo corresponden los deberes y usufructos de la propiedad, los derechos humanos o la seguridad, sino que también ahora se ve enriquecida con la participación y defensa de las libertades de las
comunidades dentro de contextos multiculturales. Este último asunto
nos remite, dentro de nuestras sociedades liberales democráticas secularizadas, a las discusiones que recuperan la defensa de las libertades públicas de los llamados “sujetos colectivos de derecho”, que se constituyen ahora tanto por los grupos étnicos o religiosos tradicionales como por los nuevos movimientos sociales que han venido a recomponer los tejidos y divisiones sociales (por ejemplo, las minorías sexuales, los ambientalistas, o los grupos de consumidores, discapacitados y feministas, entre otros).

La lucha por el reconocimiento y la coexistencia bajo premisas multiculturales tiene como consecuencia que las connotaciones clásicas de la idea de libertad se encuentren ante un reto significativo, ya que implica probar algunas de sus premisas básicas: su adaptabilidad y condición siempre inacabadas, pero tendentes hacia mejorar y autocriticar sus contenidos mínimos. La libertad y el liberalismo regularmente han respondido así a una premisa de adquisición y transformación de elementos que hagan más atractiva su práctica para cada una de las sociedades, instituciones e individuos que están bajo su influencia.

En este sentido, la presencia dentro de las democracias liberales de instrumentos como los referéndums, los plebiscitos o las consultas populares se constituye como un mecanismo de protección que la propia ciudadanía puede generar ante la toma de decisiones o la comisión de excesos por parte de la autoridad, sin tener que esperar para ello a la verificación tradicional de las elecciones. Un ejemplo interesante lo es la consulta para la ratificación del ingreso a la Unión Europea que han debido realizar todos los Estados miembros entre su ciudadanía antes de que iniciara el ejercicio de dicha participación.

En los sistemas parlamentarios de gobierno, la presentación regular de mociones de censura y la convocatoria anticipada a elecciones permiten que la ciudadanía no se quede atrapada en horizontes legales que impidan los reacomodos que se requieren para conservar la estabilidad y la gobernabilidad de los Estados. En ambos casos, observamos mecanismos de innovación que permiten pensar en el crecimiento posible de la democracia y de las libertades públicas en más de una dirección.

Se ha indicado con anterioridad que un principio rector de la libertad consiste en que los individuos y las sociedades se guíen por preceptos racionales que puedan contener a los meros impulsos pasionales. El papel de la razón como elemento dominante de la libertad promueve, entonces, que el movimiento liberal permita acceder, en muy poco tiempo, a la posibilidad de que el hombre entienda que mientras más libertad se ejerza, mayores serán sus probabilidades de trascendencia mediante sus propias obras y conductas. La humanidad se vuelve, así, apta y competente para ejercer su propio destino en tanto que adquiere las habilidades que necesita en los espacios moral, político y económico para poder asumirse como un conjunto de individuos libres. La influencia de autores decimonónicos como John Stuart Mill, y de pensadores contemporáneos en el siglo xx como John Dewey, Benedetto Croce, Ronald Dworkin, Ralf Dahrendorf, Raymond Aron o John Rawls resulta crucial para entender el peso de la moralidad y de la intencionalidad constructivista que alientan al hombre a conquistar su libertad por todos los medios lícitos que le sean posibles, en especial mediante la educación.

En este sentido, se puede situar la dimensión estructurante del liberalismo como una propuesta del hombre y de su propia naturaleza bajo principios pragmáticos de acuerdo e interés; aunque también pueda vérsele fundamentado a partir de su opuesto, esto es, gracias a la aplicación de principios morales inmanentes que no estén sujetos a la interpretación subjetiva, sino que justamente se coloquen como mecanismos neutros e imparciales, tal y como acontece en el caso de las leyes positivas que se colocan por encima de todos los individuos y ofrecen la posibilidad de comprender el Estado de derecho y la legitimidad que éste encarna, sobre todo si se las considera como las máximas piezas de la razón que garantizan a todos los individuos una seguridad económica y política sin distingos ni excepciones. Aquí cabe recordar las aportaciones de Max Weber o Hans Kelsen en materia de asegurar el apego de los sistemas jurídicos a los aspectos formales y sociales que deben prevalecer dentro de las democracias.

Libertad política y contrato social

El segundo gran factor de construcción de la ideología liberal es el respeto a la expresión de las ideas políticas y el derecho a manifestarlas en los espacios públicos. En esta dirección, la plena libertad de asociación de los individuos se consuma con el reconocimiento de su calidad jurídica, en tanto ciudadanos que puedan discrepar de los sistemas de imposición corporativos o gremiales, tal y como ocurría en el feudalismo, las sociedades de castas o las estamentales. La evolución de los derechos políticos individuales permitió el nacimiento de la noción más importante dentro del derecho político, que es la creación de mecanismos institucionales de gobierno que permitan regular las decisiones y propiciar su respeto por parte de los individuos.

Bajo esta premisa, los ciudadanos recuperan el valor de la asociación colectiva y de su papel de responsabilidad moral para el bienestar solidario, que se convierte en propio, mediante la presencia de dos importantes principios: la democracia representativa y la regla de la convivencia entre mayoría y minorías. En dicha visión de la democracia liberal podemos señalar el papel moderado de autores como Benjamin Constant, Edmund Burke o François Guizot, hasta llegar a autores contemporáneos como Joseph Raz o Isaiah Berlin.

El descubrimiento de estas dos importantes premisas en la consecución de la libertad política y de asociación entre los individuos permite suscribir, a su vez, varias cuestiones: en primer lugar, que el factor de la fijación de las normas y los comportamientos se torna secular y abierto, despojándolo de cualquier influencia metafísica o providencial. En segundo término, con pleno dominio de mente y cuerpo, las sociedades pueden darse a sí mismas el orden constituyente que resulte conveniente a sus intereses.

De acuerdo con estos dos argumentos, los individuos pueden construir un mecanismo que garantice su libertad colectiva más allá de la simple petición o garantía jurídica que se sintetice bajo la figura del contrato. El contrato incorpora, sin duda, la aportación más directa en la transformación social de la idea de libertad, la cual se ha mantenido vigente hasta nuestros días, con una trayectoria que va desde J.J. Rousseau hasta T.H. Marshall o Norberto Bobbio; aunque justamente estos autores nos remiten a la necesaria comprobación de que las premisas y alcances de la libertad democrática deben tener siempre resultados concretos para la ciudadanía.

El valor del contrato para el movimiento liberal-democrático es significativo, además, por las razones siguientes: permite asumir que la capacidad política de los individuos para elegir y ser electos sea plenamente garantizada en términos masivos. Esto es, la realización de la libertad mediante la democracia como su método electivo se torna en un vínculo que compromete a todos por igual, así que su defensa ya no debe ser interpretada como algo egoísta, sino como la consecución de un beneficio común solidario para el cual nos resulta imprescindible sobreponer este valor antes que cualquier otro fin o principio asociativo.

Por otra parte, con la creación del contrato cada individuo asume los principios electivos necesarios para que se mantenga el acuerdo social adquirido en términos de que el poder político resida en la responsabilidad colectiva y no se permita su concentración excesiva en manos de una sola persona o grupo. En este sentido, uno de los principios irrenunciables que están presentes dentro del movimiento liberal es el acotamiento jurídico a cualquier concentración excesiva de atribuciones o bienes que hayan sido adquiridos a través del abuso o la desviación de las leyes. En este sentido, todo acto ilegítimo o ilegal supone la violación del contrato, y faculta a la ciudadanía a resistirse y desobedecer al titular del poder político por los medios que considere convenientes hasta ver restituida la legalidad constitucional vulnerada, ya sea por la usurpación o por el abuso del gobierno. Vale la pena recordar aquí al estadounidense decimonónico Henry David Thoreau, uno de los auténticos propugnadores del derecho de resistencia.

Asimismo, el desarrollo de la idea del contrato como instrumento garante de las libertades públicas y privadas aporta otro elemento significativo: que las decisiones puedan ser cuestionadas y revocables en todo momento gracias a los derechos de petición, rendición de cuentas e información que todo ciudadano puede solicitar a sus representantes legislativos o de gobierno.

Otra aportación crucial de la democracia liberal moderna es el principio de la regla de convivencia entre mayoría y minorías, que también permite un cambio central en el concepto de la soberanía popular, ya que ahora los individuos pactan y se obligan mutuamente a consultarse tantas veces como sea necesario hasta llegar a un auténtico acuerdo común que manifieste sin reticencias la llamada “voluntad general”. En ese aspecto, la idea de depositar el poder colectivo en un conjunto de representantes que ahora puedan ser llamados a cuentas en todo momento permite que la participación y la representación de los intereses sean elementos básicos, y a la vez crecientes, dentro de las propias libertades públicas.

Las fronteras liberales: liberismo libertario
y liberalismo social

El tercer momento de la evolución del movimiento liberal se concentra en la promoción irrestricta de las llamadas libertades económicas, que se significan por romper con toda práctica de esclavitud formal o encubierta para los individuos, a efecto de que puedan contratarse y valorar su principal cualidad inherente que les garantiza su sobrevivencia: su capacidad de trabajo.

Desde luego, las posibilidades de los términos de dicho intercambio se convierten en uno de los capítulos más complicados dentro de la ideología liberal, ya que si bien se facilita la emancipación de los individuos, al mismo tiempo no se crean los suficientes mecanismos compensatorios y de autocontrol para que se tenga garantizado un acceso equitativo a los beneficios por ellos creados.

Con ello, la desigualdad en el goce de los beneficios del trabajo a manos de los propietarios agrícolas o industriales –o los grandes financieros de la actualidad– hacen reiterativo –como ya se vio anteriormente– que las libertades económicas son todavía una de las demandas inconclusas que no han sido debidamente atendidas por el movimiento liberal. En este punto, el liberalismo se ha escindido al menos en dos vertientes de interpretación acerca de las condiciones que deben propiciarse para un clima de libertades económicas justo.

Por una parte, se puede identificar al llamado “liberismo”, cuya larga veta va desde Adam Smith, David Ricardo, Frédéric Bastiat, Jeremy Bentham, y que llega hasta pensadores como Ludwig von Mises, Friedrich von Hayek, Milton Friedman, Michael Sandel, Robert Nozick o James Buchanan. Todos ellos coinciden en una visión extrema que concentra su atención en la defensa esencial de la libertad económica individual (traducida ahora al plano de la corporación empresarial) como la esencia básica de la cual deben partir todas las demás libertades. Por otro lado, debe señalarse que algunos de estos autores prefieren ser reconocidos bajo la denominación de “libertarios”, a efecto de poder diferenciar sus posiciones más conservadoras en materia política con respecto de los llamados “liberales progresistas”, más proclives al intervencionismo del Estado y las regulaciones ciudadanas.

Factores como la propiedad privada, la circulación irrestricta de capitales financieros y humanos, la confianza total en la empresa y en el principio de competencia como los motores del desarrollo, así como la presencia de un Estado mínimo en la regulación de las actividades económicas, restringiéndose entonces a las funciones de protección legal de dichas libertades económicas, deben traer como consecuencia que los mercados permitan la libre asignación de las preferencias sociales en la fijación de las demás reglas morales y políticas.

El “liberismo” o “libertarismo” asume que el progreso individual con fines egoístas es perfectamente lícito en términos de garantizar una evolución natural y competitiva fuerte, a efecto de hacer verdaderamente innecesaria la presencia de toda regla o mecanismo de coerción que inhiba a la creatividad humana. He aquí una de las fuentes más directas que fundamenta al llamado “neoliberalismo”.

En sentido opuesto se encuentra el “liberalismo social” (para algunos identificado como social-liberalismo, e incluso ha llegado a hablarse de un modelo de socialismo liberal, como lo calificó el italiano Carlo Rosselli). Dicha postura (iniciada ciertamente con los últimos trabajos de John Stuart Mill y Émile Durkheim, y continuada en la primera mitad del siglo xx por los ingleses T.H. Green y L.T. Hobhouse) asume como eje la premisa de que las libertades individuales son en sí mismas ineficaces, a menos que se expresen en prácticas sociales en verdad consensuadas y que eventualmente requieran dosis importantes de acción institucional. Esto es, se parte de la idea de que las libertades individuales deben tener un sustento ético igualitarista en sus consecuencias de aplicación. Siguiendo esta lógica, el liberalismo social acepta la presencia del Estado y las instituciones públicas tanto como sea necesario, pero sin por ello negar la primacía de la sociedad civil, a la cual deberá promoverse tanto como sea posible. El Estado tendrá como misión esencial desarrollar sólo una función subsidiaria, esto es, debe actuar como un mecanismo de compensación en el apoyo de aquellos sectores sociales e individuos cuya condición de acceso al goce pleno de los derechos sea estructuralmente inequitativa.

Es responsabilidad del Estado y de la propia sociedad corregir tales diferencias a través de medios lícitos como las propias legislaciones y las consultas electorales, así como mediante acciones institucionales tales como la capacitación laboral, la regulación contra los monopolios o la observancia de las reglas de no exclusión o discriminación. Las aportaciones de autores como David Gauthier, Michael Walzer, James Fishkin o Amartya K. Sen han sido ilustrativas en una dirección
que asume un concepto deliberativo de la libertad y la democracia, que debe llegar a consensos y acuerdos no sólo viables en términos de su eficiencia, sino también dentro de la licitud moral. Mediante la fijación de sus contenidos y sus diferentes esferas de influencia, los ciudadanos podrán jerarquizar las prioridades y los niveles de complejidad decisoria que deben manejar en su vida cotidiana.

Dentro de esta corriente, a diferencia del “liberismo libertario”, el debate no se centra en hacer imperar a la sociedad a cualquier costo, sino en situar las formas democráticas más adecuadas para lograr el principio de preeminencia de la sociedad sobre el Estado, con lo que se garantiza que ambas instancias tengan la eficacia y fortaleza para que desempeñen sus funciones respectivas. De esta forma, el problema se concentra en encontrar la ecuación que garantice no sólo un tamaño adecuado de la esfera estatal, sino la calidad y retribución de justicia que los ciudadanos esperan dados su deseo y su voluntad hacia la cooperación económica y política entre el Estado y la sociedad mediante el uso racional de los mercados.

El liberalismo versus los credos totalitarios

A efecto de reforzar la explicación sobre los aspectos distintivos del liberalismo y de situarlo en el espectro de las ideologías político-económicas actuales, conviene diferenciarlo y ubicarlo con claridad en relación con otras visiones del pensamiento económico y social. Al respecto vale precisar en qué se diferencia de posturas tales como el anarquismo y el marxismo, pero sobre todo de las ideologías conservadoras, con la finalidad de resaltar por qué se aduce que el liberalismo pretende, precisamente, colocarse en un punto intermedio.

Para el anarquismo libertario, si se sigue la lógica extrema de privilegiar a la libertad como un valor autosustentable y sin ningún tipo de mediación o control, la premisa del goce pleno de la libertad se encuentra en potenciar al máximo la no dependencia del individuo o la comunidad de ninguna regla o institución que no sea “natural” en la distribución o la creación de los bienes, como sí ocurre con el desarrollo artificial del Estado (cabe aquí mencionar la crítica de pensadores como Mikhail Bakunin, William Godwin o Alexander Herzen).

En otro terreno de análisis, para las interpretaciones extremas del marxismo o del corporativismo fascista –cuyos máximos exponentes son pensadores como el rumano Mihail Manoilesco y el jurista alemán Carl Schmitt– se asume que las libertades individual o colectiva deben ser subsumidas o suprimidas en una premisa de igualdad absoluta, y a la vez fijadas dentro de la “totalidad” del mecanismo legítimo que ha sido autorizado por el soberano (encarnado en la figura del dictador o el legislador extraordinario, que desempeña así la función del líder absoluto y único intérprete de la ley) para la asignación de los bienes, como ocurre con la burocracia estatal o el partido único, que proscriben la presencia de cualquier mecanismo alterno que contradiga sus principios.

En este sentido, la democracia económica del liberalismo sólo les sirve como un recurso crítico que facilita una transición hacia la eliminación total de las instituciones políticas pluralistas (sistema de partidos y Parlamento), para dejar así sólo entidades únicas y monopólicas (partido único, sindicatos únicos por rama industrial, empresas o combinados industriales sin competencia de mercado, etcétera).

En cambio, su valoración de la tecnología les garantiza acciones que permiten un control pleno sobre la producción social para, así, acelerar su inserción en la modernidad y conseguir la satisfacción de las necesidades sociales. En este sentido, la acumulación y la distribución de los recursos, si bien se da dentro de un entorno fundamentalmente planificado, se convierten en un sustituto que viene a ocultar las inequidades que se produjeron dentro de las naciones socialistas, al justificar la expropiación de los beneficios colectivos a manos de sus “nomenklaturas” militaristas y burocráticas.

Sin duda, el siglo xx ha experimentado un decaimiento con respecto a las ideas económicas y políticas liberales, cuya fuerza propositiva dinamizó las luchas sociales del siglo precedente. En muchos contextos, sus aspiraciones democratizantes y modernizadoras han culminado con la presencia de naciones cuya fortaleza jurídica tradicionalmente las ha colocado como referencia para el resto del llamado “mundo en desarrollo”.

Sin embargo, la creación de sistemas políticos, económicos y culturales dentro de contextos liberales no ha sido exitosa en muchas latitudes del mundo. Por el contrario, sus resultados han sido ambiguos y desalentadores, en tanto se han visto rebasados y confundidos con otro tipo de prácticas sociales que terminan por desdibujar al propio proyecto liberal. Dicha circunstancia ocurre con el llamado “neoliberalismo”, cuya acción de fondo plenamente cargada a las corrientes de inspiración liberista se han manifestado como una propuesta de reorganización global de la economía y la política, cuyas premisas se alejan de varios de los principios generales con que la ideología liberal-democrática fue construyéndose en etapas históricas previas.

Liberalismo democrático contra neoliberalismo económico

Una primera característica del llamado “neoliberalismo” es su apuesta por la contención total de la intervención del Estado en la economía mediante las llamadas políticas de choque, relativas a reducir todo aquello que se considere excedente o ineficaz dentro de la esfera pública de producción económica. La libertad, como principio articulador e innovador de las llamadas “sociedades abiertas” (recordando aquí la famosa expresión de Karl R. Popper) paradójicamente se vuelve incapaz de diagnosticar diferencias en los ritmos y las estructuras sociales afectadas, en tanto asume que habrá ciclos de rápida recomposición y adaptación al pleno mercado. La adhesión a las fórmulas únicas en materia económica justamente convierte al neoliberalismo en una versión conservadora, incompleta y dogmática, que termina por separarse del propio movimiento liberal.

Una premisa que resulta crucial en el desarrollo del liberalismo, por cuanto permite entender uno de sus principales rasgos, su sentido cosmopolita y universalista, es su capacidad para defender la posibilidad de que todo individuo pueda tener acceso irrestricto a los beneficios de la acción pública, con base en derechos que sean promovidos mediante la combinación adecuada en el funcionamiento de los mercados y el Estado.

Cualquier tipo de impedimento que aduzca consideraciones nacionalistas o particulares olvida la premisa básica de que la libertad y la democracia, como cualquier otro valor, pudieran ser extendibles y
realizables en cualquier lugar del orbe. Especialmente, la postura particularista de los movimientos comunitaristas es una constatación fehaciente que ha conjuntado a posiciones tan disímbolas como el marxismo y el catolicismo conservador, las cuales, si bien rechazan inicialmente al modernismo por su culto al maquinismo y al individualismo, ambas también caen en la misma pretensión de construir un orden político y económico únicos. En este sentido, cabe indicar que el liberalismo es una ideología que no oculta sus pretensiones de crear principios y valores de validez general.

Por otra parte, los mecanismos de dirección política siguen siendo fuertemente centralizados y ejecutados desde arriba por las capas dirigentes, con lo que se reduce la capacidad de convocatoria democrática para consensuar los costos colectivos del ajuste económico, ya que carecen de una legitimidad participativa, poniendo así en riesgo a las propias instituciones públicas. El retiro del Estado de muchas áreas de cobertura y servicios significa contratiempos en el cumplimiento y la observancia de las reglas del ajuste, lo que obliga al surgimiento de una diáspora de comportamientos antisociales y antieconómicos que se caracterizan por la informalidad y el no apego a ningún tipo de orden legal, un contrasentido si se asume la centralidad del Estado de derecho como un medio de protección y realización para la propia ciudadanía.

En este sentido, la condena al debilitamiento moral de las sociedades es un principio general compartido por todas y cada una de las diversas expresiones del liberalismo, pero paradójicamente la versión neoliberal acelera este deterioro que ahora se expresa en mayor inseguridad en las calles, delincuencia y desconfianza ante cualquier iniciativa social o política.

En este orden de ideas, el neoliberalismo automáticamente se convierte en un instrumento inhibidor de los círculos productivos, además de que incrementa la desconfianza sobre los mecanismos democráticos y, en muchos casos, termina por afectar la aplicación y el cumplimiento cabal de los sistemas de justicia y respeto a los derechos humanos, ya que también potencia la pérdida de capacidad de los mecanismos de readaptación social, sustituyéndolos por crecimientos en el número de policías.

Con ello, se omite la instrumentación de auténticas políticas incluyentes que reconstruyan las cadenas de empleo productivo, y en su lugar termina por imponerse una abierta sujeción a las nuevas fuerzas estructurantes de los mercados económicos y políticos, como la corrupción promovida por el crimen organizado y el narcotráfico, que terminan por imponer su lógica de organización mínima dentro de las prácticas públicas, con lo que la capacidad de resistencia del Estado y la sociedad es cada día menor para responder ante estas nuevas fuerzas que imponen sus propias leyes de mercado, consumo y decisión política. La distorsión de los valores, la dignidad y la cultura de las sociedades parece terminar por aceptar estos nuevos comportamientos y termina por adoptarlos y protegerlos en tanto son la única aparente vía para poder sobrevivir dentro de las informales sociedades políticas y económicas actuales.

En consecuencia, la marginalidad y la pobreza generadas por los procesos de privatización y destrucción de los bienes públicos provocan que uno de los resultados paradójicos de las modificaciones sin concertación de las instituciones políticas y económicas sea precisamente el debilitamiento dual de los Estados y las sociedades. En este sentido, el “neoliberalismo” no puede ser asumido como un sistema equivalente o similar al liberalismo democrático clásico en su vertiente social, ya que éste asume los principios más drásticos del ya mencionado “liberismo”, pero a la vez mantiene inalteradas las estructuras tradicionales más autoritarias, tales como el corporativismo, el autoritarismo, el populismo político, etc. Debemos reconocer que dicho proceso se ha expresado, con diversos niveles, en las experiencias transicionales inacabadas de América Latina y Europa del Este.

Bajo esta lógica, el llamado neoliberalismo se ha convertido en una ortodoxia económica perversa, asociada con un claro neoconservadurismo político, con lo que la ecuación transformadora de las últimas dos décadas, lanzada en contra de los órdenes sociales y económicos atrapados en prácticas autoritarias, no sólo ha sido insuficiente, sino que además arroja como resultado una globalización excluyente y no cooperativa.

Sin duda, esta situación manifiesta un hecho totalmente contradictorio, si se observa la naturaleza histórica que ha impregnado a los documentos rectores del movimiento político liberal desde 1947 –fecha en que se constituyó la Internacional Liberal, como un esfuerzo orientado a reunir a los partidos y movimientos con orientación liberal o radical– hasta el presente. En América Latina y Europa, los partidos políticos liberales y radicales han tenido siempre una presencia en los debates ideológicos, pero durante la década de los noventa han mostrado un bajo desempeño electoral, debido justamente a la inconsistencia de muchos gobiernos que han aducido estar adscritos a la filosofía política liberal-radical, aunque su acción económica y política sea, en realidad, neoliberal.

Con mucha precisión, las líneas democráticas y progresistas del liberalismo llegaron a su máximo desarrollo a mediados de este siglo, como una propuesta intermedia y moderada entre los fascismos y los totalitarismos. Sin embargo, el peso abrumador de los movimientos socialista-democráticos en la segunda posguerra, así como el resurgimiento de los nacionalismos fundamentalistas y los neopopulismos a finales del siglo xx, parecerían hacer lejanos y obsoletos los objetivos de la Internacional Liberal. Para dar cuenta de algunas de sus premisas en torno a lo que podría entenderse como liberalismo, su Manifiesto asumía como imprescindible una cooperación mundial ordenada y regida bajo instituciones de derecho, que culminaría en la creación de órdenes económicos y políticos justos. Dicho valor ha permanecido inalterado hasta hoy, aunque la mayoría de los integrantes actuales de dicha agrupación difícilmente encajan en términos prácticos dentro de tales premisas.

¿Cuál es el futuro del liberalismo dentro de un mundo donde el valor de la moderación y los equilibrios ideológicos no parecen ser plausibles, debido a la urgencia de las soluciones que son exigidas en plazos más cortos y secuencias cada vez más complejas e intensas? Ciertamente, no existe un escenario promisorio para el liberalismo democrático, en tanto persista el principio de “libertad negativa” en el cual domina el no compromiso social y la competencia irrestricta al interior de las economías de los gobiernos neoliberales. Dicha situación prevalece por encima del sentido de la “libertad positiva”, que pueda colocar nuevamente la defensa igualitaria y el goce de las libertades bajo mecanismos de responsabilidad e identidad en el centro de la reflexión.

Recuperar el aliento progresista y autocrítico del viejo liberalismo democrático sin duda se constituirá como uno de los aspectos sustantivos al que deben enfrentarse los procesos de reestructuración política y económica del mundo durante la siguiente centuria. Implicará reconquistar la idea de que es posible un liberalismo con rostro humano y alcance democrático.

El papel de la libertad en la construcción
de los gobiernos democráticos

¿Cuál es entonces el papel de la libertad dentro de los Estados y gobiernos democráticos? ¿Bajo qué indicadores podemos distinguir a las verdaderas democracias liberales de nuestro tiempo? En primer lugar, la libertad democrática fomenta la confianza de los ciudadanos en sí mismos. Esto es, debe alentar el ejercicio mismo de la libertad. Los principios de confianza y empatía social deben estar presentes dentro de los individuos, quienes deben ser conscientes de su responsabilidad para adoptar permanentemente actitudes respetuosas ante las opiniones y acciones de los demás.

En segundo término, la libertad democrática es un requisito mínimo en la realización de elecciones. El derecho de elegir, mediante los procedimientos que se consideren adecuados, a los gobernantes y representantes resulta un factor incuestionable dentro de los Estados modernos. Los mecanismos de votación y el peso que se les otorga a los parlamentos y asambleas han modificado de manera significativa el tipo de involucramiento de la ciudadanía en los procesos de decisión política. Sin embargo, la democracia liberal ha sufrido fuertes decaimientos debido a que se ha topado con una importante falta de renovación en algunas de sus estructuras clásicas, como lo son los partidos políticos, los sindicatos o el interés de los jóvenes y la ciudadanía en general por la actividad política, por ejemplo.

En este último aspecto, hay cada día evidencias más fuertes de que enormes bloques de población han dejado de considerar la participación y la información políticas dentro de su actividad cotidiana (fenómeno manifestado en el peso central que tiene la televisión como primordial medio de acceso informativo, seguido de la radio y de la red Internet), con lo cual se explica otra de las razones por las cuales se da la pérdida de sociabilidad en las sociedades contemporáneas.

El excesivo desinterés y malestar por la política es, curiosamente, una manifestación de la “libertad negativa”, cuyos patrones de apatía son cada vez más evidentes en la población. Este fenómeno entorno a los medios de comunicación debe ser motivo de preocupación para la sobrevivencia misma de la democracia. Desde luego, resulta difícil asumir la instrumentación de medidas o controles sobre estos medios, si antes no somos capaces de generar los acuerdos necesarios para poder definir cómo puede darse una mejoría sustantiva en sus usos, a efecto de que se vuelvan los aliados y no los enemigos de la convivencia, la tolerancia y el reconocimiento colectivos.

Debe enfatizarse que la presencia de un régimen de libertades democráticas incrementa el pluralismo y las posibilidades de alternancia en el poder mediante los diversos partidos y demás asociaciones políticas (libertad de participar y asociarse). Sin la presencia de estas condiciones mínimas en el funcionamiento de cualquier sistema de gobierno es factible que los esfuerzos por revitalizar las capacidades de acción ciudadana sean cada vez más improbables y de alcances reducidos. Sin los debidos incentivos a la cooperación o a la eficiencia en la gestión de los gobiernos se fortalecerá cada vez más la existencia de otras vías alternas de organización política e integración de las administraciones, que pueden estar fundadas en factores cada vez más irracionales e inestables, tales como el carisma providencial o el dogmatismo.

Por ello, debemos estar conscientes de que existe una enorme tarea por delante, que consiste en reintegrar las modalidades consensuales de la acción política incluso a las calles, modalidades que tendrán que estar fincadas más claramente en opciones
claras y programáticas que privilegien el llamado “aprendizaje cívico”. El enorme despliegue de energía social ahora dirigida hacia
los organismos no gubernamentales y a los movimientos sociales nos
conduce a considerar que los modelos de política regidos por instituciones públicas concéntricas o radiales, con dependencia de centros de poder estatal específicos, serán cosas del pasado. Sin embargo, pensando en las propuestas de autores como el español Manuel Castells, las opciones de libertad y democracia bajo los nuevos escenarios “informediáticos” invitan, desde luego, a la formulación de dudas razonables acerca de cómo pasar de la territorialidad a la virtualidad, y sobre si debemos aceptar que éste sea el signo básico de las acciones públicas en materia de gestión y gobierno.

En esta dirección, uno de los rasgos definitorios de la libertad dentro de los regímenes democráticos es la garantía del diálogo y la información racional entre los individuos. Al darse la posibilidad de reconocerse y diferenciarse, las sociedades modernas han podido extenderse hacia nuevas líneas constitutivas de la opinión pública y del acceso a la información.

Desde luego, los medios de comunicación son ya constructores directos de los comportamientos que aceptan o no la gestión pública, como ocurre con el caso de las encuestas y los sondeos de opinión. Difícilmente alguien se podía imaginar, ni es posible comparar, el aislacionismo geográfico del mundo que privó hasta el siglo xix con lo que se ha conquistado en materia de comunicaciones y transportes en los últimos quince años. Los tiempos para la negociación y la toma de decisiones de los gobiernos se han acortado, aun cuando sea imposible captar adecuadamente los volúmenes de información actuales con la misma perspectiva o experiencia que antaño, incluso por los modernos hacedores de política, ni mucho menos por la propia ciudadanía. He aquí otro factor explicativo que nos coloca ante nuevos escenarios de inequidad económica y política.

En este sentido, el debilitamiento de las democracias muestra que la incertidumbre informática termina por dejar completamente rezagadas a sociedades enteras. No es ya un mero problema de dependencia renovada, la cual sólo pudiera resolverse adquiriendo más computadoras. Hoy se desconoce con qué o con quiénes se relaciona un individuo de manera más o menos regular. Paradójicamente, tenemos márgenes infinitos de libertad –aunque efímeros en su duración– que seguramente quedarán inexplotados en la acción de los Estados y las sociedades.

No obstante lo anterior, quizás uno de los dilemas más sustantivos que implica afrontar muchos de estos retos consista en que, bajo ningún concepto, podamos perder de vista el valor que tiene en cualquier sistema democrático la presencia de libertades que permitan reconocer el valor de la legalidad y la legitimidad del Estado de derecho en tanto espacio de defensa fundamental de los individuos y las colectividades mediante la aplicación imparcial e irrestricta de las leyes. Poco o nada de los anteriores elementos de la libertad democrática podrían tener sustento o realización si no se incrementan las demandas por derechos cada vez más incluyentes, como lo son el acceso a la educación de calidad, o a un medio ambiente sano, entre otros puntos que se configuran como parte de lo que puede llamarse hoy como “los pisos mínimos” de la democracia liberal moderna.

Conclusión: los desafíos para la libertad
y la democracia en el siglo xxi

A manera de breve conclusión y recapitulación, retomamos varios de los puntos que se han discutido en las secciones previas, partiendo no de una visión retrospectiva de los temas analizados, sino justamente proyectándolos hacia una serie de propuestas que se dejan aquí como parte de las acciones necesarias que deben ser impulsadas en el futuro inmediato por nuestros gobiernos y por nosotros mismos.

El principio básico del futuro: más libertades y más democracia

La complejidad del mundo contemporáneo ha creado una oferta diversa de culturas y actores que deben ser atendidos sin demora. Uno de los principios básicos de la democracia liberal es la educación y capacitación de los individuos para que puedan incorporarse de manera responsable al ejercicio de la convivencia pública. Los problemas de la demografía, el desabasto de satisfactores, o la creciente disparidad en la distribución de los recursos financieros tienen por consecuencia que uno de los mayores retos del siglo xxi sea recuperar el paso en materia de gobernabilidad política y organización económica.

Para lograrlo, es necesario proponer como un principio esencial de acción la búsqueda de más libertades y más democracia. Esto no implica sino ser consecuentes con el espíritu de renovación e ilustración racional que son inherentes a la condición moral de la humanidad.

Para ello, debe asumirse como crucial la recuperación de tasas de crecimiento sustantivas en la mayor parte de los países periféricos; cambios en los patrones de consumo a fin de proteger y alentar incrementos en las expectativas de vida, así como la preservación del medio ambiente; definir y desarrollar sistemas integrales de salud y de educación que permitan combatir de manera más equilibrada las pandemias como el sida y otras enfermedades crónicas; garantizar mejorías sustanciales en el desarrollo y protección de los derechos humanos, así como acelerar la transformación estructural, “desde adentro” y con equidad, de los países en procesos de cambio político y reforma estructural hacia regímenes democráticos. Pensar en más libertades y más democracia implica también, desde luego, la obligación de acrecentar y mantener todas y cada una de las premisas básicas de la democracia que han sido conquistadas hasta ahora por nuestras sociedades modernas.

La pregunta básica del futuro: ¿qué libertades
y qué democracia?

Sin embargo, es evidente que dejar formulada una demanda por más libertades y más democracia conlleva a la obvia necesidad de cuestionarnos sobre cuáles serían esos “nuevos pisos mínimos” a los que se pretende aspirar en los próximos años. Entre ellos debe mencionarse la ampliación masiva del acceso a los medios informáticos; una mejor oferta de las opciones de planificación familiar para poder otorgar mejor calidad de vida a las nuevas generaciones; mayores posibilidades deliberativas en lo relativo a aceptar la diversidad cultural, religiosa o sexual.

De igual forma, conviene alentar una reorientación ética de las estructuras y bloques económico-políticos transnacionales a partir de modelos federativos conasociativos que, como acontece en el caso de la Unión Europea, no impliquen la supresión o subordinación nacional en materia de la preservación cultural de los pueblos. Su permanencia debe ir aparejada a la construcción de las representaciones institucionales necesarias que permitan la libre expresión soberana de todos los ciudadanos. Finalmente, conviene definir la construcción de nuevos instrumentos institucionales en materia del derecho público internacional, a efecto de que ningún Estado o individuo se sustraiga del compromiso de hacer cumplir los derechos humanos fundamentales bajo una lógica de respeto a la dignidad, la integridad, la solidaridad y el bien común de todo ser humano.

La libertad y la democracia como elementos mínimos de un contrato intergeneracional trascendente hacia el siglo xxi

Ante los escenarios actuales que nos muestran las tendencias de cambio producidas por nuevas estrategias de integración regional en todos los órdenes de la vida pública, cabe señalar otro desafío más. Si ya tenemos un principio rector, así como los objetivos potenciales que se pretenden desarrollar en la conquista de más libertades y más democracia como “nuevos pisos mínimos”, sin duda ello nos obliga a pensar en cómo llevar a cabo estos cometidos.

En este sentido, la definición de un contrato intergeneracional entre los ciudadanos del feneciente siglo xx y aquellos que ocuparán los espacios públicos en el naciente siglo xxi debería ser un instrumento plausible que permita condensar las ideas tendentes a sostener con responsabilidad políticas redistributivas de largo plazo, a efecto de compensar a los que menos tienen, pero sin que por ello se lesionen los niveles de vida de los sectores de población menos afectados. Un contrato intergeneracional no sólo debe definir cómo y qué explotar el día de hoy, sino cómo se espera que se puedan explotar los recursos durante los próximos años. Al mismo tiempo, puede definir cómo mejorar la oferta educativa, introduciendo instrumentos abiertos que evalúen la calidad de la oferta mediante consultas más acuciosas a los consumidores de éste o de cualquier otro servicio público y privado.

En este sentido, un contrato intergeneracional debe indicar compromisos claros en pos de la solidaridad y la no violencia, en tanto valores preventivos y no punitivos de las anomalías sociales. Para ello, más que insistir en modelos de seguridad pública como tímida e ineficaz respuesta a las crisis de sociabilidad, se deben ampliar las acciones tendentes a alentar simultáneamente la seguridad social y la libre empresa, a efecto de ir reduciendo el desempleo con mayor información, capacitación e inversión.

Por último, un contrato intergeneracional debe preveer que la realización de la democracia está en íntima relación con las aspiraciones específicas y los órdenes de prioridad que decidan libremente los ciudadanos de toda nación, aunque asumiendo gradualmente la presencia de un compromiso que obligue a todos y cada uno de los ciudadanos a reconocer que la libertad y la democracia son bienes que no pueden ser construidos a partir del sufrimiento o la negación de los derechos de los demás.

Con ese propósito debemos impulsar que la principal tarea del siglo xxi sea la de abrir la pauta para facilitar la reconciliación abierta y definitiva entre dos conceptos que han sido terriblemente separados e incomprendidos en el devenir histórico de la modernidad. La libertad y la democracia son, quizás, las dos grandes tareas sociales que deban sintetizar a este contrato intergeneracional trascendente, cuyo objetivo será la búsqueda de la igualdad y la justicia colectivas de cara al siglo XXI.

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Sobre el autor

Víctor Alarcón Olguín es licenciado en Ciencia Política y Administración Pública por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (fcpys) de la unam; maestro en Gobierno y Estudios Internacionales por la Universidad de Notre Dame, eua; candidato a doctor en Estudios Sociales por la Universidad Autónoma Metropolitana (uam)-Iztapalapa. Fue investigador asociado “C” de la División de Estudios Políticos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (1985-1992); becario Fulbright-García Robles (1992-1994) y coordinador de Investigación de la Fundación Rafael Preciado
Hernández, A.C. (1994-1996). Desde 1994 ha sido docente titular de asignatura en las licenciaturas de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, así como de la División de Estudios de Posgrado de la fcpys-unam. Desde 1997 es profesor-investigador Titular “C” del Departamento de Sociología, Área de Procesos Políticos, de la
uam-Iztapalapa. Ha sido conferencista invitado en: Instituto Universitario Europeo (1990); State University of New York-Buffalo (1992); Libera Universitá degli Studi Soziale (1992); International Academy
for Leadership-Friedrich Naumann Stiftung (1996); Center for the Study of Democracy, University of Westminster (1997); School of Advanced International Studies, Johns Hopkins University; International Foundation for Electoral Systems (1997); Facultad de Filosofía de la Universidad de Sevilla (1997 y 1999), así como investigador invitado en The Helen Kellogg Institute for International Studies de la Universidad de Notre Dame (1999). Entre sus publicaciones destacan: Ernst Bloch: sociedad, política y filosofía; Carl Schmitt: enfoques críticos; La filosofía política de fin de siglo; América Latina: ¿renacimiento o decadencia?; Teoría política del liberalismo; José Medina Echavarría: teórico de la modernización, así como Congreso de la Unión y democracia en México (en prensa). Es consejero editorial de las revistas Bien Común y Gobierno, Propuesta, Estudios Políticos (México) y Araucaria (España). También ha publicado numerosos artículos especializados, capítulos en libros colectivos, reseñas y traducciones en las principales revistas académicas de excelencia y suplementos mexicanos sobre temas de la filosofía, la ciencia política y la política comparada.

Libertad y democracia

se terminó de imprimir en noviembre de 2016

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México, Ciudad de México.

Se utilizaron las familias tipográficas Adobe Garamond Pro

y Helvetica Neue; papel Bond ahuesado de 90 gramos

y forros en cartulina sulfatada de 12 puntos.
La edición consta de 500 ejemplares y estuvo al cuidado de la

Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral

y Educación Cívica del

Instituto Nacional Electoral