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CONFERENCIAS MAGISTRALES

Temas de la democracia

Ernesto Garzón Valdés

El futuro de

la democracia

EL FUTURO DE LA DEMOCRACIA

Ernesto Garzón Valdés

Instituto Nacional Electoral

Consejero Presidente

Dr. Lorenzo Córdova Vianello

Consejeros Electorales

Lic. Enrique Andrade González

Mtro. Marco Antonio Baños Martínez

Mtra. Adriana Margarita Favela Herrera

Mtra. Beatriz Eugenia Galindo Centeno

Dr. Ciro Murayama Rendón

Dr. Benito Nacif Hernández

Dr. José Roberto Ruiz Saldaña

Lic. Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles

Mtro. Arturo Sánchez Gutiérrez

Lic. Javier Santiago Castillo

Secretario Ejecutivo

Lic. Edmundo Jacobo Molina

Contralor General

C.P.C. Gregorio Guerrero Pozas

Director Ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación Cívica

Mtro. Roberto Heycher Cardiel Soto

El futuro de la democracia

Ernesto Garzón Valdés

Primera edición INE, 2016

D.R. © 2016, Instituto Nacional Electoral

Viaducto Tlalpan núm. 100, esquina Periférico Sur

Col. Arenal Tepepan, 14610, México, Ciudad de México

ISBN de la colección: 978-607-7572-13-8

ISBN: 978-607-9218-72-0

Los contenidos son responsabilidad de los autores y no necesariamente representan el punto de vista del INE

Impreso en México/Printed in Mexico

Distribución gratuita. Prohibida su venta

Contenido

Presentación 7

Uno 11

Dos 13

Tres 15

Cuatro 25

Cinco 29

Seis 39

Siete 43

Ocho 47

Nueve 53

Diez 57

Sobre el autor 65

Presentación

El concepto de democracia, a través de sus más de 25 siglos de existencia, ha resistido múltiples transformaciones, de acuerdo con el contexto histórico que se vive. Así como se le han adicionado características y cualidades, se le han restado otras tantas. Sin embargo, el concepto nunca ha perdido su esencia.

Hoy el debate sobre la democracia no gira ya principalmente en torno a su emergencia y consolidación, a las cualidades que debe o debería tener como sistema de gobierno y como forma de vida, sino más bien acerca del rumbo que lleva y a dónde puede llegar, como lo expuso el doctor Ernesto Garzón Valdés en la conferencia magistral “El futuro de la democracia”*, en donde se aboca a delinear cuáles son las condiciones necesarias para asegurar que la democracia perviva.

Garzón Valdés reflexiona sobre cómo una postura optimista o pesimista ha influido en el pensamiento de teóricos de la democracia, clásicos y contemporáneos, y cómo a partir de dichas posturas es posible pensar en las condiciones que permitirían vislumbrar el futuro de la democracia.
Optimismo y pesimismo han sido estados de ánimo de-
terminantes para la configuración de las ideas –respecto a los aspectos vinculados con el concepto de democracia y su realización práctica, como lo apunta el autor–, del marqués de Condorcet, Alexis de Tocqueville, Carlos S. Nino, Jeremy Waldron, Immanuel Kant, Francis Fukuyama, Anthony Downs, Kenneth J. Arrow, Jean-Jacques Rousseau, David Hume, John Rawls, Brian Barry y David Held, entre otros.

El análisis sobre estas dos posturas, optimista y pesimista, desde una perspectiva demócrata ambas, permite a Garzón
hacer una aproximación a las condiciones necesarias para que la democracia permanezca, pues “[…] la democracia no debe morir, pero sus males no han de ser curados con falsas ilusiones sino introduciendo las correcciones que exigen las cambiantes circunstancias de una historia que nunca termina y que no tiene más sentido que el que sus actores, es decir, el género humano, le confiere”.

Con una abierta invitación a la reflexión y a la propuesta, Garzón Valdés concluye que para el futuro de la democracia es indispensable procurar mantener alerta la conciencia de los problemas que enfrenta actualmente la democracia, asegurar
el mayor grado de libertad en igualdad, dar prioridad a lo político sobre lo económico, privilegiar la condición de ciudadanos como eje central de la democratización, tener en cuenta que la democracia es un sistema normativo sometido
a reglas muy exigentes, democratizar primero al ciudadano para así, después, proyectar esta tendencia al sistema internacional, mantener una responsabilidad recíproca entre gobernantes y gobernados, no dar cabida a la exclusión, no admitir las falsas ilusiones, no suponer que se ha logrado ya la realización plena de todas las potencialidades que encierra la concepción de la democracia, y no equiparar la tolerancia democrática con la permisividad incondicionada para la que todo vale.

Sólo siguiendo estas simples condiciones se podrá luchar contra el desconcierto político-institucional –afirma el autor– y garantizar así, más allá de una definición de democracia, que ésta llegue al futuro, y nosotros con ella.

El Instituto Federal Electoral, comprometido con la divulgación de la cultura política democrática, presenta el número 15 de la colección Conferencias Magistrales con el propósito de contribuir a la reflexión y al debate en torno a los diferentes temas sobre la democracia.

Instituto Federal Electoral

Uno

En las ciencias sociales hablar de futuro es una empresa riesgosa ya que nunca es posible indicar cuáles son las condiciones suficientes para que se produzca un evento. Lo único que, en el mejor de los casos, podemos saber es cuáles son sus condiciones necesarias, es decir, aquéllas sin cuya realización no habrá de producirse el evento en cuestión. En qué momento la conjunción de condiciones necesarias puede convertirlas en suficientes es algo que queda librado, en no poca medida, a la presunción optimista o pesimista del observador. Pero tanto en uno como en otro caso, a fin de que el optimismo no sea ciego ni el pesimismo terco, habrá de aportar buenas razones que los sustenten.

Pesimismo y optimismo son estados de ánimo en los que la esperanza se manifiesta. Por ello, tienen una raíz común en la ignorancia de lo que habrá de suceder. El optimismo aumenta la esperanza, mientras que el pesimismo tiende a su reducción. Tanto el pesimismo como el optimismo tienen que estar referidos a estados de cosas futuros de posible realización. No cabe decir que alguien es pesimista porque cree que no vivirá 200 años o que es optimista porque piensa que podrá festejar el bicentenario de su nacimiento. Los estados de cosas imposibles no pueden ser objeto de actitudes que se basan en incertidumbres. Lo mismo cabe decir de los estados de cosas que se sabe que necesariamente habrán de producirse: no decimos que alguien es pesimista porque cree que alguna vez habrá de morir y tampoco que es optimista porque cree que tras el invierno llegará la primavera. Cuando el pesimismo o el optimismo se refieren a estados de cosas imposibles o necesarias podemos hablar de pesimismo/opti-mismo infundado y de pesimismo/optimismo trivial.

En el caso del futuro de la democracia, es decir, por lo pronto, de un procedimiento para la toma de decisiones públicas que aspira no sólo a regular el comportamiento humano de forma tal que se asegure la paz social, sino que también se garantice el máximo posible de libertad individual en condiciones de igualdad, la actitud optimista o pesimista que se adopte frente a su destino adquiere una relevancia especial ya que influye en el comportamiento cívico de cada cual
y puede afectar negativamente por exceso o por defecto de esperanza la existencia misma del sistema democrático y la gestación de planes de vida individuales que se consideran moralmente valiosos. Tanto el demócrata pesimista como el optimista piensan que la democracia no es una forma de
convivencia social entre otras, sino la única que puede ser justificada frente a las demás alternativas posibles, que se extienden desde el autoritarismo hasta el anarquismo.

Dos

Las condiciones necesarias que aquí interesan son de dos tipos: conceptuales y empíricas. Las primeras tienen una naturaleza normativa: enuncian exigencias que deben satisfacerse para que pueda predicarse la existencia de una determi-
nada institución. Sobre ellas no cabe predicar su verdad o falsedad, sino tan sólo su plausibilidad o implausibilidad.

Las condiciones empíricas necesarias son susceptibles de verificación existencial y se refieren a aquellas circunstancias cuya ausencia permite inferir la no realización de las condiciones conceptuales necesarias.

Quienes adoptan una postura optimista frente al futuro de una determinada institución social tienen, pues, que admitir dos enunciados de diferente nivel: la plausibilidad de las condiciones necesarias normativas y la probabilidad empírica de su realización. Quienes, por el contrario, asumen una posición pesimista lo hacen o bien porque consideran que las
condiciones normativas son demasiado fuertes y hasta contradictorias y, por lo tanto, de realización improbable o imposible, o bien porque piensan que, no obstante la plausibilidad de aquéllas, no están todavía dadas las condiciones empíricas o que la probabilidad de que se den es demasiado remota. Dicho con otras palabras: el optimista tiene que mantener una posición afirmativa en los dos niveles; al pesimista le basta la negación de uno de ellos y es claro que si no acepta el nivel conceptual, el empírico se le vuelve irrelevante. El grado de aceptación/rechazo de la posibilidad/imposibilidad de las condiciones necesarias conceptuales y empíricas permite establecer una distinción entre optimistas moderados y exaltados y pesimistas moderados y fatalistas.

Desde luego, es obvio que para que la contraposición entre el optimista y el pesimista tenga algún interés, ambos tienen que partir de una misma concepción de la democracia. En lo que sigue procuraré que las objeciones del pesimista se refieran a los mismos argumentos del optimista.

Tres

Ejemplos paradigmáticos de optimismo institucional democrático moderado fueron en su tiempo el marqués
de Condorcet y Alexis de Tocqueville. Ambos supusieron una
marcha incontenible y previsible hacia la democracia. Así, Condorcet afirmaba contundentemente:

Nuestra esperanza con respecto al estado futuro de la humanidad se basa en los siguientes tres puntos importantes: la eliminación de la desigualdad entre las naciones; el progreso de la igualdad dentro de un mismo pueblo y, por último, el real perfeccionamiento de la persona.1

Del estudio de las experiencias pasadas de la humanidad y de la observación de los progresos de las ciencias y la civilización, Condorcet concluía que “la naturaleza no ha puesto límite alguno a nuestras esperanzas”.2

El punto de partida de La democracia en América es una constatación básica que se presenta como empíricamente verificable: la humanidad avanza inconteniblemente hacia un estado social de igualdad:

El desarrollo gradual de la igualdad de condiciones es, pues, un hecho providencial, y tiene las siguientes características: es universal, durable, escapa a la potestad humana y todos los acontecimientos, como todos los hombres, sirven para su desarrollo.3

Querer detener la democracia parecerá entonces luchar contra Dios mismo.4

Desde luego, entre la visión optimista de Condorcet y la de Tocqueville existen algunas diferencias significativas que merecen ser recordadas brevemente.

Condorcet creía no sólo en el progreso moral de la humanidad, sino que pensaba que la decisión de la mayoría tenía un valor epistémico y bastaba para la justificación de la democracia.

En la concepción de Condorcet, la búsqueda de la verdad
política es la razón para la acción del homo suffragans. De lo que se trataría es de la búsqueda colectiva de la verdad, es decir, de lo probablemente verdadero. La pluralidad de personas que emiten su voto permitiría inferir que la probabilidad de error es menor que la probabilidad de verdad.5 Las leyes votadas por la mayoría serían la formulación más cabal de una renovación del pacto social originario y la referencia más realista a la voluntad unánime de los ciudadanos en ese pacto:

Mediante la legislación, los gobiernos pueden adelantar igualmente el restablecimiento de la verdad: ésta hace rápidos progresos en los países en los que se deja libertad de opiniones porque desde el momento mismo en que las opiniones son discutidas libremente, la verdad acaba por establecerse.6

En nuestro tiempo, Carlos S. Nino y Jeremy Waldron retomaron en parte la argumentación de Condorcet acerca del valor moral de las decisiones mayoritarias. Así, según Nino, la democracia sería un “sucedáneo institucionalizado” de la discusión moral:

La democracia puede definirse como un proceso de discusión moral sujeto a un límite de tiempo.7

[...] un proceso de discusión moral con cierto límite de tiempo
dentro del cual una decisión mayoritaria debe ser tomada [...] tiene mayor poder epistémico para ganar acceso a decisiones moralmente correctas que cualquier otro procedimiento de toma de decisiones colectivas.8

También para Jeremy Waldron:

[l]a decisión por mayoría no es sólo un procedimiento eficaz para la toma de decisiones; es también un procedimiento respetuoso. Respeta a los individuos de dos maneras. Primero, respeta y toma en serio la realidad de sus diferencias de
opinión acerca de la justicia y el bien común [...] [Segundo] los trata como iguales en la autorización de la acción política.9

Alexis de Tocqueville era mucho más cauteloso y hasta desconfiado por lo que respecta a las posibilidades de que los juicios de la mayoría pudieran invocar a su favor un mayor acercamiento a la verdad política. En una frase que podría ser interpretada como un diálogo con Condorcet, sostiene que:

El imperio moral de la mayoría se funda en parte sobre la idea de
que hay más luz y cordura en muchos hombres reunidos que en uno solo, en el número de los legisladores que en su selección. Es la teoría de la igualdad aplicada a la inteligencia.10

Pero esta confianza en la opinión mayoritaria encerraba graves peligros:

En los Estados Unidos, la mayoría se encarga de suministrar a los individuos muchas opiniones ya formadas y los aligera de la obligación de formarlas por sí. [...] En los siglos de igualdad, se puede prever que la fe en la opinión común vendrá a ser una especie de religión, de la cual es profeta la mayoría.

[...]

Veo claramente en la igualdad dos tendencias: una que conduce al ánimo de cada hombre hacia nuevas ideas, y otra que lo vería con gusto reducido a no pensar. Y concibo cómo bajo el imperio de ciertas leyes, la democracia extinguiría la libertad intelectual que el estado social democrático favorece, de tal suerte que después de haber roto todas las trabas que en tiempos pasados le imponían las clases o los hombres, el espíritu humano encadenaría estrechamente a la voluntad general del mayor número.11

Por ello, Tocqueville consideraba que el dominio de la mayoría era la “enfermedad republicana” por excelencia:

Dos peligros principales amenazan la existencia de las democracias:

La servidumbre completa del poder legislativo a las voluntades del cuerpo electoral.

La concentración, en el poder legislativo, de todos los demás poderes del gobierno.12

Para contrarrestar estos peligros, proponía los frenos de las restricciones constitucionales expresadas, por ejemplo, en la función de control de constitucionalidad del poder judicial:

Estrechado en sus límites, el poder concedido a los tribunales de pronunciar fallos sobre la anticonstitucionalidad de las leyes, forma aún una de las más poderosas barreras que se hayan levantado nunca contra la tiranía de las asambleas políticas.13

Los tribunales sirven para corregir los extravíos de la democracia y [...] sin poder detener jamás los movimientos de la mayoría, logran hacerlos más lentos así como dirigirlos.14

En última instancia, el freno al despotismo de la mayoría era, según Tocqueville, la “ley de la justicia”, un “lindero”15 que le viene impuesto a la democracia desde fuera de ella misma. Parafraseando a Hans Kelsen podría decirse que son las restricciones constitucionales y morales las que convierten el “dominio de la mayoría” en el “principio de la mayoría”.16

Sería, desde luego, dar una versión sesgada de la concepción de la democracia de Condorcet si no se tuviera en cuenta que también él veía el peligro de las decisiones mayoritarias y la necesidad de incorporar un marco de condiciones

necesarias a fin de que aquéllas lograsen un máximo de probabilidad de verdad.

En efecto, Condorcet sabía perfectamente que en la realidad:

En el ejercicio concreto del sufragio el votante está expuesto a los juegos del interés, las pasiones, la corrupción y el error [...] Aun si la intervención de estas causas es mínima, ella es desde ya suficiente para volver ilusoria la hipótesis fundamental del modelo.17

Había, pues, que distinguir entre la votación como dato em-
pírico, el fenómeno psicosocial de la votación, y el dato
normativo, es decir, la concepción ideal del sufragio como un modo de determinar la verdad:

Hay un gran número de cuestiones importantes, complicadas
o sometidas a la acción de los prejuicios y de las acciones, sobre
las cuales es probable que una persona poco instruida sostendrá una opinión equivocada. Hay pues un gran número de puntos con respecto a los cuales cuanto más se multiplique el número de votantes tanto más temor se tendrá de obtener con la pluralidad una decisión contraria a la verdad; de manera que una constitución puramente democrática será la peor de todas para todos los objetos sobre los cuales no conozca verdad alguna.18

Por ello, para que el modelo funcionara, las decisiones de los votantes debían ser

[...] siempre tomadas bajo ciertas condiciones (o restricciones). El número de votantes, la mayoría exigida, la forma de la deliberación, la educación y la ilustración de los votantes, son condiciones necesarias para definir la situación de decisión. La verdad de la decisión no depende solamente de los votantes sino de las condiciones en las cuales el voto se efectúa, de la forma de la asamblea [...] como así también de su funcionamiento para llegar a una decisión.19

Y así afirmaba Condorcet:

Supondremos ante todo las asambleas compuestas de votantes que tienen una igual exactitud de espíritu y luces iguales: supondremos que ninguno de los votantes tiene influencia sobre los votos de los otros y que todos opinan de buena fe.20

Una igual sagacidad, una igual perspicacia de espíritu de las que todos hacen igual uso, que todos están animados de un igual
espíritu de justicia, en fin, que cada cual ha votado por sí mismo, como sucedería si ninguno tuviera sobre la opinión del otro una influencia mayor que la que él mismo ha recibido.21

También Carlos S. Nino consideraba que:

En una democracia en funcionamiento, es esencial que la mayoría nunca sea un grupo definido de gente de la población, sino una
construcción que hace referencia a individuos que cambian constantemente de acuerdo con el tema que esté en discusión.22

Las condiciones para asegurar la capacidad epistémica de la discusión colectiva y de la decisión mayoritaria eran

[…] que todas las partes interesadas participen en la discusión y decisión; que participen de una base razonable de
igualdad y sin ninguna coerción; que puedan expresar
sus intereses y justificarlos con argumentos genuinos.23

No cuesta mucho inferir que, si se aceptan las restricciones de Condorcet o de Nino, abandonamos el ámbito de la eficacia causal de un mero procedimiento para la adición de
votos y entramos en el de las restricciones al simple acto
de depositar un voto. El homo suffragans es ahora un homo suffragans restrictus. Surge así el problema de las restricciones a los deseos o a los intereses individuales de quienes parti-cipan en el juego político de la democracia. Sobre este punto volveré más adelante. Lo que me interesa subrayar es que si se cree en la posibilidad de imponer las restricciones necesarias, entonces se puede predecir con optimista esperanza la marcha futura de la sociedad democrática.

Cuatro

En una versión de optimismo exaltado podría hasta afirmarse que ya no hay nada que predecir, pues el supuestamente probable futuro es ya un presente inmutable. Francis Fukuyama lo ha expresado con insuperable claridad:

Y si ahora nos encontramos en un punto en el que no podemos imaginar un mundo sustancialmente diferente al nuestro, en el que el futuro constituiría una mejora fundamental de nuestro orden actual, tenemos también que considerar la posibilidad de que la Historia misma ha llegado a su fin.24

La mención de la tesis de Fukuyama con respecto al fin de la historia es relevante para nuestro tema porque ella se basa en una versión optimista con respecto a los dos niveles del tratamiento de los problemas de la democracia a los que me he referido más arriba: el conceptual y el empírico.

La historia habría terminado porque la “idea liberal”, es
decir, la idea de la democracia liberal habría triunfado, pues su fórmula de conciliación de libertad e igualdad sería conceptualmente insuperable por su impecable coherencia.

Pero también hay otra forma de entender el “fin de la historia” en Fukuyama: no se trataría sólo de la imposibilidad conceptual de superar la idea liberal sino de que también la práctica del orden social democrático liberal está libre de aquellos problemas que constituyen contradicciones intrasistémicas e impulsan su cambio y/o reemplazo por otro de orden superior.

Un “problema” no se convierte en una “contradicción” a menos que sea tan serio que no sólo no puede ser solucionado dentro del sistema sino que corroe la legitimación del sistema mismo de forma tal que éste se derrumba por su propio peso.

[...]

A la inversa, podemos argumentar que la historia ha llegado a su fin si la forma actual de organización social y política es totalmente satisfactoria para los seres humanos en sus características más esenciales.25

La versión optimista de Fukuyama podría invocar a su favor los datos empíricos de Samuel Huntington que pare-cerían testimoniar una creciente difusión de la democracia en sucesivas oleadas.

En todo caso, según Fukuyama, no habría que dejarse “extraviar” por el hecho de que “éste o aquel grupo social o individuo esté manifiestamente insatisfecho porque se le niega el acceso igualitario a las buenas cosas de la sociedad debido a la pobreza, el racismo, etcétera”.26

Cinco

La posición pesimista suele poner en duda los dos niveles de las condiciones necesarias de la democracia.

Por lo que respecta a las condiciones normativas baste la mención de dos autores: Anthony Downs y Kenneth J. Arrow.

En 1957, Downs impugnó la conciliabilidad de dos exigencias básicas que el concepto normativo de democracia impone a la ciudadanía: el de racionalidad y el de igual distribución de la información pública:

Todo concepto de la democracia basado en un electorado de ciudadanos igualmente informados es irracional, es decir, presupone que los ciudadanos se comportan irracionalmente.

[...]

Toda información es costosa, por consiguiente quienes disponen de ingresos altos pueden obtenerla mejor que los que tienen bajos ingresos [...] este hecho distorsiona la operación del principio de la igualdad política: el principio que se encuentra en el corazón de la teoría de la democracia.27

Diez años más tarde, Kenneth J. Arrow reactualizaba una conocida paradoja de Condorcet y formulaba su teorema de la imposibilidad, según el cual

No puede haber ninguna constitución que satisfaga las condiciones de racionalidad colectiva, el principio de Pareto, la independencia de las alternativas irrelevantes y la no dictadura.28

Con su teorema rechazaba la conciliabilidad de exigencias normativas básicas de una constitución democrática.

El pesimista aducirá, además, que las condiciones normativas necesarias que presupone la concepción Condorcet-Nino son sólo concebibles en situaciones ideales en donde cada ciudadano, elector o elegido, se autoimpone restricciones morales prácticamente irrealizables.

Objeciones similares valdrían para todos los intentos de establecer restricciones al dominio de la mayoría partiendo de características psicológicas y actitudes morales de los actores en el proceso democrático. Tal es el caso de Jean-Jacques

Rousseau con su concepción de un ciudadano que renuncia a sus preferencias individuales cuando ellas no coinciden con la persecución del bien común. Se supone que todos en todo momento son auténticos ciudadanos democráticos.

Desde el punto de vista empírico, la exigencia rousseauniana de la renuncia voluntaria de todos al egoísmo como punto de
partida para el surgimiento de una comunidad democrática
es impracticable. El propio Rousseau lo sabía:

Si hubiese un pueblo de dioses, se gobernaría democráticamente. Mas un gobierno tan perfecto no es propio de los hombres.29

David Hume propuso la idea de un ciudadano simpático,
interesado en el bien común. El artificio de la simpatía permitiría que las personas, sin renunciar a sus inclinaciones egoístas, puedan ir socializando su egoísmo, es decir, reducir sus preferencias autocentradas en aras de una mayor tolerancia y benevolencia. La simpatía nos vuelve más morales, mejor dicho, sin ella sería imposible entender la moralidad pública. Y en la medida en que mantengamos una identificación simpática con el interés público, desaparecerá el conflicto entre nuestra autonomía y la imposición de las reglas heterónomas de la justicia.

En una comunidad democrática de ciudadanos humeanamente “simpáticos” los resultados de las votaciones serían, por
definición, la expresión de un egoísmo socializado y significarían también un avance hacia el descubrimiento de la “verdad política”. No habría, en este sentido, mayor inconveniente en conferir calidad moral a esta comunidad que restringe sus impulsos egoístas en aras del bien común.

Hume estaba convencido de que su propuesta era más realista que la de su contemporáneo francés, el little nice man, como llamaba a Rousseau, ya que la tendencia a la
adopción de actitudes simpáticas estaría enraizada en la pro-
pia naturaleza humana y, por ello, para la superación del egoísmo no sería necesario recurrir a suposiciones supraempíricas tales como la existencia de una “voluntad general”.
Sin embargo, aun admitiendo la posibilidad de una comu-
nidad de ciudadanos simpáticos dispuestos a aceptar los
principios de la democracia, dado el alcance limitado de la
simpatía, que el propio Hume reconocía, estas comunidades
tenían que ser relativamente pequeñas y culturalmente ho-
mogéneas. En este sentido, sobre la propuesta humeana pesan
los mismos inconvenientes que padecía la versión rousseau-
niana para el caso de democracias populosas y heterogéneas.

Vistas así las cosas, la concepción quizás menos exigente de un ciudadano razonable, capaz de renunciar a la imposición unilateral de su concepción de lo bueno, parecería ser una buena solución para asegurar la obtención de acuerdos democráticos en sociedades populosas y culturalmente heterogéneas. Es la propuesta de John Rawls, y también la de Brian Barry. En el modelo de Rawls, el ciudadano democrático no debe necesariamente ser un agente moral como quería Rousseau, o simpático como pensaba Hume, basta que sea razonable.

La concepción rawlsiana de la justicia política prescinde del concepto de verdad política –es, por ello, más modesta epistémicamente que la versión Condorcet-Nino– y se limita a la idea de lo razonable ya que ella haría posible “el solapamiento consensual de las doctrinas razonables de una manera que no puede lograrlo el concepto de verdad”.30

La tesis central de Political Liberalism de John Rawls es que un sistema político está justificado si es aceptable por toda persona razonable. Como es sabido, Rawls establece una diferencia entre racionalidad práctica y razonabilidad. Un agente puramente racional carecería de aquello que Kant llamaba “predisposición para la personalidad moral”. Esta capacidad es la que tendría el agente razonable.31

Brian Barry recurre también a la idea de razonabilidad para definir su concepción de la justicia:

Llamaré una teoría de la justicia como imparcialidad, aquella teoría de la justicia que recurre a los términos del acuerdo razonable.32

Tanto en el caso de Rawls como en el de Barry, la razona-
bilidad es el freno al egoísmo, es decir, a la imposición incondicionada de las propias preferencias. Una democracia integrada por ciudadanos razonables alcanzaría el más alto nivel posible de justicia y, por lo tanto, estaría internamente justificada. Su legitimidad procedería de “la disposición a actuar moralmente” que animaría a sus miembros.

Desde luego, el overlapping consensus al que llegarían los ciudadanos razonables es también una versión más débil –y, por ello, más realista– de la idea del consenso rousseauniano: en una sociedad democrática no todos son razonables. Estarían también, entre otras personas irrazonables, los perfeccionistas, los nostálgicos de la esclavitud,33 los tomistas, los nietzscheanos y los católicos romanos a quienes habría que derrotar políticamente y, si es necesario, reprimir por la fuerza.34

Así pues, tanto la teoría de Rawls como la de Barry re-
curren al criterio de razonabilidad como pauta de corrección
de justicia política para sociedades multiculturales cuando sus miembros están dispuestos a renunciar a la imposición
de sus concepciones de lo bueno a fin de lograr la paz social.

Ambas teorías pretenden ser neutrales con respecto a las diferentes concepciones de lo bueno; no presuponen ninguna concepción de lo bueno. En cierto modo, podría decirse que se bastan a sí mismas: “Se presenta[n], pues, como la solución al problema del acuerdo”.35 Según Barry, lo único que se necesita es que los acuerdos sociales puedan “ser razonablemente aceptados por personas libres e iguales”.36 También Rawls requiere que los sujetos de los acuerdos razonables sean “ciudadanos libres e iguales”.37

La propuesta Rawls-Barry del ciudadano razonable tiene
ciertas ventajas con respecto al modelo humeano ya que el alcance de la razonabilidad no está limitado por factores de
homogeneidad cultural o étnica. Pero podría ponerse en duda el aspecto de la neutralidad moral: los valores de libertad e igualdad que deben ser respetados en la sociedad de ciudadanos razonables presuponen una toma de posición axiológica, que no podría ser lograda a través del acuerdo razonable ya que
éste los presupone. Queda también abierta la duda acerca de
si un acuerdo es razonable cuando llegan a él personas razonables o, si al revés, las personas son razonables cuando el acuerdo al que llegan lo es.

Tomando en cuenta estas objeciones, el optimista podría argumentar que conviene abandonar la idea de la neutralidad y avanzar hacia la vía de refuerzos externos de justificación de la democracia a los que apelarían los ciudadanos democráticos en sus deliberaciones. Recurriría entonces al auxilio de Amy Gutmann y Dennis Thompson, quienes proponen una versión justificante de la democracia en la que los ciudadanos actúan deliberativa y moralmente:

La democracia deliberativa es una concepción de la política democrática en la cual las decisiones y las políticas son justificadas en un proceso de discusión entre ciudadanos libres e iguales o entre sus representantes responsables. Según nuestra
concepción, una democracia deliberativa contiene un conjunto de principios que prescribe términos equitativos de cooperación. Su principio fundamental es que los ciudadanos se deben recíprocamente justificaciones de las leyes que colectivamente se imponen. La teoría es deliberativa
porque los términos de la cooperación que propone son concebidos como razones que los ciudadanos o sus representantes responsables se dan recíprocamente en un continuado proceso de justificación mutua. Las razones no son meramente procedimentales (“porque la mayoría está de acuerdo”) o puramente substantivas (“porque es un derecho humano”). Ellas apelan a principios morales (tales como la libertad básica
o la igualdad de oportunidades) que ciudadanos que desean
encontrar términos equitativos de cooperación pueden razonablemente aceptar.38

Es claro que la apelación a los principios morales significa el abandono del ideal de neutralidad: “La neutralidad no es deseable y es inalcanzable”.39 Si ello es así, podría suponerse que estos principios enmarcan el comportamiento del ciudadano deliberativo; en este caso, la justificación del procedimiento democrático no surgiría del procedimiento mismo (tal como se infiere de la frase citada), sino que sería externa a
él. Pero quizás ésta sería una conclusión apresurada si se tiene en cuenta que:

Primero, el contenido de los propios principios se forma parcialmente a través de la discusión moral en el proceso político [...] Segundo, las restricciones a los principios de libertad y de igualdad de oportunidades –en particular la limitación de
recursos– son menos rígidas de lo que suele suponerse. El
debate moral en la política puede revelar nuevas posibili-
dades y sugerir nuevas direcciones que hagan más viables los
principios que lo que se había inicialmente pensado. Porque
la deliberación puede mejorar la comprensión colectiva de la
libertad y la igualdad de oportunidades, las condiciones
de la deliberación son una parte indispensable de toda perspectiva interesada en asegurar la libertad y la igualdad de oportunidades para todos.40

Y que

En la democracia deliberativa [...] la búsqueda de respuestas justificables tiene lugar a través de argumentos acotados por principios constitucionales que, a su vez, son desarrollados a través de la deliberación.41

El pesimista podría aducir ahora cierta dificultad de comprensión por lo que respecta a la gestación de los principios constitucionales que limitan los argumentos en la deliberación democrática, ya que ellos surgirían precisamente en una deliberación democrática acotada por esos mismos principios. Los ciudadanos deliberativos presentan una inquietante similitud con el barón que se tiraba de los cabellos para salir del pantano.

En todo caso, el escepticismo con respecto al futuro
de una democracia que pretenda afianzarse sobre la base de
la autolimitación de ciudadanos generosos, simpáticos, razonables o deliberativos parece tener buenos argumentos a su favor ya que las condiciones necesarias que estas concepciones requieren son prácticamente irrealizables.

Seis

Un optimista moderado podría conceder que efectivamente la “enfermedad republicana” que diagnosticara Tocqueville sólo puede ser curada a través de restricciones constitucionales que impongan total y no parcialmente “desde afuera” limitaciones al homo suffragans. Ésta era la tesis de
Kant. Porque sabía que el ciudadano es un ser de carne y hueso con debilidades y virtudes, propiciaba un sistema
político que pudiera regir en una sociedad de egoístas que querían vivir en sociedad. Su idea de la “sociabilidad asocial”
(ungesellige Geselligkeit)42 condensa esta idea. Para decirlo con palabras de Kant:

El problema del establecimiento del Estado tiene solución, incluso para un pueblo de demonios [...] y el problema se formula así: “ordenar una muchedumbre de seres racionales que, para su conservación, exigen conjuntamente leyes universales, aun cuando cada uno tienda en su interior a eludir la ley, y establecer su constitución de modo tal que, aunque sus sentimientos particulares sean opuestos, los contengan mutuamente de manera que el resultado de su conducta pública sea el mismo que si no tuvieran tales malas inclinaciones”.43

Las “leyes universales” a las que Kant se refiere no pueden ser obtenidas a través de un juego democrático basado me-
ramente en el consenso mayoritario y de un ordenamiento
jurídico cuya función se agotara en la superación de un supuesto belicoso estado de naturaleza. Es necesario algo más: la imposición de lo que suelo llamar el “coto vedado”
a las decisiones mayoritarias. Él es el que permite justificar la
democracia al facilitarle criterios externos,44 “muletas mo-
rales”, que aseguran a la democracia una marcha erguida y la realización de una vigencia equitativa de las leyes. La democracia constitucionalmente restringida sería la solución a los

problemas no resueltos por una concepción idealizada del ciudadano. En la medida en que el juego democrático tome en serio las restricciones constitucionales que, por otra parte, están incluidas en todas las constituciones modernas y contenidas en múltiples documentos internacionales suscritos por la mayor parte de los Estados, puede entreverse un futuro estable y promisor de la democracia.

Siete

Pero aun si se sostiene la plausibilidad de las condiciones normativas necesarias, lo que parece ser admisible, aducirá el pesimista, es que cada vez es mayor el abismo que separa las concepciones normativas de la democracia de la realidad política. Por ello, las observaciones empíricas estimulan también el pesimismo: los datos acerca del estado de las llamadas democracias en América Latina, África, Asia y el este de Europa
son implacablemente desalentadores.

Fukuyama sostenía que no había que dejarse “extraviar” por el hecho de que algunos grupos resultaran discriminados y no pudieran obtener la satisfacción de sus deseos. El pesimista le recordaría que según el último informe de Merrill Lynch, en América Latina, cuyos países en su inmensa mayoría integran la lista de países democráticos de Huntington,45 en la llamada década perdida el principal grupo de los magnates logró acumular una fortuna que equivale al ingreso de
430 millones de pobres durante 63,000 años. Si esto es así, no cuesta mucho inferir que hablar de mero “extravío” es un eufemismo que oculta una realidad en la que no parece que se cumpla el ideal democrático de libertad en igualdad.

También en las mismas democracias tradicionales se perciben desajustes dentro del propio mecanismo democrático que le hicieron temer a James M. Buchanan que los “apetitos de las coaliciones mayoritarias”46 pudieran tener un efecto suicida para el sistema democrático. Por ello, se preguntaba, con razón:

¿Puede el hombre moderno, en la sociedad democrática occidental, inventar o captar suficiente control sobre su propio destino como para imponer restricciones a su propio gobierno, restricciones que puedan impedir su transformación en un genuino soberano hobbesiano?47

En 1998 Richard Rorty señalaba:

[...] la imposibilidad de creer que las cosas irán para mejor, que
la historia culminará algún día en la adopción universal del igualitarismo, las costumbres e instituciones democráticas. [...] La imposibilidad de creer ha aumentado continuadamente durante las últimas décadas, cuando se ha vuelto claro que Europa ya no

posee la conducción del planeta y que el futuro sociopolítico de la humanidad se ha vuelto totalmente impredecible.48

Fundaba su pesimismo justamente en la negación de los tres puntos en los que Condorcet basara su optimismo:

1. No es posible tener un gobierno democrático de tipo europeo sin un nivel de vida de alguna manera parecido al de Europa. [...] Pero hay demasiada gente en el mundo y demasiado pocos recursos naturales como para que todos los seres humanos alcancen ese nivel de vida.

2. Los voraces y egoístas cleptócratas se han vuelto, en décadas recientes, mucho más sofisticados. [...] y el final de la Guerra
Fría no ofrece ninguna razón para el optimismo acerca del progreso de la democracia, por grande que pueda haber sido su contribución para el triunfo del capitalismo.

3. [A]un si la tecnología pudiera permitirnos un equilibrio entre población y recursos, y aun si pudiéramos eliminar a los cleptócratas de las espaldas de los pobres, no tendríamos suerte. Pues tarde o temprano algunos idiotas uniformados comenzarán a oprimir botones atómicos y nuestros nietos vivirán en una distopía. [...] Creo que éstas son tres razones plausibles para creer que ni la libertad democratica ni el pluralismo filosófico sobrevivirán en el próximo siglo.49

Ocho

El pesimista no cuestionaría, pues, la importancia moral de las restricciones constitucionales y hasta aceptaría las condiciones necesarias de la versión kantiana a nivel conceptual. Pero tendría no pocas dudas no sólo acerca de hasta qué punto las restricciones constitucionales son tomadas en serio por la mayoría de los países que se autoproclaman democráticos, sino también acerca de en qué medida es posible tomarlas en serio. El primer aspecto tiene que ver con la cultura política de cada país; el segundo con las circunstancias reales en las que la democracia es practicada:

Vale la pena analizar algunas de estas complejidades del mundo real porque buena parte del pensamiento político normativo o de lo que a menudo es llamada “metateorización” bosqueja condiciones que en la práctica son imposibles de realizar. Sin embargo, el hacer que estas condiciones sean reales, que expresen más límpidamente la voluntad popular, es el interés fundamental de tal pensamiento.50

El pesimista invocará, entre otros, los siguientes argumentos:

i) La complejidad de las decisiones políticas requiere en creciente medida la asistencia de expertos cuyo aseso-
ramiento sólo puede ser evaluado a través de la opinión de nuevos expertos: en ambos casos se reducen notablemente
las posibilidades reales de un control democrático –tanto
horizontal como vertical– en el que lúcidamente viene insistiendo ya desde hace tiempo Guillermo O’Donnell como una de las condiciones necesarias para el buen funcionamiento de la democracia.

ii) La disminución del control democrático estimula la actitud de tutela de los gobernantes y expertos:

Las democracias modernas son, en realidad, sistemas altamente manipulados de la vida civil y los gobiernos no dudan en colocarse ellos mismos en una relación de tutela con respecto a su patrón nocional, el demos.51

Esta tutela suele invocar a su favor argumentos de un paternalismo jurídico-político justificable: el vertiginoso cambio en las relaciones sociales que trae aparejado el progreso técnico-científico exige la intervención estatal a fin de evitar que una parte de la ciudadanía caiga en una situación de “incompetencia básica” y asegurar así aquel nivel de igualdad que es considerado como condición necesaria para el funcionamiento de la democracia. Para usar una fórmula de Kenneth Minogue: si se quiere
mantener la “infalibilidad popular” hay que procurar superar la “estupidez popular”. Dicho más claramente:

Al final, podría parecer que estamos llegando a la tierra prometida de la igualdad. Los opresores están muertos y, sin embargo, nos seguimos encontrando bajo el dominio de un gobierno que se entromete en todo [...] La madera con la que está hecha la naturaleza humana es tan torcida que un programa de igualización tiene que recurrir continuamente a una clase de igualizadores: un conjunto de expertos en democracia e igualdad que pueda corregir la incesante tendencia humana a generar nuevas formas de desigualdad [...] hoy ya no podemos escapar a la tutela del jurista y del burócrata.52

El pesimista recordará que es muy delgada la línea que separa el paternalismo justificable de la manipulación a la que son tan proclives los populismos seudodemocráti-
cos que, lejos de eliminar el peligro de la “estupidez popular”, la estimulan al promover la pereza intelectual del ciudadano y reducir su capacidad de crítica política. El problema es entonces mayor que el denunciado por Downs: no es que el ciudadano no desee informarse porque su racionalidad le aconseja no invertir tiempo en aumentar su conocimiento de la realidad política, sino que su manipulada mentalidad incrementa su irracionalidad: se “cansa
de la democracia” y alimenta su nostalgia de regímenes
de tutela sin fisuras.53 La cultura política de algunas so-
ciedades del centro y este de Europa proporciona buenos testimonios al respecto. Con ciudadanos “cansados” lo que nos espera es un sistema con una pronunciada tendencia a la instauración de gobiernos descontrolados en el sentido estricto de la palabra, es decir, el autoritarismo.

iii) En no pocos países que se autoproclaman democráticos las restricciones constitucionales no son tomadas en serio. Su invocación es mera retórica de una especie de metafísica política. En buena parte de América Latina sigue teniendo vigencia la cínica reflexión del protagonista de una novela de Alejo Carpentier: “Como decimos allá, ‘la teoría siempre se jode ante la práctica’ y ‘jefe con cojones no se guía por papelitos’”.54 El ejemplo más
actual de esta situación de desprecio constitucional es el
caso de Argentina.

iv) Frente al optimismo de Fukuyama, el pesimista hará valer la tesis de David Held: lo que ha llegado a su fin no es la
historia sino la política, que habría sucumbido ante
las exigencias de la economía.55 La aceptación de la ideología fundamentalista del mercado, según la cual éste estaría en condiciones de satisfacer plenamente las necesidades vitales de los ciudadanos, reduciría notablemente el alcance de las decisiones políticas. A la versión optimista del mercado correspondería una versión pesimista
del gobierno:

Si el gobierno no ha sido la raíz de todos los males, ciertamente ha sido más parte del problema que de la solución.56

Nueve

Las cuestiones hasta aquí mencionadas se refieren a aspec-
tos vinculados con el concepto de democracia y su realización práctica. Ellas podrían ser consideradas como desafíos
“internos”. Pero conviene no olvidar la existencia de desa-
fíos “externos” que amenazan la estabilidad o la implantación de la democracia. Valga la mención de algunos de ellos.

i) El Estado democrático ha perdido buena parte de su capacidad de control político-institucional ya que su soberanía
está minada por la intervención de nuevas leyes transnacionales en cuya promulgación es muy reducida la
participación de los representantes directamente elegidos por el pueblo. Se habría establecido una “nueva geografía del poder”, una “anonimización legislativa”, que tiene muy poco que ver con los requisitos de una democracia representativa:

La anonimización dificulta la formación de la voluntad democrática y la identificación política y facilita decisiones que no son legitimadas y controladas democráticamente.57

ii) También en los casos en los que las decisiones son tomadas por organismos internacionales que no ocultan la autoría de aquéllas, el procedimiento que aplican escapa al escrutinio público. Esta falta de transparencia anula toda pretensión de dominio democrático y estimula la irresponsabilidad de sus actores:

El secreto socava, pues, la democracia. Sólo puede haber responsabilidad democrática si aquéllos ante quienes se supone que estas instituciones son responsables están bien informados acerca de lo que aquéllas hacen.58

iii) La agresión terrorista del 11 de septiembre ha significado no sólo una tragedia desde el punto de vista de las víctimas que causara sino que también tiene serias implicaciones

internas e internacionales por lo que respecta a la salva-guarda de las instituciones democráticas.

Una sociedad atemorizada por la agresión terrorista es impulsada a refugiarse ideológicamente en posiciones radicalizadas que reducen las posibilidades del diálogo político. Las actitudes se polarizan y no pocos prefieren manifestar su lealtad incondicionada a quienes detentan el poder político a fin de no ser tildados de “culpables por asociación”, es decir, “simpatizantes de los terroristas”.59

Pero la lealtad incondicionada reduce necesariamente la capacidad de crítica, virtud democrática por excelencia.

Si, a diferencia de lo que postulaba Carl Schmitt en tiempos de la República de Weimar, se considera, como creo que es correcto, que el ámbito de la política democrática no es el de la confrontación amigo-enemigo sino el de la negociación y el compromiso, no cuesta mucho inferir que el maniqueísmo político, con su secuela de sospechas recíprocas, denunciaciones y pretendida posesión de la verdad absoluta, es
una ladera resbaladiza que conduce a lo que David Held llama
“abdicación de la política”.60

Diez

El pesimista podría, pues, concluir que el demócrata se encuentra frente a un problema similar al de la cuadratura del círculo, es decir, de imposible solución:

De lo que se trata es de vincular tres cosas que no pueden ser vinculadas sin más, es decir, primero, mantener y reforzar
la competitividad en medio de los rudos vientos de la economía mundial; segundo, no sacrificar con ello la solidaridad social y la cohesión social; tercero, finalmente, hacer todo esto bajo las condiciones y a través de las instituciones de socieda-
des libres.61

Y si el problema es insoluble, si la política ha llegado a su fin, lo único que sensatamente podría hacerse es asumir la postura del pesimista fatalista.

*

Un deber intelectual del científico social es procurar dar un diagnóstico lo más adecuado posible de la situación
que analiza y proponer la terapia que juzga conveniente. Lo importante es no engañarse y no hacer como aquel médico que, en el ejemplo de Kant, quería consolar a un pa-
ciente gravemente enfermo y le aseguraba que cada día estaría mejor. Pero como el enfermo no era tonto, cuando
alguien le preguntaba por su estado de salud respondía: “Me estoy muriendo de tanta mejoría”.62 La democracia no debe morir, pero sus males no han de ser curados con falsas
ilusiones sino introduciendo las correcciones que exigen
las cambiantes circunstancias de una historia que nunca termina y que no tiene más sentido que el que sus actores, es decir, el género humano, le confiere.

Cuáles pueden ser las posibles correcciones o ampliaciones de nuestro sistema conceptual referido a la democracia es algo sobre lo que vale la pena deliberar. Se trata, pues, de
deliberar sobre cosas que creemos que no son imposibles
de cambiar. Si así fuera, la deliberación carecería de sentido, como ya lo sabía Hobbes:

[C]on respecto a las cosas pasadas no hay deliberación pues es manifiestamente imposible cambiarlas; ni con respecto a las cosas que sabemos que son imposibles o pensamos que lo son: pues los hombres saben o piensan que tal deliberación es en vano.63

Y no sólo la deliberación es entonces imposible sino que tampoco cabe la esperanza ni sus manifestaciones
de optimismo o pesimismo cuyas formas extremas son el
optimismo exaltado y el pesimismo fatalista. El primero
considera que ya no se debe hacer nada pues necesariamente se logrará lo que se quiere; el segundo, que no se puede hacer nada pues es imposible lograr lo que se quiere.

Tal vez lo más prudente sea adoptar un cauteloso optimis-
mo o, lo que es prácticamente lo mismo, un pesimismo moderado que permita alentar la esperanza de que lo que aún-no-es sea mejor que lo ya-sido, como esperaba Ernst Bloch.

La tarea del optimista moderado consiste en el cumplimien-
to de un doble deber: un deber de vigilancia estricta de los posibles vaciamientos de las instituciones democráticas y un deber de pensar los ajustes que las democracias nacionales, consolidadas o no, requieren para enfrentar los peligros que denuncia el pesimista moderado.

Si esto es así, puede pensarse entonces que es necesario:

i) Procurar mantener alerta la conciencia de los problemas con los que se enfrenta actualmente la vigencia de la democracia. Se trata aquí de problemas creados por los hombres mismos y, por lo tanto, también solucionables humanamente. En todo caso, los argumentos del pesimista moderado deben ser tomados en serio y rechazados los del pesimista fatalista.

ii) No olvidar que cualesquiera que sean las correcciones que requiere una democracia para ser viable, su finalidad
es asegurar el mayor grado de libertad en igualdad. Si la
igualdad requiere en algunos casos la acción de un pater-
nalismo justificable que supere la incompetencia básica
o relativa de algunos miembros de la sociedad a fin de asegurar una mayor equidad en el goce de oportunidades, ello no debe conducir a la aceptación de una tutela manipulante por parte de los gobernantes; hacerlo es deslizarse por la ladera que conduce al despotismo.

iii) Saber que lo político debe tener prioridad sobre lo eco-nómico. No es el mercado el que debe fijar exclusivamente las reglas del juego social sino que es el régimen político democrático el que debe establecer los cauces por los que ha de transcurrir la actividad mercantil a fin de que ella pueda cumplir la función que le cabe en la producción y adquisición de bienes privados.

iv) No abdicar de la condición de ciudadano, es decir, de sujeto activo en la formación de la voluntad política.
La democracia no admite sujetos “cansados” que renuncian a la posibilidad de ser gestores de su propio destino. En un sistema democrático, el ciudadano debe asumir simultáneamente la doble condición de ser sujeto y objeto
de las decisiones políticas: quien renuncia a la primera parte de esta condición queda fatalmente reducido a la segunda y quien pretenda asumir sólo la primera se convierte en agente autoritario.

v) Tener en cuenta que la democracia es un sistema normativamente sujeto a reglas muy exigentes por lo que respecta a la celosa garantía de los derechos individuales y sociales, que son los que permiten el despliegue de la autonomía de cada ciudadano, es decir, de su no negociable dignidad. La democracia es sólo justificable si se somete a restricciones constitucionales. Ellas no pueden ser violadas en aras de un maniqueísmo político que, desde luego, reduce el espectro de opciones gubernamentales y ciudadanas democráticas. Surge entonces lo que acertadamente ha sido llamado “una trampa de deslegitimación”.64 Muchas de las reacciones frente al terrorismo internacional amenazan con hacer caer en esta trampa a democracias afianzadas.

vi) Tener conciencia de que el mundo se encuentra en una etapa de desarrollo para la cual se ha acuñado el término “globalización”. Sus efectos pueden ser perversos en la medida en que se vuelvan incontrolables o sean la manifestación del poder hegemónico del más fuerte. La vía más
promisora para que tal no sea el caso es afianzar a nivel na-
cional la democracia y tomar en serio la vigencia univer-sal de los derechos humanos políticos, sociales y econó-
micos proclamados muchas veces retóricamete por los gobiernos que se autotitulan democráticos. Pretender en
un mundo globalizado una democratización del sistema
internacional sin una previa democratización de sus miembros es colocar el carro delante de los caballos.

vii) Mantener una celosa vigilancia de la vigencia real de la densa red de responsabilidades recíprocas entre gobernantes y gobernados que requiere la democracia. Para que ella sea real es preciso eliminar la opacidad de las decisiones y sus fundamentos. Ello contribuye a reducir las oportunidades de corrupción e impunidad.

viii) No creer que la libertad en igualdad que la democracia promete se logra si se interpreta la primera sólo como libertad negativa y la segunda únicamente como igualdad formal. La democracia no acepta la exclusión ni los extravíos discriminatorios que frustran la esperanza de participación política efectiva.

ix) No admitir las falsas ilusiones que suelen tender un velo que distorsiona la realidad al idealizar futuros inal-
canzables y vedar el camino hacia soluciones sensatamente realizables. Es, por ello, aconsejable hacer caso omiso de la engañosa visión del optimista exaltado.

x) No caer en la tentación de suponer que se ha logrado ya la realización plena de todas las potencialidades que encierra la concepción de la democracia constitucional: la siempre cambiante realidad exige la actualización coherente de sus principios y la adecuación cabal a los desafíos que el progreso científico-técnico trae aparejados. Ya no será posible prescindir de los expertos, pero ello no significa necesariamente la pérdida de control de sus consejos o decisiones. La democracia representativa con mandato libre surgió también con la actuación de “expertos” encargados de interpretar los intereses del pueblo justamente porque se pensó que ellos estaban en mejores condiciones de información y conocimiento para proponer y discutir las soluciones adecuadas dentro del marco de los límites constitucionales. El control de los expertos es uno de los problemas de la democracia actual: eliminarlos sería científica y técnicamente suicida; dejarlos librados a su arbitrio personal significaría renunciar a uno de los pilares de la decisión democrática. Un optimista moderado puede confiar en el establecimiento de mecanismos para el control de los expertos.

xi) No equiparar la tolerancia democrática con la permisibilidad incondicionada para la que todo vale. Porque la democracia restringida constitucionalmente es la manifestación de valores morales que se consideran supremos en la vida en sociedad, el ciudadano democráticamente tolerante está sujeto a la obligación de no admitir la violación manifiesta o encubierta de aquéllos, tanto a nivel nacional como internacional.

Si este decálogo mínimo no convence, ruego al lector que formule otro capaz de impedir la calamidad político-institucional que significaría la muerte de la democracia.

Sobre el autor

Ernesto Garzón Valdés nació en Córdoba, Argentina; es doctor en Derecho y doctor honoris causa por las universidades nacionales de Córdoba y Santa Fe (Argentina), Valencia (España) y Helsinki (Finlandia). Cuenta con más de 200 artículos, nueve libros –el último titulado Por qué estoy aquí (2005)–, 80 traducciones sobre Filosofía del
Derecho y prólogos de diversos textos. Ha sido distinguido con numerosas condecoraciones otorgadas por los gobiernos de Alemania, Colombia, Chile, Ecuador, Italia y Venezuela; participa en 21 consejos asesores de distintas revistas reconocidas a nivel internacional, e imparte múltiples asignaturas en universidades alrededor del mundo. Es profesor emérito de las universidades de Córdoba (Argentina) y de Maguncia (Alemania), y profesor honorario de la Universidad Nacional de La Rioja (Argentina). También es miembro de las academias de Ciencias Sociales y Derecho de Córdoba y Buenos Aires, y de la de Ciencias de Finlandia.

1 Antoine Caritat, marqués de Condorcet, Entwurf einer historischen Darstellung der
Fortschritte des menschlichen Geistes, Francfort del Meno, Suhrkamp, 1976, p. 193.

2 Ibidem, p. 195.

3 Alexis de Tocqueville, La democracia en América, traducción de Luis R. Cuéllar, México, Fondo de Cultura Económica, 1996, p. 33. El presidente George W. Bush, “siempre infalible en el error” (como diría Jorge Luis Borges), suavizó la profecía de Tocqueville y, al hacerlo, la convirtió en contradictoria: “Yo creo que nos dirigimos de modo irreversible hacia la libertad y la democracia, pero eso puede cambiar”.

4 Ibidem, p. 34.

5 Cfr. Gilles-Gaston Granger, La mathématique sociale du marquis de Condorcet, París, Odile Jacob, 1989, p. 97.

6 Condorcet, “Disertación filosófica y política o reflexión sobre esta cuestión: ‘¿Es útil para los hombres ser engañados?’”, en Castillon, Becker, Condorcet, ¿Es conveniente engañar al pueblo?, edición crítica, traducción, notas y estudio preliminar de Javier de Lucas, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1991,
pp. 181-219, p. 213.

7 Carlos S. Nino, La construcción de la democracia deliberativa, Barcelona, Gedisa, 1997, p. 167.

8 Ibidem, p. 168.

9 Jeremy Waldron, The Dignity of Legislation, Cambridge, University Press, 1999, pp. 158 y 160.

10 Alexis de Tocqueville, op. cit., p. 255. Sobre este punto, conviene también no olvidar que, según Tocqueville (op. cit., p. 396): “En los tiempos de igualdad, los hombres no tienen ninguna fe los unos en los otros a causa de su semejanza; pero esta misma semejanza les hace confiar de un modo casi ilimitado en el juicio del público, porque no pueden concebir que, teniendo todos luces iguales, no se encuentre la verdad del lado del mayor número”.

11 Ibidem, p. 397.

12 Ibidem, p. 150.

13 Ibidem, p. 110.

14 Ibidem, p. 286.

15 Ibidem, p. 257.

16 Con respecto a la diferencia entre “dominio de la mayoría” y “principio de la mayoría”, cfr. Hans Kelsen, Das Problem des Parlamentarismus, Viena/Leipzig, Braumüller, 1925, p. 31.

17 Condorcet, Mathématique et societé, selección de textos e introducción de Roshdi
Rashed, París, Hermann, 1974, p. 76.

18 Ibidem, p. 74.

19 Ibidem, p. 70 (subrayado de e.g.v.).

20 Ibidem, p. 152.

21 Ibidem, p. 71.

22 Cfr. Carlos S. Nino, op. cit., p. 177.

23 Ibidem, p. 180.

24 Francis Fukuyama, The End of History and the Last Man, Londres, Penguin Books, 1992, p. 51.

25 Ibidem, p. 136.

26 Ibidem, p. 139.

27 Anthony Downs, An Economic Theory of Democracy, Nueva York, Harper Collins, 1957, p. 236.

28 Kenneth J. Arrow, “Values and Collective Decision-making”, en Peter Laslett y W. G. Runciman, Philosophy, Politics and Society, Third Series, Oxford, Basil Blackwell, 1967, pp. 215-232, p. 228.

29 Jean-Jacques Rousseau, “Du Contrat Social; ou, Principes du Droit Politique”, en Oeuvres complètes, París, Gallimard, tomo III, pp. 347-470, p. 406 (95). Utilizo para la cita la versión castellana de Fernando de los Ríos Urruti, Contrato social, Madrid, Espasa-Calpe, 1987; la referencia a la edición castellana se indica entre paréntesis.

30 John Rawls, Political Liberalism, Nueva York, Columbia University Press, 1993, p. 94.

31 “La disposición a ser razonable no se deriva de, ni se opone a, lo racional, pero es incompatible con el egoísmo, porque está relacionada con la disposición a actuar moralmente” (Ibidem, nota 1 en p. 49).

32 Brian Barry, Justice as Impartiality, Oxford, Clarendon Press, 1995, p. 7.

33 John Rawls, op. cit., p. 196.

34 Brian Barry, op. cit., pp. 168 y ss.

35 Ibidem, p. 168.

36 Ibidem, p. 112.

37 John Rawls, op. cit., p. 55.

38 Cfr. Amy Gutmann y Dennis Thompson, “Why Deliberative Democracy is Different”, en Social Philosophy & Policy, vol. 17, núm. 1, 2000, pp. 161-180, p. 161.

39 Ibidem, p. 162.

40 Amy Gutmann y Dennis Thompson, Democracy and Disagreement, Cambridge (Mass.), Harvard University Press, 1996, p. 224 (subrayado de e.g.v.).

41 Ibidem, p. 229.

42 Immanuel Kant, “Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher
Absicht”, en Werke, Insel, Francfort del Meno, 1964, tomo VI, pp. 31-50, p. 37.

43 Immanuel Kant, “Zum ewigen Frieden. Ein philosophischer Entwurf”, en Werke, cit., 224 (citado según la versión castellana de Joaquín Abellán, La paz perpetua, Madrid, Tecnos, 1985, pp. 38 y ss.).

44 La externalidad de estas restricciones es subrayada por James M. Buchanan con su distinción entre política legislativa y política constitucional: “La confusión surge cuando no se aprecia la distinción entre la política mayoritaria, que opera dentro de un conjunto de restricciones o reglas constitucionales, y la política constitucional, que opera para establecer estos parámetros restrictivos. [...] La política mayoritaria dentro de restricciones constitucionales, que podemos llamar polí-
tica cotidiana, incluye las actividades de las legislaturas que operan de acuerdo con la votación mayoritaria. [...] La política constitucional incluye las elecciones entre conjuntos alternativos de restricciones o reglas. Esta política no penetra tan directamente en la conciencia pública y, además, el proceso no necesita estar estrechamente asociado con la regla de la mayoría en tanto tal”. James M. Buchanan, “Can democracy promote the general welfare?”, en Social Philosophy & Policy, vol. 14, núm. 2, 1997, pp. 165-179, p. 167.

45 Hasta qué punto esta lista es poco confiable lo ha puesto de manifiesto con estricto espíritu crítico Ruth Zimmerling (Samuel Huntingtons demokratische Wellen-viel Lärm um Gischt?, manuscrito inédito). Pero no sólo ello: también el esquema conceptual de Huntington expuesto en su The Third Wave. Democratization in the Late Twentieth Century, Norman/Londres, University of Oklahoma Press, 1991, adolece de notables deficiencias, como lo demuestra convincentemente Zimmerling.

46 James M. Buchanan, The Limits of Liberty. Between Anarchy and Leviathan,
Chicago, The University of Chicago Press, 1975, p. 151.

47 Ibidem, p. 162.

48 Richard Rorty, “Pragmatism, Pluralism and Postmodernism”, en –del mismo autor– Philosophy and Social Hope, Londres, Penguin Books, 1999, pp. 262-277, p. 262.

49 Ibidem, pp. 273 y ss.

50 Kenneth Minogue, “Democracy as a telos”, en Social Philosophy & Policy, vol. 17, núm. 1, 2000, pp. 203-224, p. 211.

51 Kenneth Minogue, op. cit., loc. cit.

52 Ibidem, loc. cit.

53 Sobre este problema, cfr. Francisco Laporta, “El cansancio de la democracia”, en Claves de razón práctica, núm. 99, Madrid, enero-febrero de 2000, pp. 20-25.

54 Alejo Carpentier, El recurso del método, Madrid, Siglo XXI, 1976, p. 31.

55 Cfr. David Held, “Jenseits des Dritten Weges”, en Die Zeit, núm. 3, 2000, pp. 7 y 9.

56 Joseph E. Stiglitz, Globalization and its Discontents, Nueva York/Londres, W. W. Norton, 2002, p. 85.

57 Wilhelm Heitmeyer, “Autoritärer Kapitalismus, Demokratieentleerugn und Rechtspopulismus. Eine Analyse von Entwicklungstendenzen”, en Dietmar Loch y Wilhelm Heitmeyer (eds.), Schattenseiten der Globalisierung, Francfort del Meno, Suhrkamp, 2001, pp. 497-534, p. 507. “Desgraciadamente no contamos con un gobierno mundial, responsable ante los pueblos de cada país, a fin de vigilar el proceso de globalización de una manera comparable a la que los gobiernos nacionales condujeron el proceso de nacionalización. Tenemos en cambio un sistema que podría ser llamado global governance without global government, uno en el cual unas pocas instituciones –el Banco Mundial, el fmi, la omc– y pocos juga-
dores –las finanzas, el comercio y los intereses comerciales– dominan el escenario pero en el cual muchos de los afectados por sus decisiones carecen de voz” (Joseph E. Stiglitz, op. cit., pp. 21 y ss.).

58 Joseph E. Stiglitz, op. cit., p. 229.

59 Cfr. Martha Crenshaw, “Reflections on the Ethics of Terrorism”, en Martha Crenshaw (ed.), Terrorism, Legitimacy and Power, Middletown, Conn., Wesleyan University Press, 1982, pp. 1-37, p. 16.

60 Cfr. David Held, “Violencia y justicia en una era mundial”, en El País del 19 de septiembre de 2001.

61 Ralf Dahrendorf, “Die Quadratur des Kreises”, en Blätter für deutsche und internationale Politik, 9/1996, pp. 1060-1071, p. 1070.

62 Immanuel Kant, “Der Streit der Fakultäten”, en Werke, op. cit., tomo VI, p. 367.

63 Thomas Hobbes, “Leviathan”, en Thomas Hobbes, The English Works, Aalen, Scientia Verlag, 1966, vol. 3, p. 48.

64 Klaus Dieter Wolf, ponencia presentada en un coloquio sobre “Terror-Seguridad-
Civilización”, realizado en la Universidad Técnica de Darmstadt el 8 de noviembre de 2001.

* Conferencia Magistral dictada en el auditorio del Instituto Federal Electoral el día 13 de noviembre de 2007. Parte de este trabajo fue publicado en Claves de razón práctica, núm. 131, Madrid, abril de 2003, pp. 24-32.

El futuro de la democracia

se terminó de imprimir en noviembre de 2016

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La edición consta de 500 ejemplares y estuvo al cuidado de la

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y Educación Cívica del

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